Delfín Castro
Miguel, Domínguez Rocha Martín, Fernández Bustamante Edgar Arturo, Flores Muñoz
Gilberto, Gómez Mora Sergio, González Rosas Gloria, Gutiérrez Piceno David,
Jiménez Mercado Jaime, Magaña Mosqueda Héctor, Molina Rodríguez Juan Manuel,
Pedrín Márquez Alejandro, Villalaz Becerra María del Refugio Olivia y Zazueta
Villegas Ricardo; así mismo, el Diputado Presidente justifica las inasistencias
de los Diputados Ruvalcaba Flores David y Arango Pérez José Félix. Por
consiguiente, habiéndose cerciorado y declarado la existencia del quórum legal
para sesionar, el Diputado Presidente declara abierta la sesión solicitándole a
la Diputada Secretaria dar a conocer el Orden del Día que se propone, siendo el
siguiente: 1.- Aprobación de las Actas de las Sesiones
Ordinarias de los días 10, 11 y 18 de abril del año en curso. 2.-
Correspondencia Recibida. 3.- Correspondencia Despachada. 4.- Informe de Comisiones para Actos
Especiales. 5.- Informes o dictámenes que rinden las Comisiones Especiales o
Permanentes. 6.- Asuntos Generales.
Mismo, que puesto a consideración de la Asamblea resulta aprobado en votación
económica por unanimidad de los ciudadanos Diputados presentes. Enseguida, se
procede a desahogar el Orden del Día establecido, iniciando con el primer
punto, aprobación de las Actas celebradas los días 10, 11 y 18 de abril del año
en curso; enseguida, el Diputado
Presidente hace mención que ya es conocimiento de todos los ciudadanos
Diputados las Actas se encuentran en el correo electrónico de cada uno; por tal
motivo se solicita la aprobación de las mismas; solicitándole a la Diputada Secretaria las someta a
consideración de la Asamblea, resultando aprobada en votación económica por
unanimidad de los ciudadanos Diputados. A continuación se pasa al Segundo Punto
“Correspondencia Recibida”, en el cual se somete a consideración de los
ciudadanos Diputados la dispensa de la lectura de la misma, en virtud de
haberse entregado con anterioridad a cada uno de los ciudadanos Diputados,
siendo aprobada la dispensa por
unanimidad. Acto continuo, se
pasa al Tercer Punto “Correspondencia Despachada”, sometiendo a consideración
de los ciudadanos Diputados la dispensa de la lectura de la misma, en virtud de
haberse entregado con anterioridad a cada uno de los ciudadanos Diputados, es
aprobada por unanimidad. Así mismo, el Diputado Presidente manifiesta que tanto
la correspondencia recibida como la despachada se pone a disposición de los
ciudadanos Diputados. Enseguida, se pasa al Cuarto Punto, “Informe de Comisiones para Actos Especiales” en donde interviene la Diputada
María del Refugio Olivia Villalaz Becerra para informar que el pasado 18 de
abril del presente año, asistieron a la Capital de la República Mexicana como
invitación del Foro Titulado hacia una Reforma Fiscal con perspectiva de
Género, que organizó la Comisión de Equidad y Género del Senado de la República
y la 58 Legislatura Federal. Y no habiendo más informes que presentar, se pasa
al Quinto Punto, que se refiere a “Informes o Dictámenes que rinden las
Comisiones Especiales o Permanentes” en donde hace uso de la Tribuna el
Diputado Héctor Magaña Mosqueda, en calidad de Presidente de la Comisión de
Legislación y Puntos Constitucionales presenta al Pleno los siguientes
dictámenes: 163, 157, 91, 153, 137,
162; asimismo, solicita en cuanto a los dictámenes 157, 91, 153, 137 y
162, la dispensa de la lectura total, para que únicamente se dé lectura a los
proemios, considerandos y resolutivos; resultando aprobado en votación nominal
por 18 votos a favor de los siguientes Diputados: Fernández Bustamante Edgar
Arturo, Zazueta Villegas Ricardo, Casillas Muñoz Raquel, Avitia Nalda Sergio,
González Rosas Gloria, Gutiérrez Piceno David, Arce Salvador Ulises, Domínguez
Rocha Martín, Bastida Hernández Sócrates, Gómez Mora Sergio, Pedrín Márquez
Alejandro, Delfín Castro Miguel, Molina Rodríguez Juan Manuel, Bahena Flores
Alejandro, Aguilar Kaiten Guillermo, Villalaz Becerra María del Refugio Olivia,
Magaña Mosqueda Héctor y Flores Muñoz Gilberto. Posteriormente, el Diputado
Presidente procede aprobar la solicitud del Diputado Presidente de la Comisión
de Legislación y Puntos Constitucionales, Diputado Héctor Magaña Mosqueda. Acto
seguido, el Diputado Héctor Magaña Mosqueda, presenta el Dictamen número 157 de
la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales; estableciendo el
siguiente punto resolutivo: Unico.- Esta Comisión de Legislación y Puntos
Constitucionales no aprobó para hacerla suya con el carácter de Iniciativa de
Decreto las propuesta de reforma a los Artículos 2191, 2194 y 2878 del Código
Civil para el Estado de Baja California, contenidas en la ponencia presentada
por el Colegio de Corredores Públicos de la Plaza del Estado de Baja
California, A.C., en virtud que la Ley Federal de Correduría Pública lo otorga
en favor de los Corredores Públicos la facultad de actuar como Fedatarios
Públicos en la enajenación de bienes inmuebles. Dado en la Sala de Comisiones
del Honorable Poder Legislativo Doctor Francisco Dueñas Montes, en la ciudad de
Mexicali, Capital del Estado de Baja California a los veintinueve del mes de
marzo del año 2001. Posteriormente, y no existiendo oradores en contra del
Dictamen de referencia, el Diputado Presidente le solicita a la Diputada
Secretaria lo someta a consideración de la Asamblea, resultando aprobado en
votación nominal por 19 votos a favor de los siguientes Diputados: Fernández
Bustamante Edgar Arturo, Zazueta Villegas Ricardo, Casillas Muñoz Raquel,
Avitia Nalda Sergio, González Rosas Gloria, Gutiérrez Piceno David, Arce
Salvador Ulises, Domínguez Rocha Martín, Bastida Hernández Sócrates, Gómez Mora
Sergio, Pedrín Márquez Alejandro, Delfín Castro Miguel, Molina Rodríguez Juan
Manuel, Baltazar Chipres Héctor, Bahena Flores Alejandro, Aguilar Kaiten
Guillermo, Villalaz Becerra María del Refugio Olivia, Magaña Mosqueda Héctor y
Flores Muñoz Gilberto. Posteriormente, el Diputado Presidente procede hacer la
declaratoria de aprobación en lo general y en lo particular del Dictamen número
157 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales en los términos que
fue leído por el Diputado Héctor Magaña Mosqueda. Dado en el Salón de Sesiones
Lic. Benito Juárez García del Honorable Poder Legislativo a los veintiséis días
del mes de abril del año 2001. A continuación, el Diputado Edgar Fernández
Bustamante, presenta el Dictamen número 137 de la Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales; en donde establece el siguiente punto resolutivo:
Unico.- Se aprueba la remisión al Congreso de la Unión de la Iniciativa de
Decreto que adiciona un último párrafo al Artículo 69 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Artículo 69: a
la apertura de sesiones ordinarias del primero período del Congreso asistirá el
Presidente de la República y presentará un informe por escrito, en el que se
manifieste el estado general que guarda la Administración Pública del País, el
Congreso de la Unión evaluará la actividad de la Administración Pública del
País, proponiendo las medidas que estimen necesarias en la forma que
establezcan las leyes. Dado en la ciudad de Rosarito, Baja California a los
seis días del mes de febrero del año 2001. Enseguida,
y no existiendo oradores en contra del Dictamen referido, el Diputado
Presidente le solicita a la Diputada Secretaria lo someta a consideración de la
Asamblea, resultando aprobado en votación nominal por 18 votos a favor de los
siguientes Diputados: Fernández Bustamante Edgar Arturo, Zazueta Villegas
Ricardo, Casillas Muñoz Raquel, Avitia Nalda Sergio, González Rosas Gloria,
Gutiérrez Piceno David, Arce Salvador Ulises, Domínguez Rocha Martín, Bastida
Hernández Sócrates, Gómez Mora Sergio, Pedrín Márquez Alejandro, Delfín Castro
Miguel, Molina Rodríguez Juan Manuel, Baltazar Chipres Héctor, Bahena Flores
Alejandro, Villalaz Becerra María del Refugio Olivia, Magaña Mosqueda Héctor y
Flores Muñoz Gilberto. Posteriormente, el Diputado Presidente procede hacer la
declaratoria de aprobación en lo general y en lo particular del Dictamen número
137 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales en los términos que
fue leído por el Diputado Edgar Arturo Fernández Bustamante. Dado en el Salón
de Sesiones Lic. Benito Juárez García del Honorable Poder Legislativo a los
veintiséis días del mes de abril del año 2001. Enseguida,
el Diputado Héctor Magaña Mosqueda, hace uso de la voz para hacer mención que
la Presidencia de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales va a
solicitar transferir los Dictámenes en el orden del día, después de que la
Comisión de Hacienda y Administración presente sus Dictámenes. Acto continuo, el Diputado Sócrates Bastida
Hernández, hace uso de la Tribuna en su carácter de Presidente de la Comisión
de Hacienda y Administración, para presentar los siguientes Dictámenes: 338,
352, 458, 484, 494, 342, 414 y 510. Enseguida, solicita al Pleno de este
Congreso la dispensa de trámite que se refiere al Artículo 130 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, relativo a la
entrega de los Dictámenes a los Diputados tres días antes de su discusión en el
Pleno, con el fin de que se presente a la consideración de la Honorable Asamblea
el Dictamen número 510. Asimismo, solicita la dispensa de trámite de la lectura
total de los Dictámenes para que únicamente sean leídos los proemios y los
resolutivos. Acto seguido, el Diputado Presidente hace mención que no se cuenta
con la presencia del Diputado Vicepresidente, y por única ocasión en esta
Asamblea, se acuerde nombrar un Diputado para que ocupe la Vicepresidencia.
Posteriormente, el Diputado Martín Domínguez Rocha interviene a nombre del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para proponer al Diputado Juan
Manuel Molina Rodríguez para que ocupe la Vicepresidencia; resultando aprobada
la propuesta en votación económica por 18 votos a favor de los Diputados
presentes. Enseguida, el Diputado Presidente le solicita al Diputado Juan
Manuel Molina Rodríguez, ocupe el lugar de la Vicepresidencia. Acto continuo,
el Diputado Presidente le solicita a la Diputada Secretaria someta a
consideración de la Asamblea la dispensa de trámite con 72 horas de
anticipación del Dictamen 510; resultando aprobada la solicitud en votación
económica por 18 votos a favor de los Diputados presentes. A continuación, el
Diputado Presidente le solicita a la Diputada Secretaria someta a consideración
de la Asamblea la dispensa de la lectura total de los Dictámenes y que
solamente se lea proemios y resolutivos; resultando aprobada la solicitud en
votación económica por 18 votos a favor de los Diputados presentes. Posteriormente, el Diputado Sócrates
Bastida Hernández, presenta el Dictamen número 338 de la Comisión de Hacienda y
Administración; en donde establece los siguientes puntos resolutivos: PRIMERO.-
Es de otorgarse y se otorga la aprobación de la Cuenta Pública de Ingresos y de
la Cuenta Pública de Egresos del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos
de Baja California, al C. M.C. Lorenzo Gómez-Morín Fuentes, en su carácter de
Director General de la Entidad, por el período del primero de enero al 31 de
diciembre de 1998. SEGUNDO.- No se aprueba la Cuenta Pública Patrimonial del
Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California al C. M.C.
Lorenzo Gómez-Morín Fuentes, en su carácter de Director General de la Entidad,
por el período del primero de enero al 31 de diciembre de 1998, por motivo que
la Entidad implementó un programa de investigación y depuración de partidas
antiguas en conciliación, entre las que se encuentran 19 cuentas bancarias,
desconociéndose los efectos que pudiesen resultar al concluirse el proceso de
depuración de las mismas; así como porque existen cuentas en trámite judicial
que no han sido recuperadas con antigüedad de hasta 3 años, por un importe de $
237,651, que incluyen saldo de $ 150,693 de primas de antigüedad pagadas en
exceso a servidores públicos que prestaron sus servicios a la Entidad; porque
se reconocen en los estados financieros cuentas por cobrar por la cantidad de
$1’710,521 provenientes de los ejercicios de 1995, 1996 y 1997, que se
originaron principalmente por la cancelación de cheques de nóminas y en
consecuencia de los impuestos y cuotas retenidas a los servidores públicos, los
cuales se enteraron a las autoridades fiscales o a las personas beneficiarias
de dichas retenciones, sin que se hayan compensado con retenciones posteriores
o gestionado la devolución de los pagos en exceso; porque en el año de 1993, la
Federación transfirió en favor de Gobierno del Estado los inmuebles propiedad
del Gobierno Federal con los que la Secretaría de Educación Pública venía
prestando los servicios de educación, preescolar, primaria, secundaria, normal
y demás relativos para la formación de maestros, así mismo en la educación
especial que incluye la inicial, indígena,
física y las misiones culturales, la Entidad valuó y registró dichos
bienes en lo referente a terrenos a valores catastrales y en relación a las construcciones
y edificios a valor de avalúo, en base a precios unitarios de construcción
determinados por la Secretaría de
Asentamientos Humanos y Obras Públicas del Estado, sin contar con sustento
documental en el que se formalice la transferencia patrimonial del Gobierno del
Estado a favor del Instituto; así mismo debido a que se registraron diversas
construcciones de planteles educativos derivados del Convenio para la
federalización de la construcción de escuelas del nivel básico suscrito entre
el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado, por la cantidad de $ 16’716,833,
y las Actas de Entrega-Recepción de Obra de la Secretaría de Asentamientos
Humanos y Obras Públicas del Estado ascienden a $ 17’179,893, determinándose
una diferencia de obra no registrada de $ 463,060; así como porque no se cuenta
con la totalidad de la documentación que acredite la propiedad legal de los
terrenos recibidos y registrados contablemente durante 1998, por un importe de
$ 1’774,154; así como en virtud que se determinó diferencia de $ 13’129,839
entre el saldo contable de mobiliario y equipo de $ 43’894,987 con el saldo que
arroja el padrón de la Dirección de Recursos Materiales de $ 57’024,826, dicha
diferencia se integra de $ 6’744,306 de mobiliario y equipo inventariado y registrado
presupuestal y contablemente como gastos en el ejercicio en que se adquirió,
por no reunir el monto establecido para su capitalización, sin que se encuentre
debidamente identificado y separado en el padrón en comento, así como por la
cantidad de $5’944,735 que se integra por mobiliario y equipo inventariado
directamente por los responsables de los diversos centros de trabajo en el año
de 1995 así como por donaciones de padres de familia, sociedades de padres de
familia y de diversas instituciones y dependencias públicas o privadas, cifra
que no ha sido reconocida en los estados financieros; en tanto que la cantidad
de $ 440,798 se encuentra sujeta a investigación y depuración; y porque
presenta en sus estados financieros cuentas por pagar por la cantidad de $
3’603,563 que se integran por saldos provenientes principalmente de los
ejercicios de 1995 a 1997 que están siendo sujetos de depuración, los cuales se
derivan de retenciones en nómina a los servidores públicos, desconociéndose los
posibles ajustes que pudiesen resultar al concluir su depuración. TERCERO.- Con
motivo de lo señalado en el Punto Resolutivo Primero, así como porque la
Entidad incumplió la disposición del “Acuerdo que establece la Comisión
Nacional Mixta SEP-SNTE para Regularizar a los Docentes Egresados de las
Licenciaturas de Preescolar o Primaria de la Universidad Pedagógica Nacional
Extemporáneos, en la Tercer Etapa”, en cuanto a 7 plazas de docentes egresados
que se les incorporó en septiembre de 1995 en el nivel “BC” de Carrera magisterial
debiéndose ubicar en el nivel “B” y cubrirse los pagos procedentes a efecto de
ajustarse la categoría, cubriéndose al cierre del ejercicio de 1998
remuneraciones con la categoría “BC”; debido a que durante el ejercicio se
observaron 47 casos de personal del magisterio que según plantillas de personal
cuentan con dos plazas con turnos de funcionamiento simultáneos, sin que se
haya aclarado satisfactoriamente cada uno de los casos observados; porque la
Entidad durante el ejercicio aperturó y canceló diversas cuentas bancarias,
incumpliendo con lo establecido en el Artículo 14 Bis de la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Baja California, toda vez que se dio
aviso en forma extemporánea con un año de retraso; porque no se dio
cumplimiento a la disposición establecida en el Artículo 43 Fracción I tercer
párrafo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de
Baja California, al efectuar y ejercer modificaciones presupuestales sin la
autorización previa del Ejecutivo del Estado, así como de su Junta Directiva;
así mismo no se dio cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo del
mencionado Artículo, al no adjuntar dentro de la Cuenta Pública Anual
información relativa al cierre programático; por motivo a que la Entidad no se
basó en programas que señalen metas, beneficios y unidades responsables de su
ejecución de algunas áreas, así como del Programa de Administración el cual fue
programado de acuerdo a actividades, los cuales se verifican que se realicen
aún cuando no se cuantifican, de conformidad con lo previsto en el Artículo 16
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Baja
California, situación que limitó ejecutar un adecuado seguimiento programático
del alcance de metas en los términos de lo dispuesto en los Artículos 56 y 58
de la Ley en comento; porque no fue proporcionada en forma completa la
documentación comprobatoria que respalde las metas realizadas de algunos
programas y proyectos del Presupuesto de Egresos de la Entidad; así mismo en
los Programas Educativos se incluyen proyectos de supervisión en los cuales no
se cuenta con la evidencia de las funciones desempeñadas, situación que limitó
efectuar un adecuado seguimiento programático del alcance de las metas en los términos
de lo dispuesto en los Artículos 56 y 58 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad
y Gasto Público del Estado de Baja California; y porque la Entidad publicó en
el Periódico Oficial del Estado de Baja California de fecha 6 de agosto de 1999
el Presupuesto de Egresos autorizado y su cierre presupuestal, sin embargo no
contempló el desglose a nivel de programas, como lo señala el Artículo 30 de la
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Baja California,
túrnese a la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental para que en un
plazo que no exceda de 60 días, se apliquen las medidas correctivas que
correspondan y se informe al Congreso del Estado para lo conducente. DADO en la Sala de Juntas de la Contaduría
Mayor de Hacienda del H. Poder Legislativo, en la Ciudad de Mexicali, Baja
California, a los veintiocho días del mes de febrero del dos mil uno.
Enseguida, el Diputado Antonio Ricardo Cano Jiménez, solicita a la Mesa
Directiva que instruya a la Secretaría dar lectura al Artículo 43 de la Ley de
Fiscalización de las cuentas públicas del Estado de Baja California;
procediendo la Diputada Secretario a darle lectura a dicho Artículo. Acto
seguido, el Diputado Presidente procede abrir el debate, en donde interviene el
Diputado Edgar Arturo Fernández Bustamante para hablar en contra del dictamen y
para hablar a favor del Dictamen el Diputado Sócrates Bastida Hernández.
Enseguida, el Diputado Sócrates Bastida Hernández, solicita un receso,
procediendo el Diputado Presidente a decretar un receso de un minuto siendo las
quince horas con quince minutos; una vez reanudada la sesión y siendo las
quince horas con veinte minutos el Diputado Presidente le solicita a la
Diputada Secretario verifique el quórum. Y no existiendo más oradores en contra
del Dictamen 338, el Diputado Presidente le solicita a la Diputada Secretaria
lo someta a consideración de la Asamblea, con 12 votos a favor de los
siguientes Diputados: Cano Jiménez Antonio Ricardo, Domínguez Rocha Martín,
Bastida Hernández Sócrates, Gómez Mora Sergio, Pedrín Márquez Alejandro, Delfín
Castro Miguel, Molina Rodríguez Juan Manuel, Baltazar Chipres Héctor, Bahena
Flores Alejandro, Aguilar Kaiten Guillermo, Magaña Mosqueda Héctor, Flores
Muñoz Gilberto y 6 votos en contra de los siguientes Diputados: Fernández
Bustamante Edgar Arturo, Zazueta Villegas Ricardo, Casillas Muñoz Raquel,
Avitia Nalda Sergio, Gutiérrez Piceno David, Villalaz Becerra María del Refugio
Olivia; y 2 reservas en lo particular de los siguientes Diputados: Cano Jiménez
Antonio Ricardo, Flores Muñoz Gilberto; y una abstención del Diputado Arce
Salvador Ulises, asimismo, el Diputado Fernández Bustamante Edgar Arturo
procede a votar en contra en lo general y una reserva en lo particular; y por
esta situación el Diputado Presidente procede a decretar un receso para revisar
este voto; siendo las quince horas con veinticinco minutos; una vez reanudada
la sesión y siendo las quince horas con veintinueve minutos; el Diputado
Presidente menciona que se ha consultado a la mayoría de los Diputados
presentes a la Asamblea y se llegó a la conclusión que sí se ha votado en
contra de lo general, no hay razón para reservarse en lo particular. Enseguida,
el Diputado Edgar Arturo Fernández Bustamante, solicita se le dé lectura al
Artículo 137 de la Ley Orgánica y Artículo 129 Fracción III, Fracción V y
Artículo 146, procediendo la Diputada Secretaria a dar lectura. Acto seguido,
la Diputada Secretaria procede a dar a conocer como quedó la votación del
Dictamen 338 con 6 votos en contra, 12 votos a favor, 2 reservas en lo
particular y una abstención del Diputado Arce Salvador Ulises, en donde hace
uso de la voz para manifestar el sentido de su abstención. Posteriormente, el
Diputado Antonio Ricardo Cano Jiménez hace uso de la voz para solicitar se considere la reserva en lo
particular y propone que sea negada la
cuenta pública de egresos del dictamen en discusión y el Diputado Gilberto
Flores Muñoz procede a intervenir para plantear su reserva en lo particular del
referido dictamen; asimismo, el Diputado Sócrates Bastida Hernández procede
hablar en contra de las reservas en lo particular y a favor de las reservas interviene el Diputado Jaime Jiménez
Mercado. Enseguida, el Diputado Martín Domínguez Rocha, solicita un receso a la
Asamblea, procediendo el Diputado Presidente a decretar un receso siendo las
dieciséis horas con tres minutos.
CONTINUACION DE
SESION ORDINARIA DE LA HONORABLE XVI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, EL DIA DOMINGO VEINTINUEVE DE ABRIL DEL
AÑO 2001.
En la ciudad de
Mexicali, Baja California y siendo las cuatro horas con veinticinco minutos del
día veintinueve de abril del año en curso, el Diputado Presidente le solicita a
la Diputada Secretaria verifique el quórum legal, contestando de presentes los
siguientes Diputados: Aguilar Kaiten Guillermo, Arce Salvador Ulises, Avitia
Nalda Sergio, Bahena Flores Alejandro, Baltazar Chipres Héctor, Bastida
Hernández Sócrates, Casillas Muñoz Raquel, Delfín Castro Miguel, Domínguez
Rocha Martín, Esparza Herrera Héctor, Fernández Bustamante Edgar Arturo, Flores
Muñoz Gilberto, González Rosas Gloria, Gutiérrez Piceno David, Magaña Mosqueda
Héctor, Molina Rodríguez Juan Manuel, Pedrín Márquez Alejandro, Villalaz
Becerra María del Refugio Olivia y Zazueta Villegas Ricardo. Se continúa con el
quinto punto del orden del día “Informes o Dictámenes que rinden las Comisiones
Especiales o Permanentes”, interviniendo el Diputado Sócrates Bastida Hernández
desde su curul para hacer mención que se había quedado pendiente un dictamen de
la Comisión de Hacienda y Administración; enseguida, el Diputado Presidente
procede a decretar un receso de cinco minutos, siendo las cuatro horas con
treinta minutos; una vez reanudada la sesión y siendo las cuatro horas con treinta
y tres minutos, interviene el Diputado Sócrates Bastida Hernández, para hacer
mención que se presentarían los Dictámenes 338, 352, 458, 484, 494, 342, 414 y
510; solicita retirarlos de esta Asamblea, a excepción del 510 el cual se daría
lectura. Acto continuo, el Diputado Sócrates Bastida Hernández, presenta el
Dictamen número 510 de la Comisión de Hacienda y Administración; estableciendo
el siguiente punto resolutivo: UNICO.- Es de aprobarse y se
aprueba la ampliación al Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia
Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California, para el ejercicio
fiscal del 2001, por la cantidad de $ 2’533,200 (DOS MILLONES QUINIENTOS
TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), que modifica el presupuesto
asignado en las partidas presupuestales siguientes:
|
PARTIDA
|
|
AMPLIACION
|
|
|
|
|
|
10201
|
Sueldos
Tabulares al Personal de Confianza
|
$ 285,900
|
|
10202
|
Erogaciones
Adicionales al Personal de Confianza
|
667,200
|
|
10205
|
Prima
Vacacional al Personal de Confianza
|
10,700
|
|
10206
|
Gratificación
de Fin de Año al Personal de Confianza
|
48,700
|
|
10228
|
Uniformes
al Personal por Obligación Contractual
|
24,000
|
|
10232
|
Cuotas
Patronales de Salud y Seguridad Social
|
23,900
|
|
20101
|
Materiales
y Utiles de Oficina
|
49,000
|
|
20103
|
Material
Didáctico y de Apoyo Informativo
|
4,000
|
|
20501
|
Combustibles
|
80,800
|
|
20802
|
Artículos
de Cafetería
|
12,000
|
|
20803
|
Accesorios
de Oficina
|
6,000
|
|
30101
|
Servicio
Postal, Telegráfico y Mensajería
|
12,000
|
|
30201
|
Arrendamiento
de Edificios y Locales
|
70,800
|
|
30301
|
Asesoría
|
60,000
|
|
30410
|
Servicio de Toma y Revelado de Fotografías
|
12,000
|
|
30418
|
Trabajos de Imprenta
|
24,000
|
|
30511
|
Servicios de Mantenimiento de Mobiliario y
Equipo de Oficina
|
10,000
|
|
30512
|
Servicios de Mantenimiento y Conservación de
Bienes Informáticos
|
8,400
|
|
30513
|
Servicios de Mantenimiento de Equipo de
Transporte
|
44,000
|
|
30521
|
Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y
Equipo de Aire Acondicionado
|
32,000
|
|
30531
|
Mantenimiento y Conservación de Edificios y
Locales para Oficinas
|
8,000
|
|
30541
|
Servicios de Limpieza de Edificios y Locales
para Oficinas
|
33,600
|
|
30601
|
Servicios de Difusión
|
3,600
|
|
30605
|
Edición de Libros, Folletos y Revistas
|
184,000
|
|
30702
|
Viáticos
|
86,100
|
|
30805
|
Asistencia a Cursos de Actualización y
Congresos
|
25,000
|
|
30810
|
Atención a Visitantes
|
36,000
|
|
51000
|
Mobiliario y Equipo de Informática
|
135,500
|
|
52000
|
Equipo de Transporte
|
350,000
|
|
53100
|
Mobiliario y Equipo de Oficina
|
156,000
|
|
53500
|
Mobiliario Y Equipo de Comunicación,
Telecomunicación y Audiovisual
|
10,000
|
|
54100
|
Maquinaria y Equipo de Aire Acondicionado
|
20,000
|
|
|
|
$ 2’533,200
|
DADO.- En la Sala de Juntas de la
Contaduría Mayor de Hacienda del Honorable Poder Legislativo, en la Ciudad de
Mexicali, Baja California, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil uno. Acto continuo, y no
existiendo oradores en contra del Dictamen referido, el Diputado Presidente le
solicita a la Diputada Secretaria lo someta a consideración de la Asamblea,
resultando aprobado en votación nominal por 19 votos a favor de los siguientes
Diputados: Zazueta Villegas Ricardo, Casillas Muñoz Raquel, Fernández
Bustamante Edgar Arturo, Avitia Nalda Sergio, González Rosas Gloria, Esparza
Herrera Héctor, Arce Salvador Ulises, Gutiérrez Piceno David, Domínguez Rocha
Martín, Bastida Hernández Sócrates, Delfín Castro Miguel, Pedrín Márquez
Alejandro, Molina Rodríguez Juan Manuel, Baltazar Chipres Héctor, Aguilar
Kaiten Guillermo, Bahena Flores Alejandro, Magaña Mosqueda Héctor, Villalaz
Becerra María del Refugio y Flores Muñoz Gilberto. Posteriormente, el Diputado Presidente
procede hacer la declaratoria de aprobación en lo general y en lo particular
del Dictamen número 510 de la Comisión de
Hacienda y Administración en los términos que fue leído por el Diputado
Sócrates Bastida Hernández. Dado en el Salón de Sesiones Lic. Benito Juárez
García del Honorable Poder Legislativo a los veintinueve días del mes de abril
del año 2001. Se continúa, con el Diputado Héctor Magaña Mosqueda, en su
calidad de Presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales,
para hacer mención que se retira en este momento el Dictamen número 163 y en su
lugar se presentarán once Dictámenes de la Comisión Especial, relativo a los
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado.
Asimismo, solicita la dispensa de trámite de las 72 horas de anticipación; y a
la vez solicita la dispensa de la lectura toral de los Dictámenes, para que
solamente se lean los proemios y resolutivos. Acto
continuo, el Diputado Presidente le solicita a la Diputada Secretaria someta a
consideración de la Asamblea la propuesta que se refiere a la solicitud de
dispensa de trámite a la entrega con 72 horas de anticipación, resultando
aprobada la solicitud en votación nominal por 19 votos a favor de los
siguientes Diputados: Zazueta Villegas Ricardo,
Casillas Muñoz Raquel, Fernández Bustamante Edgar Arturo, Avitia Nalda Sergio,
González Rosas Gloria, Esparza Herrera Héctor, Arce Salvador Ulises, Gutiérrez
Piceno David, Domínguez Rocha Martín, Bastida Hernández Sócrates, Delfín Castro
Miguel, Pedrín Márquez Alejandro, Molina Rodríguez Juan Manuel, Baltazar
Chipres Héctor, Aguilar Kaiten Guillermo, Bahena Flores Alejandro, Magaña Mosqueda
Héctor, Villalaz Becerra María del Refugio y Flores Muñoz Gilberto. Enseguida, el
Diputado Presidente procede aprobar dicha solicitud. En consecuencia, el
Diputado Presidente le solicita a la Diputada Secretaria someta a consideración
de la Asamblea, la solicitud de únicamente se lean los proemios y resolutivos,
resultando aprobada en votación nominal por 19 votos a favor de los siguientes
Diputados: Zazueta Villegas Ricardo, Casillas Muñoz Raquel,
Fernández Bustamante Edgar Arturo, Avitia Nalda Sergio, González Rosas Gloria,
Esparza Herrera Héctor, Arce Salvador Ulises, Gutiérrez Piceno David, Domínguez
Rocha Martín, Bastida Hernández Sócrates, Delfín Castro Miguel, Pedrín Márquez
Alejandro, Molina Rodríguez Juan Manuel, Baltazar Chipres Héctor, Aguilar Kaiten
Guillermo, Bahena Flores Alejandro, Magaña Mosqueda Héctor, Villalaz Becerra
María del Refugio y Flores Muñoz Gilberto. Enseguida, el Diputado Presidente
procede aprobar dicha solicitud. Enseguida, el Diputado Edgar Arturo Fernández
Bustamante presenta el Dictamen No. 1 de la Comisión Especial del Congreso del
Estado, designada para dictaminar la ratificación de los Magistrados del
Tribunal Superior de Justicia del Estado, en donde se establecen los siguientes
Puntos Resolutivos: PRIMERO.- El MAGISTRADO NUMERARIO LIC. EMILIO CASTELLANOS
LUJÁN, no es sujeto al proceso de ratificación, en tanto no cumpla con el
período de seis años para el que fue designado, a partir del 16 de abril de
1998, al término del cual se sujetará a la evaluación y proceso de ratificación
respectiva, con base a los antecedentes y considerandos consignados en el
cuerpo de este documento. SEGUNDO.- El MAGISTRADO NUMERARIO LIC. SERGIO
PEÑUELAS ROMO, no es sujeto al proceso
de ratificación, toda vez que no se reúnen los supuestos establecidos en los
párrafos tercero y cuarto del Artículo 58 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Baja California, al haber operado la ratificación
tácita, con base a los antecedentes y considerandos precitados. TERCERO.- El C.
MAGISTRADO NUMERARIO LIC. MARCO ANTONIO LóPEZ
MAGAÑA, no es sujeto al proceso de ratificación, en tanto no cumpla el período
de seis años, según nombramiento del 27 de abril del 2000, con efectos a partir
del 4 de mayo del mismo año, que fenece hasta el tres de mayo del 2006 al
término del cual se sujetará a la evaluación y proceso de ratificación
respectivo, por ende deberá continuar en su encargo, con base a los
antecedentes y considerandos ya anotados. CUARTO.- Publíquese en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado. TRANSITORIO: ÚNICO.- El presente decreto
entrará en vigor, el día de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado. DADO en la Sala de Comisiones “Dr. Francisco Dueñas Montes” del H.
Poder Legislativo, en la Ciudad de Mexicali, Baja California a los veintinueve
días del mes de abril del dos mil uno. Acto
continuo y no existiendo oradores en contra del Dictamen en referencia, el
Diputado Presidente solicita a la Diputada Secretaria lo someta a votación en
forma nominal, resultando aprobado por 19 votos a favor, de los siguientes
Diputados: Zazueta Villegas Ricardo, Casillas Muñoz Raquel, Fernández
Bustamante Edgar Arturo, Avitia Nalda Sergio, González Rosas Gloria, Esparza
Herrera Héctor, Arce Salvador Ulises, Gutiérrez Piceno David, Domínguez Rocha
Martín, Bastida Hernández Sócrates, Delfín Castro Miguel, Pedrín Márquez
Alejandro, Molina Rodríguez Juan Manuel, Baltazar Chipres Héctor, Aguilar
Kaiten Guillermo, Bahena Flores Alejandro, Magaña Molina Héctor, Villalaz
Becerra María del Refugio, Flores Muñoz Gilberto.
Posteriormente,
el Diputado Presidente declara aprobado tanto en lo general como en lo
particular el Dictamen No. 1 de la Comisión Especial del Congreso del Estado,
designada para dictaminar la ratificación de los Magistrados del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, en los términos que fue leído por el Diputado
Edgar Arturo Fernández Bustamante. Dado en la Sala de Sesiones Licenciado
Benito Juárez García, del Honorable Congreso del Estado, a los veintinueve días
del mes de abril del año dos mil uno. Enseguida, el Diputado Martín Domínguez
Rocha hace uso de la Tribuna para presentar el Dictamen No. 2 de la Comisión
Especial del Congreso del Estado, designada para dictaminar la ratificación de
los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en donde se
establecen los siguientes Puntos Resolutivos: PRIMERO.- No se aprueba la
ratificación de la C. LIC. MARIA ESTHER RENTERIA IBARRA, en el cargo de
Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del
Estado de Baja California, con base en los antecedentes y considerandos
precitados. SEGUNDO.- Se instruye a esta Honorable Asamblea, para que proceda a
realizar un nuevo nombramiento de Magistrada Numerario del Tribunal Superior de
Justicia del Poder Judicial del Estado, conforme lo establecen los párrafos
segundo y quinto del Artículo 58 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Baja California. TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado. TRANSITORIO: Unico, el presente Decreto entrará en vigor
el día de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. DADO
en la Sala de Comisiones “Dr. Francisco Dueñas Montes” del H. Poder
Legislativo, en la Ciudad de Mexicali, Baja California a los veintinueve días
del mes de abril del dos mil uno. No existiendo oradores en contra del Dictamen
en referencia, el Diputado Presidente solicita a la Diputada Secretaria lo
someta a votación en forma nominal, resultando aprobado por 19 votos a favor,
de los siguientes Diputados: Zazueta Villegas Ricardo, Casillas Muñoz Raquel,
Fernández Bustamante Edgar Arturo, Avitia Nalda Sergio, González Rosas Gloria,
Esparza Herrera Héctor, Arce Salvador Ulises, Gutiérrez Piceno David, Domínguez
Rocha Martín, Bastida Hernández Sócrates, Delfín Castro Miguel, Pedrín Márquez
Alejandro, Molina Rodríguez Juan Manuel, Baltazar Chipres Héctor, Aguilar
Kaiten Guillermo, Bahena Flores Alejandro, Magaña Molina Héctor, Villalaz
Becerra María del Refugio, Flores Muñoz Gilberto.
Posteriormente,
el Diputado Presidente declara aprobado tanto en lo general como en lo
particular el Dictamen No. 2 de la Comisión Especial del Congreso del Estado,
designada para dictaminar la ratificación de los Magistrados del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, en los términos que fue leído por el Diputado
Martín Domínguez Rocha. Dado en la Sala de Sesiones Licenciado Benito Juárez
García, del Honorable Congreso del Estado, a los veintinueve días del mes de
abril del año dos mil uno. Enseguida, la Diputada María del Refugio Olivia
Villalaz Becerra, presenta el Dictamen No. 3 de la Comisión Especial del
Congreso del Estado, designada para dictaminar la ratificación de los
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en donde se
establecen los siguientes Puntos Resolutivos: PRIMERO.- No se aprueba la
ratificación del C. LIC. JOSE LUIS
CEBREROS SAMANIEGO, en el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior
de Justicia del Poder Judicial del Estado de Baja California, con base en los
antecedentes y considerandos que anteceden. SEGUNDO.- Se instruye a esta
Honorable Asamblea, para que proceda a realizar un nuevo nombramiento de
Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del
Estado, conforme lo establecen los párrafos segundo y quinto del Artículo 58 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.
TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
TRANSITORIO:
Unico, el presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. DADO en la Sala de Comisiones “Dr.
Francisco Dueñas Montes” del H. Poder Legislativo, en la Ciudad de Mexicali,
Baja California a los veintinueve días del mes de abril del dos mil uno. A continuación,
y no existiendo oradores en contra del Dictamen en referencia, el Diputado
Presidente solicita a la Diputada Secretaria lo someta a votación en forma
nominal, resultando aprobado por 19 votos a favor, de los siguientes Diputados:
Zazueta Villegas Ricardo, Casillas Muñoz Raquel, Fernández Bustamante Edgar
Arturo, Avitia Nalda Sergio, González Rosas Gloria, Esparza Herrera Héctor,
Arce Salvador Ulises, Gutiérrez Piceno David, Domínguez Rocha Martín, Bastida
Hernández Sócrates, Delfín Castro Miguel, Pedrín Márquez Alejandro, Molina
Rodríguez Juan Manuel, Baltazar Chipres Héctor, Aguilar Kaiten Guillermo,
Bahena Flores Alejandro, Magaña Molina Héctor, Villalaz Becerra María del
Refugio, Flores Muñoz Gilberto. Posteriormente, el Diputado Presidente declara
aprobado tanto en lo general como en lo particular el Dictamen No. 3 de la
Comisión Especial del Congreso del Estado, designada para dictaminar la
ratificación de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado,
en los términos que fue leído por la Diputada María del Refugio Olivia Villalaz
Becerra. Dado en la Sala de Sesiones Licenciado Benito Juárez García, del
Honorable Congreso del Estado, a los veintinueve días del mes de abril del año
dos mil uno. Acto seguido, el Diputado Alejandro Bahena Flores hace uso
de la Tribuna para presentar el Dictamen No. 4 de la Comisión Especial del
Congreso del Estado, designada para dictaminar la ratificación de los
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en donde se
establecen los siguientes Puntos Resolutivos: PRIMERO.- No se aprueba la
ratificación de la C. LIC. OLIMPIA
ANGELES CHACON, en el cargo de Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de
Justicia del Poder Judicial del Estado de Baja California, con base en los
antecedentes y considerandos que precitados. SEGUNDO.- Se instruye a esta
Honorable Asamblea, para que proceda a realizar un nuevo nombramiento de
Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del
Estado, conforme lo establecen los párrafos segundo y quinto del Artículo 58 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.
TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
TRANSITORIO: Unico, el presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. DADO en la Sala de Comisiones
“Dr. Francisco Dueñas Montes” del H. Poder Legislativo, en la Ciudad de
Mexicali, Baja California a los veintinueve días del mes de abril del dos mil
uno. No existiendo oradores en
contra del Dictamen en referencia, el Diputado Presidente solicita a la
Diputada Secretaria lo someta a votación en forma nominal, resultando aprobado
por 19 votos a favor, de los siguientes Diputados: Zazueta Villegas Ricardo,
Casillas Muñoz Raquel, Fernández Bustamante Edgar Arturo, Avitia Nalda Sergio,
González Rosas Gloria, Esparza Herrera Héctor, Arce Salvador Ulises, Gutiérrez
Piceno David, Domínguez Rocha Martín, Bastida Hernández Sócrates, Delfín Castro
Miguel, Pedrín Márquez Alejandro, Molina Rodríguez Juan Manuel, Baltazar
Chipres Héctor, Aguilar Kaiten Guillermo, Bahena Flores Alejandro, Magaña
Molina Héctor, Villalaz Becerra María del Refugio, Flores Muñoz Gilberto.
Posteriormente, el Diputado Presidente declara aprobado tanto en lo general
como en lo particular el Dictamen No. 4 de la Comisión Especial del Congreso
del Estado, designada para dictaminar la ratificación de los Magistrados del
Tribunal Superior de Justicia del Estado, en los términos que fue leído por el
Diputado Alejandro Bahena Flores. Dado en la Sala de Sesiones Licenciado Benito
Juárez García, del Honorable Congreso del Estado, a los veintinueve días del
mes de abril del año dos mil uno. Enseguida,
el Diputado Sócrates Bastida Hernández, presenta el Dictamen No. 5 de la
Comisión Especial del Congreso del Estado, designada para dictaminar la
ratificación de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado,
en donde se establecen los siguientes Puntos Resolutivos: PRIMERO.- No se
aprueba la ratificación del C. LIC.
FELIX HERRERA ESQUIVEL, en el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal
Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Baja California, con base
en los antecedentes y considerandos que anteceden. SEGUNDO.- Se instruye a esta
Honorable Asamblea, para que proceda a realizar un nuevo nombramiento de
Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del
Estado, conforme lo establecen los párrafos segundo y quinto del Artículo 58 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.
TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
TRANSITORIO:
Unico, el presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. DADO en la Sala de Comisiones “Dr.
Francisco Dueñas Montes” del H. Poder Legislativo, en la Ciudad de Mexicali,
Baja California a los veintinueve días del mes de abril del dos mil uno.
Enseguida, y no existiendo oradores en contra del Dictamen en referencia, el
Diputado Presidente solicita a la Diputada Secretaria lo someta a votación en
forma nominal, resultando aprobado por 19 votos a favor, de los siguientes
Diputados: Zazueta Villegas Ricardo, Casillas Muñoz Raquel, Fernández
Bustamante Edgar Arturo, Avitia Nalda Sergio, González Rosas Gloria, Esparza
Herrera Héctor, Arce Salvador Ulises, Gutiérrez Piceno David, Domínguez Rocha
Martín, Bastida Hernández Sócrates, Delfín Castro Miguel, Pedrín Márquez
Alejandro, Molina Rodríguez Juan Manuel, Baltazar Chipres Héctor, Aguilar Kaiten
Guillermo, Bahena Flores Alejandro, Magaña Molina Héctor, Villalaz Becerra
María del Refugio, Flores Muñoz Gilberto. Posteriormente, el Diputado
Presidente declara aprobado tanto en lo general como en lo particular el
Dictamen No. 5 de la Comisión Especial del Congreso del Estado, designada para
dictaminar la ratificación de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia
del Estado, en los términos que fue leído por el Diputado Sócrates Bastida
Hernández. Dado en la Sala de Sesiones Licenciado Benito Juárez García, del
Honorable Congreso del Estado, a los veintinueve días del mes de abril del año
dos mil uno. A continuación, el
Diputado Juan Manuel Molina Rodríguez hace uso de la Tribuna para presentar el
Dictamen No. 6 de la Comisión Especial del Congreso del Estado, designada para
dictaminar la ratificación de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia
del Estado, en donde se establecen los siguientes Puntos Resolutivos: PRIMERO.-
No se aprueba la ratificación del C.
LIC. JOSE JESUS ESPINOZA OROZCO, en el cargo de Magistrado Numerario del
Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Baja California,
con base en los antecedentes y considerandos que precitados. SEGUNDO.- Se
instruye a esta Honorable Asamblea, para que proceda a realizar un nuevo
nombramiento de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del
Poder Judicial del Estado, conforme lo establecen los párrafos segundo y quinto
del Artículo 58 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja
California. TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado.
TRANSITORIO:
Unico, el presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. DADO en la Sala de Comisiones “Dr.
Francisco Dueñas Montes” del H. Poder Legislativo, en la Ciudad de Mexicali,
Baja California a los veintinueve días del mes de abril del dos mil uno. No
existiendo oradores en contra del Dictamen en referencia, el Diputado
Presidente solicita a la Diputada Secretaria lo someta a votación en forma
nominal, resultando aprobado por 19 votos a favor, de los siguientes Diputados:
Zazueta Villegas Ricardo, Casillas Muñoz Raquel, Fernández Bustamante Edgar
Arturo, Avitia Nalda Sergio, González Rosas Gloria, Esparza Herrera Héctor,
Arce Salvador Ulises, Gutiérrez Piceno David, Domínguez Rocha Martín, Bastida
Hernández Sócrates, Delfín Castro Miguel, Pedrín Márquez Alejandro, Molina
Rodríguez Juan Manuel, Baltazar Chipres Héctor, Aguilar Kaiten Guillermo,
Bahena Flores Alejandro, Magaña Molina Héctor, Villalaz Becerra María del
Refugio, Flores Muñoz Gilberto. Posteriormente, el Diputado Presidente declara
aprobado tanto en lo general como en lo particular el Dictamen No. 6 de la
Comisión Especial del Congreso del Estado, designada para dictaminar la
ratificación de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado,
en los términos que fue leído por el Diputado Juan Manuel Molina Rodríguez.
Dado en la Sala de Sesiones Licenciado Benito Juárez García, del Honorable Congreso
del Estado, a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil uno.
Enseguida, el Diputado Sergio Avitia Nalda presenta el Dictamen No. 7 de la
Comisión Especial del Congreso del Estado, designada para dictaminar la
ratificación de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado,
en donde se establecen los siguientes Puntos Resolutivos: PRIMERO.- No se
aprueba la ratificación del C. LIC.
JAIME RICO JIMENEZ, en el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior
de Justicia del Poder Judicial del Estado de Baja California, con base en los
antecedentes y considerandos que anteceden. SEGUNDO.- Se instruye a esta
Honorable Asamblea, para que proceda a realizar un nuevo nombramiento de
Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del
Estado, conforme lo establecen los párrafos segundo y quinto del Artículo 58 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.
TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. TRANSITORIO:
Unico, el presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. DADO en la Sala de Comisiones “Dr.
Francisco Dueñas Montes” del H. Poder Legislativo, en la Ciudad de Mexicali,
Baja California a los veintinueve días del mes de abril del dos mil uno.
Enseguida, y no existiendo oradores en contra del Dictamen en referencia, el
Diputado Presidente solicita a la Diputada Secretaria lo someta a votación en
forma nominal, resultando aprobado por 19 votos a favor, de los siguientes
Diputados: Zazueta Villegas Ricardo, Casillas Muñoz Raquel, Fernández
Bustamante Edgar Arturo, Avitia Nalda Sergio, González Rosas Gloria, Esparza
Herrera Héctor, Arce Salvador Ulises, Gutiérrez Piceno David, Domínguez Rocha
Martín, Bastida Hernández Sócrates, Delfín Castro Miguel, Pedrín Márquez
Alejandro, Molina Rodríguez Juan Manuel, Baltazar Chipres Héctor, Aguilar
Kaiten Guillermo, Bahena Flores Alejandro, Magaña Molina Héctor, Villalaz
Becerra María del Refugio, Flores Muñoz Gilberto. Posteriormente, el Diputado
Presidente declara aprobado tanto en lo general como en lo particular el
Dictamen No. 7 de la Comisión Especial del Congreso del Estado, designada para
dictaminar la ratificación de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia
del Estado, en los términos que fue leído por el Diputado Sergio Avitia Nalda.
Dado en la Sala de Sesiones Licenciado Benito Juárez García, del Honorable
Congreso del Estado, a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil
uno. Acto seguido, la Diputada Raquel Casillas Muñoz presenta el Dictamen No. 8
de la Comisión Especial del Congreso del Estado, designada para dictaminar la
ratificación de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado,
en donde se establecen los siguientes Puntos Resolutivos: PRIMERO.- No se
aprueba la ratificación del C. LIC.
VICTOR MANUEL VAZQUEZ FERNANDEZ, en el cargo de Magistrado Numerario del
Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Baja California,
con base en los antecedentes y considerandos que anteceden. SEGUNDO.- Se
instruye a esta Honorable Asamblea, para que proceda a realizar un nuevo
nombramiento de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del
Poder Judicial del Estado, conforme lo establecen los párrafos segundo y quinto
del Artículo 58 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja
California. TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado. TRANSITORIO: Unico, el presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. DADO en la Sala de Comisiones
“Dr. Francisco Dueñas Montes” del H. Poder Legislativo, en la Ciudad de
Mexicali, Baja California a los veintinueve días del mes de abril del dos mil
uno. No existiendo oradores en contra del Dictamen en referencia, el Diputado
Presidente solicita a la Diputada Secretaria lo someta a votación en forma
nominal, resultando aprobado por 18 votos a favor, de los siguientes Diputados:
Casillas Muñoz Raquel, Fernández Bustamante Edgar Arturo, Avitia Nalda Sergio,
González Rosas Gloria, Esparza Herrera Héctor, Arce Salvador Ulises, Gutiérrez
Piceno David, Domínguez Rocha Martín, Bastida Hernández Sócrates, Delfín Castro
Miguel, Pedrín Márquez Alejandro, Molina Rodríguez Juan Manuel, Baltazar
Chipres Héctor, Aguilar Kaiten Guillermo, Bahena Flores Alejandro, Magaña
Molina Héctor, Villalaz Becerra María del Refugio, Flores Muñoz Gilberto.
Posteriormente, el Diputado Presidente declara aprobado tanto en lo general
como en lo particular el Dictamen No. 8 de la Comisión Especial del Congreso
del Estado, designada para dictaminar la ratificación de los Magistrados del
Tribunal Superior de Justicia del Estado, en los términos que fue leído por la
Diputada Raquel Casillas Muñoz. Dado en la Sala de Sesiones Licenciado Benito
Juárez García, del Honorable Congreso del Estado, a los veintinueve días del
mes de abril del año dos mil uno. Enseguida, el Diputado Alejandro Pedrín
Márquez hace uso de la Tribuna para presentar el Dictamen No. 9 de la Comisión
Especial del Congreso del Estado, designada para dictaminar la ratificación de
los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en donde se
establecen los siguientes Puntos Resolutivos: PRIMERO.- No se aprueba la
ratificación del C. LIC. RAUL GONZALEZ
ARIAS, en el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia
del Poder Judicial del Estado de Baja California, con base en los antecedentes
y considerandos que precitados. SEGUNDO.- Se instruye a esta Honorable Asamblea,
para que proceda a realizar un nuevo nombramiento de Magistrado Numerario del
Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado, conforme lo
establecen los párrafos segundo y quinto del Artículo 58 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. TERCERO.- Publíquese
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
TRANSITORIO:
Unico, el presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. DADO en la Sala de Comisiones “Dr.
Francisco Dueñas Montes” del H. Poder Legislativo, en la Ciudad de Mexicali,
Baja California a los veintinueve días del mes de abril del dos mil uno. Acto
seguido, y no existiendo oradores en contra del Dictamen en referencia, el
Diputado Presidente solicita a la Diputada Secretaria lo someta a votación en
forma nominal, resultando aprobado por 19 votos a favor, de los siguientes
Diputados: Zazueta Villegas Ricardo, Casillas Muñoz Raquel, Fernández
Bustamante Edgar Arturo, Avitia Nalda Sergio, González Rosas Gloria, Esparza
Herrera Héctor, Arce Salvador Ulises, Gutiérrez Piceno David, Domínguez Rocha
Martín, Bastida Hernández Sócrates, Delfín Castro Miguel, Pedrín Márquez
Alejandro, Molina Rodríguez Juan Manuel, Baltazar Chipres Héctor, Aguilar Kaiten
Guillermo, Bahena Flores Alejandro, Magaña Molina Héctor, Villalaz Becerra
María del Refugio, Flores Muñoz Gilberto. Posteriormente, el Diputado
Presidente declara aprobado tanto en lo general como en lo particular el
Dictamen No. 9 de la Comisión Especial del Congreso del Estado, designada para
dictaminar la ratificación de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia
del Estado, en los términos que fue leído por el Diputado Alejandro Pedrín
Márquez. Dado en la Sala de Sesiones Licenciado Benito Juárez García, del
Honorable Congreso del Estado, a los veintinueve días del mes de abril del año
dos mil uno.
Enseguida, el
Diputado David Gutiérrez Piceno presenta el Dictamen No. 10 de la Comisión Especial del Congreso del Estado, designada para
dictaminar la ratificación de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia
del Estado, en donde se establecen los siguientes Puntos Resolutivos: PRIMERO.-
No se aprueba la ratificación del C.
LIC. MARCO ANTONIO JIMENEZ CARRILLO, en el cargo de Magistrado Numerario del
Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Baja California,
con base en los antecedentes y considerandos que anteceden. SEGUNDO.- Se
instruye a esta Honorable Asamblea, para que proceda a realizar un nuevo
nombramiento de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del
Poder Judicial del Estado, conforme lo establecen los párrafos segundo y quinto
del Artículo 58 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja
California. TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado. TRANSITORIO: Unico, el presente Decreto entrará en vigor el día de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. DADO en la Sala de
Comisiones “Dr. Francisco Dueñas Montes” del H. Poder Legislativo, en la Ciudad
de Mexicali, Baja California a los veintinueve días del mes de abril del dos
mil uno. No existiendo oradores en
contra del Dictamen en referencia, el Diputado Presidente solicita a la
Diputada Secretaria lo someta a votación en forma nominal, resultando aprobado
por 18 votos a favor, de los siguientes Diputados: Zazueta Villegas Ricardo,
Casillas Muñoz Raquel, Avitia Nalda Sergio, González Rosas Gloria, Esparza
Herrera Héctor, Arce Salvador Ulises, Gutiérrez Piceno David, Domínguez Rocha Martín,
Bastida Hernández Sócrates, Delfín Castro Miguel, Pedrín Márquez Alejandro,
Molina Rodríguez Juan Manuel, Baltazar Chipres Héctor, Aguilar Kaiten
Guillermo, Bahena Flores Alejandro, Magaña Molina Héctor, Villalaz Becerra
María del Refugio, Flores Muñoz Gilberto. Posteriormente, el Diputado
Presidente declara aprobado tanto en lo general como en lo particular el
Dictamen No. 10 de la Comisión Especial del Congreso del Estado, designada para
dictaminar la ratificación de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia
del Estado, en los términos que fue leído por el Diputado David Gutiérrez
Piceno. Dado en la Sala de Sesiones Licenciado Benito Juárez García, del
Honorable Congreso del Estado, a los veintinueve días del mes de abril del año
dos mil uno. A continuación, el Diputado Héctor Esparza Herrera presenta el
Dictamen No. 11 de la Comisión Especial del Congreso del Estado, designada para
dictaminar la ratificación de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia
del Estado, en donde se establecen los siguientes Puntos Resolutivos: PRIMERO.-
No se aprueba la ratificación del C.
LIC. OSCAR VALENZUELA AVILA, en el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal
Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Baja California, con base
en los antecedentes y considerandos que anteceden. SEGUNDO.- Se instruye a esta
Honorable Asamblea, para que proceda a realizar un nuevo nombramiento de
Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del
Estado, conforme lo establecen los párrafos segundo y quinto del Artículo 58 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.
TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
TRANSITORIO: Unico, el presente Decreto entrará en vigor el día de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. DADO en la Sala de
Comisiones “Dr. Francisco Dueñas Montes” del H. Poder Legislativo, en la Ciudad
de Mexicali, Baja California a los veintinueve días del mes de abril del dos
mil uno. No existiendo oradores en contra
del Dictamen en referencia, el Diputado Presidente solicita a la Diputada
Secretaria lo someta a votación en forma nominal, resultando aprobado por 19
votos a favor, de los siguientes Diputados: Zazueta Villegas Ricardo, Casillas Muñoz
Raquel, Fernández Bustamante Edgar Arturo, Avitia Nalda Sergio, González Rosas
Gloria, Esparza Herrera Héctor, Arce Salvador Ulises, Gutiérrez Piceno David,
Domínguez Rocha Martín, Bastida Hernández Sócrates, Delfín Castro Miguel,
Pedrín Márquez Alejandro, Molina Rodríguez Juan Manuel, Baltazar Chipres
Héctor, Aguilar Kaiten Guillermo, Bahena Flores Alejandro, Magaña Molina
Héctor, Villalaz Becerra María del Refugio, Flores Muñoz Gilberto.
Posteriormente, el Diputado Presidente declara aprobado tanto en lo general
como en lo particular el Dictamen No. 11 de la Comisión Especial del Congreso
del Estado, designada para dictaminar la ratificación de los Magistrados del
Tribunal Superior de Justicia del Estado, en los términos que fue leído por el
Diputado Héctor Esparza Herrera. Dado en la Sala de Sesiones Licenciado Benito
Juárez García, del Honorable Congreso del Estado, a los veintinueve días del
mes de abril del año dos mil uno. Agotados los Dictámenes, se pasa al último
punto del orden del día, Asuntos Generales y no existiendo ningún asunto
general qué tratar y agotado lo establecido en el Orden del Día, el Diputado
Presidente cita a los ciudadanos Diputados para el día jueves tres de mayo dos
mil uno, a las once horas en este Recinto Oficial, con el objeto de que tenga
verificativo el desarrollo de la Sesión Ordinaria; asimismo, procede a declarar
formalmente levantada la presente sesión siendo las cinco horas con cuarenta y cinco minutos del día veintinueve de abril del año en curso. La presente Acta fue
aprobada en Sesión Ordinaria de la Honorable XVI Legislatura, del día tres de
mayo del dos mil uno, de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 37, Fracciones II y V, 41, Fracciones I y V,
86, 87, 88, 98, 101, 105 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo ante la presencia del
Diputado Presidente Gilberto Flores Muñoz, quien autoriza la presente
acta, asistida de la Diputada Secretaria de esta Mesa Directiva, María del Refugio Olivia Villalaz Becerra,
quien con su firma da fé.
- EL C.
PRESIDENTE: Bien, muchas gracias. Una vez aprobada el Acta se pasa al segundo
punto de la orden del día que es correspondencia recibida; en virtud de que fue
entrega con oportunidad a cada uno de los Diputados integrantes de esta
Legislatura la relación de la correspondencia recibida, se solicita a los
mismos la dispensa de la lectura, compañera Diputada sírvase tomar la votación
correspondiente.
- LA C.
SECRETARIA: Los Diputados que estén a favor, favor de manifestarse en votación
económica, 13 votos a favor Diputado Presidente.
1.- Oficio No. 000310 de fecha 23 de
abril y recibido el 25 del mismo, que remite el Lic. Luis Rolando Escalante
Topete, Mgdo. Presidente del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial
del Estado, mediante el cual envía la documentación que integra la ejecución
del Presupuesto de Egresos de dicho Tribunal, correspondiente al período del 01
de enero al 31 de marzo del presente año.
- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la
Comisión de Hacienda y Administración.
- EL C. SECRETARIO: 2.- Copia del
escrito de fecha 24 de abril y recibido
el 25 del mismo, dirigido al Lic.
Alejandro González Alcocer, Gobernador del Estado, que remite el C. Ramiro Vazquez
Escobedo, Agricultor del Valle de Mexicali, mediante el cual expone denuncia de
actos ocurridos en relación a un contrato de arrendamiento, y pide la ayuda
para esclarecer dicha situación.
- EL C. PRESIDENTE: Nos damos por
enterados.
- EL C. SECRETARIO: 3.- Copia del
oficio No. 1376 de fecha 16 de abril y recibido el 25 del mismo, dirigido al C.
José Luis Lira Dueñas, Sub-recaudador de Rentas del Estado, que remiten los
Dip. Sócrates Bastida Hernández y Ricardo Antonio Cano Jiménez, Presidente y
Secretario de la Comisión de Hacienda y Administración, mediante el cual dan
respuesta al Oficio No. SER/185/2001, donde solicita la interpretación del
Término INDIGENTE.
- EL C. PRESIDENTE: Nos damos por
enterados.
- EL C. SECRETARIO: 4.- Oficio No.
002509 de fecha 23 de abril y recibido el 25 del mismo, que remite el Lic.
Carlos R. Nava Sánchez, Secretario del Ayuntamiento de Ensenada, mediante el
cual envía copia certificada del Punto de Acuerdo de fecha 05 de abril del año
en curso, relativo al incremento de las tasas de impuestos que ha proporcionado
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Iniciativa que
emitió el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión.
- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la
Comisión de Hacienda y Administración.
- EL C. SECRETARIO: 5.- Oficio No.
STCC/589/01 de fecha 23 de abril y recibido el 26 del mismo, que remite la Dra.
Susana Talía Pedroza de la Llave, Secretaria Técnica del Consejo Consultivo de
la Comisión de los Derechos Humanos, mediante el cual envía carteles sobre el
Congreso Nacional sobre Fuerzas Armadas y Derechos Humanos que se realizará el
3 de mayo del año en curso.
- EL C. PRESIDENTE: Se agradece el
envío.
- EL C. SECRETARIO: 6.- Oficio No.
R-805/01 de fecha 25 de abril y recibido el 26 del mismo, que remite el Lic.
Braulio Gómez Verónica, Director General de Control y Evaluación Gubernamental,
mediante el cual informa del seguimiento de diversos Dictámenes de Cuenta
Pública.
- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la
Comisión de Hacienda y Administración.
- LA
C. SECRETARIA: 7.- Oficio No. O.M. 003/01 de fecha 10 de abril y
recibido el 26 del mismo, que remite Dip. Javier Gallo Reyna, Presidente del H.
Congreso del Estado de Baja California Sur, mediante el cual envía Punto de
Acuerdo relativo a solicitar a las legislaturas de los Estados de la República
el respaldo solidario a la Ley de Desarrollo Rural y que se envíe al Congreso
de la Unión dicho documento.
- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la
Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, al Depto. Jurídico y a la CRIPP.
- LA C. SECRETARIA: 8.- Oficio No. 839
de fecha 18 de abril y recibido el 26 del mismo, que remite el C.P. José
Guadalupe Zamorano Ramírez, Secretario de Planeación y Finanzas del Estado,
mediante el cual envía la documentación que ampara la décima modificación
Presupuestal del Ejercicio Fiscal de 2000, aprobada a la entidad paraestatal
denominada Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la
Comisión de Hacienda y Administración.
- EL C. SECRETARIO: 9.- Circular No. 54
de fecha 29 de marzo y recibido el 26 de abril, que remite el Dr. Sergio
Segreste Ríos, Oficial Mayor del Congreso del Edo. de Oaxaca, mediante el cual
envía copia certificada de acuerdo relativo a solicitar a la Cámara del
Congreso de la Unión, haga suya la iniciativa de Reformar y Adicionar diversos
artículos de la Ley de impuestos sobre la Renta, Ley del Valor Agregado y Ley
de Ingresos de la Federación.
- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la
Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, asimismo a la Comisión
de Hacienda y Administración.
- LA C. SECRETARIA: 10.- Oficio s/n de fecha 14 de marzo y
recibido el 26 de abril, que remite el Lic. Alfonso Martínez Pimentel, Oficial
Mayor del Congreso de Coahuila, mediante el cual envía copia simple de acuerdo
relativo a que el Congreso de Coahuila envíe una exitativa al Ejecutivo Federal
para que agilice el trámite correspondiente para que sea publicada la Ley de
Desarrollo Rural.
- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la
Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, así como a la C.R.I.P.P.
- LA C. SECRETARIA: 11.- Oficio No.
2900 de fecha 23 de abril y recibido el 26 del mismo, que remite el C.P. Jorge
Ramos, Secretario General de Gobierno, mediante el cual envía observaciones
hechas al Decreto 297, relativo a diferentes reformas a la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Edo.
- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la
Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales y a la Comisión de Trabajo y
Previsión Social, así como al Dpto. Jurídico.
- LA C. SECRETARIA: 12.- Oficio No.
CONT-250/2001 de fecha 26 de abril y recibido el 27 del mismo, que remite el
Lic. Emilio Castellanos Luján, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura del Edo., mediante el cual envía la información
Financiera y Presupuestal del Poder Judicial y Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del Estado al mes de marzo del 2001.
- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la
Comisión de Hacienda y Administración.
- LA C. SECRETARIA: 13.- Oficio NO.
1118/2001 de fecha 19 de abril y recibido el 27 del mismo, que remite el Lic.
Alberto Loaiza Martínez, Mgdo. de la Segunda Sala del Tribunal de lo
Contencioso Admnistrativo del Edo., mediante el cual solicita se informe sobre
el juicio VAZLU, S.A. VS. CESPT.
- EL C. PRESIDENTE: Nos damos por
enterados.
- LA C. SECRETARIA: 14.- Invitación de
fecha 26 de abril y recibida el mismo
día, que remite el Ing. Narciso Agúndez Montaño, Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Los Cabos, mediante el cual invitan a la Sesión Solemne de
Cabildo del Segundo Informe de Gobierno, el día viernes 27 de abril a las 19:00hrs
en la explanada del Boulevard Mijares, en San José del Cabo B.C.S.
- EL C. PRESIDENTE: Se agradece la
invitación.
- EL C. SECRETARIO: 15.- Oficio No.
00504 de fecha 6 de abril y reciibido el 18 del mismo, que remiten los CC.
Ernesto Castellano Pérez y Silvia Estela Varela Islas, Secretario de Educación
y Directora General del Sistema DIF Estatal, mediante el cual hacen una atenta
invitación al Acto Oficial donde se llevará a cabo la Toma de Protesta del Niño
Gobernador, el día 30 de abril a las 8:30hrs.en la explanada Exterior Cívica
del Centro de Gobierno.
- EL C. PRESIDENTE: Se agradece la
invitación, la cual fue atendida por esta Presidencia.
- EL C. SECRETARIO: 16.- Oficio No. 233/2001-1 de fecha 18 de
abril y recibido el 25 del mismo, que remite el C.P. Víctor Everardo Beltrán
Corona, Rector de la UABC, mediante el cual le hacen una atenta invitación a la
VI Asamblea Ordinaria de la Asociación Mexicana de Organos de Control y
Vigilancia en Instituciones de Educación Superior que se realizará los días 17
y 18 de mayo en las instalaciones de la UABC, Tijuana. A partir de las 9:00 en
la Sala de Lectura del Centro Comunitario Estudiantil.
- EL C. PRESIDENTE: Se agradece la
invitación, la cual será atendida en su oportunidad.
- EL C. SECRETARIO: 17.- Fax del
escrito de fecha 27 de abril y recibido el mismo día, que remite el Lic. Luis
Gutiérrez Apodaca, mediante el cual
informa que es ilegal la pretendida reelección de los Magistrados de Baja California.
- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la
Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, asimismo al Depto. Jurídico.
- EL C. SECRETARIO: 18.- Oficio No.
014/14 de fecha 30 de abril y recibido el mismo día, que remite el Lic.
Alejandro González Alcocer, Gobernador del Edo, mediante el cual hace del
conocimiento que se ausentará de la Entidad, con salidas y entradas múltiples
por un lapso no mayor del que señala nuestra Carta Fundamental.
- EL C. PRESIDENTE: Nos damos por
enterados.
- EL C. SECRETARIO: 19.- Oficio No. 226
de fecha 16 de febrero y recibido el 30 de abril, que remite el C. César Muñoz
Coronado, Director de Relaciones Públicas del Estado, en el que hace una atenta invitación a formar parte del Presidium
el próximo 5 de mayo en la conmemoración de la Batalla de Puebla, que se
llevará a cabo en la Explanada Municipal del Centro Cívico a las 9:00 hrs.
- EL C. PRESIDENTE: Se agradece la
invitación la cual será atendida en su oportunidad.
- EL C. SECRETARIO: 20.- Oficio No.
247/2001 de fecha 24 de abril y recibido el 30 del mismo, que remite el Lic. Emilio
Castellanos Luján, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo
de la Judicatura del Edo., mediante el cual informa de la apertura de la cuenta
bancaria No. 2519747 y Contrato 300196019 en Dólares, que corresponde al Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia.
- EL C. PRESIDENTE: Nos damos por
enterados y se turna a la Comisión de Hacienda y Administración.
- EL C. SECRETARIO: 21.-Oficio No. DDP5401 de fecha 27 de
abril y recibido el 30 del mismo,que remite el Lic. Emilio Castellanos Luján,
Presidente del tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del
Estado, mediante el cual envía el
avnace Presupuestal por Partidas y Avance por Programas correspondientes al
Primer Trimestre del año 2001.
- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Administración.
- EL C. SECRETARIO: 22.- Copia del
escrito de fecha 24 de abril y reibido el 30 del mismo, que remite el C. Félix
Fernando Reyes Rubio, Presidente de la CANACO, dirigido al Dip. Héctor Magaña
Mosqueda, Presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales,
mediante el cual solicita se de seguimiento al proyecto anterior de la Ley para
la Venta, Almacenaje y Consumo de Bebidas con Graduación Alcohólica.
- EL C. PRESIDENTE: Nos damos por
enterados.
- EL C. SECRETARIO: 23.- Oficio No.
067/2001-1 de fecha 26 de abril y recibido el 30 del mismo, que remite el
L.E.F. Miguel A. Aispuro Ruelas, Jefe del Depto. de la Dirección General de
Bienestar Estudiantil, Depto de Actividades Deportivas y Recreativas de la
UABC, mediante el cual solicita ayuda para el traslado de 4 jugadoras de
Voleibol, que representarán al Edo. en torneo que se llevará a cabo en la ciudad de Xalapa, Ver. a partir
del 11 al 19 de mayo.
- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la
Comisión de la Juventud y el Deporte, asimismo a la Comisión de Gestoría y
Quejas.
- EL C. SECRETARIO: 24.- Oficio No.
1006 de fecha 19 de abril y recibido el 30 del mismo, que remite el C.P. José
Guadalupe Zamorano Ramírez, Secretario de Planeación y Finanzas del Edo., mediante
el cual envía lo concerniente a la ejecución del Presupuesto de Egresos del
Primer Trimestre del Ejercicio 2001, Estados Financieros, Evaluación Financiera
del ejercicio en función y el Monto de Transferencias.
- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión
de Hacienda y Administración.
- EL C. SECRETARIO: 25.- Oficio s/n de
fecha 30 de abril y recibido el 02 de mayo, que remite el C.P. Manuel Francisco
Aguilar Bojórquez, Tesorero Municipal del H. XVI Ayuntamiento de Mexicali,
mediante el cual envía el avance de los programas correspondientes al Primer
Trimestre del 2001, de las Dependencias y Entidades Paraestatales del
Ayuntamiento.
- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la
Comisión de Hacienda y Administración.
- EL C. PRESIDENTE: Bien muchas gracias. Una vez
aprobada la dispensa de la lectura se pasa al tercer punto que se refiere a la
correspondencia despachada; en virtud de que fue entregada con oportunidad a
cada uno de los Diputados integrantes de esta Legislatura la relación de la
correspondencia despachada, se solicita a los mismos la dispensa de la lectura,
compañera Diputada sírvase tomar la votación correspondiente.
- LA C.
SECRETARIA: Los Diputados que estén a favor, manifestarse en votación
económica, compañeros, compañeras; 12 votos a favor Diputado Presidente.
Oficios dirigidos al Lic. Alejandro
González Alcocer, Gobernador del Estado de B.C., en el que se envía para su
publicación lo siguiente:
1.- Oficio No. 1412: Decreto No. 300,
mediante el cual se aprueba la ampliación al Presupuesto de Egresos del
Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado, por el ejercicio
fiscal del 2001, por la cantidad de $ 2’533,200 que modifica el presupuesto
asignado en las partidas que se indican.
2.- Oficio No. 1413: Decreto No. 301,
mediante el cual los CC. Lisc. Emilio Castellanos Luján, Sergio Peñuelas Romo y
Marco Antonio López Magaña, no son sujetos al proceso de ratificación, al cargo
de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado
de Baja California
3.- Oficio No. 1414: Decreto No. 302,
mediante el cual no se aprueba la ratificación de la Lic. María Esther Rentería
Ibarra, en el cargo de Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de Justicia
del Poder Judicial del Estado de Baja California.
4.- Oficio No. 1415: Decreto No. 303,
mediante el cual no se aprueba la ratificación del Lic. José Luis Cebreros
Samaniego, en el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de
Justicia del Poder Judicial del Estado de Baja California.
5.- Oficio No. 1416: Decreto No. 304,
mediante el cual no se aprueba la ratificación de la Lic. Olimpia Ángeles
Chacón, en el cargo de Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de Justicia
del Poder Judicial del Estado de Baja California.
6.- Oficio No. 1417: Decreto No. 305,
mediante el cual no se aprueba la ratificación del Lic. Félix Herrera Esquivel,
en el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Poder
Judicial del Estado de Baja California.
7.- Oficio No. 1418: Decreto No. 306,
mediante el cual no se aprueba la ratificación del Lic. José Jesús Espinoza
Orozco, en el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia
del Poder Judicial del Estado de Baja California.
8.- Oficio No. 1419: Decreto No. 307,
mediante el cual no se aprueba la ratificación del Lic. Jaime Rico Jiménez, en
el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Poder
Judicial del Estado de Baja California.
9.- Oficio No. 1420: Decreto No. 308,
mediante el cual no se aprueba la ratificación del Lic. Víctor Manuel Vázquez
Fernández, en el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de
Justicia del Poder Judicial del Estado de Baja California.
10.- Oficio No. 1421: Decreto No. 309,
mediante el cual no se aprueba la ratificación del Lic. Raúl González Arias, en
el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Poder
Judicial del Estado de Baja California.
11.- Oficio No. 1422: Decreto No. 310,
mediante el cual no se aprueba la ratificación del C. Marco Antonio Jiménez
Carrillo, en el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia
del Poder Judicial del Estado de Baja California.
12.- Oficio No. 1423: Decreto No. 311, mediante el cual no se
aprueba la ratificación del Lic. Oscar Valenzuela Ávila, en el cargo de
Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del
Estado de Baja California.
13.- Oficio No. 1424 de fecha 29 de
abril y despachado el 30 del mismo, dirigido al Lic. Carlos Fernández Ruiz,
Coordinador General de Gabinete del Poder Ejecutivo, mediante el cual se
solicita información detallada del Programa de Prioridades Estratégicas del
Gobierno del Estado.
14.- Oficio No. 1425 de fecha 26 de
abril y despachado el 30 de abril, dirigido al C.P. Gerardo Ayala, Síndico
Procurador del H. XVI Ayuntamiento de Mexicali, mediante el cual se envía copia
certificada del Dictamen No. 473, relativo a las Cuentas Públicas de dicho
Ayuntamiento, así como del Acta correspondiente.
15.- Oficio No. 1426 de fecha 26 de
abril y despachado el 30 del mismo, dirigido al Lic. Braulio Gómez Verónica, Contralor General del Estado,
mediante el cual se envía copia certificada de los Dictámenes Nos. 152, 488
relativo a las Cuentas Públicas de dicho Ayuntamiento, así como del Acta
correspondiente.
16.- Oficio No. 1427 de fecha 26 de
abril y despachado el 30 de abril, dirigido al Lic. José Lara García, Síndico
Procurador del H. XVI Ayuntamiento de Tecate, mediante el cual se envía copia
certificada del Dictamen No. 503, relativo a las Cuentas Públicas de dicho
Ayuntamiento, por el ejercicio Fiscal de 1999, así como del Acta
correspondiente.
17.- Oficio No. 1428 de fecha 26 de
abril y despachado el 30 del mismo, dirigido al C. Marco Antonio González
Arenas, Síndico Procurador del H. XVI Ayuntamiento de Tijuana, mediante el cual
se envía copia certificada de los Dictámenes Nos. 148 y 501, relativos a las
Cuentas Públicas de dicho Ayuntamiento, por el ejercicio fiscal de 1998 y 1999
respectivamente.
18.- Oficio No. 1429 de fecha 26 de
abril y despachado el 30 del mismo, dirigido al Dr. Francisco Cota Gómez,
Síndico Procurador del H. XVI Ayuntamiento de Ensenada, mediante el cual se
envía copia certificada del Dictamen
No. 149, relativo a las Cuentas Públicas de dicho Ayuntamiento, por el
ejercicio fiscal de 1998.
19.- Oficio No. 1435 de fecha 26 de
abril y despachado el 30 del mismo, dirigido al C. Manuel Alberto Ochoa
Magallón, Síndico Procurador del H. I Ayuntamiento de Playas de Rosarito,
mediante el cual se envía copia certificadas del Dictamen No. 474, relativo a
las Cuentas Públicas de dicho Ayuntamiento por el Ejercicio Fiscal de 1999.
20.- Oficio No. 1445 de fecha 30 de
abril y despachado el mismo día, dirigido al Mgdo. Emilio Castellanos Luján,
Presidente del Tribunal Superior de Justicia
y del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, mediante
el cual se le informa de la aprobación del dictamen No. 510, de la Comisión de
Hacienda y Administración, relativo a la aprobación de la ampliación al
Presupuesto de Egresos del Tribunal que
preside, por la cantidad de $ 2’ 533,200 M.N.
- EL C.
PRESIDENTE: Bien adelante. Una vez aprobada la dispensa de la lectura tanto de
la correspondencia recibida como la despachada, se pone a disposición de los
ciudadanos Diputados y se pasa al cuarto punto del orden del día, que se
refiere a “Informes de Comisiones para Actos Especiales”, se les pregunta a los
compañeros Diputados sí tienen algún informe que tengan que rendir a esta
Asamblea en relación a Actos Especiales; no hay. Se pasa al quinto punto del
orden del día que se refiere a “Informes o Dictámenes que rinden las Comisiones
Especiales o Permanentes”, se pregunta a los compañeros Presidentes de las
Comisiones Permanentes sí tienen algún dictamen que rendir, la Comisión de
Agricultura tiene un informe que rendir, un dictamen, bien, pues pasamos al
quinto punto y por favor haga uso de la Tribuna para que exponga a la Asamblea
su dictamen.
- EL C. DIP.
AVITIA NALDA: Gracias señor Presidente, con su permiso compañeras Diputadas,
compañeros Diputados, jóvenes estudiantes de la Escuela de Derecho de Tijuana,
bienvenidos a este Recinto Legislativo conjuntamente con sus Maestros. Diputado
Gilberto Flores Muñoz, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado
de Baja California. La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural de la XVI
Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, recibió para su
estudio, análisis que fue turnada por la Presidencia de esta Honorable
Legislatura punto de acuerdo económico presentado por el Diputado Sergio Avitia
Nalda, en la Sesión celebrada el día 5 de abril del año en curso, consistente
en lo siguiente: Primero.- Que esta Soberanía haga del conocimiento del C.
Gobernador del Estado de Baja California Licenciado Alejandro González Alcocer,
su apoyo a la lucha emprendida por los productores de trigo del Distrito
Desarrollo Rural 002 Río Colorado y el Ejecutivo con el fin de que los
productores reciban un pago justo por su cosecha, reconociendo la importancia
que la actividad agropecuaria tienen de desarrollo económico social de nuestra
Entidad. Segundo.- Que se haga un exhorto para que las autoridades del Sector
Agropecuario tanto del orden Federal como Estatal se den a la tarea de
instrumentar un programa para impulsar la organización y la capacitación de los
productores para la producción y la comercialización. Tercero.- Que la
Honorable XVI Legislatura del Estado de Baja California haga llegar al Titular
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación Javier Bernardo Usaviaga Arroyo, copia de este documento
estableciendo el apoyo de esta Soberanía la lucha de los productores de trigo
del Valle de Mexicali para recibir como pago a su cosecha no menos de 2 mil 45
pesos por tonelada de trigo, realizado el análisis correspondiente del punto de
acuerdo económico por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural resultó lo
siguiente; el planteamiento del problema, la Iniciativa de Punto de Acuerdo
Económico plantea el problema que enfrentarán los productores de trigo del
Distrito de Desarrollo Rural 02 Río Colorado, al comercializar la cosecha del
siglo otoño-invierno 2000-2001, producto del bajo precio del trigo del mercado,
con el que no se alcanzará a recuperar ni siquiera la inversión realizada en el
cultivo, se establece en el documento que este problema ha sido recurrente
durante los últimos años, en razón a la apertura de los mercados y a la oferta
que otros países hacen con precios por la tonelada de trigo inferiores a
nuestros costos de producción traduciéndose en una competencia que sí bien no es
ilegal si es desventajosa para los productores de nuestra Región; de igual
manera el documento plantea que además de los altos costos de producción
resultado de la alza del costo de los insumos requeridos en el proceso
productivo, está el hecho de que la cosecha de nuestra Región es la última en
el país y la más lejana de los centros de consumo, por lo que esto representa
una desventaja importante para nuestros productores en relación a las cosechas
levantadas en regiones como Sonora, Sinaloa o en el Bajío, ante esta situación
el problemas de nuestros productores..
- LA C.
SECRETARIA: Diputado Presidente no hay quórum.
- EL C.
PRESIDENTE: Compañero por favor, ah! Pues se instaló con 13.
- LA C.
SECRETARIA: Siga adelante Diputado.
- EL C. DIP.
AVITIA NALDA: Gracias Secretaria, señor Presidente. Ante esta situación el
problema de nuestros productores se circunscribe a la baja rentabilidad de la
actividad, al tener que vender sus productos a un precio de mercado que no les
permite recuperar la inversión realizada en los cultivos y el riesgo económico
que esto implica. El objetivo general del análisis es determinar la procedencia
de los resolutivos establecidos en el punto de acuerdo económico, la motivación
del punto de acuerdo dentro de las actividades agrícolas en nuestra Entidad y
particularmente en el Valle de Mexicali, el cultivo del trigo juega un papel
importante; es el trigo el principal cultivo en el Distrito de Desarrollo Rural
02 Río Colorado en el ciclo otoño-invierno, durante el presente año se tienen
cultivadas 84 mil 188 hectáreas correspondientes al Valle de Mexicali 68 mil
29, de acuerdo a las estadisticas de los ciclos anteriores y a las estimaciones
hechas por la autoridad del sector agropecuario, para este año se espera una
cosecha aproximada de 500 mil toneladas, lo cual representa una derrama
económica muy importante en nuestra Entidad, la rentabilidad requerida por los
campesinos para sostenerse en la actividad es de un 35% y su partimos del
principio de que acuerdo a estudios realizados por los propios productores y
consensados con las autoridades de la Secretaría de Fomento Agropecuario del
Gobierno del Estado que es de 8 mil 473.50 por hectárea y considerando un
promedio de producción de casi 6 toneladas por hectárea, el precio mínimo de venta
del trigo debería de ser de 2 mil 45 pesos por tonelada, la intención de la
iniciativa de punto de acuerdo es que la XVI Legislatura del Estado haga del
conocimiento del Ejecutivo su compromiso y apoyo a la lucha emprendida por los
productores de trigo para que reciban un pago justo por su cosecha y el
reconocimiento a la imporancia que la actividad agropecuaria tiene en el
desarrollo económico y social de nuestra Entidad, asimismo, que se haga un
exhorto a las autoridades del sector agropecuario tanto general como estatal
con el fin de que instrumente un programa para impulsar la organización y la
capacitación de los productores para la producción en la comercialización; el
análisis, el principal problema que enfrenta la actividad agropecuaria en nuestros
días es la comercialización de sus productos, la apertura comecial que se ha dado en nuestro país,
resulta de la liberación de mercados y la globalización, ha obligados en
nuestros productores a competir con productos de importación, en estas
circunstancias nuestros productores se han visto seriamente afectados y en
razón de ello los problemas de comercialización para el trigo producido en esta
región han sido recurrentes durante los últimos años, el cultivo del trigo en
los ciclos de invierno en esta zona es fundamental y representa hasta un 75% de
la superficie sembrada, por esta razón el hecho de que con los precios actuales
de mercado, el grano cosechado no alcanza ni siquiera al costo de producción,
pone en peligro la planta productiva local con los problemas sociales y
económicos consiguientes. En atención a esto los Gobiernos Federal y Estatal
han hecho esfuerzos por subsanar mediante el programa de apoyos el diferencial
existente en los precios del mercado y el punto de equilibrio para hacer rentable
el cultivo del trigo con resultados satisfactorios aunque no definitivos, para
la cosecha de este año la situación en relación a los bajos precios del mercado
no es distinta, e igualmente las instituciones responsables están haciendo su
esfuerzo para instrumentar la aplicación de un programa de apoyos a la
comercialización que resuelva este problema; sin embargo hemos visto que
existen aspectos de organización que difícilmente harán posible el acceso a
estos programas a la generalidad de los productores y además el monto asignado
como apoyo o subsidios es insuficiente para que los campesinos recuperen su
inversión y obtengan alguna utilidad; derivado de lo anterior, los productores
de trigo han sostenido platicas con el Ejecutivo del Estado para buscar se les
apoye con un precio mínimo por tonelada de trigo comercializado de 2 mil 45
como único camino para recuperar su inversión y continuar en la actividad, la
postura del Gobierno al Estado ha sido manifestada en voz del C. Gobernador
Licenciado Alejandro González Alcocer ofreciendo su apoyo para realizar esta
meta, mostrándose solidario en la lucha de los campesinos. Conclusiones:
derivado del análisis de cada uno de los resolutivos establecidos en el punto
de acuerdo referido, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural presenta
para su aprobación el siguiente punto de acuerdo económico: Primero.- Que esta
Soberanía haga del conocimiento del C. Gobernador del Estado de Baja California
Licenciado Alejandro González Alcocer, su apoyo a la lucha emprendido por los
productores de trigo del Distrito de Desarrollo Rural 002 Río Colorado y el
Ejecutivo con el fin de que los productores reciban un pago justo por su
cosecha, reconociéndose la importancia que la actividad agropecuaria tiene el
desarrollo económico y social de nuestra Entidad. Segundo.- Que se haga un
exhorto para que las autoridades del sector agropecuario tanto del orden
federal como estatal, se den a la tarea de instrumentar un programa para
impulsar la organización y capacitación de los productores para la producción y
la comercialización. Tercero.- Que esta Honorable XVI Legislatura del Estado de
Baja California, haga llegar al Titular de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca y
Alimentación Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, copia de este documento
estableciendo el apoyo de esta Soberanía a la lucha de los productores de trigo
del Valle de Mexicali para recibir como pago a su cosecha no menos de 2 mil 45
pesos por tonelada de trigo. Dado en la Sala de Juntas Doctor Francisco Dueñas
Montes el día miércoles 25 de abril del año 2001 a las 18:00 horas Atentamente
Diputado Sergio Avitia Nalda Presidente de la Comisión de Agricultura y
Desarrollo Rural, Diputado Contado Público Delfín Castro Secretario y Diputado
Héctor Baltazar Chipres Vocal; es cuanto señor Presidente.
- EL C. DIP.
GUTIERREZ PICENO: Puedo interpelar al orador.
- EL C.
PRESIDENTE: Sí Adelante compañero, acepta compañero Diputado?
- EL C. DIP.
AVITIA NALDA: Sí adelante Diputado.
- EL C. DIP.
GUTIERREZ PICENO: En este asunto del problema de los productores del trigo año
con año levanta una gran polemica en relación a la sociedad y una gran
preocupación por los productores de trigo y año con año recurren en una serie
de incluso hasta la compra de
instalaciones de dependencias para presionar a las Entidades de Gobierno
Federal y Estatal que procuren encontrar una solución. Yo quisiera preguntarle
aquí al compañero Diputado Sergio Avitia, cuál es la oferta, es decir, la demás
de estos 45 tonelada, cuál es la oferta, hasta dónde y cuál debe ser el
esfuerzo tanto el Gobierno Estatal, Federal.
- EL C. DIP.
AVITIA NALDA: Sí Diputado, sí como no, con su permiso Presidente, compañeros
Diputados; contestandole al Diputado Piceno, efectivamente hace días estuvo por
aquí el Secretario de Agricultura, estuvieron los productores, la asociación de
productores, una comisión productores que estuvieron aquí ya en el Congreso con
el Presidente, está es la espectativa que buscan los productores en base a los
costos de producción; las ofertas que se tienen hasta hoy en la
comercialización, primero es asegurar el 100% de la comercialización del grano,
que va andar por orden de las 500 mil toneladas, lo cual está garantizado, el
segundo es que para los granos del grupo número uno, trigos harineros y del
grupo número cinco se garantiza un pago de los mil 600 pesos por tonelada, para
los trigos del grupo forrajero, motivo fuera de norma, ya que no existe el
trigo forrajero, se garantiza un precio de mil 443 pesos por tonelada, lo cual
es una espectativa muy por debajo de lo que esperaban los productores, sin
embargo se siguen haciendo esfuerzos por parte de los mismos productores, van a
solicitarle al Congreso su apoyo, de hecho lo estamos haciendo nosotros para
buscar algunos mecanismos dentro del presupuesto que tiene el Gobierno del
Estado y el mismo Gobierno de la Federación para apoyar un poco más por
tonelada a los productores; sabemos que la espectativa es mucho más de esto que
se requiere, pero sin embargo bueno se siguen haciendo los esfuerzos, estamos
hablando nosotros que tenemos una diferencia como de 250 pesos por tonelada
más, lo cual prácticamente está implicando dentro del presupuesto federal un
apoyo que anda por el orden de los 130, 140 millones de pesos más, Diputado.
- EL C. PRESIDENTE:
Muy bien, muchas gracias compañero Avitia Nalda, se inicia, se abre el debate,
compañera Diputada Olivia Villalaz Secretaria de esta Mesa Directiva por favor
haga una lista de oradores en contra.
- LA C.
SECRETARIA: Oradores en contra de este punto de acuerdo que presentó el
Diputado Sergio Avitia Nalda; no hay señor Diputado.
- EL C.
PRESIDENTE: Por lo tanto no da lugar a favor, vamos antes de pasar a la
votación, vamos a dar constancia de la presencia de los compañeros Diputados
Arango Pérez José Félix, Fernández Bustamante Edgar Arturo y Gómez Mora Sergio,
muchas gracias por su asistencia compañeros. Entonces, en vista de que no
tenemos oradores en contra, no da lugar a favor, por favor.
- EL C. DIP.
DOMINGUEZ ROCHA: (Desde su curul). Por favor Diputado Presidente tres minutos
nada más para tratar un asunto.
- EL C.
PRESIDENTE: Bien, adelante tres minutos. (Receso 14:00 horas). (Continúa sesión
14:02 horas). Compañeros Diputados por favor ocupar las curules para continuar
con los trabajos de esta Asamblea. Les decíamos que ibamos a entrar a la
votación del punto de acuerdo económico que nos ha presentado la Comisión de
Agricultura y Desarrollo Rural en voz del compañero Sergio Avitia Nalda;
entonces compañera Diputada por favor verifique el sentido del voto de cada uno
de los Diputados presentes en la Asamblea, por vía nominal empezando por el
lado derecho.
- LA C.
SECRETARIA: Compañeros y compañeras Diputadas, favor de emitir el sentido de su
voto por vía nominal, iniciando por la derecha.
- Edgar
Fernández, a favor.
- Raquel
Casillas, a favor.
- Sergio Avitia
Nalda, a favor.
- Gloria
González, a favor.
- Gutiérrez
Piceno David, a favor.
- Ulises Arce,
a favor.
- Martín
Domínguez, a favor.
- Gómez Mora, a
favor.
- Alejandro
Pedrín Márquez, a favor.
- Miguel Delfín
Castro, a favor.
- Molina, a
favor.
- Héctor
Baltazar Chipres, a favor.
- Guillermo
Aguilar Kaiten, a favor.
- EL C.
PRESIDENTE: Algún Diputado faltó de votar; algún Diputado faltó de votar; por
la Mesa Directiva.
- Olivia
Villalaz, a favor.
- José Arango,
a favor.
- Flores Muñoz
Gilberto, a favor.
- LA C.
SECRETARIA: 16 votos a favor Diputado Presidente, cero en contra, cero
abstenciones.
- EL C.
PRESIDENTE: Se aprueba en lo general y en lo particular el punto de acuerdo
económico presentado por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural por 16
votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Una vez aprobado en lo
general y en lo particular, es de aprobarse y se aprueba el punto de acuerdo en
los términos que fue leído por el Diputado Sergio Avitia Nalda. Dado en el
Salón de Sesiones Licenciado Benito Juárez García del Honorable Poder
Legislativo en Sesión Ordinaria a los tres días del mes de mayo del año 2001.
Continuamos con el quinto punto del orden del día que se refiere a los Informes
o Dictámenes, es el único dictamen que presenta la comisión? Bien, entonces,
pasaríamos a asuntos generales que se refiere al sexto punto del orden del día,
entonces iniciaríamos con Iniciativas de Reforma y tenemos en el uso de la voz
el Diputado Guillermo Aguilar kaiten, que presenta Iniciativa que adiciona el
Capítulo Noveno denominado Delitos contra la Salud Pública y Título Primero
Sección I del Libro Segundo del Código Penal del Estado de Baja California,
adelante compañero Kaiten haga uso de la Tribuna.
- EL C. DIP.
AGUILAR KAITEN: Gracias Diputado Presidente, estimados compañeros de la Mesa
Directiva, compañeras Diputadas, compañeros, medios de comunicación, Honorable
Asamblea: En ejercicio de lo
dispuesto por las fracciones primeras de los artículos 27 y 28 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, el
suscrito Guillermo Aguilar Kaiten, Diputado integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, me permito presentar a consideración de esta
Soberanía INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA UN CAPÍTULO IX DENOMINADO “DELITOS
CONTRA LA SALUD PÚBLICA” AL TÍTULO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA DEL LIBRO SEGUNDO
DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, al tenor de la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Uno de los más agudos problemas de la
sociedad mexicana actual es a no dudarlo el de la seguridad pública el cual
involucra toda una concatenación de sucesos desde preventivos, de investigación
criminal, procesamiento, sanción jurisdiccional y cumplimiento de penas.
Abordar la seguridad pública, se ha
vuelto lugar común en los discursos de todos los funcionarios públicos,
particularmente los de elección popular, desde el presidente de la república
hasta los gobernadores de los Estados, presidentes municipales, incluyendo a
los diputados miembros de los Congresos federal y estatales. De este tema no
escapan también organizaciones ciudadanas, sociales, profesionales y
empresariales en quienes invariablemente repercute este problema.
Los informes oficiales constantemente
afirman que México padece una crisis de inseguridad pública, y todos nos
comprometemos a trabajar arduamente para combatir el delito, prevenir sus
causas y propiciar un clima social que
extinga la impunidad, factor criminógeno de primera magnitud. Pero el cumplimiento de esos compromisos no
ha sido satisfactorio porque entre otras deficiencias, nuestro sistema jurídico
es todavía incompleto e inacabado, según explica la presente iniciativa.
Ciertamente la impunidad es alarmante
en nuestro país y particularmente en nuestro Estado. Robos, asaltos, homicidios, lesiones graves son noticia cotidiana
en los medios masivos de comunicación, que regularmente se refieren a la
sangrienta pérdida de vidas humanas mediante
“ejecuciones” o “ajustes de cuentas”, pues la mayoría de los hechos de
sangre guardan relación estrecha con el narcotráfico.
En efecto, el tráfico de narcóticos
genera múltiples delitos cuyos autores pocas veces son descubiertos, detenidos
y sometidos al correspondiente proceso penal. Existe entonces en este ámbito
una gran impunidad que el Estado mexicano aun no ha logrado erradicar.
Delito que no se castiga genera a su
vez nuevos delitos, y uno se agrega al otro hasta formar una cadena de
impunidad que corroe las entrañas de nuestra vida comunitaria. Veamos lo que
bajo el rubro “Narcóticos” asienta el Almanaque Mexicano, editoriales Hechos
Confiables, S.A. de C.V., y Grijalbo, S.A. de C.V., agosto de 2000:
“…LA VIOLENCIA.- El negocio de las
drogas se liga a la violencia. Las ejecuciones y desapariciones de agentes de
la Procuraduría General de la República (PGR) y de narcotraficantes rivales
van en aumento en todo
el país ( principalmente en los estados de la
frontera y centro occidente del país).
Las estadísticas acumuladas al paso de los años son inquietantes. Entre
1993 y 1999 en Ciudad Juárez se registraron 196 desapariciones vinculadas con
la droga. Durante 1999 el estado de
Sinaloa reportó 600 asesinatos por el mismo motivo. En enero del 2000 en Baja
California ocurrieron 22 homicidios relacionados con el narcotráfico… (…) … Una
forma de evaluar el desempeño y la eficacia de las operaciones antinarcóticos
consiste en estimar las cantidades de cocaína que sí pasaron hasta alcanzar a
los consumidores. Desde este punto de
vista, los resultados hasta ahora no han sido realmente eficaces pues en el
mejor de los casos sólo han reducido la oferta ( 22% en 1999 en el caso de la
mariguana ). En otras palabras a pesar de los millonarios esfuerzos que se
hacen para combatir al narcotráfico y
la relativa caída en la producción de mariguana a partir de 1995, la producción
supera considerablemente las cantidades erradicadas o decomisadas. Por otro lado, el gobierno de México no tiene
suficiente capacidad institucional para aplicar las legislaciones
antinarcóticos y establecer una estrategia clara para combatir este problema,
que ilustra la debilidad y corrupción de los sistemas policiaco y judicial y la
pobreza de la población…”
En el agravamiento de este problema
confluyen múltiples y muy complejos aspectos, pero en el ámbito jurídico, uno
de los factores que contribuyen al desquiciante clima de impunidad, es la
creencia generalizada, aunque errónea, de que la investigación, persecución y
sanción de los “delitos contra la salud” corresponde exclusivamente al gobierno
federal por conducto de la Procuraduría General de la República, titular del
Ministerio Público Federal, y a los tribunales del Poder Judicial de la
Federación. Bajo esta creencia que reina inclusive en el ámbito oficial, en
México solo las leyes y autoridades federales se encargan de regular y atender
el tráfico ilícito de narcóticos, tanto el que se manifiesta en gran escala en
los ámbitos nacional e internacional, como el que se lleva a cabo en pequeña
escala, hacia el interior de las ciudades, en las colonias, barrios y pueblos
rurales.
Así entonces, en nuestra realidad
jurídica y práctica son exclusivamente los poderes federales quienes atienden
este problema social, con base en un
argumento poco sólido pero muy extendido y arraigado: ese argumento, dice que
la competencia constitucional para expedir leyes en materia de narcotráfico
corresponde en exclusiva al Poder Legislativo Federal, ( Congreso de la Unión,
) en tanto que los Poderes Legislativos de las entidades federativas (
Congresos de los Estados ) carecen de facultades en la materia. Este argumento,
no obstante, carece de base constitucional.
La Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos constituye la base del ordenamiento jurídico nacional. De ella deriva la competencia de toda
autoridad pública tanto del orden federal como estatal y municipal. Ninguna autoridad posee más facultades que
las derivadas en su favor de la Constitución.
Estos principios de competencia constitucional, siendo ciertos, implican
a la vez que todas las autoridades
deben ejercer en favor de la sociedad no sólo algunas de sus facultades, sino
todas las que les concede la norma fundamental. No hacerlo implica abdicar a sus deberes constitucionales.
Ahora bien, siendo el Estado mexicano
una nación cuya estructura jurídico-política es del tipo federal, la
Constitución prevé la existencia simultánea de poderes federales o centrales y
poderes estatales o locales, y cada uno de ellos posee facultades distintas y
en principio excluyentes. Las que posee el gobierno federal no pueden poseerlas
los Estados, ni las de éstos pueden ser ejercidos por aquél, salvo los casos
excepcionales en que la propia Constitución prevé facultades concurrentes para
ambos órdenes de gobierno.
Este sistema de distribución
competencial entre los poderes del orden federal y del orden local tiene su
piedra angular en el artículo 124 de la Constitución federal el cual reza:
“… las facultades que no están
expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se
entienden reservadas a los Estados.”
Según este precepto, corresponden a los
poderes federales únicamente las facultades que la Constitución les concedió
expresamente, es decir, para que éstos
puedan actuar en cierta materia, es indispensable una disposición expresa en la
norma suprema.
En este punto conviene precisar que
además, las autoridades federales, y particularmente el Congreso de la Unión en
su carácter de legislador federal, poseen las facultades implícitas que por
virtud del artículo 73 fracción XXX de la propia Constitución derivan de las
expresas. Esta disposición autoriza al
Congreso federal:
“…Para expedir todas las leyes que sean
necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las
otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión.”
Este
dispositivo se refiere a las facultades que la doctrina jurídica ha denominado
“implícitas” por no estar incluidas de manera expresa en la norma suprema, pero
que por su naturaleza derivan de las facultades expresas, de tal manera que
éstas, sin aquéllas, serían letra muerta. En tal virtud, y dejando pendiente
aún el tema de las facultades concurrentes, es válido decir que son facultades
federales todas las que la Constitución concedió expresa o implícitamente a las
autoridades públicas de ese orden de gobierno.
Pero tratándose
de los gobiernos de las entidades federativas, éstos pueden actuar conforme a
la Constitución en todos los asuntos
públicos no concedidos expresamente “… a los funcionarios federales,…” según
reza el 124. Para que los Estados posean las facultades no concedidas
expresamente a los poderes federales, no hay necesidad de que la Constitución
federal contenga una enumeración expresa como ocurre con las facultades del
gobierno federal. Ese no es el sistema de nuestra Constitución, sino el que
prevé el artículo 124, en cuya virtud los Estados son titulares de todas las facultades que ellos mismos se
reservaron al celebrar el pacto federal, no concediéndolas expresamente al
gobierno federal. Facultades
reservadas para los Estados y facultades expresas para el gobierno federal, ese
es el sistema de nuestra Constitución.
Pero la
Constitución mexicana prevé además, por excepción, que en algunas materias
puedan actuar válidamente tanto los poderes de los Estados como los poderes
federales. En estos casos ambos órdenes de gobiernos pueden expedir leyes a
través de sus respectivos Congresos, titulares del poder legislativo en cada
uno de ellos. Esas materias son la relacionada
con los asentamientos humanos ( artículo 27 fracción VII y 73 fracción XXIX-c
), el combate al alcoholismo ( artículo 117 párrafo final ), la educación (
artículo 3o. fracción VIII ), la
protección al medio ambiente ( artículo 73 fracción XXIX-G ), la protección
civil (artículo 73 fracción XXIX-I ),
el deporte ( artículo 73 fracción XXIX-J ) y la seguridad pública
(artículos 21 párrafo quinto y 73 fracción XXIII ).
En el caso que
interesa a la presente iniciativa, adquieren relevancia las facultades
concurrentes de que gozan los gobiernos de los Estados y el gobierno federal en
materia de seguridad pública, conforme a los artículos 21 párrafo quinto y 73
fracción XXIII de la Constitución.
Para reforzar esta idea conviene recordar que el derecho penal es a no
dudarlo, uno de los instrumentos de que se vale el Estado para preservar la
seguridad de los individuos en lo personal y de la sociedad en su
conjunto. Y si a esto agregamos que no
existe disposición expresa que conceda
en exclusiva al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia
de delitos contra la salud, ni la de combatir el tráfico ilícito de narcóticos,
es plenamente válido concluir que las leyes en esta materia pueden ser
expedidas por los Congresos de los Estados, además de las que ha puesto
en vigor el Congreso de la Unión.
Para reforzar
este argumento observemos que la facultad de legislar en materia penal
desciende en favor del Congreso de la Unión precisamente de los artículos 21
párrafo quinto y 73 fracción XXIII de la norma suprema, pero esos preceptos no
establecen únicamente facultades del orden federal, sino que además conceden dichas facultades a los
gobiernos de los Estados. Y si a esto
agregamos que la fracción XXI del
artículo 73 concede al Congreso federal facultades en materia penal únicamente
“…para establecer los delitos y faltas contra la federación…,” no podrá entonces dudarse que los preceptos
arriba invocados son los que facultan a dicho órgano legislativo para legislar
con mayor amplitud en materia penal. Existen pues, facultades concurrentes en
materia penal, y no facultades exclusivas en favor de los poderes
federales. En tal virtud no hay razón
constitucional para que únicamente el Congreso de la Unión expida leyes en la
materia penal referente a los delitos contra la salud, porque bajo el rubro
“seguridad pública” los artículos 21 y 73 fracción XXIII otorgan competencia en materia penal (
excepción hecha de los delitos contra la federación ) tanto a los poderes
federales como a los poderes de las entidades federativas. Se trata pues, de una materia en que existen
facultades concurrentes para los gobiernos de los Estados y el gobierno
federal, y ambos pueden ejercerlas de manera simultánea. El destacado jurista
Jorge Carpizo, también ex titular de la Procuraduría General de la República ha
sostenido que el estado federal mexicano se fundamenta en principios dentro de
los cuales existe una división de la competencia entre la federación y las
entidades federativas así como una coincidencia de decisiones fundamentales.
Bajo esta tesitura, si atendemos a los razonamientos expuestos dentro de este
punto y acudimos a la lógica jurídica por encima de la cultura generalizada en
materia de concurrencia legislativa y facultades exclusivas, será posible desprender
que: La facultad para legislar en materia de delitos contra la salud no esta
expresamente concedida por nuestra constitución a los funcionares federales,
consecuentemente los estados podremos reservarnos en la legislación dichas
competencias siempre en franca armonía, coherencia y respeto a nuestra carta
fundamental. Ahora bien, la creencia generalizada de que únicamente el gobierno
federal es competente para establecer a través del Congreso de la Unión delitos
contra la salud, ha provocado que en la realidad práctica el Congreso del
Estado de Baja California, al igual que
los poderes legislativos de todas las demás entidades federativas que conforman
el Estado mexicano, se hayan abstenido de legislar en esta materia. Esta ausencia legislativa ha neutralizado a
los poderes locales, y provocado que la Procuraduría General de Justicia de
Baja California repetidamente se declare incompetente frente a hechos reales y
antisociales que configuran ese tipo de ilícitos que afectan la seguridad
interior del estado, corrompen su sistema de seguridad y por efectos se turnen
las investigaciones, declinando competencias locales hacía la Procuraduría
General de la República. Pero en los
hechos ese mecanismo es insuficiente porque en nuestro medio el Ministerio Público
Federal no cuenta con personal suficiente para investigar todos los ilícitos
que constantemente se cometen en materia de tráfico de narcóticos, ni para
sostener las acusaciones ante los jueces federales. La falta de leyes del orden local en esta materia, también
redunda en que las corporaciones policíacas del Estado y las municipales, no
atienden este tipo de hechos delictivos
por considerarlos ajenos a su competencia.
En los hechos sociales, políticos y jurídicos, en la realidad cotidiana,
esta situación mantiene a la sociedad en grave
indefensión ante un comercio ilícito que, en pequeña escala, al menudeo,
ha proliferado en las poblaciones de Baja California, sin que autoridad alguna
se avoque de manera directa y eficaz a su control y a su combate. Esta carencia
de leyes locales, mantiene tanto al Ministerio Público del Fuero Común a cargo
de la Procuraduría General de Justicia del Estado, como a las autoridades del
orden municipal y sus corporaciones policíacas, al igual que a los tribunales
del Poder Judicial del Estado, en la imposibilidad de conocer con atribuciones propias, y no como meros
auxiliares de las autoridades federales, de los hechos delictivos que
constantemente ocurren en las calles y barrios de nuestras ciudades,
anomalía que rinde provecho, impunidad y grandes ganancias a los
distribuidores de narcóticos. La
incompetencia legal de las autoridades municipales y estatales para investigar
y sancionar estos hechos delictivos, y
la notoria insuficiencia de las autoridades federales en la materia,
favorecen el ejercicio abierto de estos ilícitos casi ante los ojos del
público, en las escuelas, en las calles, en las “tienditas” que proliferan en nuestras ciudades, y cuya
existencia y operación conoce la mayoría de la población. Conviene precisar que
esta iniciativa no pretende desplazar la competencia de las autoridades
federales en la materia, sino por el contrario, asume que al existir, además de
las leyes federales, leyes penales del orden local que puedan aplicar
válidamente los tribunales del Estado,
habrá verdaderas condiciones de equidad y suma de esfuerzos para que los
poderes públicos del Estado coordinen sus
actividades con los poderes federales en materia de seguridad pública,
tal como ordenan el artículo 21 y la fracción XXIII del artículo 73 de la Carta
magna. Los poderes del Estado, con la colaboración estrecha de las autoridades
municipales podrán combatir con facultades propias el tráfico de narcóticos al
menos en pequeña escala. Este tipo de comercio ilícito, no por pequeño es menos
trascendente; es muy grave porque lastima de manera directa a las familias, en
los barrios, colonias, fraccionamientos y demás centros de población de Baja
California. Esta iniciativa, tampoco
pretende inventar tipos penales novedosos, sino recoger la experiencia
acumulada por el Ministerio Público Federal y los tribunales del Poder Judicial
de la Federación, que por muchos años han ejercido de manera exclusiva la
competencia en esta materia. Por lo
anterior, se propone adicionar un capítulo IX denominado “Delitos Contra la
Salud Pública” al Título Primero, Sección Primera del Libro Segundo del Código
Penal del Estado. La iniciativa propone que los tipos penales queden redactados
en los mismos términos que prevé actualmente el Código Penal Federal,
cambiando únicamente lo indispensable.
Esta medida permitirá que la Procuraduría General de Justicia de Baja
California y los jueces del orden penal del Poder Judicial del Estado,
aprovechen la abundante jurisprudencia que en la materia ha sido establecida
por los Tribunales de la Federación. La iniciativa propone mantener las mismas
remisiones a la Ley General de Salud que actualmente contiene el Código Penal
Federal. Estas remisiones no son
extrañas a nuestro sistema jurídico,
pues existen múltiples casos
de leyes locales que toman como normas
complementarias las contenidas en leyes federales relacionadas con la materia,
lo que también ocurre a la inversa, pues múltiples leyes federales se
complementan con disposiciones contenidas en las leyes del orden estatal. Por
cuanto a las reglas de técnica legislativa de la presente propuesta, hemos
considerado necesario subordinar los términos
BIS, TER y subsecuentes por la mención del precepto ordenado cuantitativa
y progresivamente por letras de abecedario, cuyo uso dentro de la práctica
legislativa permite una mejor ordenación de las disposiciones. Es
por todo lo anterior y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 114
fracción II y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Baja California, que se
presenta: INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA UN CAPÍTULO IX DENOMINADO “DELITOS
CONTRA LA SALUD PÚBLICA” AL TÍTULO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA, LIBRO SEGUNDO DEL
CÓDIGO PENAL DEL ESTADO, QUE
COMPRENDERÁ LOS ARTÍCULOS 160-A, 160-B,
160-C, 160-D, 160-E, 160-F, 160-G, 160-H Y 160-I, PARA QUEDAR VIGENTE COMO SIGUE: ARTICULO ÚNICO.- Se
adiciona un capítulo IX denominado “Delitos contra la Salud Pública” al Título
Primero, Sección Primera, Libro Segundo del Código Penal del Estado, que comprenderá los artículos 160-A,
160-B, 160-C, 160-D, 160-E,
160-F, 160-G, 160-H y 160-I, cuyo texto es el siguiente: CAPITULO IX,
DELITOS CONTRA LA SALUD PUBLICA. De la producción, tenencia, tráfico,
proselitismo, y otros actos en materia de narcóticos. Artículo 160-A.- Se
consideran narcóticos a los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o
vegetales que determinen la Ley General de Salud, los convenios y tratados
internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las
demás disposiciones legales aplicables en la materia.
Para los
efectos de este capítulo, son punibles las conductas que se relacionan con los
estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias previstos en los artículos 237, 245, fracciones I, II
y III y 248 de la Ley General de Salud, que constituyen un problema grave para
la salud pública. El juzgador, al individualizar la pena o la medida de
seguridad a imponer por la comisión de algún delito previsto en este capítulo,
tomará en cuenta, además de lo establecido en el artículo 69, la cantidad y la
especie de narcótico de que se trate,
asi como la menor o mayor lesión o puesta en peligro de la salud pública
y las condiciones personales del autor o partícipe del hecho o la reincidencia
en su caso. Los narcóticos empleados en la comisión de los delitos a que se
refiere este capítulo, se pondrán a disposición de la autoridad sanitaria, la
que procederá de acuerdo con las disposiciones o leyes de la materia a su
aprovechamiento lícito o a su destrucción. Tratándose de instrumentos o
vehículos utilizados para cometer los delitos considerados en este capítulo,
así como de objetos y productos de esos delitos, cualquiera que sea la
naturaleza de dichos bienes se estará a lo dispuesto en los artículos 62, 63 y
64 de este código. ARTICULO 160-B.-
Se impondrá prisión de diez a veinticinco años, y de cien hasta
quinientos dias multa al que: I.- Produzca, transporte, trafique, comercie,
suministre aun gratuitamente o prescriba alguno de los narcóticos señalados en
el artículo anterior, sin la autorización correspondiente a que se refiere la
Ley General de Salud; Para los efectos de esta fracción, por conducir se
entiende: manufacturar, fabricar,
elaborar, preparar o acondicionr algún narcótico, y por comerciar: vender, comprar, adquirir o enajenar algún
narcótico; II.- Introduzca o extraiga del Estado alguno de los narcóticos
comprendidos en el artículo anterior, aunque fuere en forma momentánea o en
tránsito; Si la introducción o
extracción a que se refiere esta fracción no llegare a consumarse, pero de los
actos realizados se desprenda claramente que ésa era la finalidad del agente,
la pena aplicable será de hasta dos terceras partes de la prevista en el
presente artículo; III.- Aporte recursos económicos o de cualquier
especie, o colabore de cualquier manera al financiamiento, supervisión o
fomento para posibilitar la ejecución de alguno de los delitos a que se refiere
este capítulo, y IV.- Realice actos de publicidad o propaganda para que se
consuma cualquiera de las sustancias comprendidas en el artículo anterior. Las
mismas penas previstas en este artículo y, además, privación del cargo o
comisión e inhabilitación para ocupar otro hasta por cinco años, se impondrán
al servidor público que en ejercicio de sus funciones o aprovechando su cargo,
permita, autorice o tolere cualesquiera de las conductas señaladas en este
artículo. ARTICULO 160-C.- Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de
cien a trescientos cincuenta dias multa, al que posea alguno de los narcóticos
señalados en el artículo 160-A, sin la autorización correspondiente a que se
refiere la Ley General de Salud, siempre y cuando esa posesión sea con la
finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en el artículo 160-B.
No se procederá en contra de quien, no siendo farmacodependiente se le
encuentre en posesión de alguno de los narcóticos señalados en el artículo
160-A, por una sola vez y en cantidad tal que pueda presumirse que está
destinada a su consumo personal. No se procederá por la simple posesión de
medicamentos, previstos entre los narcóticos
a los que se refiere el artículo 160-A, cuya venta al público se
encuentre supeditada a requisitos especiales de adquisición, cuando por su naturaleza
y cantidad dichos medicamentos sean los necesarios para el tratamiento de la
persona que los posea o de otras personas sujetas a la custodia o asistencia de
quien los tiene en su poder. ARTICULO
160-D.- Cuando la posesión o transporte, por la cantidad como por las
demás circunstancias del hecho, no pueda considerarse destinada a realizar
alguna de las conductas a que se refiere el artículo 160-B de este Código y no
se trate de un miembro de una asociación delictuosa, se aplicarán las penas
previstas en el Apéndice del presente artículo. Si el narcótico no se encuentra comprendido en las citadas tablas
de penalidades, se aplicará hasta la mitad de las penas señaladas en el
artículo anterior. ARTICULO l60-E.- Las
penas que en su caso resulten aplicables por los delitos previstos en el artículo
160-B, serán aumentadas en una mitad, cuando:
I.- Se cometa por servidores públicos encargados de prevenir, denunciar
investigar o juzgar la comisión de los delitos contra la salud o por un miembro
de las corporaciones policíacas del Estado o municipales en situación de
retiro, de reserva o en activo. En este
caso, se impondrá a dichos servidores públicos además, suspensión para
desempeñar cargo o comisión en el servicio público, hasta por cinco años, o destitución,
e inhabilitación hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.
Si se trata de un miembro de las corporaciones policíacas del Estado o
municipales en cualquiera de las situaciones mencionadas se le impondrá, además
la baja definitiva y se le inhabilitará
hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta, para desempeñar
cargo o comisión públicos en su caso;
II.- La víctima fuere menor de edad o incapacitada para comprender la
relevancia de la conducta o para resistir al agente; III.- Se utilice a menores
de edad o incapaces para cometer cualesquiera de esos delitos; IV.- Se cometa
en centros educativos, asistenciales, policiales, o de reclusión, o en sus
inmediaciones con quienes a ellos acudan; V.- La conducta sea realizada por
profesionistas, técnicos, auxiliares o personal relacionado con las disciplinas
de la salud en cualquiera de sus ramas y se valgan de esa situación, para
cometerlos. En este caso se impondrá,
además, suspensión de derechos o funciones para el ejercicio profesional u
oficio hasta por cinco años e inhabilitación hasta por un tiempo equivalente al
de la prisión impuesta; VI.- El agente
determine a otra persona a cometer algún delito de los previstos en el artículo
160-B, aprovechando el ascendiente familiar o moral, o la autoridad o jerarquía
que tenga sobre ella, y VII.- Se trate del propietario, poseedor, arrendatario
o usufructuario de un establecimiento de cualquier naturaleza y lo empleare
para realizar algunos de los delitos previstos en este capítulo o permitiere su
realización a terceros. En este caso
además, se clausurará en definitiva el establecimiento. ARTICULO 160-F.- Se impondrá de cinco a quince años
de prisión y de cien a trescientos días multa, así como decomiso de los
instrumentos, objetos y productos del delito, al que desvíe o por cualquier
medio contribuya a desviar precursores químicos, productos químicos esenciales
o máquinas, al cultivo, extracción, producción, preparación o acondicionamiento
de narcóticos en cualquiera forma prohibida por la ley. La misma pena de prisión
y multa, así como la inhabilitación para ocupar cualquier empleo, cargo o
comisión públicos hasta por cinco años, se impondrá al servidor público que, en
ejercicio de sus funciones, permita o autorice cualquiera de las conductas
comprendidas en este artículo. Son precursores químicos, productos químicos
esenciales y máquinas los definidos en la ley de la materia. ARTICULO 160-G.-
Al que, sin mediar prescripción de médico legalmente autorizado, administre a
otra persona, sea por inyección, inhalación, ingestión o por cualquier otro
medio, algún narcótico a que se refiere el artículo 160-A, se le impondrá de
tres a nueve años de prisión y de sesenta a ciento ochenta días multa,
cualquiera que fue la cantidad administrada. Las penas se aumentarán hasta en una
mitad más si la víctima fuera menor de edad o incapaz para comprender la
relevancia de la conducta o para resistir al agente. Al que indebidamente
suministre gratis o prescriba a un tercero, mayor de edad, algún narcótico
mencionado en el artículo 160-A, para su uso personal e inmediato, se le
impondrá de dos a seis años de prisión y de cuarenta a ciento veinte días
multa. Si quien lo adquiere es menor de edad o incapaz, las penas se aumentarán
hasta en una mitad. Las mismas penas del párrafo anterior se impondrán al que
induzca o auxilie a otro para que consuma cualquiera de los narcóticos
señalados en el artículo 160-A. ARTICULO 160-H.- Al que dedicándose como
actividad principal a las labores propias del campo, siembre, cultive o coseche
plantas de marihuana, amapola, hongos alucinógenos, peyote o cualquier otro
vegetal que produzca efectos similares, por cuenta propia, o con financiamiento
de terceros, cuando en él concurran escasa instrucción y extrema necesidad
económica, se le impondrá prisión de uno a seis años. Igual pena se impondrá al
que en un predio de su propiedad, tenencia o posesión, consienta la siembra, el
cultivo o la cosecha de dichas plantas en circunstancias similares a la
hipótesis anterior. Si en las conductas descritas en los dos párrafos
anteriores no concurren las circunstancias que en ellos se precisan, la pena
será de hasta las dos terceras partes de la prevista en el artículo 160-B,
siempre y cuando la siembra, cultivo o cosecha se hagan con la finalidad de
realizar alguna de las conductas previstas en las fracciones I y II de dicho
artículo. Si falta esa finalidad, la
pena será de dos a ocho años de prisión. Si el delito fuere cometido por
servidor público de alguna corporación policial, se le impondrá, además, la
destitución del empleo, cargo o comisión públicos y se le inhabilitará de uno a
cinco años para desempeñar otro. ARTICULO 160-I.- Al farmacodependiente que
posea para su estricto consumo personal
algún narcótico de los señalados en el artículo 160-A no se le aplicará pena alguna.
El Ministerio Público o la autoridad judicial del conocimiento tan
pronto como se enteren en algún procedimiento de que una persona relacionada
con él es farmacodependiente deberán informar de inmediato a las autoridades
sanitarias, para los efectos del tratamiento que corresponda. Todo procesado o
sentenciado que sea farmacodependiente quedará sujeto a tratamiento. Para la concesión de la condena condicional o del
beneficio de la libertad preparatoria, cuando procedan, no se considerará como
antecedente de mala conducta el relativo a la farmacodependencia, pero sí se
exigirá en todo caso que el sentenciado se someta al tratamiento adecuado para
su curación bajo vigilancia de la autoridad ejecutora. TRANSITORIOS: ARTICULO
ÚNICO.- Este decreto entrará en vigor a los 180 días después de su publicación
en el Periódico Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Baja
California. DADO EN EL SALÓN DE
SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN LA CIUDAD DE
MEXICALI, A LOS 3 DIAS DE MAYO DEL 2001.
- Solicito que
se pasa al Diario de los Debates íntegro y lo único que solicitaría es una
versión por parte de la Universidad Autónoma de Baja California, donde está
dictaminando a favor la iniciativa y que por parte de la Facultad de Derecho es
una opinión -.
- EL C.
PRESIDENTE: Se la vamos hacer llegar a la Comisión de Legislación.
- EL C. DIP.
AGUILAR KAITEN: Así es, que también solicitaría que se expusiera dentro del
Diario de los Debates, gracias señor Presidente.
“UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA. FACULTAD DE DERECHO MEXICALI. COORDINACION DE
DERECHO CONSTITUCIONAL. CENTRO DE INFORMACION JURIDICA. M.C.AURORA DE LA
CONCEPCION LACAVEZ BERUMEN. Directora de la Facultad de Derecho. Presente.-
En respuesta a
su oficio de 19 de los corrientes en que nos pide opinar sobre la Iniciativa
presentada por Guillermo Aguilar Kaiten, congresista de la Honorable
Legislatura Constitucional de Baja California para adicionar al Código Penal
del Estado un capítulo “Delitos contra la salud”, similar al que contiene el
Código Penal Federal, hemos leído acuciosamente la iniciativa y tenemos a bien
emitir la presente opinión. Abordamos únicamente los aspectos constitucionales
de la iniciativa, que son lo que ignoramos menos, y dejamos a los profesores del
área de Ciencias Penales la que atañe a las cuestiones en que ellos son
versados. Hecha esta salvedad tenemos a bien emitir la siguiente: Opinón: 1º.
La iniciativa invoca una sólida argumentación de carácter constitucional, pues
en efecto, en México únicamente las leyes federales se ocupan de los delitos
contra la salud, asumiendo erróneamente que los Estados carecen de competencia
en esa materia. Una larga tradición política fomentó la idea de que todo lo que
sea muy relevante para la vida pública, debe estar en manos del gobierno
federal. La iniciativa tiene el mérito de contribuir para corregir esa errónea
visión de la realidad. 2º. Esta lamentable situación ha dejado exclusivamente
en manos del gobierno federal, por conducto de la Procuraduría General de la
República y los Tribunales Federales, la persecusión y sanción de estos
delitos, que tanto afectan las entrañas de la sociedad. Los gobiernos
municipales y los gobiernos de los Estados se encuentran atados de manos, como
explica la iniciativa, y la sociedad aparece inerme ante la agresión de los vendederos y distribuidores
de droga al menudeo, que pululan por doquier. 3º. Es por eso necesario que los
Congresos de los Estados asumen sus facultades y expidan leyes para actuar en
materia de delitos contra la salud, lo que no implicará violación alguna al
pacto federal. Por el contrario, si la Constitución Federal no concedió
expresamente esa materia al Congreso Federal, se entiende que lo reservó a
favor de los Congresos de los Estados, según la regla básica del conocido
artículo 124 de la Carta Fundamental. En este punto la iniciativa presenta una
argumentación adecuada, y asienta que no pretende disputarle atribuciones a los
poderes federales, sino apoyarse en el sistema de facultades concurrentes, es
decir, aquellas que pueden ejercer simultáneamente los poderes federales y los
poderes de los Estados. La iniciativa plantea un sistema de colaboración que
podría resultar muy saludable. 4º. Lo peor que podría pasar en caso de que el
Congreso de Baja California apruebe esta iniciativa es que las autoridades
federales, celosas de las parcelas de poder que les ha entregado la tradición
política mexicana, no la vieron con buenos ojos. En ese caso podrían plantear
ante la Suprema Corte una controversia constitucional, que lejos de ser
perjudicial, sería muy saludable porque arrojaría luz en este punto que tanto
lastima a la sociedad mexicana. De lo que no se puede dudar es de la razón que
subyace en la iniciativa: el gobierno federal no tiene capacidad para combatir
el comercio ilícito de la droga al menudeo. Los hechos sociales que la prensa
publicita diariamente exigen la acción de los poderes locales con facultades
propias, y no como meros “colaboradores” del gobierno federal. Esta es una
necesidad social imperiosa. Por lo anterior tenemos a bien pedirle sea Usted el
amable conducto para que esta opinión llegue al autor de la iniciativa, al
Congreso del Estado, o a quien se considere pertinente. Mexicali, Baja
California a 20 de febrero de 2001. Lic. Daniel Solorio Ramírez, Coordinador
del Area de Derecho Constitucional. Dra. María Candelaria Pelayo Torres,
Coordinadora del Centro de Información Jurídica.”
- EL C.
PRESIDENTE: Antes de continuar con la sesión damos constancia de la presencia
del compañero Diputado David Ruvalcaba Flores, bienvenido joven. Muy bien,
muchas gracias, le informo que esta iniciativa junto con las opiniones verdad,
vamos a turnarlas a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales,
también vamos a solicitar que el Oficial Mayor garantice que todo el contenido
de su iniciativa y los anexos y las opiniones se incluyan totalmente en el
Diario de los Debates de este día, muchas gracias; también damos constancia que
se ha entregado junto con un discket, con un cidi. Entonces pasaríamos en el
mismo tema de asuntos generales, a puntos de acuerdo, le voy a pedir a mi
compañero Diputado Arango Pérez que ocupe la Presidencia en tanto doy lectura a
nuestro punto de acuerdo.
- EL C. DIP.
FLORES MUÑOZ: Bien. El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática por mi conducto presenta el siguiente punto de acuerdo que se
refiere a los supuestos actos de espionaje político llevados a cabo por el
Ejecutivo del Estado. Compañeras Diputadas, compañeros Diputados, respetable
concurrencia. Durante la semana del 22 al 28 de abril un tema que
recurrentemente acaparó la atención se refiere a la denuncia respecto de la
existencia de una unidad de información y análisis del Ejecutivo del Estado, la
cual depende directamente de la Secretaría General de Gobierno. La denuncia.
Conforme a la denuncia periodística el Ejecutivo del Estado estaría realizando
distintos tipos de actividades de espionaje como por ejemplo identificación de
líderes sociales y políticos mediante fichas, colocación de microfonos en
oficinas públicas, el Congreso entre otras, e intervención de teléfonos, a
decir de los denunciantes, la Secretaría General habría contratado personal y
obtenido equipos sofisticado y dispuesto un inmueble en la ciudad de Tijuana,
esta denuncia habiendo aparecido originalmente en el Semanario Siete días del
viernes 20 de abril podría no haber tenido mayor trascendencia si la prensa
estatal especialmente el Diario el Mexicano no la hubiera hecho suya íntegra,
al reproducir el martes siguiente y convirtiendola en su nota principal de la
semana, tanto por la atención y el seguimiento como el espacio que le dio,
todavía el viernes 27 el Mexicano le dedicó dos planas en esta publicación se
mostraban plantillas, probablemente hechas en acses o paradox, equivalentes a
un sistema de fichas personales de dirigentes sociales, críticos del Gobierno,
la impresión que deja la publicación de esas gráficas es que existe una basta
de base de datos de identificación personal y política y de seguimiento de las
actividades de los elegidos. Segundo, la respuesta, la respuesta dada por
representantes del Ejecutivo y personas involcuradas se orientaron a negar que
existiera espionaje y que todo lo que al respecto se hace es regular y en el
marco de la ley, en un boletín de prensa girado por la Secretaría General de
Gobierno se dice, entre comillado, es una total y gigantesca mentira, no es
cierto que se realice espionaje, no es cierto que tengamos unidades móviles, no
es cierto que tengamos equipo similar al del grupo de antisecuestros de la
policía ministerial, no es cierto que estemos trabajando fuera del presupuesto;
en otro medio se aseguró también entre comillado, tampoco es verdad que se
tiene una base de datos sobre líderes sociales y políticos, desde el Ejecutivo
del Estado se respondió negando los hechos y justificando la existencia de la
unidad de análisis, pero sin aceptar que pudiera dedicarse a actividades de
espionaje, el Secretario General de Gobierno Jorge Ramos calificó de la
denuncia periodistica como un chisme cuya intención es enrarecer el proceso
electoral, comprometiéndose a identificar la persona responsable de la
filtración de la información y aclarar plenamente las cosas. Tercero, el
análisis, la necesidad de contar con información, en el análisis de este asunto
debemos partir de lo más simple, toda persona físico moral, que tenga necesidad
de tomar decisiones debe hacer uso de su inteligencia, esto es más cierto,
cuando se trata de analizar distintos escenarios y avisorar el futuro, las
grandes empresas como parte de un principio de administración mantienen sus
estructuras, elementos de organización que representan su brazo inteligente, en
algunos casos se trata de un verdadero sistema de información, este sistema
resulta de gran utilidad para analizar el comportamiento de los mercados,
oferta, demanda, precios etc., estudiar a los competidores, diseñar nuevos
productos y su ciclo de vida, cuando las empresas cruzan la tenua línea que
existe entre obtener información con datos existentes, o generandola directamente
a través de encuestas o sondeos y en el marco de la ley y pasan a la práctica
del soborno a altos funcionarios o empleados claves y hasta espionaje
industrial y comercial, estamos ante otro fenómeno, se trata de una verdadera
declarción de guerra comercial y de comprobarse puede ser penado, en el caso de
los Gobiernos, al nivel que sea, es evidente que no pueden adoptar las mejores
políticas púbicas y operadas adecuadamente si no cuentan con información de lo
que acontece o puede acontecer en su jurisdicción
y en muchos casos hasta fuera de la misma, mucha de la información requerida
por los gobiernos, para operar adecuadamente puede ser obtenida por métodos y
medios que no difieren mucho de la investigación, sistematización y evaluación
que se realiza en un centro de estudios academicos, por eso en ocasiones
resulta más rentable convenir o contratar con instituciones educativas, sin
embargo, para nadie es desconocido el valor e importancia de las informaciones
secretas, respecto de la seguridad y la sobrevivencia político o material de
quien la posee y la utiliza, es claro, que la información secreta no puede
obtenerse por medios similares a los academicos, aquí se requieren otros medios
técnicos, otros métodos y personal especializado y capacitado para ese tipo de
tareas, en esta categoría suele ubicarse lo que se le denomina espionaje. B, de
qué hablamos, a fin de saber de qué estamos hablando se hace necesario precisar
de qué hablamos cuando nos referimos a los conceptos de espionaje e inteligencia,
al respecto, la primera pregunta es, qué es un espía, para entes diccionario,
el término de espía puede tener las siguientes excepciones, 1. Un agente
empleado por un Estado para obtener información secreta, especialmente en
naturaleza militar, relacionada con sus enemigos actuales o potenciales. 2. Una
persona empleada por una compañía para obtener información confidencial acerca
de sus competidores. 3. Que aquel quien de manera secreta mantiene bajo
vigilancia a otros u otros, se espía para, a) observar secretamente con
intentos hóstiles, b) descubrir cosas que interese mediante la información
cuidadosa y c) realizar una
investigación cuidadosa, los primeros espías se citan en la Biblia, señalando a
los emisarios de Josue que fueron designados para que reconocieran el terreno
que se encontraba detrás de las murallas de Jericó ante de que fuera tomado por
los Hebreos, consecuentemente el mismo diccionario reconoce que el espionaje es
el acto o práctica de espiar o de utilizar espías para obtener información
secreta, bien sea de otros gobiernos o competidos en caso de empresas, nos
encontramos en condiciones de preguntarnos, qué es la inteligencia, sus
excepciones son muy diversas y van desde la capacidad para adquirir
conocimiento hasta su reconocimiento por parte de la teología como la primera y
eterna cualidad de Dios, es el tema que nos ocupa por inteligencia se entiende
información secreta, especialmente acerca de un enemigo actual o potencial, una
agencia, un staf o una oficina dedicada a obtener tal información, agentes de
espionaje, organización y actividades consideradas en grupo, la producción
clásica de inteligencia se constriñe a la acumulación, proceso y análisis de
información, desde esta perspectiva una unidad de inteligencia no sería otra cosa
que un grupo de personas especializadas, cuya función es la producción de
inteligencia, esto es acumular, procesar, analizar y evaluar información, se
trata del brazo inteligente de los Ejecutivos, bien se trate de los Gobiernos o
bien de las Empresas, debemos reconocer que la acumulación de información en
forma no provocativa, ni ilegal es una función necesaria y legítima del Estado,
estas unidades analíticas y técnicas realizan un trabajo valioso en
proporcionar a los planeadores de la política a la mejor idea posible de lo que
está sucediendo en su ámbito y su trabajo se aproxima más a la investigación
academica que al espionaje, la materia prima de esta producción puede provenir
de dos fuentes, aquellos de naturaleza abierta y legal y b) a partir de operaciones
en cubiertas, sin embargo, cuando se incluyen estas últimas fuentes estamos
ante un caso típico de inteligencia orientado al espionaje, una vez creado este
tipo de aparatos dedicados al espionaje queda en manos de los agentes quienes
no quieren que se les controle, ni juzgue, y puede resistir cualquier
iniciativa que vaya en ese sentido, por lo general se trata de pesonas a quienes les gusta su trabajo,
creen tener derecho a mentir, pues se les ha educado y adiestrado en esa idea,
están convencidos que mentir es parte de la protección de la seguridad del
Estado y la estabilidad, en ese contexto vale preguntar, cómo saber sí la
unidad de análisis del Gobierno del Estado no está realizando operaciones que
vayan más allá del tratamiento de la información obtenida en fuentes abiertas,
esto es que tal unidad no tiene una unidad de operaciones clandestinas y de
obtención de información secreta, a fin de que el Congreso del Estado cumpla
con su función de fiscalizar el uso de los recursos públicos de acuerdo al
Artículo 27 de la Constitución Local Fracciones onceava, decimo segunda y
decimo tercera, es necesario conocer los documentos que le dieron origen y las
funciones que le fueron asignadas, es necesario saber sí el personal cuenta con
adiestramiento inteligencia y dónde quiénes los adiestraron y cuál fue el contenido de los cursos
recibidos o sí estos personajes tienen una preparación previa, lo que puede
verse a través de sus currículums antes de echar andar este tipo de unidades,
se debe definir con mayor precisión su naturaleza y alcance, respecto de
este tipo de unidades que no estarían
disponibles para la prensa, el público o la mayoría de los miembros del
Congreso, ellos se harían mediante indicaciones secretas, lo que haría en
contra de un estado de derecho, y un régimen político, abierto, transparente y
democrático, el congreso no puede ni debe aceptar, por fe de la seguridad que
las operaciones secretas o vividas por directivas secretas, sean controladas
adecuadamente por un comité secreto, que tome decisiones en secreto, así mismo,
hay que asegurarse que estos organismos, no realicen operaciones que no son de
su competencia, pues no hay que olvidar que las operaciones secretas o
clandentinas son un atajo tentador hacia el logro de objetivos políticos, en
virtud de lo anterior, se pone a su consideración el siguiente punto de
acuerdo, que este Honorable Congreso del Estado de Baja California, integre una
comisión especial, de carácter plural, que toda vez que se reconoce la
existencia de una unidad de inteligencia, investigue lo referente a la supuesta
existencia de actividades de espionaje político por parte del Ejecutivo del
Estado, convocando para ello a las autoridades directamente responsables a
efecto de dar cuenta exacta del origen, motivación, expulsiones e integración,
fundamento legal y presupuestario de tal unidad de inteligencia, toda vez que
se trata de un asunto público, que puede dañar la credibilidad e imagen de
instituciones y personas, atentamente solicito a esta Soberanía, tenga a bien
considerar el presente punto de acuerdo de obvia y pronta resolución,
atentamente el diputado Gilberto Flores, Coordinador del Grupo Parlamentario
del PRD, muchas gracias por su atención.
- EL C.
PRESIDENTE: Bien tenemos compañera, gracias compañera, entonces, ¿Tenemos
quorum?
- LA C.
SECRETARIA. Si hay, son catorce diputados.
- EL C.
PRESIDENTE: Bien hemos planteado...
- EL C. DIP.
GUTIERREZ PICENO: La observación, nada más a la mesa...
- EL C. DIP.
JIMENEZ MERCADO: Receso diputado Presidente....
- EL C.
PRESIDENTE: Si, pero me permite mire, antes de pasar al receso y antes de darle
la oportunidad al compañero, este punto de acuerdo, está planteando, que se
considere de obvia y pronta resolución y que sea en este pleno que se vote la
creación de esta Comisión, es de con naturaleza especial, de carácter especial,
que sea de carácter plural para que atienda este problema, y posteriormente
pasaríamos al asunto que Usted, que ya me trató el compañero Vicepresidente, de
que dado que se trata del mismo asunto, este, tuviera Usted la oportunidad de
continuar en la Tribuna,... un receso, adelante, adelante, un receso de tres
minutitos. (Receso:14:45 horas. Reanuda: 14:55 horas.) Reiniciamos los
trabajos, se reinician los trabajos y en vista de que, compañeros por favor,
hagan, instalense en sus curules para continuar con los trabajos, en vista de
que el profesor David Gutiérrez Piceno, presenta un punto de acuerdo, cuyo
contenido es, está dentro del tema que cuyo contenido es, está dentro del tema
que acaba de presentarse, en este momento, entonces le damos la palabra al
compañero David Gutiérrez Piceno, para que haga uso de la tribuna.
- EL C. DIP.
GUTIERREZ PICENO: Ciudadano diputado Gilberto Flores Muñoz, Presidente de la
Honorable XVI Legislatura del Congreso del Estado de Baja California,
compañeras diputadas, compañeros diputados, Honorable Asamblea, en uso de
nuestras atribuciones como integrantes de la XVI Legislatura del Estado de Baja
California, me permito presentar a la consideración de esta Honorable Asamblea
del Congreso del Estado, Punto de Acuerdo Económico, mediante el cual la
fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, solicita al
Congreso del Estado, requiera al ciudadano Jorge Ramos, Secretario General de
Gobierno del Estado de Baja California, para que remita a esta XVI Legislatura,
informe detallado, sobre las supuestas actividades de investigación política
que realiza la dependencia a su cargo, con fundamento en las facultades que nos
son conferidas, en la fracción primera de los artículos 27 y 28 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, bajo la
siguiente exposición de motivos. El hallazgo de supuestas líneas de
investigación, que por las características del espacio físico desde donde presuntamente
se realizan han sido calificadas como clandestinas, y donde se conjentura, que
se han dedicado tiempo atrás a investigar –por decirlo de alguna manera- a
grupos sociales, políticos, económicos, medios de comunicación, e incluso a los
mismos servidores públicos, a través de diversas medios o instrumentos que
pueden considerarse ilegítimos, y que el día de hoy, al darse a conocer
precisamente a través de los medios de comunicación, son catalogadas como
“espionaje político”. En la historia de nuestro País el tema ha sido
recurrente. Recientemente, en el mes de septiembre del 2000, el entonces
Presidente electo Vicente Fox, señaló ser víctima de actividades de “espionaje”
por parte del Gobierno Federal. En Baja California fue ampliamente difundida la
intervención telefónica en el Gobierno de Ernesto Ruffo Appel de quien se dió a
conocer una grabación en la que hacia sugerencias y proporcionaba información
al entonces candidato a Senador de la República, el Lic. Héctor Terán Terán, en curso de estos acontecimientos
fue ampliamente fustigada este tipo de prácticas a todas luces ilegales. Los
Gobiernos locales no han permanecido ajenos a estas actividades, en el
Municipio de Tijuana, en el mes de octubre de 1999, y con el acuerdo de la
totalidad de los ciudadanos Regidores integrantes de los tres grupos
parlamentarios del Cabildo, funcionarios del ayuntamiento presentaron denuncia
ante la Procuraduría General de la República por la presunta comisión del
delito de intervención de comunicaciones privadas, es decir, espionaje
telefónico; cabe mencionar que en el mismo mes, el Presidente Municipal de
Tijuana, ordenó la remoción de los funcionarios demandantes sin que a la fecha
se conozca del resultado de las indagatorias. Nuestra constitución nos otorga
una prerrogativa que no debiera ser factible de ser violada al señalar: “ Las
comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier
acto que atente contra la libertad y privacía de las personas”. No obstante, ya
que es ella quien estanblece la regla, también establece la excepción,
otorgando la facultad de concederla a determinadas autoridades: “Exclusivamente
la Autoridad Judicial Federal, a petición de la autoridad federal que faculte
la ley o el titular del Ministerio Público de la entidad federativa
correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación
privada”. Sin embargo, aún cuando esta excepción, se instituye contraria a la
naturaleza de la garantía otorgada por ella misma, nuestra Constitución
establece asimismo los requisitos a los cuales deberán ajustarse las
actuaciones o intervenciones autorizadas para el efecto, al establecer que para
ello deberá preceder un escrito, que funde y motive las causas legales de la
solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma,
así como su duración. Ante estas limitantes establece también otras que hacen
referencia a la materia del litigio, conflicto o indagación, señalando como
materias exentas de dichas investigaciones las que se refieren a cuestiones de
carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo
considerándose de igual forma restringidas las comunicaciones del ofendido con
su defensor. Ciertamente las materias que se ven protegidas por estas
restricciones, dan margen a un amplio campo de acción o de operación de estas
actividades que en la actualidad se presume se encuentran completamente
viciadas de inconstitucionalidad, al no acatar los requisitos y limitantes
establecidos en nuestra carta magna, careciendo por lo tanto –a decir por la
misma constitución- de veracidad o valor probatorio. Aunado a lo anterior, es
de señalarse, que se presume que la realización de dichas investigaciones
persigue fines distintos para los que fueron inicialmente creados. Lo anterior podría
resultar obvio, si se contempla que de origen, la ejecución de estos mecanismos
pudiera verse influenciada y manipulada al no ser justificado ante el Congreso
del Estado, atendiendo tan solo a la voluntad interna del Gabinete Estatal
responsables ahora y desde su creación de las actividades de investigación que
se presume llevan a cabo. Lo anterior, se manifiesta en cuanto a la
justificación de ciertos hechos que pudieran involucrar la intervención de
líneas telefónicas, que no constituyen sino tan sólo uno de los tantos medios o
instrumentos utilizados para realizar este tipo de “investigaciones políticas”.
Al respecto, los artículos 27 y 28 respectivamente, de la Ley Federal contra la
Delincuencia Organizada, reglamentarios del original artículo inmerso en
nuestra carta magna establecen los diferentes tipos de sanciones que por la
inobservancia a estas y otras disposiciones reglamentarias se hacen meritorios,
a saber: “Los servidores públicos de la unidad especializada a que se
refiere el artículo 8° de esta Ley, así como cualquier otro servidor público,
que intervengan comunicaciones privadas sin la autorización judicial
correspondiente, o que la realicen en términos distintos de los autorizados,
serán sancionados con prisión de seis a doce años, de quinientos a mil
días multa, así como con la destitución e inhabilitación para desempeñar otro
empleo, cargo o comisión públicos, por el mismo plazo de la pena de prisión
impuesta”. El presente artículo
contempla la posibilidad de la realización de este tipo de investigaciones,
siempre y cuando sean realizadas por una “Unidad Especializada en la
Investigación y Persecusión de Delitos”, teniendo como fin la persecusión de la
delincuencia organizada. A su vez, señala la forma como debe ser integrada
dicha unidad correspondiéndole en este caso a los agentes del Ministerio
Público de la Federación, auxiliados por Agentes de la Policía Judicial Federal
y Peritos. Es decir, para la creación, justificación y realización de éstas
acciones, fue necesaria la existencia de normatividad que contemplara cada uno
de estos aspectos, de esta manera, sus operaciones serían en todo momento
lícitas, siempre y cuando se realicen con apego al ordenamiento que le dio
origen y a demás relativos sobre la materia. A su vez el artículo 28 de este
mismo ordenamiento manifiesta: “Quienes participen en alguna intervención de
comunicaciones privadas deberán guardar reserva sobre el contenido de las
mismas. Los Servidores Públicos de la Unidad especializada prevista en el
artículo 8° de esta ley, que revelen, divulguen o utilicen en forma indebida o
en perjuicio de otro la información o imágenes obtenidas en el curso de una
intervención de comunicaciones privadas, autorizada o no, serán sancionados con
prisión de seis a doce años, de quinientos a mil días multa, así como la
destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión
públicos, por el mismo plazo que la pena de prisión impuesta. La misma pena se
impondrá a quienes con motivo de su empleo, cargo o comisión público tengan
conocimiento de la existencia de la solicitud o autorización de intervención de
comunicaciones privadas y revelen su existencia o contenido”. En el
contenido del presente articulado es manifiesta la prohibición de hacer uso
indebido de la información que con motivo de las investigaciones realizadas se
obtenga, supone que el fin de dichas investigaciones sera legítimo, y por lo
tanto, contribuyan al esclarecimiento y determinación de actos, conductas o
hechos que se presumen ilícitos, no así permite la utilización de estos medios
de investigación, así como de los resultados que arroje, para el chantaje o
intimidación así como la manipulación de funcionarios públicos, políticos o
cualquier otra persona que pudiera ser objeto de dichas investigaciones, como
se presume al día de hoy, por las informaciones de que tenemos conocimiento han
echado mano de la investigación realizada para la satisfacción de intereses
personales y con fines poco éticos como de los que ya se ha hecho mención
anteriormente. En el mismo orden de ideas, en el texto del Código Penal Federal
en el Título Quinto de los “Delitos en Materia de Vías de Comunicación y de
Correspondencia”, Capítulo I de los “Ataques a las Vías de Comunicación y
Violación de Correspondencia”, establece: “Se impondrá de uno a cinco años
de prisión y multa de quinientos a cincuenta mil pesos: IX.- Al que dolosa e
indebidamente intervenga la comunicación telefónica de terceras personas”.
Por lo tanto se resume; las unidades de Investigación son creadas para operar
lícitamente y consecuentemente para satisfacer fines lícitos. Existen
ordenamientos que dedican su contenido para la creación, estructuración y
funcionalidad de los mismos estableciendo, de igual forma, los requisitos y
limitantes para la realización de sus actividades. Por lo anterior, se
considera necesario el esclarecimiento de las supuestas actividades de
investigación política que han sido señaladas, mediante informe detallado que
proporcione los parámetros bajo los cuales fueron creadas, estructuradas así
como reguladas, para entonces estar en posibilidad de conocer que sí estamos
ante órganos que se encuentran operando lícitamente bajo el amparo de nuestra
Constitución y por ende ante actos legalmente válidos que pudieran en
determinado proceso constituir evidencia con valor probatorio suficiente para
acreditar o desacreditar hechos o determinar responsabilidades a sujetos,
debiendo ser éste, uno de los más sobresalientes fines u objeto de la creación
de estos órganos de investigación. De otra manera si las presunciones ante los
recientes hallazgos fueran ciertas, la erogación de recursos sería
consecuentemente ilegal, las actuaciones de quienes operan dichas
investigaciones inconstitucionales, incurriendo a su vez, como ya se mencionó,
en delitos previamente estipulados de competencia del fuero federal. Aunado a
lo anterior, debido a su clandestina actuación fuera de toda lógica jurídica y
aún cuando suponiendo sus fines fueran lícitos el sólo hecho de ser generado o
provenir de un acto ilícito anula la validez o legalidad de lo que pudiera
emanar de éste. Por lo tanto, fuera de todo marco legal, no hay hecho o acto
que emanado de la ilegalidad pueda desvanecer siquiera una presunción de
ilegalidad de otro acto. Finalmente, de conformidad con las declaraciones de
diversos funcionarios estatales, y retomada por los medios de comunicación en
el sentido donde se evidencia que hay una práctica de investigación a
determinados actores políticos y sociales en la entidad, no obstante que la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y la Ley
Orgánica de la Administración Pública, no le confiere facultades expresas al
Secretario y Subsecretario de Gobierno ordenar o realizar ese tipo de
investigaciones. Es por anteriormente expuesto y con el fin de recordarle a
aquellos funcionarios la normatividad que los obliga a rendir cuentas a esta
XVI Legislatura, que me permito presentar los siguientes: CONSIDERANDOS UNICO.-
En virtud de los recientes acontecimientos que nos hacen suponer la ilegalidad
de los actos de estas actividades de investigación política calificadas por los
medios de comunicación como de “espionaje”, y ante la incertidumbre que pudiera
ser motivo de inconformidad o conflicto de intereses, se requiere y se
manifiesta necesario el llevar a cabo los procedimientos necesarios para su
esclarecimiento. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en nuestras
facultades establecidas en los Artículos 27, fracción I y 28, fracción I de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como
en los artículos 114, fracción III, 116, 121, 123 y demás aplicables de la ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, me permito
presentar a la consideración del Pleno de la H. XVI Legislatura, la siguiente:
INICIATIVA DE PUNTO DE ACUERDO ECONOMICO. PRIMERO.- Este H. Congreso del Estado
de Baja California, requiera al C. Contador Jorge Ramos actual Secretario
General de Gobierno del Estado de Baja California, informe detallado mediante
el cual inicie proceso de esclarecimiento de los hechos que acredite la legal
operación, actuación y funciones de dichas actividades de investigación
política así como de las razones de su realización desde un domicilio
particular ajeno a los espacios físicos destinados para el ejercicio del
gobierno. SEGUNDO.- Se instruya a la Comisión de Hacienda y Administración,
para que por conducto del Departamento de Revisiones Especiales de la
Contaduría Mayor de Hacienda dé cuenta a esta H. XVI Legislatura de la
información correspondiente a los recursos financieros y las partidas
específicas utilizadas para la operación de las presuntas actividades de
investigación política de la Secretaría General de Gobierno del Estado, en
donde se detallen las cantidades erogadas por concepto de dichas operaciones
para que este Congreso se encuentre en posibilidad de calificar dichas
erogaciones como lícitas y que no se constituyen en desvío de recursos, o en su
caso determinar la ilicitud de las mismas y determinar las responsabilidades
que resulten. TERCERO.- El este H. Congreso del Estado solicite la coadyuvancia
de la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental del Gobierno del Estado
para el en el esclarecimiento de estos hechos. CUARTO.- En virtud de que se
trata de señalamientos hechos públicos respecto a las posibles irregularidades,
que de acuerdo a la información vertida pudiera generar un clima de
incertidumbre al no contar con información oficial que en todo caso nos lleve a
corregir anomalías si las hay, o en su caso a promover sanciones ejemplares a
los responsables o en su defecto aclarar apropiadamente lo difundido a través
de los medios de comunicación, solicito que el presente punto de acuerdo sea
considerado de urgente y obvia resolución. Dado en el Salón de Sesiones “Benito
Juárez García” a los tres días del mes de mayo del año dos mil uno. Atentamente
la fracción parlamentaria del partido Revolucionario Institucional, firma
nuestro compañero diputado Antonio Ricardo Cano Jiménez, el compañero Edgar
Fernández Bustamante, diputado Sergio Avitia Nalda, diputado David Ruvalcaba
Flores, Ricardo Zazueta Villegas, la diputada Gloria González Rosas, su
servidor, diputada Olivia Villalaz Becerra, dip. Sergio Loperena Nuñez, Héctor
Esparza y Raquel Casillas. Es cuanto señor Presidente, a su consideración de
esta Honorable Asamblea, el tratamiento sobre este asunto que de manera muy
señalada en los últimos días ha acaparado la atención pública, y que con
responsables y servidores públicos como representantes de los intereses de la
sociedad, tenemos la obligación, la responsabilidad de que que recurrir a los
instrumentos apropiados para esclarecer estos hechos que ha acaparado la
atención pública.
- EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias,
compañero diputado David Gutiérrez Piceno, con la exposición que nos ha hecho
en relación a este asunto, bien, tenemos pues, dos puntos de acuerdo que son
complementarios, dado que por un lado, el compañero Gutiérrez Piceno está
planteando que sea a través de la Comisión de Hacienda y Administración, que se
encargue de revisar si los recursos públicos, que se están ejerciendo en esta
posible unidad de espionaje, estén legalmente aprobado por este Congreso, por
otro lado, el compañero David Gutiérrez Piceno, está planteando la solicitud de
información al respecto de la operación de este organismo, de esta unidad, al
Secretario General de Gobierno, y por otro lado de el punto de acuerdo que
planteó su servidor, está planteando la creación, la integración de una
Comisión Especial con carácter plural, que se encargue de coordinar todo estos
esfuerzos, y que una vez que se tenga la información, bueno, pues se haría
alterno al Congreso y el Congreso pues tome decisiones al respecto, entonces en
el ánimo de llegar a un acuerdo, no se si el compañero Vicepresidente me permite
tomar la Tribuna al respecto, o sea, yo solamente, deseo agregar el
planteamiento que hace el compañero Piceno, que se integre una Comisión de
carácter plural, que sea la que coordine los esfuerzos de investigación, ese
sería y bien, adelante.
- EL C. DIP
DOMINGUEZ ROCHA: Solicito un receso, diputado Presidente.
- EL C.
PRESIDENTE: Bien, adelante, (Receso: 15:20 horas. Reanuda: 15:25 horas) Bien,
en relación a estos asuntos de naturaleza complementaria, que se acaban de
plantear, ¿Quiere hacer uso de la Tribuna?, compañera Secretaria, pasele por
favor, compañera, por favor haga la tarea de Secretaria, en cuanto llega
nuestra compañera Olivia Villalaz y verifique si tenemos quorum legal,
evidentemente tenemos quorum legal.
- EL C.
VICEPRESIDENTE: Como no, con mucho gusto Presidente.
- EL C. DIP.
FLORES MUÑOZ. Compañeros diputados, compañeras diputadas, hago uso de la
Tribuna, para plantear lo siguiente, vamos a en lo que se refiere al punto de
acuerdo que plantee hace un momento, vamos a adherirnos, al punto de acuerdo
que ha planteado el compañero David Gutiérrez Piceno, y que se proceda en los
mismos términos que lo ha hecho, y mientras tanto, pues nosotros dejamos,
retiramos el punto de acuerdo que estaba planteando la Comisión Especial, no se
si esté de acuerdo el compañero David Gutiérrez Piceno, que pongamos tiempos, y
que estos informes los tengamos a más tardar el día miércoles dieciséis de mayo
del año en curso, con el objeto que en la sesión del jueves, se pueda ventilar
este asunto, ¿Estaría de acuerdo?.
- EL C. DIP.
GUTIERREZ PICENO: Adelante.
- EL C.
PRESIDENTE: Nada más la fecha, pues vamos, el compañero Gutiérrez Piceno, ha
planteado que es de obvia y pronta resolución y vamos a someter a debate la
pronta y obvia resolución que ha planteado el compañero Gutiérrez Piceno,
compañera diputada Secretaria, por favor, haga una lista de oradores que estén
en contra de la pronta y obvia resolución.
- LA C.
SECRETARIA: Oradores en contra de la pronta y obvia resolución, presentada por
el diputado David Gutiérrez Piceno, sobre su punto de acuerdo presentado, no
hay señor Presidente.
- EL C.
PRESIDENTE: Bien en vista de que no hay oradores en contra, no da lugar a
favor, vamos a iniciar la votación de este Punto de Acuerdo con el agregado que
hemos propuesto, la fecha límite para que haga los informes, compañera diputada
solicite el sentido del voto por vía nominal, a cada uno de los diputados
presentes a la asamblea, empezando por el lado derecho.
- LA C.
SECRETARIA: Compañeros diputados favor de emitir el sentido de su voto, al
punto de acuerdo presentado por el diputado David Gutiérrez Piceno, con el
adendum correspondiente, presentado por el diputado Gilberto Flores Muñoz, por
vía nominal compañeros y compañeras, iniciando por la derecha.
- Edgar Fernández
a favor,
- Raquel
Casillas a favor,
- Sergio Avitia
Nalda a favor,
- Gloria
González a favor,
- David
Gutiérrez Piceno a favor,
- Ulises Arce
Salvador a favor,
- Domínguez a
favor,
- Héctor
Baltazar Chiprés a favor,
- Gómez Mora a
favor,
- Alejandro Pedrín
Marquez a favor,
- Miguel Delfín
Castro a favor,
- Molina a
favor,
- Guillermo
Aguilar Kaiten a favor,
- EL C.
PRESIDENTE. ¿Algún diputado falto de votar?, ¿Algún diputado faltó de votar?,
por la Mesa Directiva.
- Olivia
Villalaz a favor,
- José Arango a
favor,
- Flores Muñoz
Gilberto a favor,
- LA C.
SECRETARIA: Dieciséis votos a favor, cero en contra, cero abstenciones diputado
Presidente.
- EL C.
PRESIDENTE: Entonces se ha aprobado la pronta y obvia resolución, hace un
momento hacia una propuesta a esta Asamblea de que se estableciera una fecha
para entrega de dichos informes, habiamos propuesto que fuera el día miércoles
dieciséis de mayo del año en curso, vamos a someter también a debate, y a la
votación correspondiente a esta propuesta, compañera haga una lista de oradores
que estén en contra de esta fecha.
- EL C. DIP.
FERNANDEZ BUSTAMANTE: Señor Presidente, no se si hay a lo mejor algún
inconformidad de la fecha, para efectos de entrar mejor al debate, ya de fondo
en lo que sería el punto de acuerdo, posteriormente ya veremos si se agrega lo
de la fecha límite.
- EL C.
PRESIDENTE: Bueno entonces hay acuerdo en que sea esa fecha 16 de mayo,
entonces pasaríamos ya al debate del contenido del punto de acuerdo que nos ha
propuesto el compañero David Gutiérrez Piceno, compañera diputada vamos, se
abre el debate, por haga una lista de oradores que estén en contra, del punto
de acuerdo.
- LA C.
SECRETARIA: Compañeros diputados, oradores en contra de este punto de acuerdo,
no hay oradores en contra, señor Presidente.
- EL C.
PRESIDENTE: Entonces no da lugar a favor, vamos a iniciar la votación, vamos a
levantar el sentido del voto de cada uno de los compañeros diputados presentes
en la asamblea, por vía nominal, empezando por el lado derecho.
- LA C. SECRETARIA:
Compañeros diputados, diputadas, favor de emitir el sentido de su voto, de
manera nominal, iniciando por la derecha.
-- Edgar
Fernández a favor,
- Raquel
Casillas a favor,
- Sergio Avitia
Nalda a favor,
- Gloria
González a favor,
- David
Gutiérrez Piceno a favor,
- Ulises Arce
Salvador a favor,
- Domínguez a
favor,
- Héctor
Baltazar Chiprés a favor,
- Gómez Mora a
favor,
- Alejandro
Pedrín Marquez a favor,
- Miguel Delfín
Castro a favor,
- Molina a
favor,
- Guillermo
Aguilar Kaiten a favor,
- EL C. PRESIDENTE.
¿Algún diputado falto de votar?, ¿Algún diputado faltó de votar?, por la Mesa
Directiva.
- Olivia
Villalaz a favor,
- José Arango a
favor,
- Flores Muñoz
Gilberto a favor,
- LA C.
SECRETARIA: Diecisés votos a favor, cero en contra, cero abstenciones diputado
Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias, ¿Cuántos
votos a favor?
- LA C.
SECRETARIA: Dieciséis.
- EL C.
PRESIDENTE: Dieciséis, cero en contra, bien, se aprueba el punto de acuerdo
presentado por el compañero David Gutiérrez Piceno, relativo a que se solicite
al ciudadano Contador Público, Jorge Ramos, Secretario General de Gobierno, que
remita informe de supuestas actividades de investigación política, se aprueba
en lo general y en lo particular por dieciséis votos a favor cero en contra y
cero abstenciones, una vez aprobado en lo general y en lo particular, es de
aprobarse y se aprueba el punto de acuerdo económico en los términos que fue
leído por el diputado David Gutiérrez Piceno. Dado en el Salón de Sesiones,
Licenciado Benito Juárez García del Honorable Poder Legislativo a los tres días
del mes de mayo del año dos mil uno. Bien, estonces pasaríamos al siguiente
punto de acuerdo que será leído por el diputado Ulises Arce Salvador, presenta
Punto de Acuerdo para que este Poder Legislativo, solicite al DIF, provea de lo
necesario para mejorar la atención en los orfanatorios del Estado y se aboque
de manera urgente a los de San Juan Bosco y de Nazaret del Municipio de Tecate,
asimismo solicita al Instituto de Cultura de Baja California, que los programas
infantiles que imparte, se les haga llegar a la población que se encuentra
alojada en diversos orfanatorios del Estado, adelante compañero Ulises. Bueno,
pues entonces vamos a, entonces pierde Usted su turno, y pasaríamos al
siguiente punto de acuerdo, que nos habrá de presentar la compañera diputada,
Gloria González Rosas, que se refiere a que el XVI Ayuntamiento de Mexicali,
realice lo conducente, para concluir obra de pavimentación en el
fraccionamiento Zacatecas de la ciudad de Mexicali, Baja California, adelante
compañera Gloria González Rosas.
- LA C. DIP.
GONZALEZ ROSAS: Diputado Gilberto Flores Muñoz, Presidente de la XVI
Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, presente, compañeros
diputados, por mi conducto y en ejercicio de las atribuciones que nos concede
el artículo 36 de la Constitución Política del Estado de Baja California, los
artículos 114 fracción III, 116 y 121 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la “Iniciativa de Acuerdo
Económico por la que se solicita al XVI Ayuntamiento de Mexicali realizar lo
conducente para la conclusión de la obra de pavimentación en el fraccionamiento
Zacatecas, en Mexicali, Baja California”. Exposición de Motivos. Mexicali es
una de las ciudades más jóvenes en el país, recientemente cumplió su
aniversario número 98, es la capital del Estado y uno de los municipios con
mayor captación de inversiones en el noroeste del país. Su expansión ha traído
muchos beneficios, pero también ha creado nuevos problemas entre estos podemos
citar: la inseguridad pública, el narcotráfico, el consumo de drogas y alcohol,
la falta de planeación de suelo para vivienda, la carencia en la cobertura de
servicios públicos, un valle agrícola en el abandono, rezagado en cuanto a
proyectos productivos y un número creciente de colonias populares que demanda
todo tipo de servicios públicos. Sin embargo, el problema que hoy se motiva a
presentarme ante esta Tribuna, se refiere a la transparencia que debe existir
en la ejecución de obras públicas, más aún, cuando se trata de obras en las que
están involucrados un grupo de ciudadanos perfectamente organizados y
dispuestos a dialogar y trabajar junto a su gobierno municipal. A pesar de
tener más de cinco años esperando una respuesta de sus autoridades, todavía no
pierden el interés por lograr mejoras en su colonia que beneficien a sus
familias. Los diputados, como representantes del pueblo, debemos auxiliar a
nuestros representados en sus demandas sociales y de orden administrativo de
interés general, a fin de lograr su oportuna solución, así como las autoridades
del Estado y los Ayuntamientos deben atender su intervención y ver por la
oportuna resolución de sus promociones. Hablamos de personas que están haciendo
un esfuerzo para ahorrar una parte de sus ingresos y destinarla al proyecto de
pavimentación, hasta reunir cerca de 100 mil pesos, que se encuentran
depositados en una cuenta bancaria y disponibles para empezar la obra, Hablamos
de cerca de 50 familiar y comercios que representan a las calles: Callejón
Apozol Norte, Calle Apozol Centro, Callejón Apozol Sur, así como las Avenidas
Periodismo y Fuerza Aérea desde la calle Calera hasta el Bulevar López Mateos.
¿Qué necesitan nuestras autoridades para voltear su atención a las demandas
ciudadanas? ¿Qué pasa con los lemas de gobierno participativo? ¿Es solo
publicidad institucional? ¿Por qué se desaprovecha el entusiasmo y la
organización de los ciudadanos que logran conformarse en un comité para lograr
mejores condiciones de vida? Cabe hacer mención que el fraccionamiento en
comento está a un costado del Centro Cívico de Mexicali; tan cerca de la Casa
Municipal y tan lejos de su sensibilidad social. Sabemos que la inversión para
este tipo de obras, requieren de planeación y presupuestación, sin embargo,
esta solicitud se remonta a 1996, es decir, hablamos de cinco años desde que se
solicitó por primera vez a los responsables de Desarrollo Social en el
Ayuntamiento de Mexicali, así como la solicitud oficial al Comité de
Urbanización de Mexicali. En la Ley Orgánica de la Administración Pública
Municipal, en su Artículo 43 en la fracción VIII señala acerca de las
atribuciones de los Ayuntamientos: Artículo 43.- Son atribuciones de los
Ayuntamientos: VIII.- Promover directa o indirectamente las actividades
productivas y el desarrollo social en el Municipio alentado y organizando las
actividades que propicien la prosperidad de sus habitantes; Y según la Ley de Desarrollo Urbano del
Estado de Baja California en su artículo 3ro. fracción VII y VIII dice:
Artículo 3.- La ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el
Estado tenderá a mejorar las condiciones de vida de la población urbana y rural
mediante: VII.- El mejoramiento de la calidad de vida que la comunidad demanda;
VIII.- La mayor participación ciudadana en la solución de los problemas que
genera la convivencia en los asentamientos humanos; Con estos antecedentes me
permito someter a esta Soberanía, el siguiente: PUNTO DE ACUERDO ECONOMICO:
PRIMERO.- Que el Pleno de la XVI Legislatura del Estado solicite al XVI
Ayuntamiento de Mexicali, así como al responsable del Comité de Urbanización de
Mexicali, informar por escrito de la situación que guarda la solicitud de
conclusión de la obra de pavimentación en el fraccionamiento Zacatecas en
Mexicali, Baja California. SEGUNDO.- Una vez que se tenga la respuesta por
parte del XVI Ayuntamiento de Mexicali, así como del Comité de Urbanización de
Mexicali, se notifique a los miembros del Comité de Pavimentación del Fraccionamiento
Zacatecas en Mexicali, Baja California. TERCERO.- Se informe a esta Soberanía
sobre los avances de dicha solicitud. Atentamente diputada Gloria González
Rosas, Mexicali Baja California, 3 de mayo del 2001, gracias.
- EL C.
PRESIDENTE: Bien, compañera diputada Gloria González Rosas, damos por recibido
su punto de acuerdo y le informo que será turnado a la Comisión de Desarrollo
Urbano, Vivienda y Obras Públicas para su análisis final, bien, pasamos al
siguiente punto de acuerdo que presenta el compañero diputado Guillermo Aguilar
Kaiten, en relación al tercer Congreso Nacional de la Legislatura de Turismo.
- EL C. DIP.
AGUILAR KAITEN: Gracias señor Presidente, compañeros de la Mesa Directiva,
compañeras diputados, compañeros, medios de comunicación, personas que nos
acompañan, con fundamento en los artículos 36 de la Constitución Política del
Estado de Baja California y el 114, fracción tercera y demás relativos de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, someto a su consideración Iniciativa
de Acuerdo Económico al tenor de la siguiente exposición de motivos. Hace un
año, los presidentes de las Comisiones de Turismo de los Congresos locales, nos
reunimos por primera vez en un congreso nacional con el ánimo de iniciar un
trabajo conjunto que nos permitiera, por medio del intercambio de ideas y
experiencias propias de cada Estado, mejorar la legislación de los Estados de
la República en materia de Turismo. En ese contexto, coincidimos en la
necesidad de que exista una real y efectiva coordinación entre las Comisiones
de Turismo de todo el país, la Secretaría de Turismo Federal, las Comisiones de
Turismo de la Cámara de Diputados y Senadores y la Iniciativa Privada, a efecto
de poder impulsar acciones de manera conjunta que den como resultado soluciones
creativas a la problemática que enfrenta el sector turístico mexicano. En el
marco de estos esfuerzos, en agosto del año pasado abordamos los temas de:
Planeación del Sector Turismo, Calidad como fundamento de una Política de
Turismo, Visión del Sector Privado, Estrategias para competir en los mercados
internacionales, Asuntos Fiscales y financieros, Aspectos legales, Transporte
turístico, Gestión, Casinos, Promoción y Derechos de no Inmigrantes.
Convencidos de que necesitamos dar un enfoque a largo plazo que nos permita
crear las condiciones para lograr un turismo de clase mundial con visión
prospectiva, los legisladores asumimos la responsabilidad y el compromiso de
proporcionar una legislación que permita desarrollar plenamente al sector turismo
y fortalecido como factor impulsor del desarrollo económico de México. Tomando
en cuenta que la política actual es atraer la inversión extranjera, es también
de vital importancia establecer en armonía con los retos del Gobierno Federal
una política que fomente a la micro y pequeña empresa turística, comercial e
industrial, así como el seguimiento de sus reclamos entre ellos el diseño de
propuestas de simplificación administrativa y de seguridad jurídica que
fortalezcan la expansión de la industria turística. En el desarrollo de estos
eventos prevaleció la dinámica de mesas de trabajo, cuyo objeto fue analizar y
debatir respecto de los temas antes mencionados, así como nombrar a los
integrantes de la Comisión Impulsora del II Congreso Nacional de Comisiones Legislativas
en materia de Turismo y acordar que la sede será en Cancún, Q. ROO los días 4,
5, 6 y 7 de abril del presente año, teniendo como agenda de trabajo la
exposición y el diálogo sobre: Actualización y Fortalecimiento del Marco
Jurídico, Diagnóstico y Perspectivas en Infraestructura, Equipamiento,
Capacitación y prestación de Servicios, Promoción y Comercialización, Políticas
de Inversión y Desarrollo Empresarial, Diversificación y Turismo Alternativo,
Federalismo Fiscal y Políticas Financieras; Es por lo anterior que los
integrantes de la Comisión de Turismo sometemos a consideración de esta
Soberanía la siguiente: INICIATIVA DE ACUERDO ECONOMICO PRIMERO: Se somete a
consideración la busqueda de que la sede del 3er. Congreso de Legisladores en
materia turística para Baja California para en fecha a determinar en el
presente año, durante la realización del 2do. Congreso Nacional de Legislación
en materia de Turismo. SEGUNDO: Se aprueba por esta Soberanía, la organización
y realización del 3er. Congreso Nacional de Comisiones Legislativas de Turismo,
a cargo de la Comisión de Turismo de este Congreso. TERCERO: Se giren las
instrucciones pertinentes al Oficial Mayor de este Congreso, para que se brinde
el apoyo técnico y logístico y presupuestario para la realización del Evento.
CUARTO: Que la presente Iniciativa de Acuerdo Económico sea desahogada en la
próxima sesión del Congreso, en virtud de la trascendencia del evento. Dado en
el Salón de Sesiones Benito Juárez García a los tres días del mes de 30 de mayo
del año 2001. Las comisiones unidas Desarrollo Económico y Turismo, firmado por
el diputado Antonio Cano y el diputado Guillermo Aguilar Kaiten, es cuanto
señor Presidente.
- EL C.
PRESIDENTE: Muy bien, compañero Aguilar Kaiten, damos por recibido su propuesta
de punto de acuerdo y le informo que se turnará a la comisión de Régimen
Interno, a la Mesa Directiva de la Comisión de Vigilancia de la Oficialía
Mayor, para que verifique si se cuenta con los recursos suficientes para poder
hacer este Congreso, bien, entonces pasaríamos al siguiente punto de acuerdo,
se pregunta al compañero si ya lo tiene, adelante compañero, haga uso de la
Tribuna.
- EL C. DIP.
ARCE SALVADOR: El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
XVI Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, diputado Gilberto
Flores Presidente de la Mesa Directiva de la XVI Legislatura del Congreso del
Estado, compañeros y compañeras diputados, amigos de los medios de
comunicación, respetable asistencia. Con motivo de la celebración del día del
niño, consideramos necesario exponer ante esta Tribuna, que debemos atender al
menor como sujeto de derecho, que nos compete a los adultos, a los
representantes del pueblo y la institución que atiende a la niñez, más que
festejarles un día, crearles las condiciones sociales y educativas propicias,
para que puedan ser los constructores de un mundo libre de injusticias y con
mejores condiciones de vida; el Partido de la Revolución Democrática, sostiene
en su declaración de principios: “que quienes sufren situaciones de pobreza
material o cualquier otra forma de carencia, exclusión, marginación o
injusticia deben recibir una atención preferente que les permita alcanzar
igualdad de condiciones respecto al resto de las mexicanas y mexicanos”. Así
pues, debemos recordar que el artículo 1, de la Convención sobre los Derechos
del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989
establece que se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de
edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicada, haya alcanzado antes
la mayoría de edad. Es entonces, durante todo este tiempo, cuando se debe
asegurar la protección y el cuidado necesarios para su bienestar, teniendo en
cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas
responsables de los niños ante la ley, para que con ese fin, se tomen todas las
medidas legislativas y administrativas adecuadas para dar efectividad a sus
derechos. Durante esta etapa, las niñas y los niños, por su falta de madurez
física y mental deben ser cuidados de forma especial para que se desarrollen en
el seno de la familia en un ambiente de felicidad, amor y comprensión en el que
este presente el espíritu de ideales, de paz, dignidad, tolerancia, libertad,
igualdad y solidaridad. Sin embargo, en el Estado de Baja California, existen
niños que viven en condiciones de desamparo y que necesitan especial
consideración, sobre todo aquellos que no cuentan con sus padres, ya sea porque
sus progenitores dejaron de existir o porque fueron abandonados y que viven en
orfanatorios. Es para ellos a quienes este legislador integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicita que brindemos
nuestra atención. En Tecate, existen dos orfanatorios, el de Juan Bosco y el de
Nazaret en lo que se observan de manera por demás obvia, sus carencias
materiales y que por las condiciones de este municipio al parecer olvidado en
ocasiones por gobiernos estatales y municipales y federales, no han logrado las
mínimas condiciones para quienes ya de por sí, no cuentan con el amor y cariño
de sus padres, ni cobijo, techo alimento y mucho menos, la oportunidad de
asistir a una institución educativa. Las necesidades de los niños en estas
condiciones son grandes y aunque no son exclusivas de esta ciudad, si es
necesario que las autoridades atiendan con más dedicación y empeño, las
demandas que la población registra en este municipio que hace poco registró el
mayor déficit presupuestal de los municipios del Estado. Por lo anteriormente
expuesto, pongo a su honorable consideración, el siguiente Punto de Acuerdo
Primero.- Que este Poder Legislativo, solicite al Sistema de Desarrollo
Integral de la Familiar, DIF, provea de lo necesario para mejorar la atención a
los orfanatorios que existen en Baja California y se aboque de manera urgente
al los de Juan Bosco y de Nazaret, del Municipio de Tecate. Segundo.- Que este
Poder Legislativo, solicite al Instituto de Cultura de Baja California que de
los programas dedicados a la atención de los niños alcancen a la población
infantil que se encuentra alojada en los diversos orfanatorios de nuestro
Estado. Es cuanto, Atentamente, Mexicali 26 de abril del dos mil uno, diputado
Gilberto Flores Muñoz, Coordinador, diputado Ulises Arce Salvador y diputado
Jaime Jiménez Mercado.
- EL C.
PRESIDENTE: Muy bien compañeros, muchas gracias, compañero nos damos por
recibido y le informo que habrá de ser turnado a las comisiones de Desarrollo
Social, y Educación y Cultura para su análisis, entonces pasaríamos al tema que
se refiere, Posicionamientos y tenemos en el uso de la Tribuna a la compañera
Olivia Villalaz, que es nuestra Secretaria, que presenta posicionamiento en
solidaridad con la profesora Georgina Rabago, objeto de la intolerancia y el
oscurantismo, promovido por el Secretario de Trabajo, C. Carlos Abascal
Carranza, compañera Secretaria, haga uso de la Tribuna, y al mismo tiempo le
solicitamos a la compañera Gloria González Rosas, que se integre a la Mesa
Directiva en calidad de Secretaria, en tanto la compañera Villalaz, expone su
punto de acuerdo en la Tribuna.
- LA C. DIP.
VILLALAZ BECERRA: Con su venia diputado Presidente del Congreso del Estado de
Baja California, Gilberto Flores Muñoz, compañeras y compañeros diputados,
medios de comunicación, Honorable Asamblea, solicito que quede inscrito en el
Diario de los Debates el contenido completo, con la finalidad de que se de
cuenta de este posicionamiento, y es cuanto diputado Presidente.
Posicionamiento
de la dip. Olivia Villalaz Becerra, en solidaridad con la ciudadana Profesora
Georgina Rábago, objeto de la Intolerancia y el Oscurantismo promovidos por el
Secretario del Trabajo, Carlos Abascal Carranza. Mexicali, B. C., a 3 de mayo
del 2001. En mi calidad de Presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la
XVI Legislatura del Congreso del Estado de baja California, de mujer y
trabajadora de la educación, acudo ante esta H. Tribuna Legislativa, para dejar
de manifiesto nuestra preocupación y solidaridad absoluta con la ciudadana
Profesora Georgina Rábago, víctima de la intolerancia y el oscurantismo que hoy
gobiernan el país. Tal y como ha sido del conocimiento público, el pecado
cometido por la Profesora Georgina Rábago, fue haber dejado como lectura a sus
alumnas de secundaria, cuentos de Gabriel García Marquez y de Carlos Fuentes.
Este hecho, que a todas luces parecería como algo positivo para el desarrollo
intelectual de la juventud estudiosa, provocó la intervención y la censura del
actual Secretario del Trabajo del Gobierno del Presidente Vicente Fox, Carlos
Abascal Carranza, quien recientemente pronunciara uno de los discursos
oficiales más denigrantes acerca de la mujer mexicana. Una vez más el señor
Secretario del Trabajo de la Federación, dio muestras de intolerancia y
estrechez de criterio. Estos hechos, tan comunes dentro de los espacios
educativos de orientación conservadora, posiblemente no hubieran trascendido,
de no ser por la convicción de la maestra Georgina Rábago, que tuvo el valor
para darlos a conocer a la opinión pública nacional. Y aún, cuando ha habido
quienes han salido en defensa del señor secretario del trabajo, tratando de
justificar su derecho personal de velar por la educación de sus hijos, no
podemos dejar de interpretar este suceso como una manifestación más de esa cultura
autoritaria profundamente arraigada en todas las esferas de nuestra sociedad, y
muy particularmente entre los sectores militantes de la ultraderecha mexicana.
Estos actos, que finalmente costaron el empleo a la maestra Rábago, llaman
fuertemente la atención de la opinión pública nacional, por que involucran a un
alto funcionario público del nuevo gobierno de la República, que por sus ideas
reaccionarias sobre el papel de la mujer, se ha colocado a la cabeza de la ala
más conservadora del poder ejecutivo federal. Decir que la mujer mexicana se
debe de mantener dentro del esquema más tradicional, que históricamente dio
lugar al estereotipo por todos conocido, ha provocado el surgimiento de un
amplio movimiento de inconformidad entre el género femenino de todo el país,
rechazando enérgicamente esta concepción atrasada de la mujer. Y ahora este
último desatino del señor Carlos Abascal, seguramente también deberá de dar
lugar al surgimiento de un movimiento intelectual que reinvindique los valores
fundamentales de una democracia, como lo son la tolerancia y la libertad. Por
eso hago uso de esta tribuna del pueblo de Baja California, para hablar a
nombre de todos las personas que difieren de la concepción oscurantista del Sr.
Abascal Carranza, y exigir que cesen sus manifestaciones de intolerancia para
con la cultura, la mujer y la inteligencia de los jóvenes. No podemos
permanecer indiferentes ante estos actos que nos dejan muy mal parados en el
plano intelectual, nacional e internacional. Por muy conservador que sea el
Secretario del Trabajo, éste no tiene la autoridad intelectual para censurar
una obra literaria, y de paso privar del empleo a una joven maestra. Este es un
precedente que no debe de ser secundado por otras personas, con cargos públicos
o sin ellos, que se sientan inspiradas por el proceder del funcionario federal,
ya que de ser así, nuestro país estaría entrando en un profundo retroceso, con
consecuencias impredecibles. Como mujer y maestra que he sido por muchos años,
hago un llamado a denunciar todas las expresiones fundamentalistas que se
registren en el ámbito educativo, que puedan ir orientadas a prohibir la
lectura de las obras de autores no gratos del presente régimen, como lo pueden
ser los escritores Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez. Al Sr. Presidente
de la República Lic. Vicente Fox, una vez más le solicitamos su intervención
para que defina la postura de su gobierno respecto a las convicciones
ideológicas del Sr. Secretario del Trabajo Carlos Abascal. Estamos por una
democracia plena, que garantice el respeto a los derechos humanos y las
garantías constitucionales del pueblo de México. Una democracia que haga de las
presentes y futuras generaciones de mexicanos y mexicanas, hombres y mujeres
libres, capaces de construir la grandeza nacional, sustentada en los valores y
principios por los cuales han dado la vida grandes e ilustres mexicanos y
mexicanas, con cuyo legado nos sentimos profundamente comprometidos. Durante la
pasada campaña presidencial, mucho se dijo y se advirtió sobre este riesgo
regresivo, y ahora que ya está aquí, es preciso y urgente convocar a todos los
sectores de la sociedad civil a la defensa de las libertades y conquistas
históricas de los mexicanos. Así como hoy rechazamos las medidas antipopulares
e injustas de este gobierno, también tenemos que salir a defenderlos valores
sagrados de nuestra República Liberal. Esta es mi postura como presidente de la
Comisión de Equidad y Género de esta XVI Legislatura del Congreso del Estado, y
congruente con ella nos reservamos nuestro derecho a emprender acciones de
denuncia masiva de estos lamentables hechos. Muchas gracias.
- EL C.
PRESIDENTE: Bien, compañera muchas gracias por su participación, pasaríamos al
siguiente posicionamiento y es el que habrá de exponer en esta Tribuna, el
compañero Edgar Fernández Bustamante, adelante compañero.
- EL C. DIP.
FERNANDEZ BUSTAMANTE: Con su venia, señor Presidente, trataré de ser breve, por
que se que pudiera ser de interés para ustedes, compañeras diputadas, Honorable
Asamblea, me voy a permitir dar lectura al oficio que se dirige a la Mesa
Directiva, al Presidente, diputado Gilberto Flores Muñoz, Presidente de la Mesa
Directiva de la XVI Legislatura del Estado, presente, los suscritos diputados
de la XVI Legislatura de Baja California, por este medio hacemos de su
conocimiento que en reunión del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional de esta fecha, fue designado Coordinador del mismo, el ciudadano
diputado Edgar Arturo Fernández Bustamante, lo anterior lo hacemos de su
conocimiento, en cumplimiento en lo establecido en la fracción B del artículo
78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, sin
otro particular por el momento, nos despedimos de Usted, reiterando la
seguridad, de nuestra consideración y respeto atentamente el grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional el diputado David
Gutiérrez Piceno, diputado Ricardo Zazueta Villegas, la diputada Raquel
Casillas Muñoz, la diputada Gloria González Rosas, el diputado Ricardo Antonio
Cano Jiménez, el diputado Sergio Avitia Nalda, el diputado David Ruvalcaba
Flores, la diputada Olivia Villalaz Becerra, el diputado Héctor Esparza Herrera
y el suscrito, hago entrega señor Presidente, para que conste en actas.
- EL C.
PRESIDENTE: Lo damos por recibido y le deseamos mucho exito.
- EL C. DIP. FERNANDEZ BUSTAMANTE:
Esperamos cumplirlo con eso, diputado Gilberto Flores Muñoz, Presidente de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, compañeras
diputadas, distinguidos legisladores, H. Asamblea. Legislar es un acto de
Estado, un acto que demanda, además de voluntad política, responsabilidad
republicana, perder de vista nuestra obligación en esta tarea es defraudar a la
sociedad, a las Instituciones y lo que ellas representan. En estos momentos
debemos asumir una actitud, propositiva y responsable. Comparto esta reflexión
con ustedes porque creo que esta Legislatura debe hacer un importante esfuerzo
para redimensionar su labor y reorientarla en el sentido de que alcance una
mayor productividad. A la sociedad de nada le sirve nuestros elocuentes debates
si estos no se traducen en normas para su beneficio y directrices de acción
para las instituciones públicas. Al asumir la honrosa representación de mis
compañeros del Grupo Parlamentario, lo hago plenamente consciente de la
importancia del mandato. Por ello, así como solicito a mis compañeros de
fracción todo su apoyo para llevar adelante la encomienda, también lo solicito
respetuosamente a todos ustedes compañeros integrantes de esta XVI Legislatura,
con el propósito que dentro del marco de la tolerancia y prudencia manifestemos
nuestras propuestas que se traduzcan en beneficio de las mejores causas de Baja
California, nadie gana con el enfrentamiento, contemos con la madurez para que
esto sea cosa del pasado, tengamos la entereza de resistir la tentación de las
campañas políticas que presionan para hacernos partícipes de una contienda que
si es, que si bien es sumamente importante, no debe trastocar nuestro trabajo
ni nuestro compromiso con los ciudadanos, preservemos el Congreso como lo que
es, un Recinto de análisis, discusión, acuerdo de ideas y proyectos para Baja
California, no lo hagamos una caja de resonancia del proceso electoral que se
avecina, en suma, comprometámonos en el desahogo de la agenda legislativa que
tenemos pendiente. Estimados compañeros, dejamos constancia que los Diputados
del Grupo Parlamentario del PRI estamos abiertos al diálogo para encontrar
nuevas rutas de consenso y para sentar bases que permitan al Poder Legislativo
cumplir debidamente en un ambiente de respeto y armonía, de acuerdo con sus
atribuciones constitucionales. Con todo respeto, invito a los compañeros
Diputados, Coordinadores de las fracciones del Partido Acción Nacional y del
Partido de la Revolución Democrática a que sigamos avanzando y que el eje
fundamental de nuestro trabajo esté permeado por la civilidad política. Dado en
el Salón de Sesiones Licenciado Benito Juárez. Respetuosamente, el suscrito”.
Es cuanto, señor Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Muy bien, nos queda
un posicionamiento a nombre del Diputado Ulises Arce, sobre, en relación a la
reciente aprobación de la Ley Indígena; compañero Ulises, por favor haga uso de
la Tribuna.
- EL C. DIP. ARCE SALVADOR: “Diputado
Gilberto Flores Muñoz, Presidente de este Poder Legislativo, compañeras y
compañeros Diputados. Durante 500 años los pueblos indígenas de México han
padecido la explotación, despojo y la marginación, han sido orillados a vivir
en condiciones de pobreza. En la actualidad los indígenas mexicanos alzaron la
vista y alcanzaron su mirada el vasto orizonte de la nación y vieron igual que
ellos, millones de mestizos que no niegan su herencia indígena, también sufren
carencias, marginación y pobreza, y entonces la mayoría del pueblo escuchó y
atendió la voz y las razones de los indígenas, juntos recorrieron parte
importante del País, arribaron a la Capital del País e hicieron resistencias y
dejaron oír su voz, su pensamiento, sus sentimientos y sus demandas en la
Tribuna del Poder Legislativo, en donde reside la representación popular. El
Ejecutivo Federal confió en el Poder Legislativo, la comandancia del Ejército
Zapatista, la Liberación Nacional confió en el Poder Legislativo, el Congreso
Nacional Indigenista confió en el Poder Legislativo, por la visión
tradicionalista los intereses neoliberalismo, representados mayoritariamente
por los Senadores, Diputados de los Partidos de Acción Nacional y
Revolucionario Institucional, aprobaron una Legislación Indígena que no corresponde
a las demandas justas de los indígenas y que fueron plasmadas en los acuerdos
de San Andrés Larraiza, firmados por el Gobierno Federal y el E.Z.L.N. en
febrero de 1996, ¿qué pasó? ¿Por qué tomar decisiones que vuelven a empantanar
el diálogo de paz por negarle los derechos de los pueblos indígenas a que se
les reconozcan la constitución como pueblos indígenas, dejando este
reconocimiento a las constituciones y leyes de los Estados? Por nuestra parte
coincidimos con el Congreso Nacional Indigenista cuando manifiestan que la
aprobación de la Ley Indígena se construye en una auténtica contrareforma y una
afrenta a los pueblos indígenas de México, por qué dejan en manos de las
Entidades Federativas definir las características de la autonomía indígena y los
mecanismos para su realización. Anulan los derechos de libre y
autodeterminación indígena expresado en la autonomía dentro de los Estados
Mexicanos y aspiraciones de los indígenas para su reconstitución plena. En esta
Ley aprobada no se reconoce el derecho constitucional de acceder de manera
colectiva al uso y el disfrute de los recursos naturales que se encuentra en
las tierras y territorios indígenas. Ante éste, nos sumaremos activamente en
todas las acciones legales que convoca el Congreso Nacional Indígena para
exigir ante instancias nacionales e internacionales el pleno reconocimiento de
todos los pueblos indígenas de México. Es cuanto. Atentamente: Democracia ya,
patria para todos. Mexicali, a 03 de mayo de 2002. Diputado Ulises Arce
Salvador, perdón, 2001.
- EL C. PRESIDENTE: Muy bien compañero
Diputado Ulises; pasaríamos, preguntaríamos si tienen algún otro asunto qué
tratar compañeros Diputados, ¿dos asuntos qué tratar? Bueno pues adelante,
compañero Martín Domínguez, haga uso de la Tribuna.
- EL C. DIP. DOMINGUEZ ROCHA: Vamos a
procurar ser lo más breve posible para que tengan oportunidad de, vamos a,
Diputado Presidente, con su permiso, compañeros Diputados, compañeras
Diputadas. Voy a darle lectura así breve, como lo recomiendan, a un documento presentado
por la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias que se refiere a
la sustitución del Diputado con licencia, Efrén Macías Lezama, por la del
Diputado Gilberto Flores Muñoz, como coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática. En este mismo acuerdo también se contiene
la pretensión de que el Diputado Ulises Arce Salvador sustituya al mencionado
Diputado con licencia en las diversas Comisiones, a saber, para no leer todo el
texto, en la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, con el
carácter de Presidente. En la Comisión de Asuntos Indígenas y Derechos Humanos
también como Presidente. En la Comisión de Salud y Bienestar Social, con el
carácter de Secretario. En la Comisión de Legislación y Puntos
Constitucionales, también como Secretario. En la Comisión de Vigilancia de la
Oficialía Mayor, con el carácter de Vocal. En la Comisión de Desarrollo Urbano
y Vivienda, también con el carácter de Vocal. En la Comisión de Equidad y
Género, con el carácter de Vocal. Y en la Comisión de Patrimonio y
Fideicomisos, también con el carácter de Vocal”. Todas estas cachuchas, digo
todas estas responsabilidades desarrolló el Diputado Efrén Macías Lezama y hoy
se plantea que las mismas las desarrolle el Diputado Ulises Arce Salvador.
Vistos los antecedentes, tenemos el Punto Resolutivo que dice: “La Comisión de
Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias suscribe el nombramiento en
sustitución de Diputados al tenor de siguiente Acuerdo: Primero.- Se aprueba la
sustitución del Diputado con licencia Efrén Macías Lezama por la del Diputado
Gilberto Flores Muñoz como Vicepresidente de la Comisión de Régimen Interno y
Prácticas Parlamentarias, asimismo, se da cuenta de esta Asamblea sobre su
carácter de Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. Segundo.- Se aprueba la sustitución del Diputado con licencia
Efrén Macías Lezama por la del Diputado Ulises Arce Salvador hasta en tanto se
culmine el plazo estipulado por la licencia temporal del primero, con el
carácter de Presidente en las siguientes comisiones: Comisión de Vigilancia de
la Contaduría Mayor de Hacienda y Comisión de Asuntos Indígenas y Derechos
Humanos. Tercero.- Se aprueba la sustitución del Diputado con licencia Efrén
Macías Lezama por la del Diputado Ulises Arce Salvador con el Carácter de
Secretario de las siguientes comisiones: Comisión de Salud y Bienestar Social y
Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Cuarto.- Se aprueba la
sustitución del Diputado con licencia Efrén Macías Lezama por la del Diputado
Ulises Arce Salvador con el carácter de Vocal y hasta en tanto culmine el plazo
aprobado para la licencia temporal del primero en las siguientes comisiones:
Comisión de Vigilancia de la Oficialía Mayor, Comisión de Desarrollo Urbano y
Vivienda, Comisión de Equidad y Género, Comisión de Patrimonio y Fideicomiso.
Dado en este Salón de Sesiones Licenciado Benito Juárez García, firman los
Coordinadores de los distintos Grupos Parlamentarios que integran esta XVI Legislatura”.
- EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias,
vamos a someter a consideración de la Asamblea, compañero ¿nos permite someter
a la consideración? Se abre el debate, compañera Diputada Olivia Villalaz, por
favor haga una lista de oradores en contra del punto de acuerdo...
- EL C. DIP. GUTIERREZ PICENO: (Desde
su curul) Solicito un receso.
- EL C. PRESIDENTE: Adelante compañero.
(Receso: 16:15 Hrs.)
- EL C. PRESIDENTE: (16:20 Hrs.) Vamos
a iniciar el debate en torno al punto de acuerdo que nos ha hecho llegar la
Comisión de Régimen Interno por voz del compañero Presidente, Diputado Martín
Domínguez Rocha, compañera por favor haga una lista de oradores que estén en
contra del punto de acuerdo.
- LA C. SECRETARIA: ¿Oradores en contra
del punto de acuerdo presentado por el Diputado Martín Domínguez Rocha,
Presidente de la Comisión Interna, de Régimen Interno y Prácticas
Parlamentarias? No hay.
- EL C. PRESIDENTE: No hay oradores en
contra, por lo tanto no da lugar a favor, vamos a someter a votación el punto
de acuerdo, por favor verifique el sentido del voto de cada uno de los
compañeros aquí presentes por vía nominal, empezando por nuestra mano derecha.
- LA C. SECRETARIA: Compañeras y
compañeros, favor de emitir el sentido de su voto por vía nominal, iniciando por
la derecha.
- Edgar Fernández, a favor.
- Raquel Casillas, a favor.
- Sergio Avitia Nalda, a favor.
- Gloria González, a favor.
- David Gutiérrez Piceno, a favor.
- Martín Domínguez, a favor.
- Héctor Baltazar Chipres, a favor.
- Alejandro Pedrín Márquez, a favor.
- Miguel Delfín Castro, a favor.
- Molina, a favor.
- EL C. PRESIDENTE: ¿Algún Diputado
faltó de votar? ¿Algún Diputado faltó de votar? Por la Mesa Directiva.
- Olivia Villalaz, a favor.
- José Arango, a favor.
- Gilberto Flores Muñoz, a favor.
- LA C. SECRETARIA: Diputado
Presidente, 13 votos a favor, cero en contra, cero abstenciones.
- EL C. PRESIDENTE: Bien, se aprueba el
punto de acuerdo relativo a la integración del ciudadano Diputado Ulises Arce
Salvador, a las diferentes comisiones y cambio de coordinador del Grupo
Parlamentario del P.R.D., se aprueba en lo general por, ¿cuántos votos?
- LA C. SECRETARIA: 13 votos a favor,
cero en contra y cero abstenciones.
- EL C. PRESIDENTE: 13 votos a favor,
cero en contra y cero abstenciones. Una
vez aprobado en lo general y en lo particular, es de aprobarse y se aprueba el
punto de acuerdo de la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias,
en los términos que fue leído por el Diputado Martín Domínguez Rocha. Dado en
el Salón de Sesiones Licenciado Benito Juárez García del Honorable Poder
Legislativo, a los tres días del mes de mayo del año dos mil uno. Y pasamos al
último punto de los asuntos generales Compañero Martín Domínguez Rocha, haga
uso de la Tribuna. ¿Nomás va a solicitar que se integre a...
- EL C. DIP. DOMINGUEZ ROCHA: No, en este caso no Diputado Presidente.
Con su permiso Diputado Presidente, compañeros Diputados y Diputadas.
“Honorable Asamblea: Con fundamento en lo dispuesto por las fracciones I, II,
VI, VII, VIII del Artículo 46 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado, los Diputados integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Prácticas
Parlamentarias, presentan a consideración de esta Soberanía Acuerdo Económico
relativo a la emisión de práctica parlamentaria, para la resolución sobre la
aprobación de Dictamen Complementario al Dictamen número 152 de la Comisión de
Legislación y Puntos Constitucionales, a efecto del conocimiento y resolución
de esta última. Todo lo anterior en el orden de los siguientes antecedentes:
Primero.- Con fecha 15 de junio del 2000, el de la voz integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó ante esta Honorable XVI
Legislatura Constitucional, Iniciativa de Reformas que derogan el Capítulo
Cuarto, Artículos 38, 39 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, y la
fracción VII del Artículo 49, que reforman los Artículos 22, primero, tercero y
cuarto párrafo, 23, 24, 25, 27 fracción XIV y XXXIII, 45, 46 cuarto y sexto
párrafo, 109, primero y tercer párrafo y que adiciona el Artículo 27 con la
fracción XXXIV, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Baja California. Segundo.- Recibida que fue la Iniciativa en comento, el
Presidente de la Mesa Directiva, conforme a la facultad conferida por el inciso
e) de la fracción II del Artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Baja California, la turnó a la Comisión de legislación y Puntos
Constitucionales para su estudio y Dictamen. Tercero.- Una vez recibido el
Proyecto en comento, analizado que fue en todos y cada uno de sus términos, en
cumplimiento a lo previsto en el Artículo 128 de la Ley Orgánica de este Poder,
el pasado 10 de abril en Sesión Ordinaria de esta Asamblea, fue sometido a la
consideración de la misma, el Dictamen 152 de la Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales, aprobándose por la mayoría requerida para el caso de
reformas a la Constitución del Estado, propiciando así la posibilidad de
cumplir con el trámite previsto por el Artículo 112 de nuestra Carta Magna
Estatal. En torno del tema: La pretensión legislativa del Dictamen 152 de la
Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, se hizo consistir en los
contenidos de la Iniciativa de la Materia, cuyo eje fundamental es derogar el
Capítulo Cuarto denominado “De la Comisión Permanente”, y por consiguiente en
los Artículos 38 y 39 que lo integran con la finalidad de suprimir de la
legislación del Estado, la figura de la Comisión Permanente. Con esta intención
y en virtud de la derogación del Capítulo IV denominado “De la Comisión
Permanente” se aprobó suprimir lo relativo a esta figura por cuanto a las
menciones en la misma dentro del ordenamiento constitucional del Estado, lo
cual autoriza a modificaciones de redacción, sin alterar su contenido de fondo,
tal y como lo proponía la Iniciativa de origen. En tal virtud, con relación al
nuevo orden de párrafos que habrán de quedar intactos y sin modificación
alguna, son los siguientes: Primer párrafo del artículo 46; Segundo párrafo del
artículo 46; Tercer párrafo del Artículo 46; Quinto párrafo del Artículo 46; y
Séptimo párrafo del Artículo 46; En este sentido, por cuanto a los enunciados
que deberán reformarse, es menester señalar los siguientes: El cuarto párrafo
del artículo 46 en vigor, dispone que: “En caso de
falta absoluta ocurrida durante los dos primeros años del período, el Congreso
designará por mayoría absoluta de votos un Gobernador Provisional que convoque
a elecciones dentro de los dos meses siguientes, debiendo verificarse éstas en
un término no mayor de cuatro meses posteriores a la convocatoria. Si estuviere
en receso, la Comisión Permanente convocará al Congreso dentro de las
veinticuatro horas siguientes a un período extraordinario, para que designe al
Gobernador Provisional.” -Esta es la referencia a la Comisión Permanente dentro
del cuarto párrafo del Artículo 46- Así
entonces, de acuerdo al sentido que sigue la propuesta del Dictamen 152 para
este párrafo que nos ocupa, la pretensión consiste en suprimir la expresión “in
fine”, en congruencia con lo ya resuelto a este respecto, para quedar como a
continuación se enuncia: -Es decir, el párrafo Cuarto del Artículo 46 debe
quedar:- “En caso de falta absoluta ocurrida durante los dos primeros años del
período, el Congreso designará por mayoría absoluta de votos un Gobernador
Provisional que convoque a elecciones dentro de los dos meses siguientes,
debiendo verificarse éstas en un término no mayor de cuatro meses posteriores a
la convocatoria.” El sexto párrafo del Artículo 46,
establece lo siguiente: “Si la falta absoluta ocurriere después de los dos
primeros años, y el Congreso estuviere en funciones, designará por mayoría
absoluta un Gobernador Sustituto que termine el período. Si el Congreso no
estuviere en funciones, la Comisión Permanente convocará dentro de las
veinticuatro horas siguientes, a un período extraordinario de Sesiones, para
que el Congreso en un término de ocho días designe al Gobernador Sustituto;
caso en el cual el Secretario de Gobierno se hará cargo del despacho de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 45 de esta Constitución. ”En atención a lo
dispuesto por el Dictamen 152, para este párrafo en lo particular, se aprobó
por este Congreso que se hiciere prevalecer la primera expresión de este
precepto, eliminando la segunda o parte final, quedando como sucesivamente se
describe: “Si la falta absoluta ocurriere
después de los dos primeros años, el Congreso designará por mayoría absoluta un
Gobernador Substituto que termine el ejercicio constitucional del Ejecutivo.” De aquí
entonces que como resultado de la comparación y alcance del texto vigente del
párrafo sexto que nos ocupa, sea importante conservar el termino de ocho días
dispuesto para la designación del Gobernador substituto, así como la referencia
al Secretario de Gobierno por cuanto a su atribución para hacerse cargo del
despacho, tal cual se estipulan tanto en el artículo 45, como en el 52 de la
Constitución local. Lo anterior para quedar como a continuación se expone:
-Bueno por otra, obviamente solicitamos se transcriba tal cual aparece estas
lectura para no ser repetitivos, Diputado Presidente, en el Diario de Debates
correspondiente. “Si la falta absoluta ocurriere
después de los dos primeros años, el Congreso designará por mayoría absoluta y
en un termino que no mayor de ocho días, un Gobernador Substituto que termine
el ejercicio constitucional del Ejecutivo; caso en el cual el Secretario de
Gobierno se hará cargo del despacho de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 45 de esta Constitución.” Por otra parte, resulta necesario precisar
en el texto del Dictamen 152, las referencias textuales del artículo 46 quinto
párrafo, las cuales deben substituirse por las referencias: cuarto y sexto
párrafo, atendiendo a los razonamientos que con anterioridad han sido
invocados. – Hasta aquí Diputado Presidente, si me permite hacer una pequeña
explicación para que a los compañeros nos quede lo más claro posible a qué
problema nos estamos refiriendo. Al reformar la, al votar el Dictamen 152
relativo a la desaparición de la Comisión Permanente, por cuestiones
comprensibles en los seres humanos, le fueron cercenados algunos párrafos al
Artículo 46, y dijimos en el texto que se reformaba el párrafo quinto, cuando
en realidad debían reformarse los párrafos cuarto y sexto, este Artículo
constitucional tiene siete párrafos y tal cual se aprobó le faltan dos, faltan
dos o tres párrafos, dos, no estamos muy seguros también ahorita con tantas
repeticiones; pero debe constar de siete párrafos y nada más se iba a reformar
lo referente a las menciones de la Comisión Permanente y a algunas labores que
desarrollaba. Al votarlo así, insisto, es un error técnico, nos quedamos
cortos, cercenamos algunos párrafos, la pretensión de hoy resolverlo, porque no
podemos remitirlo a los Ayuntamientos en esas condiciones y hemos buscado en la
Ley Orgánica y encontramos que es competencia de la Comisión de Régimen Interno
y Prácticas Parlamentarias, de acuerdo con lo que al efecto dispone el Artículo
46 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California lo
siguiente:- “Fracción I.- Contribuir con la Mesa Directiva a organizar los trabajos
del Congreso del Estado; Fracción II.- Suscribir los acuerdos relativos a los
asuntos que se desahogan en las sesiones del Pleno del Congreso; Fracción VI.-
Impulsar y realizar los estudios que versen sobre disposiciones normativas,
regímenes y prácticas parlamentarias; Fracción VII.- Desahogar las consultas
respecto de la aplicación e interpretación de esta Ley y prácticas y usos
parlamentarios, y Fracción VIII.- Las demás que le confieran esta Ley y los
acuerdos del Congreso del Estado.” Que de
acuerdo a la lógica del procedimiento a seguir, es importante suscribir un
acuerdo sobre un asunto que ha sido desahogado en Sesión de este Congreso y en
tal virtud, promover la determinación dirigida al desahogo de consulta respecto
de la aplicación e interpretación de nuestra Ley interior, emitiendo al
respecto la debida práctica y uso parlamentario a desarrollar, con el efecto de
enmendar las condiciones que imperan dentro del artículo 46 materia del
Dictamen 152 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales aprobado
por esta Soberanía. Que al tenor de los razonamientos antes expuestos, resulta
de una alta importancia garantizar en el tema que nos ocupa, la correcta
definición del derecho producto del proceso legislativo seguido, a fin de
completar la determinación ya tomada por esta Asamblea. Que las omisiones,
errores e imprecisiones del contenido específico del Artículo 46 constitucional
estatal, -en la mencionada reforma- fueron producto de la actividad humana y de
subsanarse no alteran el fondo de la intención legislativa siendo evidente de
que se trata de enmiendas de forma, que pueden ser corregidas por la aprobación
de esta Asamblea de práctica parlamentaria al respecto. En corolario de lo
antes expuesto, fundado y motivado, sometemos a la consideración de esta
Soberanía, el siguiente ACUERDO: PRIMERO: Se aprueba la práctica parlamentaria
consistente en la necesidad de subsanar mediante el debido proceso legislativo,
aquellas omisiones, errores o imprecisiones y demás circunstancias o
acontecimientos derivados de la dictaminación, siempre y cuando estos no
alteren la pretensión legislativa y sea evidente que el origen de la misma fue
producto de la actividad procedimental. SEGUNDA: Se instruye a la Comisión de
Legislación y Puntos Constitucionales, para que, en los términos del
presente acuerdo parlamentario, emita
un Dictamen Complementario, que bajo la intención de la iniciativa y la
pretensión legislativa derivada del Dictamen 152, adecúe y armonice su
contenido específico a las disposiciones del mismo precepto comprendidas en la
Constitución del Estado en vigor, en los siguientes términos: -El Dictamen
Complementario que se solicita se emita por la Comisión de Legislación una vez
que se apruebe el acuerdo, el Artículo 46 quedaría en los siguientes términos.-
ARTICULO 46.-
...
...
...
En caso de
falta absoluta ocurrida durante los dos primeros años del período, el Congreso
designará por mayoría absoluta de votos un Gobernador Provisional que convoque
a elecciones dentro de los dos meses siguientes, debiendo verificarse éstas en
un término no mayor de cuatro meses posteriores a la convocatoria.
...
Si la falta
absoluta ocurriere después de los dos primeros años, el Congreso designará por
mayoría absoluta y en un término no mayor de ocho días, un Gobernador
Substituto que termine el ejercicio constitucional del Ejecutivo; caso en el
cual el Secretario de Gobierno se hará cargo del despacho de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 45 de esta Constitución.
...
TERCERO: Se solicita de la Comisión de
Legislación y Puntos Constitucionales con respecto a la emisión del dictamen
complementario referido en el punto anterior, se corrijan las menciones al
quinto párrafo del Artículo 46, por la de: “Artículo 46 cuarto y sexto
párrafo”, en lo que corresponda.
CUARTO: Se solicita de la Comisión de
Legislación y Puntos Constitucionales, que con la mayor brevedad posible, rinda
a esta Asamblea el dictamen complementario a que hace referencia el Acuerdo
Primero, para su votación y demás efectos.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “BENITO JUÁREZ GARCIA” DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA A LOS 03 DIAS DEL MES DE MAYO DEL
2001. Signan el documento los Diputados integrantes de la Comisión de Régimen
Interno y Prácticas Parlamentarias”. Y Diputado Presidente, una última
petición, salvo que se requiera mayores datos aclaratorios del tema, le
solicitamos someta a la consideración del Pleno la aprobación del Acuerdo
Parlamentario a que nos referimos, considerándolo como de obvia y urgente
resolución.
- EL C. PRESIDENTE: Muy bien, muchas
gracias. Entonces, compañeros Diputados, Diputadas, vamos a someter a
consideración la obvia y pronta resolución en lo que se refiere, la obvia y
pronta resolución en el punto de acuerdo que nos ha presentado la Comisión de
Régimen Interno por voz del compañero Diputado Martín Domínguez Rocha.
Compañeros, se abre el debate al respecto, compañeros que estén en contra de la
pronta y obvia resolución.
- LA C. SECRETARIA: Oradores en contra de
la pronta y obvia resolución, favor de manifestarse, no hay oradores en contra
Diputado Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Por lo tanto vamos a
someter a votación, por favor compañera Diputada Secretaria, solicite el
sentido del voto de cada uno de los Diputados por vía nominal, empezando por la
derecha.
- LA C. SECRETARIA: Compañeros, favor
de emitir el sentido de su voto por vía nominal, iniciando por la derecha.
- Edgar Fernández, a favor.
- Raquel Casillas, a favor.
- Sergio Avitia Nalda, a favor.
- Gloria González, a favor.
- David Gutiérrez Piceno, a favor.
- Ulises Arce Salvador, a favor.
- Martín Domínguez, a favor.
- Alejandro Pedrín Márquez, a favor.
- Miguel Delfín Castro, a favor.
- Molina, a favor.
- Héctor Baltazar Chipres, a favor.
- EL C. PRESIDENTE: ¿Algún Diputado
faltó de votar? ¿Algún Diputado faltó de votar? Por la Mesa Directiva.
- Olivia Villalaz, a favor.
- José Arango, a favor.
- Gilberto Flores Muñoz, a favor.
- LA C. SECRETARIA: 14 votos a favor,
cero en contra, cero abstenciones, Diputado Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Bien, entonces se
aprueba el punto de acuerdo presentado, perdón, se aprueba la obvia y pronta
resolución y vamos a someter a consideración en la aprobación del punto de
acuerdo, compañera Diputada elabore una lista de oradores en contra del punto
de acuerdo.
- LA C. SECRETARIA: Compañeros y
compañeras que estén en contra del punto de acuerdo presentado por el Diputado
Martín Domínguez Rocha, favor de manifestarse, no hay oradores en contra.
- EL C. PRESIDENTE: No hay oradores en
contra, por lo tanto no da lugar a favor, vamos a iniciar la votación, por
favor solicite el sentido del voto de cada uno de los Diputados presentes en la
asamblea, por vía nominal, empezando por mi derecha.
- LA C. SECRETARIA: Compañeros, favor
de emitir el sentido de su voto referente al punto de acuerdo que presentó el
Diputado Martín Domínguez Rocha, por vía nominal iniciando por la derecha.
- Martín Domínguez, a favor.
- Edgar Fernández, a favor.
- Raquel Casillas, a favor.
- Sergio Avitia Nalda, a favor.
- Gloria González, a favor.
- David Gutiérrez Piceno, a favor.
- Ulises Arce Salvador, a favor.
- Alejandro Pedrín Márquez, a favor.
- Miguel Delfín Castro, a favor.
- Héctor Baltazar Chipres, a favor.
- Molina, a favor.
- EL C. PRESIDENTE: ¿Algún Diputado
faltó de votar? ¿Algún Diputado faltó de votar? Por la Mesa Directiva.
- Olivia Villalaz, a favor.
- José Arango, a favor.
- Flores Muñoz Gilberto, a favor.
- LA C. SECRETARIA: 14 votos a favor,
cero en contra, cero abstenciones, Diputado Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Bien, se aprueba el
punto de acuerdo presentado por la Comisión de Régimen Interno y Prácticas
Parlamentarias, relativo al Dictamen No. 152 de la Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales, en lo general y en lo particular, por 14 votos a
favor, cero en contra y cero abstenciones. Una vez aprobado en lo general y en
lo particular es de aprobarse y se aprueba el punto de acuerdo de la Comisión
de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias en los términos que fue leído por
el Diputado Martín Domínguez Rocha. Dado en el Salón de Sesiones Licenciado
Benito Juárez García, del Honorable Poder Legislativo, a los tres días del mes
de mayo del año 2001. Se pregunta a los compañeros Diputados si tienen algún
asunto qué tratar; no hay asuntos qué tratar. Agotado el orden del día se cita
a los ciudadanos Diputados integrantes de esta XVI Legislatura del Estado, para
el día miércoles 09 de mayo a las once horas en este Recinto Oficial, se
levanta la sesión. (Termina: 16:45 Hrs.)
