VERSION DE SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA HONORABLE XVII LEGISLATURA
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, EN EL SALÓN DE
SESIONES “LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA”, EL DÍA JUEVES VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DOS.
Presidencia de la C. Dip. María
Rosalba Martín Navarro
(Asistencia de diecinueve ciudadanos
Diputados)
- LA C. PRESIDENTA: (12:35 horas). Vamos a dar inicio a la Sesión
Ordinaria de la Honorable XVII Legislatura Constitucional del Estado de Baja
California, del jueves 28 de noviembre del 2002, le solicito al Diputado Suárez
haga favor de asistirnos como Secretario este día, se abre la sesión. Diputado
Secretario sírvase pasar lista de asistencia.
- EL C.
SECRETARIO: Lista de asistencia de los ciudadanos Diputados integrantes de la
XVII Legislatura: “Acosta Fregoso Enrique, Alvarado González Arturo, Araiza
Regalado José Antonio, Cortéz Mendoza Jesús Gerardo, Ferreiro Velazco José
Alfredo, Martín Navarro María Rosalba, Morán Díaz Leopoldo, Osuna Aguilasocho
Nicolás, Paniagua Figueroa Luz Argelia, Quintero Peña Ismael, Ramos García
Everardo, Rodríguez Jacobo Ricardo, Rueda Gómez Francisco, Ruiz Raúl Felipe,
Salazar Acuña Edmundo, Salazar Castro Juan Manuel, Sánchez Medrano Laura,
Suárez Córdova Héctor Edgardo y Zavala Márquez Catalino”. Se justifica las
inasistencias del Diputado Marcelino Hidalgo Silva y del Doctor Morán Díaz
Leopoldo. Hay quórum ciudadana Presidenta.
- LA C.
PRESIDENTA: Gracias Diputado Secretario; habiendo quórum Diputado Secretario
sírvase dar a conocer el orden del día.
- EL C. SECRETARIO: Señores Diputados se pone a su consideración el
presente
orden del día: Punto Unico.- Informe de Actividades
que rinde el C. Raúl Ramírez Baena, Procurador de los Derechos Humanos y
Protección Ciudadana del Estado de Baja California, al término de la misma se
iniciará el período de preguntas y respuestas a las inquietudes que los señores
Diputados tengan a bien precisarle al señor Procurador. Es el único punto que
se establece la presente trabajos de esta sesión, se pone a su consideración
señores Diputados, sírvanse manifestar el sentido de su aprobación de manera
económica, es aprobado el orden del día Presidenta.
- LA C. PRESIDENTA: Gracias Diputado Secretario. Aprobado el orden del
día pasamos al punto único; en primer lugar quisiera darle la bienvenida este
día en su comparecencia al señor Procurador de los Derechos Humanos y
Protección Ciudadana de Mexicali al Licenciado Raúl Ramírez Baena, al
Subprocurador de los Derechos Humanos Licenciado Rafael Reyes Luviano, al
Subprocurador de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito Licenciada María Teresa
Medina Villalobos, Subprocurador de Ensenada el Licenciado Félix Vega,
Encargado de la Subprocuraduría en Mexicali Licenciado Manuel Guillén, de la
misma forma le damos la bienvenida al Licenciado Jorge Duarte Magaña Juez
Tercero de lo Civil en Representación del Presidente del Tribunal Superior de
Justicia, sean todos ustedes bienvenidos, igual contamos entre nosotros con
algunos Regidores de la ciudad de Ensenada, Síndico bienvenido, y al público
asistente sean todos ustedes bienvenidos. A continuación le damos el uso de la
palabra al Licenciado Raúl Ramírez Baena para que nos rinda el informe de
actividades como Procurador de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del
Estado de Baja California, tiene la palabra señor Procurador, quiero hacer
también constar que después de que el Procurador nos rinda su informe abriremos
una sesión para preguntas y respuestas, tiene el uso de la voz.
- EL C. PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS Y PROTECCION CIUDADANA:
Gracias Presidenta.
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. Distinguidas Diputadas
y Distinguidos Diputados de la XVII Legislatura de Baja California: Señoras
Funcionarias y señores Funcionarios de la Administración Pública; Estimados
Colegas, Titulares y Representantes de los Organismos Públicos Estatales de
Derechos Humanos que hoy nos honran con su presencia; en especial el Licenciado
Juan Alarcón Presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos
Humanos. Apreciables integrantes del Consejo Consultivo de la Procuraduría de
los Derechos Humanos de Baja California; Queridas compañeras y compañeros de
trabajo; Representantes de los medios de comunicación; Respetable concurrencia;
Amigas y amigos todos.
Es para mi un gran honor presentarme nuevamente ante la más alta Tribuna
del Estado de Baja California para, a nombre de nuestro organismo protector de
los derechos humanos en la Entidad, presentar uno o más de los informes que,
año con año y cumpliendo con lo dispuesto en el Artículo 12 Fracción XV de la
Ley en la materia y el Artículo 3º Fracción XV de su reglamento interior,
presentamos ante esta Soberanía.
Capítulo I. Introducción: El tema de los derechos humanos es cada vez
más recurrente en la vida política, económica y social de nuestro Estado y
nuestro país. Hoy por hoy, los asuntos de mayor relevancia que tienen que ver
con la seguridad pública, la cuestión penitenciaria, la procuración y
administración de la justicia, la dotación de servicios públicos en las
colonias (en especial la energía eléctrica), las cuestiones del medio ambiente,
los servicios de educación, salud, vivienda, recreación y cultura, la situación
de los grupos vulnerables de indígenas, migrantes, menores, mujeres, discapacitados,
de diversidad sexual y otros, tarde o temprano y de una u otra manera, nos
llegan. Por lo anterior, para atender la demanda creciente en materia de
protección a los derechos humanos, Baja California debe contar con un organismo
público autónomo, independiente e imparcial, que cumpla eficazmente con la
misión de tutelar los derechos y las garantías individuales, según lo
establecido en el Artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. Así, no podemos concebir la transición a la
democracia, la promoción del desarrollo y el cumplimiento del Estado de
Derecho, sin instituciones de derechos humanos capaces de estar a la altura de
las circunstancias.
II. LOS LIMITES ENTRE LAS RAZONES DE ESTADO Y LAS RAZONES DE DERECHO.
Es un hecho universalmente aceptado que el ombudsman persigue no sólo el
respeto a la legalidad, sino también el acceso a la justicia. Pero en la
realidad, las características éticas de los derechos humanos y su raíz
histórica no siempre se plasman en los conceptos jurídicos. De manera concreta,
en Baja California experimentamos hoy una corriente de pensamiento única
plasmada en reformas e iniciativas de ley, que si bien pueden contar con
legitimidad popular dado el desconocimiento de los derechos humanos y el temor
a la inseguridad, no siempre justifican moral y éticamente su aplicación en el
marco de Derecho Constitucional y del Derecho Internacional de Derechos
Humanos. Entonces, legalidad no es sinónimo de justicia. Ejemplo de lo anterior
son los debates en torno a la reducción de la edad penal, la implantación de la
pena de muerte y la creación de más corporaciones policíacas; o la
implementación de desalojos de colonos y trabajadores y el encarcelamiento de
líderes sociales, o bien, en torno a operativos en las escuelas, las calles y
las carreteras de nuestra Entidad. Indudablemente, algunas pueden ser acciones
bien intencionadas, e incluso demandas de la ciudadanía, o estar apegadas a la
ley, pero que no van al fondo del problema ni conllevan una solución integral a
su origen y naturaleza, generalmente de tipo social. Menos aún educan a la
población. Por si fuera poco, en los hechos poco se resuelve; por el contrario,
tarde o temprano se complica la relación entre el Estado y los ciudadanos,
sobre todo en torno a las demandas populares, y se cometen mayores abusos a los
derechos humanos en aras de un enérgico orden social. El caso más significativo
en Baja California lo encontramos en el Municipio de Tecate, en donde, bajo el
argumento de responder a demandas de sectores de la ciudadanía que no está
informada adecuadamente sobre sus garantías individuales (habría que recordar
que es obligación constitucional de los Municipios prevenir las violaciones a
las garantías individuales, en lugar de reprimirlas), las propias autoridades
de este Municipio se arrojan facultades que les competen al suspender
garantías, provocando de facto la ruptura del Estado de Derecho, sin que
aparezca una fuerza legal, política, social y moral capaz de hacerles enderezar
el rumbo. Sin estudios científicos ni bases jurídicas sólidas, el Cabildo de
Tecate justifica acciones anticonstitucionales que conllevan graves violaciones
a los derechos humanos de sectores vulnerables de la sociedad, como son los
colonos pobres, los menores y los homosexuales. En el caso concreto del llamado
toque de queda para menores, tanto los Regidores como el propio Presidente
Municipal de Tecate desconocían que México es Estado parte de la Convención
sobre los Derechos de la Niñez y que, como lo señala el Artículo 133
Constitucional, es Ley Suprema de la Nación. Este instrumento del Derecho
Internacional de Derechos Humanos amplía, no acota como erróneamente piensan
las autoridades municipales, la
protección a los derechos de los menores en su calidad de grupo vulnerable.
Pero una vez que en su momento lo hicimos de su conocimiento, el Cabildo de
Tecate asume una actitud ya no de desconocimiento, sino de menosprecio a los
derechos de os menores, y sigue empeñado en su actitud. La Recomendación 4/2002
emitida por este organismo no fue aceptada, evidentemente sin notificación
oficial, sino a través de los medios de comunicación. Este caso mereció un informe rendido por la
PDH en septiembre pasado ante la Comisión Interamericana de los Derechos
Humanos de la OEA, con sede en Washington, llamando poderosamente la atención
de la abogada Susana Villarán, Relatora Especial sobre los Derechos de la Niñez
de este organismo, quien mostró profunda
preocupación por la medida. De seguro, el tema será incluido en el próximo
informe que emitirá la Comisión sobre los derechos humanos en México, incluida
la respectiva Recomendación al Gobierno Federal Mexicano. Igualmente graves son
las reformas al Bando de Policía y Buen Gobierno de Tecate, que permiten a la
autoridad preventiva detener la varón que se vista de mujer y transite en la
vía pública causando perturbación social y aplicar multas exageradas, cuando en
el fondo de esta regulación está una ideología de discriminación y de homofobia
contra un grupo social que ha optado por una sexualidad diferente a la de
mayoría, pero que se debe respetar. Se da como pretexto que, según estudios e
informes del sector salud y de un laboratorio privado de análisis clínicos, la
comunidad de homosexuales es la mayor propagadora de VIH/Sida en el Municipio,
lo que contradice las estadísticas oficiales. Todo ello contraviene no sólo
nuestra Carta Magna, sino también la Norma Oficial Mexicana para la protección
y confidencialidad de las personas con el padecimiento, así como los ordenamientos
internacionales en materia de protección de las minorías y contra la
discriminación. Otro caso más de ese Ayuntamiento, lo constituye la exclusión
del Comité de Participación y Defensa Ciudadana de Tecate, del Consejo de
Catastro Inmobiliario, que junto con el organismo denominado Resistencia Civil,
se han opuesto al aumento desorbitante del impuesto predial y al aumento del
500 por ciento al alumbrado público. Se da el caso, también, del relleno
sanitario que se proyecta establecer en la zona urbana de ese Municipio, y que
es rechazado por la comunidad de Cerro Azul por considerar que se incumplen las
normas en materia ambiental. Más grave aún en el hecho de que, según informes
recientes, periodistas y dirigentes de ONG de Tecate han comenzado a ser señalados,
hostigados y/o amenazados por sus posiciones contrarias a las del Ayuntamiento.
Por si fuera poco, autoridades y Regidores del Ayuntamiento de Tecate incumplen
sistemáticamente sus obligaciones legales al no responder a las solicitudes de
informes justificados que emite la PDH a consecuencia de las quejas ciudadanas
recibidas en nuestras oficinas. Entonces, si la propia autoridad municipal no
respeta la ley, ¿cómo puede esperar que los ciudadanos hagan lo propio? Por
todo lo anterior y haciendo eco de una queja de ciudadanos tecatenses
representantes de ONG, que ya obra en su poder, es menester que, en torno a las
violaciones de las garantías constitucionales y al incumplimiento legal en que
incurre el XVII Ayuntamiento de Tecate, la actual Legislatura de Baja
California y el Gobernador del Estado, revisen con responsabilidad compartida
sus facultades, según lo dispuesto en la Constitución Política de nuestra
Entidad, en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
de Baja California, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal
del Estado de Baja California y en la Ley del Régimen Municipal del Estado de
Baja California, en torno a las figuras de revocación de mandato, suspensión
y/o desaparición de poderes y de juicio político, con el objeto de restablecer
cuanto antes el Estado de Derecho en esa demarcación. De no actuar con actitud
republicana, en Tecate seguirá campeando la impunidad.
III. SEGURIDAD PUBLICA
El reforzamiento e incremento de los programas y acciones en materia de
seguridad pública y las reformas a las leyes penales y otras regulaciones
municipales, han provocado el crecimiento progresivo de las fuerzas del orden y
sus atribuciones. Habría que reflexionar seriamente en ello, pues, de no
tomarse medidas efectivas para evitar actos de corrupción y abusos a las
garantías individuales por parte de funcionarios y agentes encargados de hacer
cumplir la ley, corremos el riesgo de que éstas se constituyan en una fuerza de
poder difícil de vigilar y de controlar, a pesar de la buena voluntad de los
gobernantes. Recientemente, el Colegio de la Frontera Norte presentó el
documento denominado Diagnóstico Integral de la Frontera Norte. El capítulo de
seguridad pública es de singular importancia, por lo que reproducimos aquí, para su reflexión, algunos de los
principales argumentos: La Frontera México- Estados Unidos ha sido un espacio
de oportunidades para la delincuencia organizada, volviéndose ésta una
actividad económica normal. A la vez, se puede establecer que ese tipo de
situaciones tenderá a mantenerse mientras la delincuencia y la burocracia sean
complementarias y compartan la misma visión sobre la frontera, la cual es
definida como espacio de oportunidad para hacer ganancias ilícitas en el menor
tiempo posible. Por otra parte, la mayor incidencia en delitos de orden federal
corresponde a situaciones que han derivado principalmente en: a) delitos contra
la salud; b) violación a la Ley Federal de Armas de Fuego; c) infracciones a la
Ley General de Población, y d)
violaciones al Código Fiscal de la Federación. Estos cuatro tipos de
delitos concentran, por lo general, la mayor proporción de la incidencia
delictiva y corresponden a lo más característico de los delitos fronterizos,
como son el tráfico de enervantes, la aportación y acopio de armas de fuego, el
tráfico de personas pollerismo y el contrabando. En el ámbito del fuero común,
los delitos que reportan mayor incidencia son: a) robo; b) lesiones; c) daño en
las cosas; d) amenazas; e) fraude; f) aportación de armas prohibidas; g)
homicidios; y h) violación. Se han presentado hechos delictivos de gran impacto
aunque de menor incidencia, asociados a la presencia del crimen organizado en
algunos estados de la frontera, entre los que destacan el secuestro, la prostitución
infantil, el robo y tráfico de infantes, y, en proporciones considerables, el
robo de automóviles. Se ha detectado la ausencia de una visión integral del
fenómeno de la violencia e inseguridad como política de seguridad pública y se
privilegia el enfoque policía-justicia-prisión. No ha habido lugar para una
visión distinta e integral que asuma la violencia como un fenómeno complejo, de
origen psicosocial, político y cultural, que dé lugar a programas que atiendan
los factores de riesgo a los cuales aparece asociado el fenómeno de la
violencia e inseguridad. En este sentido, las recomendaciones internacionales
sugieren utilizar el enfoque epidemiológico para enfrentar el fenómeno de la
violencia, lo cual requiere de medidas combinadas, localizadas en la atención
preventiva, y la intervención oportuna para atender las externalidades que
resultan del acelerado crecimiento urbano y la falta de planeación, bajo el
convencimiento de que es mejor prevenir el delito que reprimirlo. La ventaja de
un enfoque integral es que el fenómeno de la inseguridad pública es atendido en
forma preventiva, teniendo en consideración a los elementos causales del mismo
y no desde una perspectiva punitiva a posteriori. De adoptarse la visión
integral, las administraciones públicas se obligan a orientar sus programas en
una perspectiva de prevención social, con prioridad en las áreas de mayor
carencia y en los grupos sociales de mayor vulnerabilidad, contribuyendo así a
que la seguridad ciudadana no descanse, de forma casi exclusiva, en la policía
en su fase preventiva, sino en la Administración Pública en su conjunto. Hasta
ahora, la falta de eficacia en el gobierno ha sido el marco en el cual se ha
desarrollado la delincuencia organizada y la delincuencia común. La primera, ha
aprovechado eficientemente las ambigüedades, contradicciones y vicios de una
estructura burocrática caracterizada por la corrupción y la ineficacia,
logrando permear en algunas partes del tejido social fronterizo, en donde ha
encontrado una cobertura de protección, ya sea por temor o por complicidad. En
las principales ciudades fronterizas, la presencia del narcotráfico y el nivel
de riesgo con el cual se ha definido para la seguridad nacional, ha implicado
ostentosos operativos policíacos-militares con limitados resultados, en muchos
casos, pero con una gran molestia de la población que es afectada sin aviso,
disculpa o reparación del daño moral, emocional o económico. Es importante que
el combate a la delincuencia cuente con el apoyo de la sociedad, pero es
necesario establecer una relación de confianza que sólo puede estar basada en
la eficacia de las agencias involucradas y el apego al marco legal en sus
actuaciones. La primera no puede ni debe darse en demérito del segundo. Sin
embargo, es importante destacar que la lucha desplegada por el Estado contra el
narcotráfico ha implicado estrategias poco coordinadas con el aspecto
preventivo, dando como resultado el considerable y preocupante incremento del
consumo de drogas por parte de la población en las principales ciudades
fronterizas, debido a la mayor oferta y bajo costo que implica el acceso a
enervantes. El crecimiento de las adicciones se ha constituido así en un factor
de la incidencia delictiva en delitos del fuero común. No se puede negar que ha
habido avances en aspectos relativos a la atención de la ciudadanía afectada
por la inseguridad, tanto como en la dignificación de los espacios de atención
al público. A pesar de lo anterior, es notorio y evidente que los cambios a
nivel ejecutivo dentro de este tipo de dependencias no han significado un
cambio en la estructura y funcionamiento de las mismas; de hecho, operan los
mismos cuerpos con vicios y prácticas preexistentes. Como se observa, el
documento hace especial énfasis en el aspecto preventivo, más no como un
concepto en abstracto que deba abordarse desde acciones de gran difusión, pero
de poca efectividad. La prevención en materia de seguridad pública
necesariamente tiene que ver con la inversión social. Para ello, es necesario
reorientar visión de Estado los presupuestos de egresos de la federación los
Estados y Municipios, para cubrir prioritariamente los satisfactores mínimos de
la sociedad, tanto en bienes como en servicios, así como para elevar el poder
adquisitivo de los trabajadores y, con ello, su calidad de vida y la de sus
familiares. Etica y moralmente, no es posible aceptar que, para cubrir los
compromisos con la banca internacional, la iniciativa de presupuesto de egresos
federal para el próximo año proponga una partida de 30 mil millones para el
Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), y el pago de 128 mil
millones de pesos al servicio de la deuda mexicana, cantidad que representará
casi el 87 por ciento de las aportaciones de Petróleos Mexicanos para el 2003.
En contrasentido, es penoso que se pretenda recortar el 50 por ciento del gasto
social para la ayuda a jornaleros agrícolas, indígenas, desempleados y el
subsidio a la tortilla. El Programa de Empleo Temporal tendrá 60 por ciento
menos recursos. Todos estos datos proporcionados por la propia SEDESOL, a pesar
de que esta dependencia federal admite que en el país existen 53 millones de
mexicanos en condición de pobreza, a lo que Julio Boltnivik, de El Colegio de
México, corrige y aporta la cifra de 65 millones de personas en esa situación.
Es decir, el problema no es la falta de recursos, sino los criterios y
prioridades para su aplicación. Otros datos preocupantes que nos aportan los
medios de comunicación: El personal ocupado en la industria manufacturera en
México registró una disminución de 4.3 por ciento en agosto, con lo cual la
ocupación en este sector lleva ya 20 meses consecutivos en descenso desde enero
de 2001 (INEGI). Con el TLCAN aumentaron 40 por ciento pobreza y desempleo
(Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo). México en el
sótano de los niveles de calidad educativa entre los países miembros de la
Organización para la cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); inversión
en este rubro, a la baja. Analfabetos casi funcionales, 44 por ciento de
estudiantes mexicanos de 15 años (OCDE). Medio libro al año, promedio de
lectura en México (Biblioteca México). México, primero en la OCDE en robo con
violencia, homicidios y secuestros (COPARMEX). Subió en septiembre de 2002 a
3.05 por ciento de la población económicamente activa la tasa de desempleo
abierto (INEGI). Sin guardería, el 60 por ciento de niños en lista de espera
para las guarderías subrogadas por el IMSS en Tijuana (IMSS). En estas
condiciones y más, ningún programa de prevención del delito puede ser efectivo
sin justicia social, pues las limitaciones al gasto social, los recortes y el
abandono de las demandas populares provocarán más migraciones, más
movilizaciones, más violencia familiar, más adicciones y más delincuencia común,
que de seguro querrá ser reprimida con la fuerza pública y con leyes más
severas. Lo anterior no sólo lo señalamos nosotros, sino también el mismo
Presidente del Banco Mundial (BM), James Wolfensohn, quien advirtió esta semana
en Lima, Perú, que no habrá paz en el mundo en los próximos 25 años si no hay
cambios sociales y si los países no se ponen de acuerdo en el combate a la
pobreza, incluyendo la incorporación de poblaciones marginadas como los pueblos
indígenas de América Latina. No se trata de dinero o de cuanto pueda dar el BM,
sino que todo es cuestión de cambio social, de escuchar, de aprender y ser
abiertos.
IV.
LA LUCHA POR TARIFAS ELECTRICAS JUSTAS, COMO LEGITIMO DERECHO SOCIAL.
Obedeciendo al principio universal de
indivisibilidad, los derechos civiles y políticos no puede hacerse realidad
cuando existen amplios sectores de la población carentes de trabajo digno,
recursos económicos y acceso al bienestar general, incluidos los servicios
públicos; es decir, acceso a los derechos económicos, sociales y culturales. En
este paquete de derechos, indudablemente que entra la vieja demanda por tarifas
eléctricas justas en el municipio de Mexicali, ya que se trata de un servicio
público reconocido universalmente como un derecho social. Por lo tanto, es justa también la lucha que
ha emprendido la sociedad civil y, en consecuencia, es obligación legal y moral
de este organismo atender esta reivindicación, al margen de los recursos
jurisdiccionales emprendidos. En mayo de este año, la PDH gestionó que el Frente
Cívico Mexicalense se entrevistara en nuestras oficinas en Mexicali con el Sr.
Milon Kootari, Relator Especial de Naciones Unidas para la Vivienda Digna, a
quien le fue entregado por el organismo
civil un expediente conteniendo un resumen y anexos sobre la problemática en
cuestión, además de su exposición. En agosto pasado, La PDH junto con el Frente
Cívico Mexicalense, el Colegio de Abogados de Mexicali y la Comisión Mexicana
para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (ONG nacional), fuimos co-peticionarios
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, de un recurso
para solicitar medidas cautelares a fin de proteger la vida y la integridad
personal de los habitantes en esta zona del Estado, a consecuencia de los
cortes de energía eléctrica. Petición que se encuentra aún en vías de
resolución. El mismo mes de agosto, acudimos en calidad de observadores al
cierre de la Garita Internacional de Mexicali anunciado durante dos horas,
convocado por el Frente Cívico Mexicalense, en defensa del legítimo derecho de
asociación y manifestación que ampara el artículo 9°. Constitucional, y del
derecho a la desobediencia civil y objeción de conciencia que protege el orden
jurídico internacional. A consecuencia de la acción ciudadana, es de destacar
la voluntad política y sensibilidad mostrada por el Congreso de la Unión (en
especial los legisladores federales por Baja California), el gobierno federal,
el Ejecutivo Estatal y el gobierno municipal de Mexicali, en la búsqueda de una
solución definitiva a la demanda en cuestión.
V. INFORME DE LOS PROGRAMAS TECNICOS
5.1. PROGRAMA
GENERAL DE QUEJAS Y ORIENTACIONES
Por principio de cuentas, es justo reconocer
el valioso apoyo otorgado por el Gobierno Estatal a través de la Secretaría de
Asentamientos Humanos y Obras Públicas, para remodelar las oficinas de la PDH
en Tijuana y Ensenada, lo que nos ha permitido abatir el hacinamiento, ofrecer
un lugar digno a quienes solicitan nuestros servicios y mejorar las
actividades, sobre todo en la recepción de quejas y en las gestiones y
orientaciones. En el período que comprende el presente informe se atendieron un
total de 5,748 asuntos, que representan un aumento del 5.3 por ciento con
relación al ejercicio anterior. Por razones de falta de recursos y personal,
nos vimos en la penosa necesidad de suspender nuestros servicios en el
municipio de Playas de Rosarito a partir de septiembre del presente año. Del
total de asuntos, el 54.7 por ciento correspondieron a los municipios de
Tijuana y Playas de Rosarito, el 21.7 a Mexicali, el 20.5 al municipio de
Ensenada y el 3.1 restante a Tecate. Con relación a las quejas por presunta
violación a los derechos humanos, en total se recibieron en el período que se
informa 1,024 asuntos, contra 1,205 del período pasado, es decir, una
disminución del 15 por ciento, lo cual se puede interpretar como un avance en
la materia, y un impacto positivo en la labor de educación y capacitación en
derechos humanos a servidores públicos que realizamos. En cambio, las gestorías
y orientaciones que ofrecimos a la ciudadanía aumentaron un 11.3 por ciento con
relación al anterior, lo que sin duda refleja deficiencias en la calidad de la
atención al público en las distintas áreas de la administración pública estatal
y municipal.
5.1.1. PROGRAMA
DE QUEJAS
Los diez actos más frecuentes calificados
como probables violatorios de los derechos humanos fueron:
|
DERECHO
HUMANO VIOLADO
|
TIJ
|
MEX
|
ENS
|
TEC
|
TOTAL
|
|
DETENCION ARBITRARIA
|
73
|
16
|
37
|
24
|
150
|
|
VIOLACION AL DERECHO A LA LEGALIDAD Y A LA SEGURIDAD JURIDICA
|
14
|
69
|
1
|
0
|
84
|
|
VIOLACION AL DERECHO A LA EDUCACION
|
21
|
9
|
33
|
4
|
67
|
|
LESIONES
|
36
|
3
|
18
|
3
|
60
|
|
ALLANAMIENTO DE MORADA
|
47
|
3
|
3
|
7
|
60
|
|
VIOLACION AL DERECHO A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL
|
9
|
41
|
3
|
1
|
54
|
|
DILACION EN LA PROCURACION DE JUSTICIA
|
21
|
3
|
4
|
12
|
40
|
|
VIOLACION A LOS DERECHOS DEL NIÑO
|
21
|
6
|
3
|
9
|
39
|
|
NEGLIGENCIA MEDICA
|
23
|
4
|
2
|
7
|
36
|
|
VIOLACION A LOS DERECHOS DE LOS RECLUSOS O INTERNOS
|
13
|
8
|
5
|
0
|
26
|
Las diez dependencias estatales y
municipales más importantes señaladas por los quejosos por presunta violación de
sus derechos humanos fueron:
|
AUTORIDADES
ESTATALES Y MUNICIPALES
SEÑALADAS
|
TIJ
|
MEX
|
ENS
|
TEC
|
TOTAL
|
|
POLICIA
MUNICIPAL
|
133
|
170
|
59
|
22
|
284
|
|
AMPFC
|
33
|
53
|
14
|
12
|
112
|
|
AUTORIDADES
EDUCATIVAS
|
28
|
20
|
41
|
7
|
96
|
|
POLICIA
MINISTERIAL
|
35
|
23
|
12
|
11
|
81
|
|
CERESO
|
16
|
11
|
0
|
0
|
27
|
|
SECRETARIA DE
SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
|
2
|
11
|
13
|
0
|
26
|
|
H.
AYUNTAMIENTO
|
2
|
5
|
9
|
3
|
19
|
|
DIF ESTATAL
|
10
|
5
|
1
|
1
|
17
|
|
ISESALUD
|
2
|
2
|
9
|
1
|
14
|
|
DELEGACION
MUNICIPAL
|
0
|
0
|
12
|
0
|
12
|
Las diez autoridades federales señaladas más
frecuentemente por probable violación de los derechos humanos fueron:
|
AUTORIDADES
FEDERALES SEÑALADAS
|
TIJ
|
MEX
|
ENS
|
TEC
|
TOTAL
|
|
IMSS
|
45
|
25
|
2
|
7
|
79
|
|
EJERCITO MEXICANO
|
11
|
6
|
3
|
0
|
20
|
|
PGR
|
5
|
9
|
3
|
2
|
19
|
|
POLICIA FEDERAL PREVENTIVA
|
11
|
4
|
0
|
2
|
17
|
|
AFI
|
6
|
3
|
0
|
5
|
14
|
|
CFE
|
7
|
6
|
0
|
0
|
13
|
|
ISSSTE
|
5
|
5
|
0
|
0
|
10
|
|
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
|
1
|
1
|
1
|
1
|
4
|
|
INFONAVIT
|
2
|
1
|
0
|
1
|
4
|
|
AMPFF
|
2
|
0
|
0
|
1
|
3
|
Relación de expedientes de queja concluidos:
|
FORMA DE
RESOLUCION
|
TIJ
|
MEX
|
ENS
|
TEC
|
TOTAL
|
%
|
|
TURNADO A LA CNDH
|
80
|
45
|
7
|
14
|
146
|
23%
|
|
FALTA DE INTERES PROCESAL DEL QUEJOSO
|
73
|
22
|
27
|
10
|
132
|
21%
|
|
NO RESPONSABILIDAD DE AUTORIDAD
|
15
|
29
|
72
|
1
|
117
|
18%
|
|
RESUELTO EN EL PROCEDIMIENTO
|
17
|
28
|
32
|
2
|
79
|
12%
|
|
FALTA DE ELEMENTOS
|
29
|
0
|
0
|
18
|
47
|
7%
|
|
TURNADO A LA CONAMED
|
14
|
13
|
0
|
1
|
28
|
4%
|
|
RECOMENDACION (expedientes acumulados en 7 Recomendaciones)
|
12
|
1
|
12
|
2
|
27
|
4%
|
|
DECLARACION DE NO COMPETENC
|
4
|
9
|
8
|
0
|
21
|
3%
|
|
DESISTIMIENTO EXPRESO DEL OFENDIDO
|
10
|
5
|
1
|
3
|
19
|
3%
|
|
AMIGABLE COMPOSICION
|
5
|
2
|
2
|
1
|
10
|
1%
|
5.1.2. PROGRAMA
DE GESTORIAS Y ORIENTACIONES
En el período que se informa, se realizaron
4618 orientaciones y gestorías del total de asuntos recibidos en todo el
Estado.
Principales Orientaciones y Gestorías según
la naturaleza de los hechos expuesto:
|
NATURALEZA DE
LAS ORIENTACIONES
|
TIJ
|
MEX
|
ENS
|
TEC
|
TOTAL
|
%
|
|
ENTRE
PARTICULARES
|
598
|
271
|
357
|
20
|
1246
|
27%
|
|
ASUNTO
JURISDICCIONAL
|
446
|
293
|
297
|
23
|
1059
|
23%
|
|
ASUNTO
FAMILIAR
|
273
|
58
|
154
|
9
|
494
|
11%
|
|
TRAMITE
ADMINISTRATIVO
|
370
|
86
|
0
|
9
|
465
|
10%
|
|
ASUNTO
LABORAL
|
151
|
142
|
147
|
16
|
456
|
9%
|
|
DERECHOS DE
LOS INTERNOS
|
194
|
0
|
0
|
1
|
195
|
4%
|
|
LOCALIZACION
DE PERSONAS
|
188
|
0
|
0
|
2
|
190
|
4%
|
|
REGISTRO DE
NACIMIENTO
|
136
|
2
|
0
|
0
|
138
|
3%
|
|
VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR
|
77
|
52
|
0
|
1
|
130
|
3%
|
|
ESCOLAR
|
79
|
4
|
0
|
1
|
84
|
2%
|
5.1.3.
RECOMENDACIONES
Con
fundamento en el apartado “B” del artículo 102 Constitucional, las Recomendaciones emitidas por este organismo de
noviembre de 2001 a noviembre de 2002 fueron:
|
No.
|
Fecha
|
Quejoso/a
|
Calificación
|
Autoridad
recomendada
|
Respuesta de
la autoridad
|
|
6/2001
|
27-11-01
|
Mariel Romero García (menor) y otros
|
Violación al Derecho a la Educación
|
Secretario de Educación y Bienestar Social
|
Aceptada
|
|
1/2002
|
18-01-02
|
Isidro Carrilo Vega (finado) y otros, Ampello Flores López, Marco
Antonio Camacho Frausto, Javier Galván Soto y Noé Luna Fierro
|
Homicidio y Tortura
|
Procurador General de Justicia del Estado
Contralor General del Estado
Directora Estatal de Defensoría de Oficio
|
Aceptada
Aceptada
Aceptada
|
|
2/2002
|
15-03-02
|
Arely García Martínez, Oscar Flores Luna, Javier Aziel Yañez
Santillán,
Laura Verónica García Pérez
(menores, caso Testigos de Jehová)
|
Violación al Derecho a la Educación
|
Secretario de Educación y Bienestar Social
|
Aceptada
|
|
3/2002
|
14-06-02
|
Eva Silva Méndez
|
Detención Arbitraria
|
Procurador General de Justicia del Estado
|
Aceptada
|
|
4/2002
|
10-09-02
|
Isai Lara Bermúdez y otros miembros del Comité de Lucha Juvenil de
Tecate
|
Violación a los Derechos Humanos de la Niñez, a la Libertad de
Tránsito y otras Garantías Constitucionales
|
XVII Legislatura del Estado de Baja California
Presidente Municipal del XVII Ayuntamiento de Tecate
|
Aceptada parcialmente
No aceptada
|
|
5/2002
|
23-10-02
|
Martín López Bravo
|
Dilación en la Procuración de Justicia e Irregular Integración de
Averiguación Previa
|
Procurador General de Justicia del Estado
|
Aceptada
|
|
6/2002
|
21-11-02
|
Antonio de la Cruz Sánchez, Juan García Andrade, Manuel de Jesús
Sierra Ruiz, Oscar Armando Acevedo y Francisco Javier Galvez Vázquez
|
Desempeño Indebido de la Función Pública, manejo Indebido de Bienes y
Violación al Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica
|
Gobernador
Constitucional del Estado
Procurador General de Justicia del Estado
|
En trámite de respuesta
En trámite de respuesta
|
Es de notar que, a diferencia de años
anteriores, casi el total de Recomendaciones fueron aceptadas. Las que fueron
dirigidas a la Procuraduría General de Justicia del Estado y a la Secretaría de
Educación y Bienestar Social fueron
aceptadas en un 100 por ciento, lo que indudablemente representa un sustancial
avance en materia de respeto a los derechos humanos, y una positiva señal de
voluntad política por parte de estas dependencias del Ejecutivo Estatal, lo
cual merece nuestro más amplio reconocimiento.
5.2. VISITADURIA GENERAL
5.2.1. DIAGNOSTICO DE DEFENSORIA DE OFICIO EN EL AREA PENAL
En cumplimiento a los establecido en el
artículo 12, fracción VI de la Ley sobre la Procuraduría de los Derechos
Humanos, que a la letra dice: “Verificar la eficiencia, diligencia y honestidad
en los servicios de Defensoría de Oficio...”, la Visitaduría General de nuestro
organismo, en coordinación con el área de Defensorís de Oficio estatal, realizó
una evaluación del trabajo de esta dependencia en el área penal, con una
muestra de 321 internos de todo el Estado a quienes se les aplicó una encuesta,
siendo los resultados más significativos los siguientes:
a) Datos
demográficos
Ø El 53.3% manifestó contar con una edad promedio de 21 a 30 años.
Ø El 38.6% son nativos de Baja California; dentro de los foráneos, el
mayor porcentaje manifestó ser originario de Sinaloa, con el 12.5%
Ø El 49.8% dijo ser nativo de otro estado, pero con una residencia de 16
años o más en Baja California.
Ø El 10.3% de los encuestados tienen un origen indígena; 6.9% en el Cereso
de Tijuana y 3.4% en el de Ensenada.
b) Condición
Jurídica
Ø El 66.4% manifestó tener un promedio de 3 a 9 meses de interno.
Ø Al momento de la encuesta, el 52.1% de los internos entrevistados en
Ensenada ya habían sido sentenciados. En contraste, el 81.5% y el 66.3% de los
internos en Mexicali y Tijuana, respectivamente, todavía se encontraban en
calidad de procesados.
Ø El 78.5% del universo encuestado desconoce su número de Causa Penal. Mas
sin embargo, el 87.9% manifestó conocer el número del juzgado en donde se está
llevando a cabo su proceso.
c) Evaluación de la Defensoría de Oficio.
Ø El 87.5% de encuestados manifestó estar en contacto con algún defensor
público o privado. De ellos, el 84.7% son asistido por un defensor de oficio.
Ø A su vez, del total de internos que cuentan con defensor de oficio, el
67.9% aclaró no conocer el nombre de su defensor.
Ø 69.6% manifestó no conocer o sólo conocer en ocasiones como evoluciona
su proceso.
Ø El 71.3% expresaron que, durante su defensa, no se ha llevado o sólo en
ocasiones, las correspondientes promociones.
Ø Se encontró también que en el 61.1% de las visitas que el defensor hace
a su defendido, el lenguaje que utiliza es inadecuado o poco claro.
Ø Sin embargo, 55.1% de los entrevistados manifestaron entender su
situación jurídica actual.
Ø Sólo el 49.1% de los internos que acuden a los juzgados identifica la
presencia de su defensor de oficio.
Ø Del total de ocasiones en que el interno identifica a su defensor, sólo
en el 69.5% de las veces, éste le explica sobre el procedimiento que está
ocurriendo en la audiencia.
Ø Encontramos también que al 72.5% de los encuestados, su defensor de
oficio no les solicita, o a su familia, la aportación de pruebas.
Ø El consecuencia a lo anterior, el 84.4% de procesados manifiesta que el
defensor no ha hecho contacto con su familia.
Ø Así mismo, se encontró de manera satisfactoria que en el 96.4% de los
asuntos atendidos por defensoría de oficio, no se ha hecho cobro alguno a los
internos o a sus familiares, y que en el 68.9% de los casos, a los procesados
se les resuelven sus dudas y atienden sus asuntos.
5.2.2. INVESTIGACION SOBRE LAS CONDICIONES
DE VULNERABILIDAD DE LA INFANCIA INDIGENA TRABAJADORA QUE VIVE EN LA ZONA
URBANA DE TIJUANA, B. C.
Desde el pasado mes de marzo y en atención a la solicitud de diferentes
organismos sociales y civiles, sobre la grave situación de la infancia indígena
que vive en ciertos puntos de la zona urbana de la Ciudad de Tijuana, la
Visitaduría General inició una investigación de campo para conocer de manera
directa la dinámica del fenómeno y llevar a cabo, en caso necesario, la
correspondiente resolución sobre la probable violación a los Derechos Humanos
de este sector vulnerable.
Desde entonces, se llevaron a cabo un total de 15 recorridos en las
zonas conocidas como Ave. Revolución y Garita de San Isidro, en diversos
horarios nocturnos y diurnos en los fines de semana. Como producto de dichos
recorridos, se han obtenidos 9 entrevistas a personas involucradas y 7 conteos
de niños, niñas y adolescentes que trabajan limosneando o vendiendo artículos
como chicles o artesanías en la vía pública. A partir de dichos recorridos se
han dado inicio y de manera oficiosa a dos quejas que actualmente están siendo
integradas en vías de resolución. Se corroboran mediante el cruce de la
información recolectada, las graves condiciones de vulnerabilidad, marginación
social y pobreza en que viven los 2 o 3 hijos que en promedio acompañan a las
mas de 100 mujeres de origen, en su mayoría, oaxaqueño y guerrerense, todas
ellas trabajan en el comercio ambulante de las zonas que conforman el también
llamado Andador Turístico. Cabe mencionar que uno de los aspectos que más
llamaron nuestra atención respecto de este sector de la población infantil, fue
la aparente falta de acciones, programas y políticas sociales de protección y
atención a la infancia indígena en el contexto urbano. Es importante señalar
que los indígenas con quienes se ha tenido contacto en esta investigación
todavía hablan su lengua de origen, que forman parte de una o varias
agrupaciones y/o asociaciones civiles y
que han manifestado interés por resolver la situación que hace de sus prácticas
tradicionales y costumbres, víctimas a la infancia en el contexto urbano. Al
parecer, la difícil situación económica en que vive la mayoría de estas
familias, en uso de su cosmovisión y costumbres propias, provoca que se tomen
decisiones oficiales fuera del contexto de sus usos y costumbres, violentando
así sus derechos humanos y los de sus hijos. No son sino las mismas condiciones
de exclusión de la cuales no son responsables, las que exigen se tomen medidas
de protección y solidaridad adecuada. La pobreza no es un delito, y en aras de
contrarrestarla, las familias toman decisiones en ocasiones contrarias a sus
deseos, para subsistir y salid adelante con los pocos o nulos recursos con los
que cuentan.
5.2.3. PARTICIPACION EN LA SEGUNDA CONFERENCIA BILATERAL EN CONTRA DE LA
EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL INFANTIL 2002.
Desde hace ya casi dos años, la Procuraduría de los Derechos Humanos y
Protección Ciudadana de Baja California, y en particular esta Visitaduría
General, forma parte del gran esfuerzo que diversas organizaciones sociales y
gubernamentales de los tres niveles de gobierno de San Diego y Tijuana hemos
llevado a cabo a través de la coordinación de acciones en aras de erradicar y
atender en esta Zona Fronteriza, de manera integral y colegiada, a los menores
que por diversas circunstancias llegan a estas ciudades para ser víctimas de
una de las perores y mas inhumanas formas de explotación, la prostitución y
pornografía infantil, consideradas como delitos de lesa humanidad.. Como parte
de los resultados de esta coordinación interinstitucional, se ha integrado un
frente de trabajo en donde se involucran, en el ámbito de competencia, diversas
organizaciones no gubernamentales de ambos lados de la frontera y dependencias
oficiales de México y estados Unidos, así como organismos internaciones, tales
como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF-México). Este grupo de trabajo realizó, como
parte de sus logros, dos conferencias en donde se contó con la presencia de
diversos especialistas en el tema, desde la perspectiva laboral, de la violencia
intrafamiliar, el desarrollo infantil, la explotación sexual, el derecho
laboral y el derecho penal local e internacional, así como parte del análisis
pertinente del marco jurídico internacional y local que permitan atender a las
víctimas para que no tengan que experimentar, como ocurre en la mayoría de las
ocasiones, una doble victimización cuando se ven frente a los procesos legales
y sociales, de tal manera que se logre
una completa reinserción social y, sobre todo, recuperación de las víctimas.
Este año, la Conferencia se llevó a cabo en la Ciudad de San Diego, contando
con la presencia de más de 200 personas invitadas y la exposición de 12
conferencistas especialistas en los diferentes temas. La Procuraduría de los
Derechos Humanos, como parte de los co-organizadores del evento llevado a cabo
los días 26 y 27 de Agosto pasado y como integrante de esta Coalición
Bilateral, apoyó con el financiamiento de una de las principales académicas
especialistas en el tema, así como en la integración del grupo de panelistas y
conferencistas que sobre el marco jurídico mexicano se requería, obteniendo
como resultado la presencia del titular en México de la organización
Internacional del Trabajo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología.
5.2.4. RELACION
DE VISITAS REALIZADAS A CENTROS PENITENCIARIOS DE BAJA CALIFORNIA
|
FECHA
|
CERESO
|
MUNICIPIO
|
|
23 de enero
|
Consejo
Tutelar
|
Tijuana
|
|
25 de enero
|
Cereso
|
Mexicali
|
|
31 de enero
|
Calle
|
Tijuana
|
|
4 de febrero
|
La Mesa
|
Tijuana
|
|
11 de febrero
|
La Mesa
|
Tijuana
|
|
14 de febrero
|
Cereso
|
Ensenada
|
|
15 de febrero
|
Cereso
|
Ensenada
|
|
18 de febrero
|
La Mesa
|
Tijuana
|
|
4 de marzo
|
Calle 8
|
Tijuana
|
|
5 de marzo
|
La Mesa
|
Tijuana
|
|
11 de marzo
|
La Mesa
|
Tijuana
|
|
18 de marzo
|
La Mesa
|
Tijuana
|
|
26 de marzo
|
Calle 8
|
Tijuana
|
|
1° de abril
|
La Mesa
|
Tijuana
|
|
9 de abril
|
La Mesa
|
Tijuana
|
|
16 de abril
|
Cereso
|
Mexicali
|
|
24 de abril
|
La Mesa
|
Tijuana
|
|
25 de abril
|
La Mesa
|
Tijuana
|
|
29 de abril
|
Calle 8
|
Tijuana
|
|
17 de mayo
|
La Mesa
|
Tijuana
|
|
22 de Mayo
|
Cereso
|
Ensenada
|
|
10 de junio
|
La Mesa
|
Tijuana
|
|
27 de junio
|
La Mesa
|
Tijuana
|
|
19 de julio
|
La Mesa
|
Tijuana
|
|
2 de agosto
|
Cereso
|
Mexicali
|
|
6 de agosto
|
Cereso
|
Ensenada
|
|
8 de agosto
|
La Mesa
|
Tijuana
|
|
20 de
septiembre
|
La Mesa
|
Tijuana
|
|
24 de octubre
|
La Mesa
|
Tijuana
|
En total, se realizaron por la Visitaduría General 29 visitas durante el
período, además de las visitas que, de manera regular, realizan las
Subprocuradurías
De zona para dar seguimiento a los expedientes de queja.
5.3. PROGRAMA ESTATAL DE ASUNTOS
MIGRATORIOS E INDIGENAS (PEAMI)
Los objetivos generales de este programa son:
Promover políticas y acciones que garanticen la integridad y los
derechos humanos de las personas migrantes y de las etnias nativas y
establecidas en Baja California;
Colaborar con las ONG´S a nivel local, nacional y regional, para ampliar
los mecanismos de defensa y apoyo a los migrantes y grupos étnicos;
Brindar asesoría legal y social a migrantes nacionales y extranjeros y a
indígenas;
Informar y sensibilizar a la sociedad y los servidores públicos respecto
a los efectos del fenómeno migratorio desde una perspectiva humanitaria;
Integrar expedientes para formular las resoluciones apropiadas que
permitan prevenir y resolver las violaciones de los derechos humanos de estos
dos grupos;
Promover la aplicación efectiva de las normas nacionales e
internacionales sobre estos temas en acciones y medidas aplicables a nivel
local, regional, nacional e internacional y,
Prestar atención especial a los casos de discriminación y violencia
intrafamiliar ejercida contra mujeres y niños migrantes e indígenas.
5.3.1. ASUNTOS MIGRATORIOS
Se ha participado permanentemente en el PROGRAMA PAISANO, durante las
temporadas vacacionales, para la protección de los derechos de los
connacionales residentes en los EUA que visitan nuestro país.
El día 14 de Marzo, por invitación directa del Gobierno Mexicana a
través de la Subsecretaría de Democracia y Derechos Humanos de la Cancillería
Mexicana, sostuvimos una reunión de trabajo con la Relatora Especial de las
Naciones Unidas para los Migrantes, Gabriela Rodríguez Pizarro en nuestra sede
en Tijuana. En esta importante reunión se hizo entrega a la visitante de varios
expedientes sobre abusos de autoridades mexicanas y estadounidenses,
acompañados de videos que obran como testimonio de la grave problemática que
enfrentan los migrantes en esta zona del país. Para esta reunión, invitamos
también a los dirigentes de Braceros Proa, organismo que ha presentado un
reclamo legal ante las instancias judiciales de los Estados Unidos y de México,
para la recuperación de los ahorros de los braceros mexicanos que prestaron sus
servicios en los campos agrícolas de esa nación de 1942 a 1964. En esta ocasión
acudieron representantes del C. Dip. Nicolás Osuna, Presidente de la Comisión
de Asuntos Fronterizos de esta H. Legislatura.
La PDH ha participado en el programa de Regularización Migratoria del
Instituto Nacional de Migración (INM), dirigido a extranjeros que desean
normalizar su residencia en el país, debido a que trabajan y mantienen relaciones
familiares y sociales estables en el país.
En fecha 14 de junio, este organismo protector de los Derechos Humanos
tuvo conocimiento por diversos medios, que un grupo de 23 personas, dieciocho
salvadoreños, cuatro mexicanos y una mujer ecuatoriana, sufrieron una agresión
con arma de fuego al momento de intentar ingresar a los Estados Unidos al oeste
de Mexicali. Al tomar conocimiento de los hechos iniciamos expediente de queja,
con su debida investigación, mismo que fue turnado a la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) por haber sido señalados en la agresión integrante de
las fuerzas armadas de nuestro país.
El 10 de septiembre pasado, 35 migrantes centroamericanos fueron
detenidos por el Grupo Beta Mexicali cuando intentaban cruzar a los Estados Unidos por la desértica área poniente
de la ciudad, y posteriormente trasladados al INM para su expedita expulsión
del país. Al tomar conocimiento de los hechos, nos entrevistamos con los
afectados, detectando presuntas violaciones de sus derechos humanos, por lo
cual el asunto fue tomado por la ONG Sin Fronteras en la Cd. De México, para su
turnación a la CNDH.
De manera regular, el PEAMI participa en las reuniones periódicas del
Subcomité de Migración del COPLADEM en Tijuana.
5.3.2. ASUNTOS INDIGENAS
En algunos estados existen estatutos legales especiales para los
indígenas;
en el caso particular de las etnias bajacalifornianas, sabemos que existen un proceso de
desvalorización de sus garantías fundamentales, rezagos educativos y culturales
indígenas que limitan su capacidad de redefinir su identidad y organizarse para
defender sus intereses y luchar por su reivindicación étnica en la dimensión
política, económica y de desarrollo social en la entidad, trabajando
eventualmente “sólo para comer”.
A propuesta de este Organismo y en coordinación con el Instituto
Nacional Indígenas, en el año se llevan a cabo varios talleres de capacitación
en Derechos Humanos, Derechos Indígenas, talleres vivenciales y de
autodiagnóstico para los integrantes de la Comunidad Cucapá.
Se gestionó de buenos oficios ante el Poder Judicial Federal, una
reconsideración sobre la injusta sentencia a 10 años de prisión para un
ciudadano bajacaliforniano de la etnia Pai Pai, por presunta posesión y
portación de arma de fuego, quien finalmente fue liberado al hacer valer las
reformas constitucionales y la Ley de Derechos y Cultura Indígena vigentes en
el país.
En mayo estuvo en Baja California el Dr. Sergio Segreste Ríos,
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca, a
quien se acompaño para valorar las condiciones en que se encuentran los
migrantes indígenas oaxaqueños que residen y laboran principalmente en los
valles agrícolas de Baja California.
Este programa colaboró con doce mensajes editoriales y una conducción
sobre temas indígenas, en la estación radiofónica XEQIN de San Quintín, B. C.
En abril de este año se continuaron los talleres interinstitucionales
junto con el INI y la Semarnat, para la capacitación de los indígenas.
El mes de mayo se realizó una conferencia de prensa en Mexicali junto
con los indígenas Cucapá, para hacer pública en la región la Recomendación
8/2002 de la CNDH dirigida a la SEMARNAP y la SAGARPA, misma que fue aceptada
plenamente, y que restituye los derechos de la comunidad Cucapá para pescar en
la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera, en el delta del Río Colorado.
Recomendación que no ha sido adoptada por la delegación estatal de Profepa.
El mes de agosto se organizó una visita a los campos agrícolas del Valle
de Mexicali, con la asistencia de la Dip. Fed. Irma Piñeiro, Presidenta de la
Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de
Diputados Federal y la Dip. Local Luz Argelia Paniagua, para observar insitu las condiciones de vida y de
trabajo de los jornaleros agrícolas y sus familiares.
A instancias de la PDH, el pasado 5 de noviembre se realiza la segunda
visita a baja California del juez de la Audiencia Superior de España. Don
Baltasar Garzón Real, acompañado del Secretario de Gobierno del la Audiencia
nacional de España, Don Tomás Sanz Hoyos. En esta ocasión, con la asistencia de
la Dip. Rosalba Martín, estuvieron en la Comunidad Indígena Cucapá, con la asistencia de
representantes de todos los pueblos indígenas nativos del estado. Los ilustres
visitantes aceptaron el compromiso de convertirse en “asesores honoríficos”
para las demandas indígenas y en gestores para la búsqueda de financiamientos a
sus programas de desarrollo.
Es de destacar la labor que ha realizado este programa para la integración
de las etnias nativas del Estado y los migrantes indígenas, al PROGRAMA
FRONTERAS 2012, de carácter binacional, para efectos de programas de desarrollo
sustentable, mismo que coordina la SEMARNAP por la parte mexicana, y del cual fueron excluidas las comunidades
indígenas fronterizas mexicanas durante siete años. Para tal efecto,
recientemente se han establecido las condiciones para su plena participación en
este tan importante programa.
De la misma manera y en justo reconocimiento, el PEAMI ha promovido la
inclusión de los indígenas Cucapá en los Festejos del Centenario de la ciudad
de Mexicali, para lo cual se solicitó al Presidente Municipal que en la Plaza
del Centenario se agregue un Monumento al Cucapá, en reconocimiento a quienes
llegaron antes que los mestizo a estas tierras cachanillas.
Habría que recordar que en 1991, la Comisión Interamericana de los
Derechos Humanos, de la OEA, de la que México es país miembro, aprobó dos
resoluciones sobre las poblaciones indígenas; la primera, instando a los
Estados Parte a cumplir con las recomendaciones de la Carta de Garantías
Sociales, y la otra señala que “la protección especial para las poblaciones
indígenas constituía un compromiso sagrado para los Estados”, además que “los funcionarios de los Estados Parte deben
actuar con el máximo celo en defensa de
los Derechos Humanos de las personas indígenas, contra las cuales no debe haber
ni aceptarse acto alguno de discriminación”, la misma Carta Americana de
Garantías Sociales, en su artículo 39 señala que “el Estado ejercerá su tutela
para preservar, mantener y desarrollar el patrimonio cultural de los indios o
de sus tribus”.
5.3.3. GESTORIAS
El PEAMI realizó 27 gestorías a internos del Cereso de Mexicali, 37 a
reclusas migrantes del mismo Cereso y 9
a internas del Cereso de Ensenada, en los rubros de beneficios de
preliberación y traslados a sus lugares
de origen, en coordinación con las áreas técnicas de la PDH.
Se realizaron diversas gestiones ante los Consulados de México en Caléxico y San Diego, principalmente, en
trámites de traslado de cuerpos de mexicanos fallecidos en los Estados Unidos,
localización de personas extraviadas, asesorías jurídicas y quejas por
presuntas violaciones a los derechos
humanos de migrantes. Todo ello en coordinación con las áreas técnicas de
nuestro organismo.
5.3.4. ASISTENCIA A FOROS Y EVENTOS DE CAPACITACION
Asistencia al Seminario sobre la exigibilidad de los derechos
económicos, sociales y culturales, el 11 y 12 de abril en la Universidad
Iberoamericana, Campus México.
Al Foro Nacional Migración y Desarrollo, en agosto 16 y 17 en Tijuana,
B. C., organizada por la Cámara Federal de Diputados y el Colegio de la
Frontera Norte.
A tres Mesas de Análisis para la Política Migratoria Mexicana, en
febrero, abril y septiembre del presente año, organizadas por el INAMI.
Participación de la coordinadora del programa, como relatora, en el
Seminario Internacional Derechos Humanos
y Flujos Migratorios en México y América Central, organizado por la UNESCO, la
SRE y la UNAM, los días 7 y 8 de octubre 2002.
Asistencia al V Foro de Derechos Humano, “Derechos Humanos y
Globalización Alternativa”, organizado por la Universidad Iberoamericana-
ITESo, 9, 10 y 11 de octubre 2002 en Puebla, Puebla.
5.3. PROGRAMA ESTATAL DE LA MUJER, EL MENOR Y LA FAMILIA
En los meses de noviembre y diciembre de 2001 se concluyeron las
acciones previstas desde hace dos años, a raíz del Convenio de Colaboración
suscrito entre Planned Parenthood de San
Diego y Riverside Counties y la Procuraduría de los Derechos Humanos y
Protección Ciudadana de Baja California. Al respecto, es pertinente dejar
constancia a manera de evaluación final, que los resultados cuantitativos y
cualitativos superaron las expectativas, gracias a la gran experiencia
desplegada desde ambas instituciones. De manera muy particular hay que destacar
el trabajo y compromiso conjunto de las personas responsables de este programa,
cosa que no hubiera podido lograrse sin el grupo de apoyo formado por la
consultora técnica y las capacitadoras que participaron de esta experiencia.
De manera sucinta resumimos el que, en el periodo que se informa,
destaca la cada vez mayor cobertura en las acciones de Capacitación y
Sensibilización en materias de Derechos Humanos, Género y Equidad, que en este
año se comportaron de la manera siguiente:
a) Personas en el Estado que participaron en acciones de capacitación,
en las cuales se incluyen Universidades y profesionales de la comunicación:
2,474 personas;
b) Personal del Servicio Público de las tres esferas de Gobierno que
participó en las tareas de capacitación y sensibilización, así como en asesoría en derechos humanos: 842 personas;
a) Se distribuyeron 4,365 folletos con estos temas de Derechos Humanos
y,
b) Se sustentaron 22 Ponencias relativas a los mismos temas.
Teniendo en cuenta además el fortalecimiento al Programa de la Mujer, el
Menor y la Familia en este año, hemos podido dar continuidad a la atención de
un número cada vez mayor de personas que demandan nuestra atención, haciendo
posible las condiciones de calidad y calidez que se requieren en esa atención especializada.
En el trabajo cotidiano, realizado en conjunto con Instancias
Gubernamentales, Organizaciones Civiles y Universidades, en el periodo que se informa destacan las acciones de
coordinación con instituciones y
organizaciones como: Fronteras Unidas-Pro Salud, Dif Municipal Tijuana,
Casa de la Mujer, Grupo Factor X, Instituto Estatal de la Mujer de Baja
California, Comunidad de la Colonia Alemán, Instituto Municipal de la Mujer,
Planned Parenthood de San Diego y Riverside Counties, Jurisdicción Sanitaria
No. 2, Iniciativa de Salud Fronteriza, Colegio de la Frontera Norte,
Universidad de Xochicalco, Grupo Alaide Foppa, Universidad Iberoamericana,
UABC, Secretaría del Trabajo, PAMSIDA, Consultoría para los Pueblos Indígenas,
UNIFRONT, Almacén de los
Recursos y Producciones JP.
En relación a nuestras acciones en diferentes Campañas regionales, la
presencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos, a través de la
Coordinación Estatal de este Programa, ha trabajado acorde a los principios de
Derechos Humanos, gracias al entusiasmo de las Organizaciones Civiles que nos
abren las puertas y nos brindan su confianza, gracias a quienes a la cabeza de las Instancias
Gubernamentales nos permiten realizar nuestro trabajo bajo los principios de
pleno respecto y cordialidad, gracias también a cada persona que ha sido
referida en este informe y a todas aquellas que nos resulta imposible incluir,
que saben del gran entusiasmo y esperanzas que abrigamos para enlazar esfuerzos
en la construcción de un mundo mejor para cada persona, gracias por permitirnos
aportar nuestro grano de arena en la tarea de hacer realidad la vigencia de los
Derechos Humanos.
5.4. PROGRAMA ESTATAL DE
COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS.
A lo largo del ejercicio Noviembre 2001 a Octubre de 2002, la
Procuraduría de los Derechos Humanos organizó y participó en varios eventos de
relevancia nacional e internacional en la que se preponderó la difusión y
capacitación de los cuerpos penitenciarios de la región en la materia que
compete al organismo.
Entre los eventos de mayor importancia se encuentra el Taller sobre
Sistema Penitenciario y Derechos Humanos realizado en el mes de diciembre de
2001, en coordinación con el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) de la OEA, con sede en Costa Rica, y
la participación de los titulares y mandos medios de la Secretaría de Seguridad
Pública del Poder Ejecutivo Estatal.
En dicho evento se contó con la presencia de ponentes destacados en el
ámbito internacional como lo son el Dr. César Barros, del Instituto Brasileño
de Derechos Humanos, el Dr. Fernando
Coronado Franco, Director General de la Primera Visitaduría de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal, el Dr. Jorge Mario García Laguardia,
Embajador de Guatemala en Costa Rica y de María Guadalupe Morfín Otero,
ex-presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.
En enero de 2002 en la ciudad de Tijuana, se organizó el Seminario sobre
el Uso Efectivo de los Sistemas y Mecanismos Internacionales de Derechos
Humanos, en coordinación con el Servicio Internacional para los Derechos
Humanos (SIDH) de Ginebra, Suiza., En el mencionado Seminario participaron el
Dr. Adrien-Claude Zoller, prestigiado jurista internacional, Director de ese
organismo y autor de numerosas publicaciones sobre los mecanismos de las
Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos, así como la Lic. Paulina Vega,
integrante de la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Se realizó en Mexicali y
Ensenada en enero, el Taller para Prevenir la Tortura en el Sistema
Penitenciario como Morris Tidball, Director de la Oficina de Defensores de
Derechos Humanos del SIDH y especialista de las Naciones Unidas en materia
penal, dirigido a organizaciones civiles, funcionarios estatales del sistema
penitenciario y jueces calificadores. Continuando con la misión de la
institución, en el período que se informa se organizó el pasado mes de mayo en
las ciudades de Mexicali y Tijuana, la presentación del Libro “La Charola”,
sobre la guerra sucia en México, del prestigiado investigador y columnista
Sergio Quezada, siendo la presentadora de la obra la exsenadora Rosa Albina
Garavito. En lo referente a las tareas de difusión, el organismo público a través
de esta coordinación, informó a los medios de comunicación sobre las
participaciones del titular en diversos foros dentro y fuera del país. Es así
que, a lo largo de este período, el Procurador de los Derechos Humanos, por
medio de esta Coordinación Estatal, emitió más de 60 comunicados de prensa y se
realizó el envío de distintos materiales a los representantes de los medios de
comunicación en el Estado, el país y el extranjero. De igual forma, se
realizaron quince conferencias de prensa, además de innumerables
participaciones del Procurador en foros convocados por diversas instancias
sociales y gubernamentales. Dada la presencia e impacto del Ombudsman en la
comunidad, debido a su postura en temas de controversia y relevancia, se estima
que el Procurador de los Derechos Humanos superó a lo largo de este período,
las 400 participaciones en los medios electrónicos, particularmente en radio.
En el mismo tenor, los medios impresos locales, nacionales e internacionales
dieron cuenta en el período que abarca este informe, de 632 notas periodísticas
sobre las diversas participaciones del organismo y del ombusman. En lo
referente a la atención de ciudadanos por parte del Procurador en sus
encuentros con los medios, con la comunidad y autoridades de los tres niveles
de gobierno, el universo de atención superó las 3 mil personas. Es importante
destacar las participaciones del Procurador de los Derechos Humanos ante los
organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de los Derechos
Humanos (CIDH) con sede en la ciudad de
Washington, D.C., en los Estados Unidos, instancia ante la cual la PDH
presentó tres casos de gran trascendencia para la comunidad bajacaliforniana.
El caso de las tarifas eléctricas en Mexicali en calidad de co-peticionario, el
Horario Restringido para Menores de Edad impuesto por el Ayuntamiento de Tecate
y la presunta negligencia médica de la que fue víctima una menor mexicalense.
Es necesario subrayar la participación de la Procuraduría de los Derechos
Humanos a través de su titular, en varios foros nacionales relacionados con la
materia, muy en particular la asistencia a los dos Congresos anuales que
organizó la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos este
año en las ciudades de Cuernavaca, Mor.
Y Manzanillo, Col., de la cual nuestro organismo es miembro activo. Por último,
es destacable señalar que, por razones de índole presupuestal, no fue posible
editar el segundo número de la GACETA de la Procuraduría de los Derechos
Humanos, esperando que el próximo año existan condiciones objetivas para
continuar con la impresión periódica de este importante órgano de difusión, tal y como se hace en todos y
cada uno de los organismos públicos de derechos Humanos en el resto del país.
5.5. PROGRAMA ESTATAL DE EDUCACION Y CAPACITACION.
Una de las preocupaciones sustantivas de la Procuraduría de los Derechos
Humanos y Protección Ciudadana, ha sido la de desarrollar acciones de educación
y formación que nos permitieran incidir de manera significativa en la sociedad,
para crear una Cultura de los Derechos Humanos. Para ello fue necesario
establecer vínculos y convenios de colaboración con instituciones de naturaleza
diversa a fin de proveer de información y capacitación en materia de garantías
individuales, a los diferentes sectores de la sociedad. Estos programas se
trabajaron a nivel estatal a través de las áreas de Educación y Capacitación,
formando redes de acciones interinstitucional y de carácter interdisciplinario,
que nos permitieron llegar a distintos sectores sociales. A continuación se
citan algunas de las actividades más relevantes que en las distintas ciudades
pudimos llevar a cabo, a través de los departamentos de educación respectivos.
En el Municipio de Ensenada, en colaboración con el programa de Atención a Jornaleros
Agrícolas de los Valles de la Zona Costa, se llevaron a cabo jornadas de
promoción y difusión de los Derechos Humanos en los meses de enero, julio y
septiembre llegando a las comunidades de: El Colonial, Estrella Nueva, Agrícola
del Sol, Agrícola Cardoso, Rincón de San Miguel, el Salitral, Los Olivos,
Heladio Ramírez, La Mixteca, la Bocana, Agrícola El Consuelo; cubriendo un
total de 19 sesiones de trabajo comunitario. Cabe destacar la realización del
Taller sobre Documentación, Denuncia y Prevención de la Tortura en los Centros
de Reclusión y la Feria Preventiva. Como parte de las acciones de vinculación
con el Sistema Educativo Estatal, se realizaron jornadas de difusión de los
Derechos de los Niños y las Niñas, así como charlas para la prevención de la
violencia familiar, en coordinación con cinco zonas escolares de preescolar, de
febrero a marzo del presente. De igual forma y sobre la misma temática, se
realizaron talleres y charlas para las comunidades de Punta Colonet, Camalú,
Vicente Guerrero y San Quintín, del 27 de agosto al 18 de septiembre. Cabe
destacar que durante todo el año se han desarrollado Talleres de Derechos
Humanos en las guarniciones militares de Ensenada y Valle de San Quintín, a
petición de los propios mandos militares. En la ciudad de Mexicali se trabajó
sobre dos áreas básicas en lo relativo a la promoción y difusión de los
Derechos Humanos. Por un lado, a través del apoyo brindado por medios de
comunicación como radiodifusoras y televisoras locales, en donde se abordaron
temas diversos y, por otro, se realizaron charlas y conferencias con diversas
instancias educativas e instituciones en las que destacan las realizadas en
vinculación con la Academia de Policía, la Secretaría de Seguridad Pública
Municipal y la Barra de Abogados de San Luis. En el Municipio de Tecate se
realizaron conferencias y talleres sobre diversos temas relativos a los
Derechos Humanos en vinculación con el sector educativo, asociaciones civiles y
algunas instancias de Seguridad Pública. Se realizaron charlas con el Grupo
Beta, el Comité Juvenil y el Grupo 21, entre otros. Así mismo se abordó de
manera continua en medios impresos y radiofónicos, así como en charlas con
diferentes sectores de la sociedad, el tema del “Horario Restringido” (toque de
queda), el Derecho Libre de Tránsito, así como otros temas relativos a los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Finalmente, el Departamento de
Educación y Capacitación de la Subprocuraduría en Tijuana llevó a cabo las
siguientes acciones: En vinculación con la Procuraduría de Justicia del Estado
y con las Fuerzas Armadas, se realizaron Talleres de Capacitación en Derechos
Humanos de manera sistemática, de noviembre del 2001 a octubre de este año,
para los cadetes del Instituto de Capacitación y Adiestramiento y para los
miembros del Ejército adscritos a la 2da. Región Militar. Las Jornadas por la
promoción del Arte y la Cultura como Derecho, que la Procuraduría inició en
febrero de 2001, se realizaron en vinculación con el Instituto Municipal de
Arte y Cultura (IMAC), en razón del convenio de colaboración firmado entre
ambas instituciones. Otras actividades de promoción de los Derechos Humanos
fueron los Talleres sobre Resolución No Violenta de Conflictos, la capacitación
para multiplicadores de Derechos de los Niños y las Niñas, así como la
implementación de un Campamento de Verano sobre Derechos y Alternativas de Paz,
en coordinación con las Delegaciones de Playas de Tijuana, la Mesa, San Antonio
de los Buenos, la Presa y las Subdelegaciones Insurgentes y Sánchez Taboada. En
marzo se firmó un Convenio de Colaboración con el Instituto de Cultura de Baja
California ICBC, del cual se generaron acciones conjuntas como el Primer Foro
sobre Derechos Culturales, realizado en mayo, donde destaca la conferencia
magistral impartida por el Dr. Raúl Avila Ortiz, Presidente de la Academia
Mexicana por el Derecho al Arte y la cultura. En el Período junio-julio se
llevaron a cabo Talleres Infantiles como parte del proyecto Tendedero Cultural.
Del 10 al 12 de octubre se llevó a cabo la Primera Jornada por la Resistencia
Cultural, donde se contó con la participación de los talleres artísticos de la
Universidad Autónoma de Baja California, artistas independientes, maestros de
la Casa de la Cultura, contando con el apoyo en difusión de la radiodifusora
Stereo Frontera. El área de Educación de Tijuana ha trabajado estrechamente con
asociaciones civiles, centros comunitarios e instituciones educativas, en los
que destacan las actividades realizadas en colaboración con el Centro de Servicios
Comunitarios de la Universidad Iberoamericana, que nos permitió atender las
comunidades de El Chamizal, La Morita, Cucapá, la Esperanza y Buenos Aires,
entre otras. Así también, en combinación con la asociación civil YEHUANI, se
trabajaron jornadas relativas a derechos de la salud y derechos de los niños y
las niñas en comunidades aisladas, como el Ejido Maclovio Rojas. Así mismo, se
trabajaron talleres de formación de multiplicadores con la Fundación para la
Protección de la Niñez, la Fundación YMCA y la Fundación Esperanza. En lo
relativo a los jóvenes, se realizaron campañas para la formación de
Multiplicadores para la Promoción de los Derechos de los Niños con los alumnos
prestadores de servicio social de escuelas públicas de educación media superior,
en coordinación con la Asociación de Acompañamiento Vocacional Juvenil
PROMOJUV, en donde destaca la semana de reflexión realizada en octubre y denominada “Seremos”.
De igual forma y en coordinación con el programa de cultura popular del IMAC,
se realizaron charlas en la Estancia Municipal de Menores Infractores.
Finalmente y de manera permanente, se trabajó en vinculación con el sector
educativo para dar continuidad a la campaña de promoción del Derecho a la
Educación, de la que se derivaron talleres para niños, charlas para docentes y
promoción de los derechos, a través de materiales impresos, atendiendo
principalmente escuelas de educación básica. Destaca el Taller de Derechos
Humanos y Migración que, a iniciativa de la PDH, se desarrollaron junto con las
ONG’S de apoyo a migrantes, por un lado, a los integrantes del Grupo Beta
Tijuana, y por otro a los mandos medios de la policía municipal de Tijuana. En
esta última actividad, se incorporaron el DIF-Municipal y la Coordinación de
Jueces Municipales. En total en el Estado, en los eventos de Educación y
Capacitación que promovió nuestro organismo durante el período que se informa,
asistieron un total de 41,671 personas de diferentes sectores, estratos y
edades, con la participación activa de todos los Programas Estatales y las
Subprocuradurías de Zona de la PDH.
5.6. PROGRAMA ESTATAL DE PROTECCION A PERIODISTAS Y MEDIOS DE
COMUNICACION.
La democracia como sistema político basado en la voluntad de los
ciudadanos, es posible debido a la plena vigencia de las garantías individuales
que consagra la Constitución Política de 1917. Se considera que el derecho a
expresar nuestras ideas hace posible el ejercicio de las demás libertades. Esta
libertad se encuentra consagrada en el Artículo 19 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, proclamada por las Naciones Unidas con el fin de
evitar que se vuelvan a repetir los crímenes de lesa humanidad cometidos
durante la Segunda Guerra Mundial. Consciente de lo anterior, la Procuraduría
de los Derechos Humanos de Baja California consideró prioritario establecer el
31 de octubre de 2001 el Programa Estatal de Protección a Periodistas y Medios
de Comunicación. Este esfuerzo tiene el propósito de “brindar protección a este
sector de la población que ha sido vulnerado en repetidas ocasiones”. El
objetivo central es establecer esquemas concretos y efectivos para recibir y
atender quejas, así como educar y proteger a los periodistas y los medios de
comunicación, de violaciones a sus Derechos Humanos, especialmente al de la
libertad de expresión. Asimismo, se asesorará y canalizarán las quejas del
orden federal o provenientes de violaciones cometidas por otros agentes no
gubernamentales violadores de los Derechos Humanos, así como la difusión de sus
derechos como periodistas. Estos objetivos aspiran a crear las condiciones para
el libre ejercicio de la actividad periodística en nuestra entidad, que permita
el pleno desarrollo de las mujeres y hombres que la habitan. Los propósitos de
este Programa son evitar que aquellos interesados en inhibir el trabajo
periodístico logren su cometido; también, llamar la atención a la opinión
pública de la importancia de cuidar y alentar las libertades de expresión y de
prensa para consolidar la democracia que vive la entidad. Nuestra intención es
alentar a los periodistas y los medios de comunicación en su derecho de
expresarse y publicar la información que sea de interés y utilidad para la
comunidad bajacaliforniana. Este programa desarrolló las siguientes actividades
durante el período que se informa:
a) Sistematización de la información hemerográfica de agresiones a
periodistas y medios de comunicación.
b) Realización de gestiones ante autoridades en casos graves de agravios
a comunicadores (o porque el periodista presentó una queja en nuestras
oficinas) para que las autoridades competentes tomaran cartas en el asunto y,
si fuera necesario, medidas cautelares que protegieran a la integridad de los
periodistas, y
c) El establecimiento de contactos con organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales de defensa y protección de los periodistas a nivel local,
estatal, nacional e internacional.
Estas acciones nos permiten afirmar que, en términos generales, los
periodistas y medios de comunicación en Baja California ejercen sus derechos de
expresión y de imprenta; sin embargo, todavía existen algunos grupos políticos
y sociales que adoptan actitudes que obstaculizan y bloquean el trabajo
periodístico cuando este tiende a poner al descubierto acciones que pueden ir
en contra del orden jurídico y las garantías individuales. Esta conclusión se
desprende de la revisión de los casos de agresión q periodistas y medios de
comunicación detectados en el período que cubre este informe. En los últimos
meses se han producido en Baja California agresiones en contra de 20
periodistas y medios de comunicación. En particular, los casos que tomó en sus
manos el Programa Estatal de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación
son los siguientes: Ramón Hurtado Osorio, Joel Ortíz y Víctor Cárdenas, periodista
de El Sol de Tijuana. Roberto Rocabado Azcagorta, reportero y conductor del
noticiario Contacto del Canal 66 de Mexicali, Baja California. Liliana Galván,
reportera gráfica del periódico Frontera de Tijuana. José Luis Camarillo,
reportero de Mesa Informativa, noticiario que se transmite por Radio Mexicana
en Tijuana. Odilón García y Mauricio Cota, reportero y camarógrafos de Televisa
Tijuana, Baja California. Benjamín Peña Chacón, conductor del programa El
Patrullero del Aire, de la estación radiofónica XEKT de Tecate, B. C. Estas
acciones pueden indicar que en Baja California el ejercicio de la libertad de
prensa todavía sufre embates que buscan coartarla, y que el periodismo está
sujeto aún a presiones para que modifique su cobertura de acontecimientos en
los cuales se encuentran involucrados actores políticos y sociales incómodos
con la cobertura periodística; las acciones que afectan los derechos de
expresión y prensa provienen de autoridades de los tres niveles de gobierno,
así como de particulares. En la medida en que el gobierno y la sociedad
bajacaliforniana adquieran conciencia de la importancia de preservar las
libertades de expresión y de prensa para que los asuntos de interés común se
presenten en la mesa de discusiones, este Programa habrá cumplido con sus
objetivos. Finalmente, deseamos ampliar la conciencia entre los comunicadores
que han sufrido agresiones, para que acudan ante esta Procuraduría de los
Derechos Humanos y las instancias jurídicas establecidas, para que sus casos
sean investigados por las autoridades correspondientes y sean preservadas sus
garantías individuales.
VI. CONVENIOS SUSCRITOS POR LA PDH
Durante el período que se informa, nuestro organismo firmó cinco
convenios institucionales, mismos que a continuación se detallan:
6.1. adéndum suscrito en enero de 2002 entre el XVII Ayuntamiento de
Tijuana y la PDH, mediante el cual el órgano municipal se compromete a aportar
25 mil pesos mensuales a este organismo protector de los derechos humanos, para
actividades de capacitación en la materia a los servidores públicos del
Ayuntamiento.
6.2. Convenio de Colaboración de enero de 2002 entre los titulares de la
PDH y del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Tijuana, que nos ha
permitido ampliar la cobertura de eventos de educación y capacitación en
derechos humanos a amplios sectores de la población tijuanense.
6.3. Convenio de Colaboración en marzo de 2002 con el Instituto de
Cultura de Baja California (ICBC), que nos ha permitido realizar múltiples
actividades culturales y educativas vinculadas a los derechos humanos.
6.4. Convenio de Colaboración y Vinculación Institucional de mayo de
2002, entre los Titulares de la Procuraduría General de la República y de la
PDH, mismo que surgió a raíz de la ilegal detención de policías municipales y
ministeriales trasladados a la Cd. De México. El convenio ya ha entrado en
operación a raíz del incidente ocurrido en meses pasados entre tres reporteros
gráficos de Tijuana y agentes federales.
6.5. Convenio de Colaboración de agosto de 2002, entre los titulares de
la PDH de Baja California y de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos de
Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Sonora, a efecto de ejercer acciones de
protección a la población migrante. Mismo que ha sido invocado el Dr. Sergio
Segreste Ríos, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Oaxaca, para
presentar queja formal ante la PDH por presunta violación a derechos
económicos, sociales y culturales de la población originaria de Oaxaca que vive
y trabaja en los campos agrícolas de nuestra entidad; queja que en estos
momentos se encuentra en integración para su debida resolución.
VII. CONSEJO CONSULTIVO
Durante el presente año se realizaron seis sesiones del Consejo
Consultivo, cuatro ordinarias y dos extraordinarias, en las que se trataron
diversos temas de derechos humanos que son de primordial interés para la
entidad. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a Consuelo Colilá
Eguía, reconocida y combativa periodista integrante e inspiración del grupo
Comunicadoras de Mexicali; al maestro Daniel Solorio Ramírez, Presidente del
Colegio de Abogados de Mexicali, prestigiado abogado y candidato para la
rectoría de la UABC; a Don Alfonso Múñoz Gil, Presidente del Comisariado Ejidal
Kiliwa y Presidente de la CANIRAC Mexicali; a Don José Luis Garavito, maestro
jubilado, exfuncionario de gran reconocimiento y de alta calidad moral en la
región; a Dolores Ruiz, Presidenta del Comité de Defensa y Participación
Ciudadana de Tecate y reconocida dirigente social en este municipio; a la Profra.
Juana Galeana de la Cruz, Jefa del Sector del Sistema Educativo Estatal en
Tijuana y gran apoyadora de la promoción de los derechos humanos en este sector
y al Arq. Pablo Medrano García de Quevedo, Rector de UNIVER en Baja California
y profesionista de gran renombre en el Estado. A todos ellos, muchas gracias
por sus consejos, por sus críticas y por sus aportaciones.
CONCLUSIONES:
La actividad de los derechos humanos concita opiniones encontradas y
suele no haber términos medios. Si hay algún incidente en que por alguna razón
no estamos, se nos crítica (¿y dónde están los derechos humanos?, se dice). Si
nos presentamos de oficio o a petición de parte en operativos y movilizaciones
sociales, o si emitimos opinión sobre diversos temas, que en muchos casos suelen
ser polémicos, se nos señala de protagonistas. Al fin de cuentas, de lo que se
trata es de abrir el debate de cara a la ciudadanía, de manera transparente y
en un marco de tolerancia, sobre los temas de mayor trascendencia. Pido
respetuosamente a esta Honorable Legislatura tomar plena conciencia de lo
anterior, para observar con mirada crítica y objetiva nuestra actuación en el
cumplimiento de nuestras responsabilidades. Por otra parte, se da el caso de
que ciertas resoluciones u opiniones públicas que en atribuciones de ley emite
la PDH, causan molestia e incomodidad en algunos servidores públicos,
tomándolos las cosas, en ocasiones, como una afrenta personal, y esto puede
repercutir en los apoyos institucionales que debe recibir el organismo, o lo que
es peor y como ha sucedido en otras regiones del país, el ombudsman es
reprimido física, legal y moralmente a consecuencia de sus acciones realizadas,
lo que por principio no puede ser admitido bajo ninguna circunstancia. En un
Estado Democrático de Derecho lo deseable es que, una vez ejercido su derecho
de audiencia, los servidores públicos acepten con autocrítica, madurez,
sensibilidad, voluntad política y sin intereses ajenos, las resoluciones y
posicionamientos del organismo público protector de los Derechos Humanos, para
corregir las deficiencias o irregularidades que se les señalen. Esa es la
diferencia entre un gobernante y un Estadista. Pese a existir ya durante más de
una década en México, el ombusman todavía se ve sometido a fuertes presiones. Encontramos
que la autonomía del organismo público protector de los derechos humanos no es
del todo entendida. Como principio fundamental que legitima y rige nuestra
existencia, el ombudsman debe mantenerse ajeno a toda influencia de fuerzas
políticas, más no de la movilidad y demanda social. Tal pareciera que
ganamos “pleitos gratuitos” o que
simplemente estamos en contra de las autoridades, lo que está fuera de toda
razón. Indudablemente que esta visión nos resta apoyos políticos y hasta
ganamos enemigos gratuitos, visibles u ocultos. Recordemos que parte importante
de nuestra función consiste en recabar las quejas ciudadanas por presuntas
violaciones a los derechos humanos, pero también hacernos eco de las demandas
sociales, siendo portavoz y gestores de los grupos vulnerables, principalmente
en cuanto a sus derechos económicos, sociales y culturales, que es la nueva
corriente mundial de intervención en el campo de los derechos humanos. La
autonomía de nuestro organismo constituye así una ventaja y una desventaja a la
vez. La ventaja es que nuestra condición de neutralidad nos puede erigir como
autoridad moral y como sujetos confiables de mediación en conflicto entre los
gobiernos y los ciudadanos, aún los privados de la libertad. La desventaja
puede ser el aislamiento. Por ejemplo, que las altas autoridades no nos reciban
en audiencia. Se da el caso que, contradictoriamente, uno de los sectores a
quienes recordamos sus deberes legales, la administración estatal, es quien
propone ante la Legislatura nuestro presupuesto anual. De esta manera, la
defensa irrestricta de la autonomía pudiera constituir un serio escollo para el
desarrollo de nuestras actividades. De ahí la necesidad de entender cabalmente
nuestra misión, como una nueva forma de hacer política. Ejemplo de lo anterior
es la dura batalla que hemos librado desde hace casi tres años para
recategorizar las percepciones y prestaciones del personal de la PDH, que están
muy por debajo, incluso, de los ingresos que perciben los trabajadores al
servicio del Estado. Este año, desde el mes de mayo solicitamos una ampliación
presupuestal de un millón cien mil pesos para los fines arriba indicados; en
septiembre bajamos nuestras prestaciones a la tercera parte, es decir, a $350
mil pesos. A seis meses de haber iniciado esta batalla, aún no hemos recibido
respuesta oficial de la Secretaría de Planeación y Finanzas, a pesar de que este Congreso ha
aprobado un sinnúmero de ampliaciones a otras dependencias y organismos
estatales para ser aplicado precisamente al rubro de salarios, como
oportunamente se ha publicado en el Periódico Oficial del Estado. El argumento
fundamental es que no se nos aprueba la solicitud en virtud de que no hay
recursos económicos disponibles. ¿Cómo debe entender la PDH este mensaje? Cabe
recordar que en el informe del año pasado presentamos ante ustedes la misma
petición. Por otra parte, hace unas
semanas, esta H. Legislatura aprobó reformas a la Ley sobre la Procuraduría de
los Derechos Humanos, que en esencia no contienen los cambios sustanciales que
el organismo requiere para la debida
defensa de los derechos humanos, como pudieran ser un eficiente
mecanismo para la rendición de cuentas ante el propio Congreso del Estado, de
los funcionarios públicos que no acepten una recomendación, que la acepten
parcialmente o que, una vez aceptada, en los hechos no la cumplan, manteniendo
invariablemente el carácter no vinculatorio de las resoluciones. Así mismo, es
necesario plasmar en la Ley el principio universal de inamovilidad e inmunidad
del ombudsman y mejorar los mecanismos para su designación, ampliando la
participación de los organismos civiles en la decisión. Otra más, consiste en
reforzar las facultades del organismo para acceder sin restricciones a
personas, documentos e instalaciones públicas y sancionar a quienes lo impidan,
y para dictar medidas cautelares en caso de que exista riesgo para la vida y la
integridad personal de los ciudadanos. Se hace necesaria, también, una reforma
constitucional en el Estado que incorpore un capítulo de derechos humanos, como
ya existe en otros Estados de la República. Propongo cordialmente a esta
Soberanía, trabajar conjuntamente en el futuro inmediato en una reforma
sustancial de nuestra legislación en la materia. Por último, es justo reconocer
que el principal garante y responsable de la vigilancia y respeto a los
derechos y a la dignidad humana es el Estado mismo. En ese sentido, el primer
escenario de lucha por los derechos humanos se da en la asignación presupuestal
para el organismo público protector, como órgano de Estado que es, en cuyos
criterios de distribución existe una gran disparidad con relación al
presupuesto de otras áreas de la administración pública igualmente importantes.
Por ejemplo; el presupuesto anual asignado a la Procuraduría de los Derechos
Humanos de Baja California para el ejercicio actual, representa apenas el 0.73
por ciento del presupuesto aprobado para las labores de procuración de justicia
y seguridad pública estatal, que son nuestro principal campo de actuación en
torno a la vigilancia de los derechos humanos. Señoras y señores Diputados,
semanas atrás entregué a cada uno de ustedes la propuesta de presupuesto de
egresos de la PDH para el próximo ejercicio fiscal. Si bien presentamos un
aumento importante con relación al año en curso, cabe recordar que, para
garantizar la atención creciente a todas las quejas y gestiones ciudadanas y en
aras de una mayor presencia en el Estado, sobre todo en materia de atención a
quejas y educación en derechos humanos, año con año se han sacrificado el
ingreso y las prestaciones del personal del organismo. Además, debido al obligado crecimiento y al
ejercicio de gastos imprevistos, enfrentamos ahora un preocupante déficit
presupuestal que no puede ser desatendido por el Ejecutivo y el Legislativo. Es
decir, no sería prudente aplicar un porcentaje de aumento al presupuesto de la
PDH tomando como base el presupuesto autorizado para este año, sino el gasto
real ejercido con su déficit respectivo, fincado en las necesidades del
organismo. En un acto de elemental justicia, me permito solicitar respetuosa y
formalmente a esta Soberanía, nos conceda una audiencia especial a la brevedad
posible en las comisiones respectivas, para revisar y justificar nuestra
propuesta entregada oportunamente al Ejecutivo Estatal, con el objeto de
aprobar un presupuesto que de certeza y dignidad a nuestro trabajo, por el bien
de nuestro Estado y sus instituciones, por el bien de los bajacalifornianos.
Muchas gracias.
- LA C. PRESIDENTA: Muchas gracias Procurador, les solicitamos a los
Diputados que quieran enlistarse para el tiempo de preguntas y respuestas.
- EL C. SECRETARIO: Se hace constar la presencia del Diputado Everardo
Ramos García, el Doctor Leopoldo Morán Díaz y del Diputado Enrique Acosta
Fregoso.
- LA C. PRESIDENTA: Sí vamos a solicitar un pequeño receso de dos
minutos, nada más para que nos pongan los micrófonos para que los Diputados
puedan tener a la mano el micrófono para hacer el uso de la voz; de la misma
forma señor Procurador sí usted quiere hacer alguna escala técnica tiene dos
minutitos. (Receso 14:15 horas). (Se reanuda sesión 14:20 horas). Compañeros
Diputados favor de pasar a sus curules iniciamos la sesión; en sesión de
preguntas y respuestas la mecánica va hacer la siguiente; les otorgaremos a los
compañeros Diputados que se han anotado cinco minutos para formular sus
preguntas, solicitando también al señor Procurador no le vamos a formular un
tiempo pero sí que sea lo más breve posible por el tiempo que ya llevamos en
esta comparecencia. Tiene el uso de la voz en primer lugar el Diputado
Francisco Rueda para formular sus preguntas.
- EL C. DIP. RUEDA GOMEZ: Gracias Diputada Presidenta. Señor Procurador
sea usted bienvenido, usted y su equipo de colaboradores a este Recinto. Tengo
varias inquietudes señor Procurador, la primera es en relación a algo que se ha
conocido de lo que se considera la participación de la Procuraduría como una
intromisión en un proceso penal en concesionario de Derechos Humanos en
Jalisco, qué nos pudiera señalar en este sentido en cuanto a esa que se ha
señalado intromisión por parte de la Procuraduría. Quisiera también que nos
hiciera que fuera un poquito más claro, cuál ha sido su participación en las
manifestaciones que se han realizado en el Estado, sí en calidad de observador
como lo dice aquí el documento o cuál ha sido su calidad, en calidad de qué, de
promotor, o cuál es la calidad de la Procuraduría o del Procurador en la
participación de estas manifestaciones. También quisiera que nos comentara en
relación a la Subprocuraduría de Mexicali, sí es conocido del problema que
existe ahí, quisiera que nos dijera cuáles son las razones de manera muy
concreta, las razones de la salida del Procurador, del Subprocurador perdón de
Mexicali, y como dentro del mismo tema, cuál es, por qué no se ha nombrado otro
Subprocurador, sí de acuerdo con la Ley es éste el único Funcionario autorizado
para actuar en nombre y en representación del Procurador y no por un encargado,
poniendo de alguna manera las actuaciones de la Procuraduría en una ilegalidad,
y también en referencia a los Subprocuradores pudiera comentarnos cuál fue la
base jurídica para el nombramiento del Subprocurador Rafael Reyes Luviano, por
favor esas serían mis preguntas. Y por último en relación a lo que usted
comenta al presupuesto, sí quisiera que nos dijera usted cuáles son, usted
mismo aquí lo señala año con año se han sacrificado el ingreso y las
prestaciones del personal del organismo y tenemos información de que hay, se
señala de alguna manera alguna mala administración dentro de la Procuraduría,
algunos pagos dobles por ahí que se señalan y algunas dobles compensaciones o
sueldos superiores a la de la planta incluso de los Abogados; sí quisiera que
nos hablara de ese tema, del tema administrativo, del tema Subprocuradores
Tijuana y Subprocurador Mexicali y del tema Jalisco, por favor, le agradecería
su puntual respuesta, agradeciéndole de antemano su asistencia y la
presentación de su informe, gracias.
- LA C. PRESIDENTA: Tiene el uso de la voz señor Procurador.
- EL C. PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS: Sí muchas gracias Diputado
con todo gusto. Con respecto a este proceso penal que supuestamente se sigue en
Jalisco, en contra dos Ex Servidoras Públicas de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos de aquella Entidad, una de ellas la Ex Titular Guadalupe
Morfín Otero, reconocida Defensora de Derechos Humanos en todo el Mundo, no
solamente en México y otra de ellas quien está aquí a mi izquierda, que es la
Licenciada María Teresa Medina que es Subprocuradora de los Derechos Humanos
para Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito. Yo le quiero decir que no hay tal
intromisión legal, que la Procuraduría de los Derechos Humanos por mi conducto
hemos expresado nuestra más amplia solidaridad, por una cuestión de principio
elemental de defensa de las resoluciones que emite el ombusdman, sí hay un
proceso penal esto lo desahogará la autoridad jurisdiccional, o en todo caso
intervendrá la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco si lo considera
pertinente que ya emitió una declaración el Titular diciendo que hay una
presunta violación de derechos humanos de estas dos Ex Funcionarias, pero
nosotros no estamos entrando al caso, como ombusdman, como persona consciente,
solidaria, conocedora del espíritu y naturaleza de los derechos humanos estoy
ejerciendo una libertad de expresión en cuanto a esta manifestación de
solidaridad, y que además toca a una Funcionaria de nuestra Institución que ha
resultado ser desde mi punto de vista sumamente eficiente. Entonces, todo este
asunto lo tenemos perfectamente bien documentado, le puedo hacer llegar un
expediente Diputado para que usted se dé cuenta que es la inconformidad de un
grupo de personas en Jalisco contra una resolución que en ejercicio de sus
atribuciones legales y de su autonomía emitió en su momento la Comisión Estatal
de Derechos Humanos de Jalisco cuando era presidida por Guadalupe Morfín Otero
y la Licenciada Medina era la cuarta visitadora general; entonces, poner en
duda o poner abrir la posibilidad de que una resolución de un organismo público
pueda ser debatida en el marco jurisdiccional sería violentar la naturaleza y
esencia de nuestros organismos públicos de protección a los derechos humanos,
dado que nuestras resoluciones no son vinculatorias, es decir, no son de
cumplimiento obligatorio, ni ejercen una función jurisdiccional, no somos
jueces o magistrados, son simples recomendaciones que tienen impacto público,
pero que es derivado de una investigación que hacemos, una investigación
profunda con sustento legal para poder emitir las recomendaciones y que no
puedan ser a su vez atacadas por los servidores públicos señaladas; repito, es
una inconformidad de personas que no les gustó como se resolvió un caso de
menores que el Ministerio Público de Jalisco aseguró a una familia por presunta
violencia familiar y maltrato; y los padres también querían recuperar a esos
menores; es decir, ni siquiera la resolución fue atribución de la Comisión de
Derechos Humanos de Jalisco, sino de los órganos jurisdiccionales
correspondientes. Podemos hacerle llegar el expediente y lo vamos hacer con
toda seguridad Diputado. En cuanto a
nuestra participación en las manifestaciones, yo quiero destacar tres, la
manifestación de jóvenes integrantes del Consejo Comité de Lucha de Tecate, de
jóvenes juveniles de Tecate, por la cuestión del Frente Cívico Mexicalense, el
cierre de la Garita durante dos horas y la última reciente de los Gays y los
homosexuales en Tecate y efectivamente yo lo hago constar innumerables veces en
los medios de comunicación, y a los propios actores, a los propios
organizadores, nuestro papel es exclusivamente en papel de observadores; bajo
el criterio de que amparamos la tutela, protegemos el cumplimiento del Artículo
Noveno Constitucional y demás garantías individuales; pero sobre todo el
Artículo Noveno Constitucional de la libertad de asociación y de reunión
siempre y cuanto sea de manera pacífica y respetuosa y así se nos hacemos ver a
los dirigentes, a los líderes de estos movimientos, siempre nosotros les
expresamos, vamos a ir nosotros como observadores, pero los exhortamos a que
hagan uso de ese derecho consagrado en la Constitución y en las normas del
derecho internacional de derechos
humanos, de manera pacífica y respetuosa para que no dé lugar a una represión o
a una provocación por parte de ustedes de su propio, o de gente de usted mismo
¿no? así lo he hecho yo constar en todos los medios, y no de ninguna manera yo
no me sujeto, no me someto a ninguna presión, ni somos organizadores de estos
son expresiones de absolutamente por parte de los movimientos o de las demandas
sociales que necesariamente se tienen que dar en una democracia. Con respecto a
la Subprocuraduría de Mexicali, del Subprocurador de Mexicali, yo creo que son
asuntos que suceden como en todas las dependencias, en todos los órganos de
gobierno, incluso grupos civiles; hay movimientos de personal, esta cuestión de
la salida del Subprocurador de Mexicali, el Ex Subprocurador el Licenciado José
Antonio Figueroa, fue sometida en su momento al Consejo Consultivo de la
Procuraduría de los Derechos Humanos que como dice la Ley, nuestra Ley, sí, el
Consejo Consultivo ratificará el nombramiento o remoción de los Subprocuradores
a propuesta del Procurador; en este caso se propuso, perdón, este no fue el
caso que se propuso la remoción, puesto que hubo un acuerdo donde el propio
Licenciado Figueroa presentó su renuncia, de manera voluntaria se le hizo su
liquidación conforme a la Ley, y se firmó un convenio de colaboración con el
objeto de que él prestaría asesorías subsecuentes a la Institución; entonces,
yo no veo a que dé lugar esta situación verdad, no se planteó su salida al
Consejo Consultivo, puesto que fue renuncia voluntaria y la firma de un
convenio de común acuerdo entre ambas partes, esa es la situación con respecto
a él; y en cuanto a que se sí se ha nombrado o no un Subprocurador aquí en
Mexicali, bueno desafortunadamente ni la Ley ni el Reglamento señala un término
verdad, para cubrir esta vacante por precisamente tratarse de una
Subprocuraduría muy importante, hemos querido pues buscar hacer una especie de
auscultación, mientras tanto el Licenciado Manuel Guillén que está aquí es
encargado de la Subprocuraduría y de esta manera él esta cubriendo en estos
momentos esta función, tampoco encuentro yo que no tenga facultades legales, él
efectivamente para poder firmar en su calidad de encargado del despacho, porque
no firma como Subprocurador, firma bajo mi propia autorización, puesto que yo
le otorgué un nombramiento como encargado firma los oficios que salen de esta
Subprocuraduría y desde luego ya estamos planteando el tema al Consejo
Consultivo de la Procuraduría para que iniciado el año una de nuestras primeras
tareas será efectivamente el nombrar al Subprocurador para Mexicali, ya sea que
ratifiquemos al propio Licenciado Guillén, y en última instancia busquemos otra
persona. En cuanto a la ilegalidad o base jurídica para que el Licenciado
Rafael Reyes Luviano, que está aquí con nosotros a mi derecha, sea el
Subprocurador General, en el Artículo 6 de nuestra Ley señala concretamente que
la Procuraduría tendrá hasta cuatro Subprocuradores y no determina cuál va
hacer su función, no determina sí son Subprocuradores temáticos o de área, sino
simplemente la Ley nos menciona hasta cuatro Subprocuradores; esta situación también
fue planteada al Consejo Consultivo y el Consejo Consultivo votó y aprobó el
nombramiento del Licenciado Rafael Reyes Luviano como Subprocurador General; se
votó y se aprobó esta posición en el Consejo, en el Organigrama que también
desde luego aprobó el Consejo Consultivo y que estamos presentando actualmente
a la Secretaría de Finanzas y a ustedes como el proyecto que tenemos para
aprobarse el próximo año; en virtud de que hay una laguna en nuestra Ley de tal
manera que no señala sí quien cubre las ausencias del Procurador, o sí por
algún motivo se retira del cargo antes del término de su gestión, hay un vacío,
entonces eso es lo que se busca con la incorporación de un Subprocurador
General, además hasta antes de que existiera la figura de Subprocurador
General, todos los Subprocuradores, todas las áreas técnicas administrativa y
los programas especiales dependían directamente del Procurador, es decir es
mucha carga para delegar, para el propio Procurador y entonces de este manera
toda el área técnica de Subprocuradores, visitaduría general y la unidad de
quejas y procedimientos pasa al Subprocurador General, es digamos el
coadyuvante principal del Procurador; y este último asunto de la mala
administración, pues nosotros cada año somos sometidos auditoría por parte de
la Contaduría Mayor de Hacienda, todos y cada uno de los años y hasta el día de
hoy nos han sido aprobados todas las cuentas públicas de la PDH, es una
calumnia, es una calumnia y yo se que hay un documento que está circulando a
todos ustedes, del cual tengo aquí la respuesta por escrito formalmente,
respecto a esta calumnia de posiblemente a un seudónimo verdad, que envió un
correo electrónico, un escrito a todos ustedes con preguntas desde mi punto de
vista que tratan de confundir o tratan de torcer la gestión que nosotros
estamos realizando, no hay tales pagos dobles, no hay tales dobles
compensaciones, estamos anexándoles en esto algunos anexos donde vienen, le
estamos poniendo tres ejemplos de la nómina de la persona que está haciendo
señalada aquí, de enero y de mediano de año y de la última recientemente para
que ustedes puedan ver lo que gana, no hay tales dobles compensaciones y
tampoco hay pueda haber fuga por otro lado, somos escrupulosamente auditados
por la Contaduría Mayor de Hacienda y hasta el día de hoy hemos pasado
afortunadamente todas las cuentas públicas. Me voy a permitir distribuirles a
cada uno de ustedes esto, ya que pues se hizo del conocimiento verdad, y bueno
está desde luego sujeto a su revisión. Gracias.
- EL C. DIP. RUEDA GOMEZ: Gracias Procurador. Nada más unas precisiones,
nada más permítame unas precisiones, en lo de Jalisco le voy agradecer que nos
haga llegar el expediente por favor, en relación al Subprocurador de Mexicali,
la pregunta es exclusivamente por qué fue la separación del encargo, no hubo
tal respuesta, quisiera conocerla, cuál fue la razón por la que fue la
separación.
- EL C. PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS: Del Subprocurador, por
renuncia, por renuncia de él; tenemos el oficio de renuncia de finiquito, que
también lo podemos hacer llegar.
- EL C. DIP. RUEDA GOMEZ: En cuanto a, nada más preguntarle sí existe en
la Ley el cargo de Encargado.
- EL C. PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS: No, no existe.
- EL C. DIP. RUEDA GOMEZ: No existe, ok, está bien. En relación al señor
Reyes Luviano, yo no hablé nunca de ilegalidad, únicamente pregunté cuál había
sido la base jurídica para su nombramiento y nada más preguntarle nada más por
último, preguntarle sí existe en la Ley el cargo de Subprocurador General.
- EL C. PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS: No, no existe, textualmente
no existe, dice hasta cuatro Subprocuradores nada más, lo que pretendemos
nosotros es una reforma al reglamento, yo creo que ahí se pueden aclarar muchas
cosas.
- EL C. DIP. RUEDA GOMEZ: Gracias.
- EL C. PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS: Sí, gracias.
- LA C. PRESIDENTA: Bien, le cedemos el uso de la voz al Diputado
Quintero para que haga sus preguntas.
- EL C. DIP. QUINTERO PEÑA: Señor Procurador bienvenido a la Casa de los
Bajacalifornianos, junto con sus distinguidos colaboradores. La primera
pregunta sería respecto al desalojo violento de trabajadores despedidos del
Municipio de Ensenada. La segunda pregunta sería referente a Isla de Cedros,
que sin lugar a dudas es la población que mayormente padece los efectos del
desabasto, incluso del abandono por parte pues de nuestras autoridades; qué
demandas concretas ha canalizado sobre el particular la Procuraduría a su cargo
en las autoridades competentes. Serían las dos preguntas señor Procurador.
- EL C. PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS: Gracias Diputado. Respecto
al desalojo violento de trabajadores despedidos del Municipio de Ensenada,
cuando se mantenían en un plantón permanente ante la eminencia del desfile del
16 de Septiembre, nosotros acudimos igual en calidad de observadores y de
garantes del derecho a la libertad de reunión y de manifestación; igualmente
tratamos de fungir como mediadores, quiero decirle que hablamos con los
dirigentes de este conflicto, les pedimos muy respetuosamente que no se
expusieran a un desalojo violento, que se retiraran unos días ante la eminencia
del 15 y 16 de Septiembre, y ellos nos respondieron que no, que de ninguna
manera lo iban hacer, que se iban a atener a las consecuencias; les insistimos
nuevamente fueron dos veces que les pedimos nosotros, pero ellos considero yo
en pleno uso de sus derechos, decidieron quedarse ahí; sin embargo debo decir
que el señor Félix Vega Ibarra aquí a mi izquierda, el Subprocurador de los
Derechos en Ensenada, estuvo siempre al tanto para registrar cualquier posible
violación a los derechos humanos, como efectivamente nosotros registramos la
queja correspondiente por presunta violación a los derechos humanos, fueron
detenidas algunas personas de manera irregular, llevadas a la cárcel pública,
sin ningún fundamento legal y por intervención del señor Félix Vega salieron en
unas cuantas horas, no quedaron en calidad ni de indiciados, ni de detenidos,
ni de nada absolutamente, ni siquiera tipificada falta administrativa, y
nuestra presencia en la reunión que hubo entre Regidores y algunos Dirigentes y
creo que también Diputados desde ustedes integrantes de una comisión, nosotros
acudimos unos minutos nada más en calidad exclusivamente de observadores otra
vez a petición de parte, es decir, yo considero que de alguna manera a ciertos
grupos a lo mejor no a todos les da cierta garantía, cierta seguridad nuestra
presencia, pero nada más, o sea nosotros no tenemos la más mínima intervención
en los asuntos, en la resolución de estos asuntos mientras no se tipifique una
presunta violación de derechos humanos, y eso es todo, o sea nosotros damos un
seguimiento en nuestra materia y un acompañamiento a petición de parte, a
petición de las personas o los organismos que sienten que de alguna manera
nuestra presencia pueda ayudar a resolver el conflicto. Con respecto a lo de
Isla de Cedros, reconozco Diputado, reconozco total y absoluta que no hemos
hecho, no hemos atendido ninguna petición, ni hemos acudido a esta Isla verdad,
tenemos ya en proyecto hacerlo, sí, hemos platicado el Subprocurador y un
servidor que para el próximo año debemos tener allá una visita, no de unas
horas, sino de dos o tres días, porque ya han acudido a nuestra oficina en
Ensenada algunas personas a presentar quejas, pero sabemos que es muy difícil
para ellos trasladarse hasta la Capital del Municipio, por tal razón es
menester y es obligación nuestra acudir a este lugar con el objeto de dar
asesorías, apoyar en gestorías y de comentar presuntas violación a los derechos
humanos.
- EL C. DIP. QUINTERO PEÑA: Gracias señor Procurador, es cuanto
ciudadana Diputada Presidenta.
- LA C. PRESIDENTA: Gracias Diputado Quintero, gracias señor Procurador.
Tiene el uso de la voz para formular sus preguntas el Diputado Araiza.
- EL C. DIP. ARAIZA REGALADO: Gracias Presidenta. Bienvenido señor
Procurador de los Derechos Humanos, a los Subprocuradores Encargado de Despacho
y Visitadores Generales. Algunas preguntas y algunas precisiones quisiera
hacerle llegar, primera remitirnos a su informe en la página tres, dice: En el
caso más significativo Baja California, es una precisión, lo encontramos en el
Municipio de Tecate y a la mitad del párrafo dice con letras negras, “sin que
aparezca una fuerza legal política social y moral capaz de hacerles sin
enderezar al rumbo”, para conocimiento
el Congreso del Estado emitió a petición, a solicitud del Diputado Jesús
Alejandro Ruiz Uribe, un acuerdo económico recomendándole al Presidente
Municipal de Tecate retirara el toque de queda, incluso el Diputado,
posteriormente el Diputado y Doctor Leopoldo Morán presentó la Iniciativa de
una controversia Constitucional que se está analizando en la Comisión de
Legislación y Puntos Constitucionales, esa es una precisión. En la página 19,
es pregunta el último punto: el 10 de septiembre pasado 35 migrantes
centroamericanos fueron detenidos por el Grupo Beta Mexicali, cuando intentaban
cruzar a los Estados Unidos por la desértica área poniente de la ciudad y
posteriormente trasladados al Instituto Nacional de Migración para su expedita
expulsión, al tomar conocimiento de los hechos nos entrevistamos con los
afectados detectando presuntas violaciones de sus derechos humanos, por lo cual
el asunto fue tomado por la ONG Sin Fronteras en la ciudad de México, para su
turnación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Preguntarle en qué
termino el asunto. Página 23 en el segundo párrafo de manera sucinta, en el
período que se informa, destaca la cada vez mayor cobertura en las acciones de
Capacitación y Sensibilización en materias de Derechos Humanos, Género y
Equidad, que en este año se comportaron de la manera siguiente: a) Personas en
el Estado que participaron en acciones de capacitación, en las cuales se
incluyen Universidades y profesionales de la comunicación: 2,474. Nada más a
profesionales de la comunicación, pregunta porque los que ejercen el derecho
son muchos, todos abogados, entonces sería conveniente no se que se inculcaran
este tipo de acciones de capacitación en las facultades de derecho de diferentes
Universidades del Estado. Página 32; 6.5 Convenio de colaboración de agosto de
2002, entre los Titulares de la PDH de Baja California y de las Comisiones
Estatales de Derechos Humanos de Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Sonora, a efecto
de ejercer acciones de protección a la población migrante. Mismo que ha sido
invocado el Dr. Sergio Segreste Ríos, Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos de Oaxaca, para presentar queja formal ante la PDH por presunta
violación a derechos económicos, sociales y culturales de la población
originaria de Oaxaca que vive y trabaja en los campos agrícolas de nuestra
Entidad. No considera usted que la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja
California es la que debe de poner la queja, pero al Estado de Oaxaca, por la
miseria, por la falta de apoyo económico y ser uno de los principales Estados
expulsores de migrantes, porque a Baja California vienen a trabajar las
personas, éstas que están en San Quintín, y hay miles, treinta, cuarenta mil en
tiempo de siembra y de cosecha y lo regular hay miles también trabajando,
entonces sí la gente que está trabajando ahí a decir de este comisionado, están
mal, entonces quiere decir que Oaxaca así aguantan aquí, quiere decir que
Oaxaca están sumamente peor, entonces nosotros pero yo le pediría a usted que
presentara una queja al Estado de Oaxaca, incluso que nos mandaran recursos
para mantener a toda esta gente que viene con los brazos abiertos aquí, lo
recibimos en Baja California tienen trabajo y ahí van, pero creo que está mal
planteado este asunto, desde mi punto de vista. Página 35, el tercer párrafo
dice: Por otra parte, hace unas semanas, esta Legislatura aprobó reformas a la
Ley sobre la Procuraduría de los Derechos Humanos, que en esencia no contienen
los cambios sustanciales que el organismo requiere para la debida defensa de
los derechos humanos, como pudieran ser un eficiente mecanismo para la
rendición de cuentas ante el propio Congreso, de los Funcionarios públicos que
no acepten una recomendación, que la aceptan parcialmente, o que una vez
aceptada en los hechos no la cumplan, manteniendo invariablemente el carácter
no vinculatorio de las resoluciones. Dos años y medio al cargo más o menos,
pregunta, cuántas propuestas nos ha hecho la Procuraduría de los Derechos Humanos
a esta Legislatura, en esa materia a través de las Comisiones o a través de
cualquier Diputado, es cuanto señor Procurador, señora Presidenta.
- LA C. PRESIDENTA: Tiene el uso de la voz el señor Procurador.
- EL C. PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS: Sí gracias. Con relación a
la primera pregunta sobre la cuestión del toque de queda, si me puede, hace una
precisión, en qué sentido Diputado perdón.
- EL C. DIP. ARAIZA REGALADO: De que se maneja de que no hubo fuerza
moral y política.
- EL C. PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS: Ah! Ya. Claro que a la mejor
está la redacción no puesta en los términos adecuados, lo que yo quiero decir
es que a pesar de los exhortos que ustedes me han hecho, a pesar de la
recomendación, a pesar de la movilización social, no ha habido todavía una
rectificación, esa es lo que yo en esencia quiero decir con este párrafo
verdad; con respecto a lo, en qué terminó lo de la violación, la presunta
violación a los derechos humanos de migrantes centroamericanos que fueron detenidos por el Grupo Beta Mexicali,
el asunto está en manos en este momento de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, ya tomó la queja la CDH como organismo autónomo, está haciendo sus
propias indagatorias, sus propias investigaciones y seguramente vendrá una
resolución en el futuro que dé a conocer cual en todo caso recomienda la PDH,
¿perdón?.
- EL C. DIP. ARAIZA REGALADO: ¿Los expulsaron?
- EL C. PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS: Bueno sí, ellos sí fueron
expulsados los centroamericanos porque ellos estaban de manera irregular, de
estancia irregular en el país; independientemente de las violaciones a sus
derechos humanos ellos en estricto sentido de Ley tendrían que salir del país,
desde luego que hubo dos personas que tuvieron que quedarse unos días más para
fungir como testigos, esto ya lo supimos nosotros aquí, pero ellos los
trasladaron de aquí de Mexicali a la estación migratoria de Ixtapalapa en la
ciudad de México, donde estuvieron unos días, en tanto no se les trasladaba
hacia la Frontera con Guatemala, se quedaron dos personas unos días más, muy
molestas además, pero este caso lo tiene ya registrado y está en los
procedimientos de Ley por parte de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, por haber sido señalada autoridad federal. Con respecto a esto de la
capacitación de las 2,474 personas, aquí hay un error Diputado, son ciudadanos
eh!, no son, simplemente se incluyen universitarios y periodistas, pero debía
haber dicho personas se incluyen 2,474 desde luego no son todos nada más universitarios
y periodistas, sino que es una gran diversidad de personas que acudieron a
estas acciones de capacitación, pero se quiso hacer énfasis en esto; yo quiero
decirles una cosa, el desarrollo de los temas en el informe, de alguna manera
es la propuesta que presentan los Titulares de los Organos Técnicos de la
Procuraduría de los Derechos Humanos, que desde luego yo lo consenso verdad,
entonces ellos muchas veces quieren hacer relevancia de muchas cosas, a ciertos
eventos, a ciertas actividades, a ciertas violaciones, y yo respeto
profundamente esa parte de mis colaboradores; pero son en general ciudadanos,
respecto a que debería de haber una materia de derechos humanos en las
universidades, bueno ya creo que en la U.A.B.C., ya está avanzando mucho en ese
sentido ya hay una materia de derechos humanos, vamos a seguir impulsando esto
para que no sólo en las universidades, sino en la educación media superior, en
la educación básica también en el Estado, ya hace como tres o cuatro meses
iniciamos platicas de esto con el Secretario de Educación, entonces pudiera
darse el caso que el próximo año avancemos un poco más en la materia. Respecto
a la queja que interpuso ante nosotros haciendo valer el convenio que firmamos
varios organismos públicos de Derechos Humanos de la República, la queja del
Doctor Sergio Segreste, por violación de derechos humanos de personas; bueno,
nosotros actuamos de dos maneras o a petición de parte una persona o grupo que
interpone una queja con nosotros o por oficio, cuando nosotros nos percatamos
por algún mecanismo, o por algún medio, que está ocurriendo una probable
violación de derechos humanos, esta cuestión de los jornaleros agrícolas es de
del todos conocidos que viven en una situación verdaderamente de pobreza y de
marginación y de explotación laboral, se dio el caso que el Doctor Sergio
Segreste, integró un expediente con información que él traía, que él tenía y
con información también que recabó durante su visita a Baja California; y él a
mutuo propio invoca el convenio y nos envía una queja como cualquier ciudadano
puede presentar una queja y de la cual nosotros estamos obligados a darle, a
recibirla, a darle curso, a iniciar todo un procedimiento y a resolver;
entonces en eso estamos, desde luego nosotros aquí no nos fijamos sí son
oaxaqueños, sí son mujeres, sí son triques, sí son mestizos, anglosajones, o
sea nosotros vemos por personas, la calidad en que están viviendo y trabajando
estas personas independientemente de su origen, ya en materia de intercambios
entre ambos Estados o de intercambios al interior de los organismos de derechos
humanos, por supuesto que tenemos que reclamarle a nivel de opinión, digamos al
Gobierno del Estado de Oaxaca, como al de Guerrero, como al de Chiapas, como al
de Tabasco, como al de Veracruz, etc., etc., aunque a nosotros nos afecta más
los provenientes del Estado de Oaxaca, sin embargo ya una vez recibida la
queja, nosotros no podemos discriminar nada más y decir, nosotros atendemos en
la queja sólo al de Oaxaca, porque ya en el campo de trabajo, en los
campamentos y en las colonias de las zonas agrícolas de Baja California,
evidentemente que están mezclados originarios de otros Estados de la República,
entonces en ese sentido la recomendación da pie nada más a iniciar un proceso
de investigación por presuntas violaciones a los derechos humanos, ahora sí en
general de jornaleros agrícolas; yo comparto su opinión Diputado que también
habría que reclamarle al Gobierno de Oaxaca las condiciones que se viven allá y
que obligan a toda esta gente, que toda, casi toda yo estoy seguro que es gente
de buena fe, son trabajadores y sus familiares y que a más provoca una gran
derrama de riqueza aquí en la Entidad, que incluso hasta de exportación;
entonces en retribución tendríamos nosotros que equilibrar esos factores
sociales. Respecto a las reformas, a la Ley para la Procuraduría de los
Derechos Humanos, sí Diputados, nosotros hicimos una serie de observaciones,
efectivamente incluso lo trabajamos muy estrechamente con el Diputado Juan
Manuel Salazar que fue con quien inicialmente tuvo la iniciativa presentada a
estas reformas, nosotros hicimos una serie de planteamientos, de sugerencias,
de propuestas que contienen algunas de las que yo estoy mencionando aquí en el
informe, ya los procesos internos del Congreso pues yo los desconozco
sinceramente verdad, se dio el caso que el Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos, lo que pasa es que estaba fuera cuando se votó aquí en el
Pleno, y bueno estuvo fuera de mi alcance realmente, pero sí se hizo una aportación
la tenemos también por escrito, sí, se la podemos hacer llegar con todo gusto
Diputado y hubo plena disposición del Diputado Juan Manuel Salazar y quienes
intervinieron en esto; finalmente yo ya no supe en que quedó dentro de la
dinámica de decisiones del Congreso.
- EL C. DIP. ARAIZA REGALADO: Muchas gracias muy amable, es cuanto
Presidenta.
- LA C. PRESIDENTA: Gracias Diputado Araiza, gracias señor Procurador.
Está solicitando el uso de la voz el Diputado Juan Manuel Salazar para dar una
precisión al respecto.
- EL C. DIP. SALAZAR CASTRO: Muchas gracias Presidenta. Nada más para
precisar en los términos que el C. Procurador a vertido con anterioridad en el
sentido que evidentemente se hizo un esfuerzo importante, se estuvo muy cerca
de él y su equipo conjunto, se recibieron un sinnúmero de propuestas,
replanteamientos, se buscó el mayor de los consensos con la Comisión de
Legislación, la última propuesta que nos fue enviada por parte de la
Procuraduría que se presentó lamentablemente me informaron el Presidente de la
Comisión de Legislación, que cuando se sometió a discusión en dicha comisión,
el área jurídica a su encargo no acompañó estas últimas propuestas, aún
tenerlas recibidas nosotros con anterioridad por el Titular en aquel entonces
el Licenciado Blas, y lamentablemente no fueron incorporadas, pero le retomamos
con todo gusto en lo personal para continuar el esfuerzo de buscar, adecuar lo
que haga falta en la Ley, esperando que contemos de nueva cuenta con el apoyo
de todos los Legisladores, como la anterior iniciativa, es cuanto Presidenta.
- LA C. PRESIDENTA: Gracias Diputado Secretario. Habiendo agotado la
participación de los Diputados, señor Procurador no se sí usted quiera hacer un
último comentario al respecto.
- EL C. PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS: Nada más en primer lugar
agradecer profundamente la atención de todos ustedes señoras y señores
Diputados, la recepción muchísimas gracias, del documento también, desde luego
está sujeto a los procedimientos que ustedes señalen, y reiterarles la
solicitud de tener una reunión lo más pronto posible con las comisiones que
ustedes determinen para efecto de analizar a fondo la propuesta que hacemos del
presupuesto de egresos de la Procuraduría de los Derechos Humanos, ese sería mi
exhorto verdad para todos ustedes.
- LA C. PRESIDENTA: Bien, es tomado en cuenta la petición que usted
hace. Y una vez presentado el Informe y agotado este punto, agotado el orden
del día, se cita a los ciudadanos Diputados integrantes de la H. XVII
Legislatura del Estado para el día de hoy a las 15:30 horas en la Sala Dueñas
para un Pleno Privado, se levanta la sesión. (Timbre 15:05 horas).
