VERSION DE SESION ORDINARIA
CELEBRADA POR LA COMISION PERMANENTE DE LA HONORABLE XVI LEGISLATURA
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, EL DIA MIERCOLES
VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL UNO.
Presidencia del C. Dip. Ricardo Zazueta Villegas
(Asistencia de cinco ciudadanos
Diputados)
- EL C. PRESIDENTE: (11:10 Hrs.) Damos
inicio a la Sesión de la Comisión Permanente de la Honorable XVI Legislatura
Constitucional del Estado de Baja California, miércoles veintiocho de febrero del
dos mil uno, se abre la sesión conforme al artículo 101 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo de Baja California. Diputado Secretario sírvase pasar lista
de asistencia.
- EL C. SECRETARIO: Con mucho gusto
señor Presidente. “Arango Pérez José Félix, Bahena Flores Alejandro, Flores
Muñoz Gilberto, Magaña Mosqueda Héctor, Zazueta Villegas Ricardo. Se encuentran
cuatro de los siete integrantes, señor Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Bien, esta Presidencia justifica la
inasistencia de los Diputados: Casillas Muñoz Raquel y Fernández Bustamante
Edgar Arturo. Habiendo quórum Diputada
Secretario sírvase dar a conocer el orden del día.
- EL C. SECRETARIO: Con mucho gusto.
“Miércoles 28 de febrero del 2001, Orden del Día: 1.- Lectura del Acta de la
Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente, celebrada el día 22 de febrero del
año en curso. 2.- Correspondencia Recibida. 3.- Correspondencia Despachada. 4.-
Informe de Comisiones para Actos Especiales. 5.- Asuntos Generales”.
- EL C. PRESIDENTE: Se somete a la consideración
de los Diputados integrantes de la Comisión Permanente para su aprobación,
Diputado Secretario sírvase llevar a cabo la votación en los términos de Ley.
- EL C. SECRETARIO: Por instrucción del
Diputado Presidente, sometemos a votación, en votación económica, favor de
manifestarlo Diputados, 4 votos a favor, señor Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Aprobado el Orden
del Día, pasamos al primer punto que se refiere a la lectura del Acta de la Sesión Ordinaria de la Comisión
Permanente, celebrada el día 22 de febrero del año en curso, como es del
conocimiento de cada uno de ustedes Diputados, esta Acta fue enviada
oportunamente por correo electrónico a cada uno de ustedes, por lo mismo y como
me queda claro que la leyeron y la estudiaron con, en forma íntegra, solicito
que se dispensa la lectura de la misma, razón por la cual le pido al Diputado
Secretario lleve a efecto la votación en los términos de Ley, sobre esta
petición de la Presidencia.
- EL C.
SECRETARIO: ¿Es para la lectura o para la votación?
- EL C.
PRESIDENTE: Es la lectura Diputado Secretario.
- EL C. DIP. SECRETARIO: Para dispensar la lectura del Acta de la
sesión del 22 de febrero del año en curso, Diputados favor de, sírvanse
manifestarse en votación económica, cuatro votos a favor, señor Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Una vez dispensada la lectura, damos cuenta de
la presencia del Diputado Sergio Loperena Núñez, le pido al Diputado que
también someta a votación la aprobación de la misma acta.
- EL C.
SECRETARIO: En el mismo sentido, por instrucción del señor Presidente, a los
Diputados que estén a favor sírvanse manifestarlo en votación económica, de
nueva cuenta señor Presidente, cuatro votos a favor. ACTA DE SESION ORDINARIA
DE LA COMISION PERMANENTE DE LA HONORABLE XVI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, CELEBRADA EN EL SALON DE SESIONES
“LIC. BENITO JUAREZ GARCIA”, EL DIA
JUEVES VEINTIDOS DE FEBRERO DEL AÑO 2001. Presidencia del C. Dip. Ricardo
Zazueta Villegas. Asistencia de seis ciudadanos Diputados. En la Ciudad de
Mexicali, Baja California, siendo las doce horas con treinta y cinco minutos del día jueves veintidós de Febrero
del año 2001, fecha señalada para que tenga verificativo la Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente
de la Honorable XVI Legislatura del
Estado de Baja California, y encontrándonos constituidos en el Recinto Oficial
del Poder Legislativo, el Diputado Secretario de esta Mesa Directiva certifica
la asistencia de los ciudadanos Diputados: Arango Pérez José Félix, Casillas
Muñoz Raquel, Fernández Bustamante Edgar Arturo, Flores Muñoz Gilberto, Magaña
Mosqueda Héctor y Zazueta Villegas Ricardo; así mismo, justifica la
inasistencia del Diputado Bahena Flores Alejandro, quien se encuentra delicado
de salud. Enseguida, el Diputado Presidente les da la bienvenida a esta Sesión
de la Comisión Permanente a los ciudadanos Diputados: Esparza Herrera Héctor,
Gutiérrez Piceno David, Macías Lezama Efrén, Villalaz Becerra María del Refugio
Olivia y Jiménez Mercado Jaime. A continuación, habiéndose cerciorado y
declarado la existencia del quórum legal para sesionar, el Diputado Presidente
declara abierta la sesión, solicitando al Diputado Secretario dar a conocer el
Orden del Día que se propone para esta sesión, siendo el siguiente: 1.- Lectura
del Acta de la Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente celebrada el día 15
de febrero del año en curso. 2.- Correspondencia Recibida. 3.- Correspondencia
Despachada. 4.- Informe de Comisiones para Actos Especiales. 5.- Asuntos
Generales. Mismo, que puesto a consideración de la Asamblea, resulta aprobado en votación económica por
unanimidad de los Diputados propietarios. Enseguida, se procede a desahogar el
Orden del Día establecido iniciando con el primer punto, que es lectura del
Acta de la Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente celebrada el día 15 de
febrero del año en curso, misma que es aprobada en votación económica por
unanimidad de los ciudadanos Diputados
propietarios. Se continúa con el puntos Segundo “correspondencia recibida”; el
Diputado Presidente hace mención que en virtud de que fue entregada una
relación a cada uno de los ciudadanos Diputados, existiendo 20 oficios
recibidos, asimismo solicita la dispensa de la lectura; resultando aprobada por
unanimidad de los Diputados propietarios. Así mismo, el Diputado Presidente
menciona que no existe correspondencia despachada. Posteriormente, se pasa al
cuarto punto “Informe de Comisiones para Actos Especiales” y no existiendo
ningún Informe qué presentar por parte de los ciudadanos Diputados. se continúa
con el siguiente punto “Asuntos Generales” en donde hace uso de la voz el
Diputado José Félix Arango Pérez para presentar Iniciativa de Reforma al
Artículo 4º y Adición a una Fracción del Artículo 9º de la Ley Agropecuaria y
Forestal para el Estado de Baja California. Acto seguido, el Diputado
Presidente manifiesta que este asunto se agendará para el próximo período
ordinario. Acto continuo, la Diputada Raquel Casillas Muñoz, interviene para
presentar Iniciativa de Decreto que modifica las Fracciones I y III del
Artículo 208-Ter y que adiciona un párrafo segundo del Artículo 232 del Código
Penal para el Estado de Baja California y reforma el Artículo 123 del Código de
Procedimientos Penales para incluir el párrafo que se adiciona al Artículo 232
en la lista de los delitos considerados graves. Posteriormente, y conforme a lo
que establece el Artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Baja California, se pasará al inventario de asuntos pendientes que
será entregado al próximo período ordinario. En otro asunto, interviene el
Diputado Efrén Macías Lezama para presentar punto de acuerdo mediante el cual
solicita al Instituto Federal Electoral que reabra módulos de credencial en
Tecate, Rosarito y San Quintín. Que esta Honorable XVI Legislatura dirija
atentos oficios al Instituto Federal Electoral y a la Comisión Nacional de
Vigilancia del Registro Federal de Electores, solicitándoles la reapertura y
operación de los módulos de credencialización y empadronamiento de los Municipios
de Tecate, Rosarito y la Región de San Quintín, debido a las grandes distancias
existentes con la ciudad de Ensenada, y por ser una medida contraria al derecho
de los ciudadanos de Estado. De nueva cuenta, el Diputado Efrén Macías Lezama,
hace uso de la Tribuna para presentar el siguiente punto de acuerdo: Que este
Poder Legislativo solicite al Ejecutivo del Estado que elabore un estudio
jurídico de mercado financiero tendiente a implementar una lotería estatal para
la asistencia pública en materia de salud y que en su caso de ser viable inicie
los trámites ante la Federación para que contar con este instrumento de
captación de recursos a favor de la sociedad Bajacaliforniana. Posteriormente,
el Diputado Presidente hace mención que en los términos del Artículo 127 de la
Ley Orgánica le den el tratamiento correspondiente a las peticiones expuestas
por el Diputado Efrén Macías Lezama. En otro asunto, el Diputado Héctor Magaña
Mosqueda, interviene referente al tema para regular la compraventa de arma punzocortantes;
aunado a lo anterior, presenta el siguiente punto de acuerdo económico: Unico.-
Que esta Legislatura remita el texto íntegro del presente acuerdo a cada uno de
los Ayuntamientos del Estado, exhortándolos para definir y reglamentar dentro de
sus respectivas competencias el control y la comercialización de estos objetos
que podrán ser considerados como armas del mismo efecto en cuanto al daño de la
integridad física de las personas que en dicho sentido producen las armas de
fuego y explosivos, así como los utensilios, objetos e instrumentos para el
consumo de drogas o enervantes, así mismo, que se le recomiende a los
Ayuntamientos el tratamiento de este tema en los consejos de ciudadanos de
seguridad pública para la concientización, diagnóstico del problema. Acto
seguido, el Diputado Presidente menciona que se hará el trámite correspondiente
en los términos del Artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. A
continuación, el Diputado Martín Domínguez Rocha, presenta a nombre del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona
diversos preceptos de la Ley de Salud Pública del Estado de Baja California,
destinada a regular los establecimientos dedicados a la prestación de servicios
de masaje y terapias físico corporales. Asimismo, solicita se integre
íntegramente en el Diario de los Debates. Enseguida, el Diputado Presidente, en
los términos del Artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se dará
el trámite correspondiente al Decreto de Reforma presentado por el Diputado
Martín Domínguez Rocha. Acto continuo, el Diputado Gilberto Flores Muñoz,
interviene a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, para presentar la siguiente Iniciativa de Acuerdo Económico:
Primero.- Que esta Soberanía apruebe se incorpore en la página de Internet del
Poder Legislativo, en un apartado específico, los resolutivos que contienen los
dictámenes emitidos por la Comisión de Hacienda y Administración una vez
publicados en el Periódico Oficial del Estado, asimismo, se edite un resumen
informativo de los mismos, para que sea publicado en los diarios estatales de
mayor circulación. Segundo.- Para dar cumplimiento a lo anterior, se giren las
instrucciones necesarias a la Dirección de Comunicación Social del Poder
Legislativo, para realizar la publicidad institucional correspondiente, en la
que se invite a la ciudadanía a consultar la página de Internet del Poder
Legislativo. Enseguida, el Diputado David Gutiérrez Piceno, a nombre del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta
posicionamiento relacionado con la posible aplicación del impuesto al valor
agregado a las medicinas y a los alimentos. En otro asunto, hace uso de la voz
la Diputada Raquel Casillas Muñoz, para hacer mención respecto a la
homologación de la tasa del impuesto al valor agregado al 15% en la región
fronteriza. Así mismo, presenta Iniciativa de Acuerdo Económico: Primero.- Que
el Pleno de este Honorable Congreso se pronuncie enérgicamente en contra de la
homologación de la tasa del impuesto al valor agregado al 15% en la región
fronteriza y la eliminación de la tasa cero en alimentos y medicinas. Segundo.-
Que la Mesa Directiva de esta XVI Legislatura haga llegar una excitativa a los
integrantes de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión y a los compañeros
Diputados miembros de las Legislaturas Locales de los Estados de la Frontera
Norte y Sur para que se pronuncien en contra de la homologación del IVA y la
eliminación de la tasa cero en medicinas y alimentos. Enseguida, el Diputado
Presidente hace mención que en los términos del Artículo 127 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Baja California, se acordará lo solicitado
por la Diputada Raquel Casillas Muñoz. Acto seguido, la Diputada María del
Refugio Olivia Villalaz Becerra, en el punto de Informe de Comisiones para
Actos Especiales, hace uso de la voz para informar que acudió para atender la
Representación del Congreso del Estado de Baja California, donde se denominó la
mexicalense del año 2000, un evento que fue coordinado por las Comunicadores de
Mexicali. Una vez agotado lo establecido
en el Orden del Día, el Diputado Presidente cita a los ciudadanos
Diputados integrantes de la Comisión Permanente para el próximo miércoles veintiocho de Febrero del presente año, a
las once horas en este Recinto Oficial, con el objeto de que tenga verificativo
el desarrollo de la Sesión Ordinaria de Receso correspondiente; asimismo,
procede a declarar formalmente levantada la presente sesión siendo las catorce
horas con veinte minutos del día jueves veintidós de Febrero del año
2001”.
- EL C.
PRESIDENTE: Una vez aprobada la dispensa de la lectura, se pasa al tercer punto
que se refiere a correspondencia despachada, en virtud de que fue entregada con
oportunidad a cada uno de los Diputados integrantes de la Comisión Permanente
la relación de la correspondencia despachada, se solicita a los mismos la
dispensa de la lectura, Diputado Secretario sírvase tomar la votación
correspondiente. Bien, tiene razón, no aparece aquí la recibida, iniciaremos
con la correspondencia recibida antes de pasar a la despachada.
- EL C. SECRETARIO: Los Diputados que estén a favor, sírvanse
manifestarlo en votación económica, vamos a dar constancia para que pueda valer
su voto, antes de la votación por qué no damos constancia.
- EL C. PRESIDENTE: Cómo no Secretario, sus instrucciones para mí
son, damos cuenta de la presencia del Diputado Gilberto Flores Muñoz, señor
Presidente someta a votación la dispensa de la lectura de la correspondencia
recibida.
- EL C. SECRETARIO: Atendiendo a sus órdenes, los Diputados que
estén a favor, sírvanse manifestarlo en votación económica, cinco votos a
favor. 1.-Escrito de fecha 01 de febrero y recibido el 19 del mismo, que remite
el Dip. Rubén Vasconcelos Beltrán, Presidente de la Comisión de Educación y
Cultura del H. Congreso de Oaxaca, mediante el cual convoca al Concurso
Nacional de Oratoria, dentro de la Primera Jornada de Fé Juarista, la cual se
llevará a cabo en marzo del año en curso.
- EL C.
PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Educación y Cultura.,
- EL C.
SECRETARIO: 2.- Oficio No. 408 de fecha 12 de febrero y recibido el 21 del
mismo, que remite el C.P. José Guadalupe Zamorano Ramírez, Secretario de
Planeación y Finanzas del Edo. de B.C.,
mediante el cual remite documentación que ampara la Cuarta Modificación
Presupuestal del ejercicio Fiscal de 2000, aprobada a la entidad Paraestatal
denominada “Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana”.
- EL C.
PRESIDENTE: Túrnese a la comisión de Hacienda y Administración.,
- EL C.
SECRETARIO: 3.- Escrito de fecha 20 de febrero y recibido el 21 del mismo, que
remite Madre Antonia Brenner S.U.H.S.J.E., en el cual agradece a este H.
Congreso, él haber sido escuchada en referencia de reformar y adicionar dos párrafos al Artículo 242 del Código
Penal del Estado de Baja California en la Asamblea del día 25 de enero.
- EL C.
PRESIDENTE: Se agradece el acuse.
- EL C.
SECRETARIO: 4.- Oficio No. 006138 de fecha 15 de febrero y recibido el 21 del
mismo, que remite el C.P. Magdaleno Chávez Lara, Director General del
ISSSTECALI, mediante el cual envía una copia de la Publicación en el Periódico
Oficial del Estado, del Presupuesto de Ingresos y Egresos correspondiente al Ejercicio 2001.
- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la
Comisión de Hacienda y Administración.,
- EL C. SECRETARIO: 5.- Oficio No.
UEC-80 de fecha 06 de febrero y recibido el 21 del mismo, que remite Carlos
Bandala Serrano, Titular de la Unidad de Enlace con el Congreso de la Unión,
mediante el cual informan que dicha secretaría tomó conocimiento del Oficio
4507 referente a propuesta de incluir en el rubro de Asistencia Social del
Presupuesto 2001, una partida especial para programas que atiendan a niños con
Discapacidad Funcional.
- EL C. PRESIDENTE: Se agradece el
acuse y Túrnese al Dip. Efrén Macías Lezama, en atención a Punto de Acuerdo
presentado en Sesión Ordinaria, celebrada el 7 de diciembre próximo pasado.
- EL C. SECRETARIO: 6.- Oficio No.
DG-013/2001 de fecha 19 de febrero y recibido el 21 del mismo, que remite el
C.P. Manuel Muñiz y Márquez, Director General del Centro S.C.T del Edo., Con
relación al Oficio No. 391 de fecha 31 de enero del presente, donde se remite
Dictamen No. 445 de la Comisión de Hacienda y Administración, mediante el cual
informa que todos los adeudos por consumo notificados al 31 de diciembre del
2000, fueron cubiertos antes de dicha fecha.
- EL C. PRESIDENTE: Se agradece el
acuse y túrnese a la Comisión de Hacienda y Administración en atención al
Dictamen Nº 445, aprobado en Sesión Ordinaria, celebrada el pasado 31 de enero.
- EL C. SECRETARIO: 7.- Escrito de
fecha 02 de febrero y recibido el 21 de febrero, que remite el Dip. Jaime
Jiménez Mercado, con relación al Punto de Acuerdo que presentó el 28 de
noviembre del 2000, a efecto de instalar una placa evocativa de la designación
del Recinto Oficial del Congreso del estado de Baja California, en las
instalaciones del Centro Social, Cívico y Cultural Riviera en la ciudad de
Ensenada Baja California.
- EL C. PRESIDENTE: Será atendida por
esta Presidencia.
- EL C. SECRETARIO: 8.- Oficio s/n de
fecha 12 de febrero y recibido el 21 del mismo, que remite el Lic. Víctor
Avilés, Coordinador Nacional de
Comunicación Social del Instituto Federal Electoral, en el que envía un
ejemplar del Libro Medios, Ética y Elecciones que contiene una recopilación del
programa de información para formadores de opinión Pública, coorganizado por el
IFE y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
- EL C. PRESIDENTE: Se agradece el
envío.
- EL C. SECRETARIO: 9.- Escrito de
fecha 07 de febrero y recibido el 21 del mismo, que remite José Navidad
González Paras, Presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de
Administración Pública, mediante el cual envía un ejemplar de la Publicación
Administración Pública para el Nuevo Milenio. Directorio de programas y
Servicios 2000-2001.
- EL C. PRESIDENTE: Se agradece el
envío.
- EL C. SECRETARIO: 10.-Oficio No.
R-292/01 de fecha 20 de febrero y recibido el 22 del mismo, que remite el Lic.
Mario Alberto Martínez Castillo, mediante el cual informa el seguimiento y
avance de Dictámenes de la Contaduría Mayor de Hacienda remitidos a dicha
Dirección relativo a las Cuentas Públicas.
- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la
Comisión de Hacienda y Administración.
- EL C. SECRETARIO: 11.- Oficio No.
045/2001 de fecha 15 de febrero y recibido el 22 del mismo, que remite el C.
Jorge Hirales Vargas Presidente de la Unión Ganadera Regional del Edo.,
mediante el cual solicita la participación del Congreso del Estado a las
asambleas que se llevarán a cabo el 17 y 18 del mes y año en curso.
- EL C. PRESIDENTE: Se agradece la
invitación, la cual fue atendida en su oportunidad por el Dip. Sergio Javier
Loperena Nuñez
- EL C. SECRETARIO: 12.- Copia del
Oficio No. 064/2001 de fecha 22 de febrero y recibido el mismo día, que remite
el Dr. Jorge Luis Espinoza Valdez, Secretario General del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Secretaría de Salud, dirigido al C. Carlos Astorga Othón, Director
General de ISESALUD en el Edo., mediante el cual le expresa lo indignante que
es para dicho sindicato, las relaciones laborales entre los trabajadores y
autoridades de ISESALUD.
- EL C. PRESIDENTE: Nos damos por
enterados.
- EL C. SECRETARIO: 13.- Escrito de
fecha 21 de febrero y recibido el 22 del mismo, que remite Silvia Reséndiz
Flores, en el cual envía Carta Abierta dirigida a los CC. Diputados de la H.
XVI Legislatura y a los CC. Diputados
Federales y Senadores por Baja California, conmina a este Congreso a que
atiendan los Acuerdos de San Andrés, firmados por el Gobierno Federal y el
Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
- EL C. PRESIDENTE: Nos damos por
enterados y se Turna a la Comisión de
Asuntos Indígenas y Derechos Humanos.
- EL C. SECRETARIO: 14.-Escrito de
fecha 22 de febrero y recibido el 23 del mismo, que remite el Lic. Héctor
Manjarrez Zazueta, Presidente del Grupo
Independencia, mediante el cual solicitan a este Congreso la intervención con
relación a los incrementos de los impuestos, Bienes Servicios que se están
promoviendo por las Autoridades Federales. Asimismo disminuir el costo de la
Energía Eléctrica en esta Región.
- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la
Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias y a la Comisión Especial
para Tarifas Eléctricas.
- EL C. SECRETARIO: 15.- Oficio No. 453
de fecha 12 de febrero y recibido el 23 del mismo, que remite el C.P. José
Guadalupe Zamorano, Secretario de Planeación y Finanzas del Edo. mediante el
cual solicita se deje sin efecto el Oficio No. 165 enviado por dicha Secretaría
a este Congreso, en virtud de que esa solicitud de consideración se encuentra
considerada en el oficio No. 214.
- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la
Comisión de Hacienda y Administración.,
- EL C. PRESIDENTE: En los mismos términos que esta Comisión nos
autorice la dispensa de la lectura de la correspondencia despachada,
Presidente, digo, Secretario por favor gire...
- EL C. SECRETARIO: Los Diputados que estén a favor, sírvanse
manifestarlo en votación económica la correspondencia despachada, cinco votos a
favor.
“Oficio Nº 470 de fecha 15 de febrero y despachado el 16 del mismo,
dirigido a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, mediante el cual
se le remite para su trámite correspondiente, certificación del Dictamen Nº 133
de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en donde se aprueba la
Iniciativa de Reforma al Segundo Párrafo de la Fracción II del Artículo 116 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como Acta de
Sesión Extraordinaria celebrada por esta Legislatura, el pasado 8 de febrero.
Oficio Nº 470 de fecha 15 de febrero y despachado el 16 del mismo, dirigido a
la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, mediante el cual se le
remite para su trámite correspondiente, certificación del Dictamen Nº 133 de la
Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en donde se aprueba la
Iniciativa de Reforma al Segundo Párrafo de la Fracción II del Artículo 116 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como Acta de
Sesión Extraordinaria celebrada por esta Legislatura, el pasado 8 de febrero”.
- EL C. PRESIDENTE: Vamos a pasar al cuarto punto del orden del día
que se refiere a Informe de Comisiones para Actos Especiales, esta Presidencia da
cuenta que al 28 de febrero del 2001 tenemos un informe que presenta a
Presidencia el Diputado Antonio Ricardo Cano Jiménez, con motivo de haber
asistido en representación de este Congreso a la cena-informe de actividades y
entrega del premio al Promotor Industrial del Año 2000, celebrado el pasado 31
de enero en la ciudad de Tijuana; de igual manera comunica el Diputado Antonio
Ricardo Cano Jiménez que asistió al Informe de Actividades realizadas por la
Sindicatura Municipal del Honorable XVI Ayuntamiento de Tijuana, celebrado el
día primero de febrero del año en curso. Esta Presidencia pregunta si hay algún
otro informe qué rendir sobre algún evento especial que hayan representado al
Congreso los Diputados, bien pasamos al quinto punto del orden del día, que se
refiere a Asuntos Generales y se pregunta a los ciudadanos Diputados aquí
presentes si tienen algún asunto qué tratar, nosotros tenemos aquí una relación
de asuntos y nos marca en primer orden al Diputado José Arango Pérez, quien
presenta Iniciativa de Reformas al Artículo 123 Constitucional.
- EL C. DIP. ARANGO PEREZ: Con su venia compañero Diputado
Presidente, antes de iniciar con la lectura Diputado Presidente, le pediré de
favor que me permitiera dar lectura únicamente a la exposición de motivos, dada
la voluminosidad de la Iniciativa que se insertara en forma íntegra dentro del
Diario de los Debates para que se diera constancia.
- EL C. PRESIDENTE: A mí me encantaría escucharla toda, pero yo creo
que los compañeros...
- EL C. DIP. ARANGO PEREZ: Si usted gusta yo la leo toda.
- EL C. PRESIDENTE: Yo creo que con la exposición de motivos nos
basta, daremos instrucciones para que sea transcriba en forma íntegra en el
Diario de los Debates.
- EL C. DIP. ARANGO PEREZ: Le agradezco mucho. “Diputado Ricardo
Zazueta Villegas, Presidente de la Comisión Permanente. Iniciativa de Reformas
al Artículo 123 Constitucional. Los Diputados del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, en ejercicio de lo dispuesto por la fracción II del
artículo 27 y la fracción I del Artículo 28, ambos preceptos de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, comparecemos ante esta
Asamblea para promover Proyecto de Iniciativa de Reformas al Artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, iniciativa que bajo tal
carácter, solicito su análisis, discusión y aprobación por este Congreso del
Estado, con el propósito de que, en caso de aprobarse, se adopte como
Iniciativa de ésta Legislatura Estatal, de conformidad con lo dispuesto por la
fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, todo esto al tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. El
derecho al trabajo, reclama de mecanismos y condiciones que permitan hacer
frente de modo eficiente, oportuno y adecuado a todo conflicto que se suscite
entre los llamados factores de la producción. Para lograr esto, requerimos de
autoridades que estén directamente en contacto con la población, para que sus
reclamos de justicia puedan ser resueltos en forma expedita. Con la presente iniciativa, pretendemos dar
vida a la reestructuración jurisdiccional de las autoridades federales
encargadas de la justicia laboral para conferir ciertas competencias a las autoridades
de las entidades federativas, concretamente, en cuanto al ejercicio de las
facultades que el artículo 123 de nuestra Constitución Federal les otorgan,
pero que, por azares del destino legislativo, se han instituido a las
autoridades federales de la justicia del trabajo. Es importante resaltar, que
según el imperativo constitucional del 123: “La aplicación de las Leyes del
Trabajo corresponde a las autoridades de los Estados”, salvo por el listado
expreso de asuntos que la fracción XXXI del artículo en comento, confiere a las
autoridades federales. Este instrumento legislativo, parte de la premisa
fundamental de un problema social de la justicia laboral que implica, la falta
y carencia de autoridades federales del trabajo en los estados, cuyos
demandantes, tienen que trasladarse a grandes distancias, sólo para pretender
la atención de sus conflictos, lo cual representa elevados costos y en gran
medida, la extinción de la posibilidad material y económica para demandar
justicia, dejando en un estado de indefensión, por el sólo hecho de no contar
con autoridades al alcance de la población. No pretendemos extinguir toda
facultad federal en materia de justicia laboral, pero sin embargo, justamente
aspiramos a la existencia de un verdadero orden en la distribución de
competencias y división de responsabilidades, en favor de los ciudadanos, para
una resolución eficaz de sus conflictos. La propuesta fundamental de la
presente iniciativa, es también, la sustitución de las Juntas de Conciliación y
Arbitraje, sean locales y federales, por la de Jueces de lo Social, como
autoridades en los conflictos laborales que preferentemente desarrollarán los
órganos del Poder Judicial de las Entidades Federativas. Con ello, estamos
siendo congruentes con la Iniciativa similar presentada por el Senador Juan de
Dios Castro Lozano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el
Congreso de la Unión, el pasado 12 de julio de 1995. Ya en la máxima tribuna de
la federación se expuso, que es inadecuada la formación y funcionamiento de las
Juntas, en base a su formación tripartita, que parte de la disposición
contenida en la fracción XX, del Apartado "A", del artículo 123
Constitucional, que textualmente dispone que: "las diferencias o los
conflictos entre el capital y el trabajo se sujetarán a la decisión de una Junta
de Conciliación y Arbitraje, formada por igual número de representantes de los
obreros y de los patronos y uno del gobierno". Las juntas no funcionan
como debieran, por su total dependencia económica, y por los nombramientos que
realiza el Ejecutivo Federal y Local y por la ficción de que los
representantes, son de los obreros. Por la propia naturaleza de la actividad de
dirimir controversias, naturaleza jurisdiccional, el Poder del Estado encargado
de realizarla, debe ser el Poder Judicial y no el Ejecutivo, tomando como base
su naturaleza nítidamente jurisdiccional. Por lo anterior, la iniciativa
propone la creación de Jueces de lo Social, dependientes del Poder Judicial. Se
adecuan también, las fracciones donde se mencionan a las Juntas de Conciliación
y Arbitraje; el término patrón y las modificaciones similares en el Apartado
"B". En el proceso de actualización del artículo 123 de la
Constitución Federal, se reforma el primer párrafo del apartado B de dicho
precepto, para incluir dentro de sus prevenciones a los Poderes de las
Entidades Federativas y Ayuntamientos, que en la realidad material de
aplicación, rigen sus relaciones laborales por este apartado pero que en la
norma vigente no están incluidos con precisión y claridad. Así también se adiciona
una fracción XV al apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal para
establecer como una garantía de los trabajadores que ostentan un empleo, cargo
o comisión con funciones de seguridad pública, prevención de delitos,
procuración e impartición de justicia, el seguro de vida, como un derecho que
será otorgado mediante los términos que establezca la Ley. Lo anterior obedece
a la existencia de un régimen vigente, que es injusto con aquellas personas que
exponen día con día su vida con motivo de sus funciones. Así también, se adiciona a este artículo y
apartado una fracción XVI, cuyo objetivo es incluir con claridad y literalidad
dentro de las disposiciones de éste apartado, a los trabajadores al servicio de
los organismos descentralizados, paraestatales, paramunicipales, empresas de
participación estatal, municipal y fideicomisos públicos, para así resolver un
grave conflicto de interpretación de las normas que en recientes fechas a
expuesto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que podría implicar un
grave menoscabo en los derechos de los trabajadores que están bajo estas
condiciones. Por el principio de supremacía constitucional, nuestra carta magna
federal es y constituye el ordenamiento adecuado para designar todas aquellas
bases que den funcionalidad a la aspiración de la sociedad para contar con
mecanismos para dirimir sus conflictos de naturaleza privada o pública. En
virtud del principio de coherencia normativa, para que se pueda dar vida a una
base legal y ordinaria, es necesaria la existencia de una base constitucional
que determine las funciones características del Estado, los poderes y
autoridades encargados de cumplir con dichas funciones. La soberanía popular,
descansa fundamentalmente en las facultades de los representantes populares,
que debemos traducir los reclamos sociales, en condiciones y bases jurídicas
que signifiquen un propósito funcional y eficaz para la prestación de servicios
públicos, sobre todo cuando se trata de algo tan fundamental como lo es la
justicia laboral o del trabajo. Por lo antes expuesto y de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 114 fracción I de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Baja California, sometemos a consideración de esta
Soberanía la siguiente INICIATIVA
DE REFORMA AL ARTICULO 123 DE LA
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. ARTICULO ÚNICO: Se
reforman las fracciones XVIII, XIX, XXI, XXVII, XXXI, en el inciso b) el último párrafo de la fracción XXI, todas del
apartado A), así como la fracción XII del apartado B), todo ello al artículo
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar
como siguen:
ARTICULO
123.- Toda persona …………
El Congreso de la Unión, …………
A.- Entre los obreros, …………
I.- a la XVII.- …………
XVIII.-
Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio
entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del
trabajo con los del capital. En los servicios públicos será obligatorio para
los trabajadores dar aviso, con diez días de anticipación, al Juez de lo Social
competente, de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. Las huelgas
serán consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los
huelguistas ejecuten actos violentos contra las personas o las propiedades, o
en caso de guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los establecimientos y
servicios que dependan del gobierno;
XIX.-
Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga
necesario suspender el trabajo para mantener los precios en un límite
costeable, previa resolución del Juez de lo Social competente.
XX.-
Las diferencias o los conflictos entre los sujetos de las relaciones laborales
individuales o colectivas y las que resulten de la aplicación de las
disposiciones de la Ley del Seguro Social se sujetarán a la decisión de un Juez
de lo Social, que formará parte de los Poderes Judiciales de las entidades
federativas. En todo caso el procedimiento será uniinstancial;
XXI.
Si el empleador se negare a someter sus diferencias al juicio laboral, en la
sentencia, el Juez de lo Social competente, dará por terminado el contrato de
trabajo y el empleador quedará obligado a indemnizar al trabajador con el
importe de tres meses de salario. Esta disposición no será aplicable en los
casos de las acciones consignadas en la fracción siguiente. Si la negativa
fuere de los trabajadores, se dará por terminado el contrato de trabajo;
XXII.- a la XXVI.- …………
XXVII.- Serán condiciones nulas…………
a).-
…………
b).- Las que fijen un salario que no
sea remunerador a juicio del Juez de lo Social competente.
c).-
a la h).- …………
XXVIII.- a la XXX.- …………
XXXI.-
La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los
Estados, en sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia
concurrente de las autoridades federales sobre la cual podrá obtener facultades
de atracción, tratándose de los asuntos relativos a:
a).-
…………
1.-
a la 22.- …………
b).- …………
1.-
a la 3.- …………
Será competencia exclusiva de las
autoridades federales, la aplicación de las disposiciones de trabajo en los
asuntos relativos a conflictos que afecten a dos o más entidades federativas;
contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de una
entidad federativa; obligaciones patronales en materia educativa, en los
términos de ley; y respecto a las obligaciones de los patrones en materia de
capacitación y adiestramiento de sus trabajadores, así como de seguridad e
higiene en los centros de trabajo, para lo cual, las autoridades federales
contarán con el auxilio de las estatales, cuando se trate de ramas o
actividades de jurisdicción local, en los términos de la ley reglamentaria
correspondiente. B.- Entre los Poderes de la Unión, los Poderes de las
Entidades Federativas, el Gobierno del Distrito Federal y los Ayuntamientos con
sus trabajadores:
I.- a la XI.- …………
XII.-
Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán sometidos a un
Juez de lo Social.
Los conflictos entre el Poder Judicial
…………
Los conflictos entre los servidores públicos
de los Poderes de los Estados con las autoridades de las entidades federativas,
serán resueltos por los Jueces de lo Social de cada entidad, integrados según
los disponga la Ley correspondiente.
XIII.- …………y
XIII-BIS.-
…………
XIV.-
…………
XV.- Los trabajadores al servicio de
los Gobiernos Federal, Estatal o Municipal que con motivo de su empleo, cargo o
comisión estén a cargo de funciones de seguridad pública, prevención de
delitos, procuración e impartición de justicia, contarán con seguro de vida en
los términos de Ley.
XVI.- Estarán comprendidos dentro de
las disposiciones del presente apartado, los trabajadores al servicio de los
organismos descentralizados, paraestatales, paramunicipales, empresas de
participación estatal, municipal y fideicomisos públicos.
TRANSITORIOS:
PRIMERO: El presente Decreto entrará en
vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación. SEGUNDO: Los Gobiernos de las entidades federativas de la república
concretarán las acciones legislativas correspondientes, así como las medidas
administrativas en un plazo que no excederá de noventa días naturales. TERCERO:
Para efectos del acatamiento de lo dispuesto por la fracción XVI del Apartado B
del artículo 123 de este Ordenamiento, las instituciones gubernamentales
determinarán mediante la Ley, las formas y términos en que se dará cumplimiento
efectivo a sus disposiciones, así como las modalidades de servicios e
instituciones públicas o privadas encargadas de prestar los servicios y cumplir
las garantías del empleado. Dado en el
Salón de Sesiones del Poder Legislativo del Estado de Baja California, a los 28
días del mes de febrero del 2001. Señor Presidente, dado que la presente
Iniciativa implica la reforma de un ordenamiento federal y toda vez que la
misma debe ser discutida, analizada y votada por esta Soberanía, solicito que
con el carácter de Iniciativa se turne a la Comisión de Legislación y Puntos
Constitucionales, para que rinda su Dictamen y en caso de ser aprobado se
presente como Iniciativa de esta Legislatura ante el Congreso de la Unión.
Atentamente: Por una Patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna
para todos. Por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, firma el de
la voz”. Muchas gracias compañero Presidente en funciones.
- EL C. VICEPRESIDENTE: Gracias Diputado José Félix Arango Pérez,
conforme a su solicitud, debo informarle que esta Iniciativa será turnada como
corresponde a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, a efecto de
que se discuta a partir de el inicio del siguiente período ordinario de
sesiones. Hacemos constar la presencia del Diputado Edgar Arturo Fernández
Bustamante y del Diputado David Gutiérrez Piceno, así como del Diputado Martín
Domínguez Rocha. Continuando con el orden del día, hace uso de la voz el
Diputado Martín Domínguez Rocha, Iniciativa de Reforma a la Ley de Ejecución de
Sanciones y Medidas de Seguridad para el Estado de Baja California.
- EL C. DIP. DOMINGUEZ ROCHA:
Muchísimas gracias Presidente en funciones de la Comisión Permanente y
Honorable Mesa Directiva, compañeros Diputados, traía una versión ejecutiva de
esta Iniciativa; pero por cuestiones de corrección vamos a leerla completa.
“Con fundamento en lo dispuesto por las fracciones primeras de los artículos 27
y 28 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja
California, el suscrito miembro del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, someto a consideración de esta Soberanía INICIATIVA DE DECRETO QUE
REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS PRECEPTOS DE LA LEY DE EJECUCIÓN DE SANCIONES Y
MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, instrumentado bajo el
propósito fundamental de establecer regulaciones relativas al comercio de
bienes, productos, servicios y tráfico de recursos financieros en los centros
penitenciarios del Estado, todo ello, al tenor de la siguiente EXPOSICIÓN DE
MOTIVOS: Ante los embates de la delincuencia que agobia los tiempos actuales,
la revisión del sistema jurídico legislativo que circunda el cumplimiento y
ejercicio de las penas jurisdiccionales, se constituye en uno de los puntos
medulares del proceso de adecuación del marco de derecho en el Estado.
Recordamos que uno de los principales postulantes del derecho penitenciario:
Eugenio Cuello Calón, ha dicho que la prisión; “es el establecimiento penal en
donde se recluyen a los condenados y donde permanecen en mayor o menor grado,
privados de su libertad, sometidos a un determinado régimen de vida, y por lo
común, sujetos a la obligación de trabajar.” El Maestro Calón, con su peculiar
visión de la penología, ya explicaba la necesidad de un régimen de vida
respecto de aquellos privados de su libertad con características especiales,
necesariamente sujetas al trabajo como método para la readaptación social de
los delincuentes. Se afirma con gran certeza, que es en el derecho canónico en
donde surgen las prisiones, como “sitios destinados a enviar a los culpables
para reflexionar sobre su culpa, en carácter de penitencia para su posterior
arrepentimiento.” De aquí que la pena corporal lleve consigo la necesidad de
imponer la reflexión del delincuente sobre el daño cometido mediante la
restricción de los más comunes beneficios de la vida en libertad. En el
transcurrir de las diversas etapas de los modelos penitenciarios y a partir de
las obras como “Tratado de los Delitos y de las Penas”, del Marqués de
Beccaria; “El Estado de las Prisiones”, de Howard y el “Discurso sobre las
penas” de Lardizábal, se inicia el período de humanización en los mosaicos
penitenciarios, antecedido por un período de castigos inhumanos, expiación
moral y vendettas privadas o públicas, dando inicio a la era que hoy conocemos
bajo la denominación de progresiva y técnica, a través de la cual, se busca la
readaptación y reinserción social del condenado. Nuestro actual régimen
penitenciario, se distingue por un relajamiento del firme propósito de la pena,
generando sistemas de vida dentro los establecimientos de readaptación social
que se distingue entre el rol de la persona en comunidad por la ausencia de libertad.
Esta situación propicia dentro de las penitenciarías la instalación de
comercios de bienes, productos y servicios y del tráfico de recursos económicos
que deriva en poder adquisitivo de algunos presos, seguramente muy por encima
de las condiciones de la población civil. Bajo estos parámetros penitenciarías
como La Mesa, de Tijuana denominada popularmente “el pueblito”, son auténticos
núcleos de población con familias, niños, comercios y servicios internos,
condiciones que están a la vista de la comunidad e inciden en nuestra posición
en torno al relajamiento del sistema penitenciario. De un análisis de la
legislación del Estado en materia de ejecuciones, sanciones y medidas de
seguridad es posible observar que muy a pesar de la riqueza del contenido de la
Ley, el relajamiento de las penas encuentra sus raíces en dicho ordenamiento,
ante la inminente ausencia de disposiciones generales que pugnen por la
efectividad en las condenas jurisdiccionales y los debidos controles al
comercio de bienes, servicios y tráfico de recursos económicos dentro de los
establecimientos de readaptación social de la Entidad. El comercio de bienes y
servicios en las prisiones, más allá de la circunstancia generadora de oficio o
empleo ha constituido un régimen de precios por encima de los valores del
mercado exterior, con las cuales correlativamente se prestan estos giros
internos a un sistema de concesiones que podían significar enriquecimientos
irregulares tanto para autoridades como para internos. El vínculo directo de
esta situación, el tráfico de recursos económicos dentro de las penitenciarías
producen establecimiento de niveles privilegiados y desahogados para la vida de
algunos internos, en cumplimiento de su sentencia. Es por lo anterior, que en
la búsqueda por el respeto al marco jurídico resulta necesario adecuar la Ley
de Ejecución de Sentencias y Medidas, es decir, Ley de Ejecución de Sanciones y
Medidas de Seguridad del Estado de Baja California, adicionando regulaciones
que permitirán corregir el rumbo del sistema penitenciario para que de esta
forma, con todo el imperio de la Ley la autoridad esté en condiciones de
ejercer sus atribuciones bajo bases firmes que le permitan la readaptación y
reinserción social de los delincuentes. En el marco de los motivos que hemos expuesto,
proponemos a esta Soberanía la adición de un Capítulo IV al Título Segundo de
la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de Baja
California y correlativamente la adición de los numerales 29 Bis y 29 Ter al
referido ordenamiento, los cuales se postulan en congruencia, armonía y debida
sistematización legislativa en torno al cuerpo normativo de la referida Ley.
Mediante la adición del Capítulo IV al Título Segundo de la Ley, se ostenta la
pretensión genérica para regular las disposiciones concernientes al “comercio
de productos y servicios y tráfico de recursos económicos en los
establecimientos de readaptación social”. Asimismo, a través de la
incorporación del Artículo 29 Bis, se busca consignar que “Los establecimientos
de readaptación social controlarán y vigilarán del comercio de productos y
servicios así como del trafico de recursos financieros dentro de las prisiones.
Los establecimientos, prohibirán el ejercicio del comercio de bienes o
servicios dentro de las instalaciones penitenciarias e impondrán las sanciones
que correspondan para aquellos que incumplan con estas disposiciones, en
términos del Reglamento correspondiente.” A
través del Artículo 29 Bis, por una parte se estatuye la regulación que faculta
a la autoridad penitenciaria a efecto del control y supervisión del comercio de
productos, servicios y trafico de recursos financieros dentro de las prisiones.
Asimismo, en un segundo párrafo a este artículo se prohibe el comercio en los
establecimientos de readaptación social del Estado y se faculta a la autoridad
para imponer las sanciones conducentes. El
artículo 29 Ter, materia de adición legislativa estipula que: “La Dirección de
Prevención y Readaptación Social deberá organizar y operar, unidades de
abastecimiento dentro de los establecimientos de readaptación social, las
cuales funcionarán mediante vales de mercancía a través de depósitos monetarios
de las visitas o rendimientos económicos de trabajo penitenciario de los
internos. La Secretaría Jurídica y de Prevención Social emitirá un Reglamento
para la operación y funcionamiento de las unidades de abastecimiento.” El
primer párrafo del anterior artículo, impone el deber de la autoridad para
establecer unidades de abastecimiento, las cuales operarán mediante vales de
mercancías podrán amparar los depósitos monetarios de las visitas o el
rendimiento económico producto del trabajo de los internos. De esta forma, se
inhibe el tráfico monetario y se controla y supervisa el comercio en las
prisiones. Mediante un segundo párrafo del artículo 29 Ter, se regula la
competencia de la Secretaría Jurídica y de Prevención Social para reglamentar
la operación y funcionamiento de las unidades de abastecimiento. La
reglamentación de dichas unidades permitirá definir procedimientos
administrativos y disposiciones específicas que brindarán efectividad a la
reforma legal. Finalmente, se reforma el Artículo 36 de la Ley que nos ocupa,
bajo la pretensión de garantizar que la alimentación de los internos sea además
de suficiente, de la calidad necesaria para la conservación de la salud. Lo
anterior en virtud de que la suficiencia alimenticia debe ir unida a la
necesariedad nutricional mínima para una vida sana. Asimismo, se regula dentro
de este precepto que las unidades de abastecimiento reguladas dentro del Capítulo
IV, Título Segundo de esta Ley racionalizarán el consumo y distribución de
alimentos producto de vales de mercancía de forma tal que se garantice la
no-concesión de privilegios y beneficios con motivo del desarrollo de sus fines.
En efecto, la intención legislativa debe procurar la existencia de planos
igualitarios por cuanto derecho de
alimentación de los reclusos, en congruencia con la prerrogativa para recibir
alimentos del exterior y en conciliación con la búsqueda constante y permanente
para que la vida en prisión se abstenga de privilegiar la potencialidad
económica de ciertos internos. Las unidades de abastecimiento, se proyectan
bajo la visión substitutiva al comercio libre de bienes, productos y servicios
dentro de las prisiones, en la intención de regularizar, controlar y supervisar
condiciones de hecho que entorpece la severidad de la pena, permitiendo
beneficios indiscriminados. Sin embargo, el alcance legislativo de esta reforma
debe alcanzar condiciones que propicien y fomenten la igualdad y la humanidad
de las prisiones, sin perder el fin último de las sanciones. Compañeros
Diputados, la presente iniciativa tiene como propósito regular acontecimientos
de hecho, desde la perspectiva del derecho en nuestra entidad. El fin y
espíritu de las penas jurisdiccionales, como lo desarrollaba Groffman, un
distinguido tratadista Argentino, es “organizar un modelo jurídico
disciplinario en donde los sujetos están sometidos a una sola autoridad, en
que, en mayor o menor medida, están separados completamente del mundo
circundante, y en que todos los procesos vitales y necesidades de los internos
están administrados según un plan omnicomprensivo (reglamento interno) que
reclama para sí la total persona de los internos, y elimina la separación usual
del ámbito de trabajo, vivienda y de tiempo libre.” La finalidad del régimen de
privación de la libertad, es también evitar que el sujeto reincida, buscando
reincorporarlo a la vida en sociedad y también al sancionar al delincuente, reforzar
la intimidación a la colectividad, ejemplarizando en los demás la conciencia y
consecuencias de las conductas delictivas. Estamos pues ante la oportunidad de
producir los cambios necesarios a la legislación y administración
penitenciaria, amén de corregir vicios y relajamientos punitivos que sólo
entorpecen la buena marcha de todo un sistema de seguridad, procuración e
impartición de justicia. -Diputado Presidente en funciones, el resto del texto
de este documento se refiere a la iniciativa en sí y le solicito
respetuosamente se transcriba en el Diario de los Debates tal cual si hubiera
sido leído a la letra en esta Tribuna, ello para efectos de no cansar a
nuestros compañeros-. “De conformidad a lo dispuesto por el artículo 114
fracción II y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Baja California, se presenta: INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y
ADICIONA DIVERSOS PRECEPTOS DE LA LEY DE EJECUCIÓN DE SANCIONES Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
ARTICULO ÚNICO: Se Adiciona un
Capítulo IV al Título Segundo y los preceptos 29 Bis y 29 Ter; se reforma el
texto del Artículo 36, todo ello de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas
de Seguridad del Estado de Baja California para quedar como siguen:
CAPITULO IV
Del comercio de productos y servicios y tráfico recursos en los
establecimientos de readaptación social
ARTICULO 29 BIS.- Los establecimientos
de readaptación social controlarán y vigilaran del comercio de productos y
servicios así como del trafico de recursos financieros dentro de las prisiones.
Los
establecimientos, prohibirán el ejercicio del comercio de bienes o servicios
dentro de las instalaciones penitenciarias e impondrán las sanciones que
correspondan para aquellos que incumplan con estas disposiciones en términos
del Reglamento correspondiente.
ARTICULO 29 TER.- La Dirección de
Prevención y Readaptación Social deberá organizar y operar, unidades de
abastecimiento dentro de los establecimientos de readaptación social, las
cuales funcionarán mediante vales de mercancía a través de depósitos monetarios
de las visitas o rendimientos económicos de trabajo penitenciario de los
internos.
La Secretaría Jurídica y de Prevención
Social emitirá un Reglamento para la operación y funcionamiento de las unidades
de abastecimiento.
ARTICULO 36.- Todo recluso recibirá alimentación
higiénica y de buena calidad, cuyo valor nutritivo sea suficiente y necesario
para el mantenimiento de su salud. Los internos tendrán derecho a recibir
alimentos del exterior, bajo el control sanitario y de seguridad que sea
necesario. Las unidades de abastecimiento reguladas dentro del Capítulo IV,
Título Segundo de esta Ley racionalizarán el consumo y distribución de
alimentos producto de vales de mercancía de forma tal que se garantice la
no-concesión de privilegios y beneficios con motivo del desarrollo de sus
fines.
TRANSITORIOS:
PRIMERO: Las presentes reformas
entrarán en vigor a los 60 días naturales siguientes a los de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado de Baja California. SEGUNDO: Dentro del termino
de treinta días naturales a partir de la publicación de este Decreto la
Secretaría Jurídica y de Prevención Social, emitirá los Reglamentos
correspondientes y adecuará la normatividad existente con base en las disposiciones
del presente. TERCERO: En el termino de
treinta días naturales siguientes a la vigencia de este Decreto, la Secretaría
Jurídica y de Prevención Social informará al Congreso del Estado sobre el
resultado de la aplicación de estas disposiciones. CUARTO: La Procuraduría de
los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado vigilará la efectividad
de esta reforma y velará por el respeto a los derechos de los internos
derivados de los recursos que hubieren adquirido con anterioridad a la vigencia
de este Decreto. QUINTO: Los bienes, productos y servicios propiedad de los
internos se cambiarán por vales de mercancía de acuerdo con el valor el
marcado, en su caso a petición del reo, se entregarán a los familiares del
mismo. SEXTO: La Dirección de Control y Evaluación Gubernamental asignará el
personal necesario para dar cumplimiento al transitorio sexto, en su caso,
instruirá los procedimientos y acciones que deriven de cualquier
incumplimiento. SÉPTIMO: La Secretaría
de Planeación y Finanzas del Estado coadyuvará con los Directores de los
Centros de Readaptación Social del Estado, en el control y supervisión de los
recursos que deriven de lo dispuesto por el transitorio Quinto, asignando el
personal competente al efecto.
DADO
EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO A LOS VEINTIOCHO DIAS
DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2001. ATENTAMENTE:
Dip. Martín Domínguez Rocha”.
- EL C. VICEPRESIDENTE: Gracias Diputado Martín Domínguez Rocha, tal
cual corresponde su Iniciativa de Ley será turnada a la Comisión de Legislación
y Puntos Constitucionales que preside aquí el Diputado Héctor Magaña Mosqueda y
que se habrá de iniciar su proceso de discusión en el siguiente Período
Ordinario de Sesiones; igualmente Diputado Martín Domínguez Rocha, le solicitamos
haga uso de la Tribuna para escuchar su Iniciativa de Acuerdo Económico
relativa a la Ruta de Transporte Otay, en la ciudad de Tijuana, Baja
California. Perdón Diputado Martín Domínguez, solamente para hacer constar la
presencia del Diputado Jaime Jiménez Mercado.
- EL C. DIP. DOMINGUEZ ROCHA: Gracias
Diputado Presidente, con su permiso compañeros de la Mesa Directiva, Diputado
Jiménez Mercado y Diputado Arango y Diputado David Gutiérrez Piceno. “Honorable
Asamblea: En ejercicio de lo dispuesto por los Artículos 14 y 36 DE LA
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como
por lo establecido por la fracción III del Artículo 114 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Baja California, el
suscrito miembro del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presento
a la consideración de esta Asamblea: Iniciativa de Acuerdo Económico, todo esto
bajo la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: Un sistema municipal de transporte
público debe ir evolucionando y transformando su cobertura y calidad,
conjuntamente con las necesidades y exigencias de la población usuaria,
especialmente en ciudades metropolitanas como Tijuana, en donde el crecimiento
urbano y las necesidades de traslado de trabajadores a sus centros de empleo merecen
de una atención especial. Tijuana ha asumido el reto de la transformación
urbana y correlativamente de la reorganización de sus redes de transporte,
porque en ello descansan las potencialidades de su progreso económico,
educativo, cultural y social, tanto como el cumplimiento y satisfacción de los
más elementales servicios privados y públicos. Muy a pesar de la existencia de
asentamientos humanos irregulares, la necesidad para satisfacer los mínimos o
máximos servicios dentro de estas áreas, es una buena medida para evaluar los
criterios humanistas de los representantes populares. Actualmente la Zona de la
Mesa de Otay, clave de uno de los parques industriales de Tijuana y conexión
con la carretera de cuota Tijuana Tecate, muestra en sus espacios adyacentes y
conexos núcleos poblacionales de personas y familias que se ven obligadas a
transitar a pie de paso por una carretera federal hasta los límites del
territorio municipal Tijuanense para acceder a las rutas del transporte
colectivo urbano. Esta situación, más que exhibir condiciones de peligro a la
integridad física de niños, jóvenes y adultos, condiciones irregulares de sus
hogares o la indebida planeación de los centros de población, generan la
necesidad para solventar en particular medidas de comunicación terrestre que
nos permitan salvaguardar su debido traslado al trabajo, a la escuela, al
mercado o al área de servicios urbanos, porque con ello garantizamos lo
primero, su dignidad. Son aproximadamente tres kilómetros a lo largo de la
carretera federal que comunica Tijuana con la Caseta de Cobro de la carretera a
Tecate, dentro de los cuales los pobladores aledaños transitan –insisto- a pie
para acceder a una ruta de transporte. En múltiples ocasiones es posible
advertir a niños y niñas en edad escolar, solos o en conjunto, caminando hacia
los mismos destinos de sus padres, poniendo en riesgo su vida y otras veces,
elevando las condiciones de peligro para los vehículos que por ahí transitan,
seguros de que se trata de una carretera y vía rápida y no así de un espacio
suburbano. Como se ha expuesto, este tramo es federal y a la federación compete
permitir o prohibir el acceso a las líneas de transporte público. Empero, los
habitantes de estos predios ocupan espacios inherentes a la región y por
consecuencia es a la misma región a quien le corresponde brindar los servicios
mínimos que permitan una comunicación segura, efectiva y eficaz. Es pues un
cometido del presente instrumento legislativo, procurar acercamientos entre los
órdenes de gobierno del Estado y del Municipio de Tijuana, a fin de coordinar
esfuerzos para la elaboración de estudios, diagnósticos y propuestas
alternativas que nos conduzcan a la gestión ante la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes mediante las autoridades del Estado y muy especialmente
del Ayuntamiento de Tijuana, con el propósito de arribar a una solución sobre
la problemática que se ha expuesto, pues es el particular y seguramente
colectivo interés de esta Soberanía, proteger y garantizar la vida y
condiciones de seguridad para estos ciudadanos y jóvenes inhibiendo las
posibilidades para profetizar lamentables desgracias que solo empañan las
bondades de un pueblo trabajador y económicamente activo como Tijuana. Es
indispensable, materializar sobre este tema la actuación cooperativa y armónica
del Poder Ejecutivo del Estado y del XVI Ayuntamiento de Tijuana a fin de
emprender en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con
cede en el Estado, un análisis, diagnóstico, evaluación, perspectivas y
propuestas, amén de lograr satisfacer la demanda de comunicación terrestre de
los residentes de estos lugares. De los estudios que en forma conjunta se
realicen entre los órdenes de gobiernos involucrados, podrá derivar la vía más
idónea para resolver este problema y finalmente, la concretización del modelo
de cooperación y ejercicio de facultades en lo que corresponda. En corolario de
lo expuesto, motivado y fundado, sometemos a consideración de este Congreso el
siguiente ACUERDO ECONÓMICO: PRIMERO: La XVI Legislatura del Poder Legislativo
del Estado de Baja California, solicita mediante la presente de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de la República y particularmente
de la Delegación Federal en la Entidad, su cooperación en la búsqueda de los
acuerdos con las autoridades del orden estatal y municipal en Tijuana, a efecto
de concretar un diagnóstico de rutas de transporte con beneficio a los
habitantes de espacios aledaños a la carretera de cuota Tijuana – Tecate, en
virtud de las necesidades de comunicación terrestre de los ciudadanos
residentes en los predios de dicho tramo. SEGUNDO: El Congreso del Estado de
Baja California, solicita del Ciudadano Gobernador Alejandro González Alcocer
inicie los estudios y gestiones suficientes con la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes del Gobierno de la República y particularmente de la Delegación
Federal en la Entidad, para la concretización de los acuerdos con la autoridad
referida a efecto de solventar las necesidades de transporte terrestre de los
ciudadanos residentes de los predios aledaños a la carretera de cuota Tijuana –
Tecate en virtud de las necesidades de comunicación terrestre de dichos
residentes de los predios del referido tramo. Requiriendo a este respecto, una
pronta y satisfactoria gestión dado que de los frutos de esta, derivan
posibilidades para garantizar la seguridad y servicios de un gran número de
ciudadanos, ciudadanas, niños y jóvenes del sector indicado en la Ciudad de
Tijuana. TERCERO: Los Diputados integrantes del Congreso del Estado de Baja
California, solicitan del XVI Ayuntamiento de Tijuana, su participación
en los estudios y gestiones del Gobierno del Estado con la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes del Gobierno de la República y particularmente de
la Delegación Federal en la Entidad, para la concretización de los modelos y
acuerdos con las autoridades referidas, a efecto de materializar la
solventación de las necesidades de transporte de los residentes de los predios
aledaños a la carretera multicitada”. A este
respecto, resulta de fundamental importancia y prioridad que el Ayuntamiento a
su digno cargo, abandere los estudios y las correspondientes propuestas de
rutas, apertura de vialidades y diseño de las medidas para el establecimiento
de paradores destinados a usuarios de los servicios en mención. En suma, los
representantes del pueblo en el Poder Legislativo del Estado, requerimos de
dichas autoridades una pronta y satisfactoria gestión dado que de los
resultados de esta, derivan posibilidades para garantizar la seguridad y
servicios de un gran numero de ciudadanos, ciudadanas, niños y jóvenes del
sector indicado en la Ciudad de Tijuana. DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO A
LOS 28 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2001. ATENTAMENTE: Dip. Martín
Domínguez Rocha”.
- EL C. DIP. VICEPRESIDENTE: Diputado Martín Domínguez, ¿tiene
inconveniente que su Iniciativa de Punto de Acuerdo Económico sea turnado a la
Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte Público? ¿A ambas Comisiones? ¿A la
de Gestoría? Con mucho gusto Diputado Martín Domínguez. En el uso de la voz el
Diputado Jaime Jiménez Mercado.
- EL C. DIP. JIMENEZ MERCADO: “C. Dip. Alejandro Bahena Flores,
Vicepresidente del Congreso del Estado de Baja California, en funciones de
Presidente de la Mesa Directiva el día de hoy, integrantes de la Mesa
Directiva, compañeros Diputados, público asistente. En cumplimiento a la
comisión que me confirió la Presidencia en oficio No. 538 expediente No.
852-1/651.8/2 del 20 de febrero del año 2001, para representar al Congreso del
Estado en la Ceremonia Protocolaria de Toma de Protesta del Consejo Directivo
Electo del Colegio de Abogados Emilio Rabasa, Asociación Civil, que habrá de
fungir para el período 2000-2002 a ejecutarse en el Centro Cultural de Tijuana
el 22 de febrero del año 2001 a las nueve horas en la ciudad de Tijuana, Baja
California, tengo a bien informar a usted y a los integrantes de la XVI
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Baja California lo siguiente: El
programa se ejecutó como estaba previsto, en el presidium estuvo representado
el Poder del Estado de Baja California y los tres órganos de gobierno que lo
ejercen, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, igualmente estuvieron en el
presidium tanto el Presidente saliente del Colegio de Abogados Emilio Rabasa,
A. C. el Licenciado José Luis Molina
Magaña, como el Presidente entrante, Licenciado Felizardo Ruiz Presichi y otras
personalidades de la Administración Pública Municipal, Estatal y Federal,
acreditados en la ciudad de Tijuana. El acto estuvo concurrido por
aproximadamente 250 personas integrantes de los diversos sectores sociales,
políticos y de los medios informativos tijuanenses. El Presidente saliente,
Licenciado José Luis Molina Magaña rindió un Informe de Actividades que se anexa
al presente y por su parte el Licenciado Felizardo Ruiz Presichi emitió un
mensaje fijando postura de lo que será su gestión en un discurso cuyo texto
también se anexa al presente. Finalmente el Licenciado Alejandro González
Alcocer, quien previamente tomó la protesta a la Mesa Directiva entrante,
integrada por los Licenciados Presidente, Felizardo Ruiz Presichi y un grupo
más de personas que se mencionan en el propio escrito y que pido se tengan como
mencionados para los efectos protocolarios, dirigió un mensaje, en mi carácter
de Presidente de la Comisión de Justicia de este Congreso que usted dignamente
preside, hice una invitación a los circunstantes a la consulta ciudadana para
la designación de los Magistrados del Poder Judicial del Estado de Baja California,
que habrán de fungir a partir del primero de noviembre del año en curso y los
seis años venideros, acto programado para ejecutarse en el mismo lugar el día
23 de febrero del año en curso, a partir de las diecisiete horas. Se les
ofreció un desayuno y se dio por concluida la Ceremonia”. Es cuanto.
- EL C. VICEPRESIDENTE: Gracias Diputado Jiménez Mercado. En uso de
la voz el Diputado Martín Domínguez Rocha que presenta posicionamiento en
relación con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
- EL C.
DIP. DOMINGUEZ ROCHA: Con su permiso Diputado Presidente, respetables
compañeros. Con gran visión y claros conceptos Don Efraín González Luna
advertía en su tiempo, “no puede haber sociedad sin autoridad, una sociedad sin
autoridad es inconcebible, sería el caos, el choque constante, destructivo,
de intereses encontrados, de criterios
discordantes, de apetitos en conflicto, una explosión de violencia y de
barbarie, el ataque de todos contra todos, debe entenderse que el Estado es la
fuerza terrestre más vigorosa y la fuerza de orden temporal más decisiva en la
vida social para poder comprender que desde la altura de ese Estado baja a la
sociedad el bien o el mal”. De esta manera es entendible que si el Estado se
corrompe y esa corrupción no es corregida con oportunidad de energía, cunde el
mal a la sociedad entera y toda ella se corrompe a la vez; pero si el Estado
entiende su misión y cumple su deber, entonces vigoriza, orienta y dirige con
rectitud y certeza a las sociedades que gobierna para la consecución de sus
fines. A este tipo de Estado recto y sano corresponde una sociedad bien
organizada, vigorosa y libre, por encontrarlo al Estado permanentemente
corrompido, traidor a sus propios fines, desertor de su misión, genera una
sociedad debilitada, oprimida, empobrecida en lo espiritual y económicamente
desecho. Por ello, debe quedar claro que el Estado como sociedad política
requiere un gobierno que sea expresión auténtica de la colectividad y del recto
ejercicio de la autoridad y más que el mero dominio de un hombre grupo debe
tener por fin la realización del bien común, que significa la justicia, la
seguridad y la defensa, respeto y protección de la persona y el bien colectivo.
Abel Vicencio Tovar también advertía que ante el crecimiento de las funciones
del Estado y los riesgos que esto implica, es absolutamente indispensable
evitar la confusión o la teoría en la práctica sobre las distintas realidades
del Estado, el Gobierno y el Partido Oficial. El Estado es la Nación política y
jurídicamente organizada a la que todos pertenecemos. El Gobierno es el cuerpo
administrativo de los recursos del Estado y el Partido Oficial es un engendro
de los gobernantes mexicanos facciosos y el brazo impositivo contra la
sociedad...
- EL C.
DIP. FERNANDEZ BUSTAMANTE: (Desde su curul) ¿Cuál es el partido oficial ahora?
- EL C.
DIP. DOMINGUEZ ROCHA: Diputado Presidente, si desean cuestionar, yo creo que
hay un procedimiento parlamentario ya establecido.
- EL C.
DIP. FERNANDEZ BUSTAMANTE: (Desde su curul) ¿Podemos interpelar al orador
dentro del procedimiento parlamentario?
- EL C.
PRESIDENTE: Así es, nada más hay que solicitarlo a quien preside los trabajos.
Adelante Diputado Martín Domínguez, Diputado Martín Domínguez, el Diputado
Edgar Fernández desea interpelarlo, ¿acepta usted la interpelación?
- EL C.
DIP. DOMINGUEZ ROCHA: Si me permiten terminar, que me interpele cuantas veces
considere necesario.
- EL C.
PRESIDENTE: Adelante Diputado.
- EL C.
DIP. DOMINGUEZ ROCHA: Repito, el Gobierno es el cuerpo administrativo de los
recursos del Estado, -acuérdense que estoy repitiendo una expresión de Don Abel
Vicencio Tovar- y el Partido Oficial es un engendro de los gobernantes
mexicanos facciosos y el brazo impositivo contra la sociedad. –Concluyo la
cita- Aquí debemos precisar que los panistas estamos en contra del Estado, en
la medida que éste se convina y actúa como sofista dogmático y burgués, contra
el Estado sofista que hace leyes; pero no reposan sobre estas leyes y en cambio
convierte en sagrada la palabra del poderoso para ocultar su práctica.
Rechazamos el Estado dogmático que mantiene un desorden intocable para sostener
núcleos de poder que medran bajo el nombre del Estado y con la bandera de
representar a todo el pueblo y a la vez genera un derecho para perpetuar los
derechos de los falsos autores del cambio, sacradizando así la situación del
poderoso. Y también estamos en contra del Estado que llamamos burgués porque
magnifica las desigualdades económicas y sociales de nuestro País. Bajo estos
rasgos se encuentra el estado más negativo, y es al que rechazamos. Un Estado
que se declara legítimo para declarar su versivo al que cuestiona su
legitimidad y que genera un derecho para declarar que es justo y luego tachar
de injustos a los que lo acusan de injusticia. Ahora y aquí los mexicanos somos
testigos de un conflicto vergonzoso y vergonzante que agravia las aspiraciones
democráticas de la ciudadanía y en el cual las fuerzas retardatarias tratan de
anteponer actitudes caprichosas, obstinadas y caciquiles en franca violación al
estado de derecho y las conductas civilizadas y que mediante un doble lenguaje
y abierto cinismo pretenden confundir a la ciudadanía y esconder sus verdaderos
propósitos y los intereses personales y de grupo. Mediante argumentos legaloides,
evidentes violaciones al marco legal y una interesa e imparcial interpretación
de lo que significa en realidad la Soberanía de los Estados. El cacique que
detenta el Poder Ejecutivo en Yucatán, Víctor Cervera Pacheco busca por todos
los medios posibles generar un conflicto social en medio de las circunstancias
electorales para elegir nuevos gobernantes en esa Entidad, apoyado por la
Dirigencia Nacional del P.R.I. y con el interés personal de su Dirigente,
pretenden alcanzar por lo menos tres claros objetivos: 1.- Asegurarse la
victoria electoral del P.R.I. a la gubernatura y mediante las trapacerías
electorales ampliamente conocidas. 2.- Tomar como rehén a los comicios locales
y encajonar al Gobierno Federal hacia una salida violenta para poner en evidencia
que no tiene capacidad de negociación. Y 3.- Proteger a Cervera Pacheco y sus
incondicionales de la aplicación de la Ley ante el desorden, el saqueo y los
hechos de corrupción que han caracterizado su permanencia en el Gobierno
Estatal. Baja California es la más viva muestra de la transición del caciquismo
y el autoritarismo al Estado democrático, participativo, innovador y ordenado
que sólo mediante la voluntad y la conciencia ciudadana y expresada en las
urnas ha sido posible alcanzar. A pesar de la distancia de miles de kilómetros
con el Estado de Yucatán, entendemos su realidad local y compaginamos con su
anhelo democrático y demandante de limpieza en la vida pública, porque mientras
ellos van, nosotros ya hemos llegado a un clima político electoral y
democrático que brinda certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y
seguridad a nuestras decisiones ciudadanas. En Yucatán está en riesgo la
gobernabilidad y en juego la legitimidad y efectividad de las instituciones
ante la actitud caprichosa y ca... de Cervera Pacheco que insiste en sostener a
un Consejo Electoral Espurio y conformado por integrantes de su grupo de
incondicionales para que organice las elecciones con una grave violación a un
mandato federal, con lo cual dejaría a miles de yucatecos sin ejercer el voto,
al utilizar un padrón antiguo y una serie de artimañas que falsificaría la
voluntad de los yucatecos y facilitaría al PRI el triunfo electoral en la
mayoría de las posiciones. Los integrantes del Consejo Electoral designado por
el Congreso del Estado de Yucatán y designados por Cervera Pacheco, forman
parte de una red de complicidad entre el Gobernador metido a cacique y la
Dirigente Nacional del referido partido, y representan los intereses más
obscuros de esta pareja de priístas, tres de estos Consejeros de nombres: Roger
Medina Chacón, Presidente del Consejo; Luis Humberto Baeza Burgos y Alfredo
Cámara Zi, son quienes han operado una campaña contra el Secretario de
Gobernación, Santiago Creel Miranda. En esta campaña incluye la elaboración de
un libro titulado “El Expediente Negro de Santiago Creel”, también participa la
señora Sauri Riancho, pues su esposo, el ex guerrillero José Luis Sierra
Villarreal es coautor de este libro junto con Guadalupe Huchín Koyoc,
Secretario Particular de Dulce María en su gobierno interino de 1990 a 1993 y
que actualmente trabaja para ella en la Dirigencia Nacional Priísta. Es citado
Roger Medina que encabeza el Consejo espurio, trabaja para el Despacho de
Abogados Mejía Salazar, cuyo titular es Julio Mejía Salazar, amigo cercano del
Gobernador y apoderado legal del gobierno yucateco en el litigio territorial
que involucra a Campeche y Quintana Roo. Baeza Burgos por su parte es quien en
abril de 1998 presentó una demanda de juicio político contra el entonces
Diputado Santiago Creel Miranda; pero más que una denuncia, Baeza actuó como un
fervio defensor de Cervera Pacheco que a su vez enfrentaba una demanda de
juicio político, de la cual se salvó por la abstención de un Diputado del
Partido Verde Ecologista. Los documentos que obtuvo Baeza Burgos para su
denuncia contra el Creel Miranda, algunos de alta confidencialidad los obtuvo
Rafael Acosta Solís, quien era representante del PRI ante el Consejo Electoral
del Estado y ahora Subsecretario de Gobierno con Cervera Pacheco y también del
entonces Presidente del Consejo Elena Castillo y del que fuera Secretario
Técnico del mismo, Gabriel Zapata Bello, hermano del actual Diputado local
priísta Rolando Zapata, integrante del compacto grupo de Cervera Pacheco. Baeza
Burgos y el ahora Consejero Electoral designado por el Congreso Local, Alfredo
Cámara han colaborado para el Gobierno Estatal en trabajos topográficos para
dividir el conflicto limítrofe con los Estados vecinos. El Gobernador de dicha
Entidad ha llegado al extremo de alentar el orgullo regionalista de los
yucatecos y no se descarta la posibilidad de que dada su trayectoria perversa
utilice este sentimiento en proyectos que pueden llegar a lo descabellado.
Nadie, por ingenuo que sea acudiría a jugar un partido de fútbol contra un
equipo que de antemano tiene el árbitro a su favor, los auxiliares comprados y
hasta el terreno preparado en su contra. Cervera empezó coqueteando con la idea
de la separación, con la remembranza de la guerra de castas, dejándose inducir
por aduladores que lo llevaron a Santuarios Mayas donde le practicaron
ceremonias de buenos augurios, este dinosaurio pretende ser el Carrillo Puerto
de este tiempo y más bien terminará siendo el Coronel Antonio Ortiz Argumedo,
célebre por desatar sentimientos separatistas entre latifundistas yucatecos, a
los que extorsionó antes de fugarse a Cuba con el oro que había en el Palacio
de Gobierno. Carrillo Puerto no fue excluyente, ni represivo, ni recurrió al
asesinato, se tiene comprobado que a mediados de los 80 Cervera ordenó la
represión donde murió Benito Hoy Camul y se encarceló a los panistas de
Chemach, hechos que borran todo el maquillaje con el que se quiere disfrazar
y proyectar a un nuevo Cervera democrático.
El discurso del 09 de febrero fue un llamado a la sedición, a la revuelta para
desafiar al gobierno federal, ejemplo que no cundirá ni seguirán a los caciques
del sureste, porque seguramente los ciudadanos residentes de esa atribulada
región no desean pasar a ser explotados como pequeña repúblicas bananeras, sino
permanecer como mexicanos dentro del pacto federal. Resulta de una elevada
peligrosidad el surgimiento de una nueva fuerza política, con el tinte
autoritario y fascista con que el Gobernador le impulsa, en este sentido, desde
el comienzo de su segundo mandato, se empezó a dar cuerpo a un proyecto
perfectamente delineado, más allá de banderitas y de himnos con tintes
separatistas, teniendo como principal ideólogo a José Luis Sierra Villarreal,
ex guerrillero de extrema izquierda, misionero político a mediados de los 70 y
esposo de Dulce María Sauri, dirigente Nacional del P.R.I. Es el artífice del
intento de partido, donde converge la gente más autoritaria y arbitraria de
aquella entidad. Entre ellos se hizo común hablar de la guerra de castas cuando
era un tabú pensar sólo en separarse de la República. No es pues tan gratuito
el estado de conflicto que se vive y que bien puede encuadrarse dentro esas
estrategias. Por la actitud provocativa del discurso de Cervera, no se descarta
la apuesta a la chispa, al acto fortuito de quien se excede más allá de los
ánimos políticos y pueda desatar el incendio en la Península, pues también
existen yucatecos que difundirán la Soberanía de la democracia. Hoy vemos que
los alcaldes cerveristas forman ya el primer flete experimental de este
proyecto, facilitando la carne de cañón que les demanda su patrón para sus
víctimas. Por otro lado, la intención peninsular programa integrar a Campeche y
Quintana Roo, pues en determinado momento, al menos que en dos cumbres que
tuvieron lugar entre 1995 y 1997 con los gobernadores Mario Villanueva Madrid,
hoy prófugo acusado de narcotráfico, y Salomón Azar, polémico gobernador
campechano, en este sentido. Se destacó la riqueza petrolera de Campeche y la
pesquera y marina de Quintana Roo, así como los sistemas mercantiles y las
bases industriales de Yucatán. De aquí entonces que sea necesario evidenciar lo
que hay detrás de las pretensiones de Víctor Cervera Pacheco, que mucho más
allá de un simple conflicto de Soberanía en materia electoral envuelve en
obscuros y mezquinos intereses que sólo aspiran a la anulación de la voluntad
electoral por la vía de la desestabilización de las instituciones públicas
regionales y nacionales. La semilla de la división, el odio y el encono ha sido
profundamente sembrada por Cervera para tener a la mano chivos expiatorios de
sus fracasos sociales, políticos y económicos. De seguir en este compás
orquestado por la maquinaria de Cervera, sólo dificultará más la acción
ejecutiva y la oportunidad de volver a la legalidad electoral y de la paz
social a Yucatán. Es necesario aplicar todo el rigor de la Ley contra quienes
atentan contra el estado de derecho y las aspiraciones democráticas de la
ciudadanía, mas en caso contrario, se caería en la ingobernabilidad, la
ilegalidad y el clima de tranquilidad y justicia que requiere el País para
enfrentar sus rezagos y ofrecer una vida mejor y más digna para todos los
mexicanos. No queremos más desacato de gobernadores que sientan disminuir sus fuerzas,
este es un problema nacional y por ello nos sumamos al pedimento de una acción
profiláctica inmediata para devolver el orden a Yucatán. Patricio Patrón
Laviada, Senador de la República ha señalado que Cervera Pacheco busca
presionar al Gobierno de Vicente Fox para demostrar que no tiene capacidad de
negociación y que va a actuar con violencia; pero atrás de este escenario que
ha montado busca forzar una negociación que le permita proteger y esconder una
cola muy larga de trapaceríos. Por otra parte, Cervera trata de postergar las
elecciones apostando a otro interinato o posponer la elección para que haga más
profundo su atrincheramiento y tenga mayor poder de negociación, sobre todo
para tapar las cloacas que abrió utilizando los recursos públicos para la
campaña pasada en la creencia de que ganaría y que de alguna manera hoy tiene
que justificar. En la actualidad el alcalde panista de Mérida, Javier Adreu ha
informado que el Ayuntamiento de Mérida está sujeto a 12 auditorías aparte de
la revisión que hace al Congreso Local. En 10 años no han encontrado una sola
irregularidad, el Gobierno del Estado no está sujeto a nada y la mayoría de los
Diputados priístas rechazan toda fiscalización que se pretende. -Termina la
cita- Los Diputados de oposición no saben cómo se manejan las cuentas del
Gobierno Estatal, ni siquiera cuánto gana el Gobernador, pues es increíble que
gane los 7 mil 500 pesos mensuales que vienen asentados en el presupuesto
estatal. Tendrán qué explicar de dónde sale el dinero para acarrear a tantos
miles de yucatecos, gastos que calculan en 50 pesos por persona, más cantidades
mayores para los enganchadores; sin embargo, si tienen registradas las
innumerables acusaciones de los Diputados panistas contra los alcaldes
cerveristas por escandalosas anomalías en sus cuentas públicas. Señoras y
señores: Una condición indispensable para que México viva una democracia,
consiste en ajustar a la realidad política del País a las instituciones
jurídico-políticas consagradas en la Constitución, de tal manera que tenga
vigencia real el régimen federal. En la realidad política mexicana, la práctica
real del federalismo, independientemente de las críticas que sobre su vigencia
histórica pudieran formularse, resulta el camino adecuado para la aplicación del
mayor número de esfuerzos para lograr el desarrollo intensivo y armónico del
País. Estamos convencidos de que el respeto a la división y a la integración de
los Poderes y el cumplimiento eficaz de las funciones que a cada uno de ellos
competen, para que de las justas relaciones entre los mismos resulte el
necesario equilibrio en el ejercicio de la autoridad, dentro de un régimen de
Derecho. Nuestro apoyo fraternal, es para los yucatecos y su lucha contra el
caciquismo y por la democracia. Firma su servidor”.
- EL C. VICEPRESIDENTE: Gracias
Diputado Martín Domínguez Rocha; en el uso de la voz sobre el mismo tema el
Diputado Edgar Arturo Fernández Bustamante, adelante Diputado.
- EL C. DIP. FERNANDEZ BUSTAMANTE: Con
su permiso señor Presidente, compañeros Diputados, estimada concurrencia. Me he
anotado a hablar sobre el mismo tema, pero no para defender la personalidad de
algún actor político en el Estado de Yucatán, porque él tendrá sus argumentos
para defenderlo, sino porque veo que los planteamientos que se han esgrimido
aquí dejan mucho qué desear en la calidad de la exposición respecto a
circunstancias que a los yucatecos les corresponde resolver con la autoridad
federal, circunstancias que deberán de ser resueltas por los caminos de la Ley,
me queda claro; pero no para hacer una serie de argumentaciones de muy mal
gusto, de muy baja calidad y de muy mal conceptualización, por qué, porque
demuestra una plena ignorancia del problema jurídico que se plantea en Yucatán,
no se habla mas que de aspectos caciquiles de una persona que supuestamente
está realizando una serie de acciones sin tomar en cuenta que muchas de las
acciones que generan un conflicto están realizadas en función de la falta de
atribuciones del Tribunal Federal Electoral, respecto a decisiones soberanas de
un Congreso en un Estado como es Yucatán, y esa plena ignorancia me deja con la
satisfacción de que no podía esperar otra cosa mas que esos calificativos de
tan baja calidad que aquí se expresaron, y haré mención de algunos de ellos que
mencionaron quien me antecedió en la palabra. Habla de un conflicto vergonzoso
y vergonzante como si los yucatecos no fueran personas que pudieran expresar su
inconformidad en relación a un conflicto respecto a que al TRIFE no le
corresponde la competencia para resolver esos asuntos. Habla el interlocutor
que me antecedió, con una facilidad pasmosa de doble lenguaje y un claro
cinismo, tan pasmosa es que yo le preguntaría a todos los mexicanos quién
utiliza un doble lenguaje para efecto de poder lograr el voto ciudadano y así
lo logró el 02 de julio, hay claros planteamientos de que dicho exponente
manifestó que el crecimiento de México sería alrededor del 7.5 por ciento; sin
embargo, ahí vemos en declaraciones que hace el Secretario de Hacienda y el
propio exponente que ganó el 02 de julio el voto, que el crecimiento de México
no podría llegar ni siquiera al 4.3 por ciento. Habla del dicho exponente,
nomás para referirme al doble lenguaje, de que no habría mayores alzas en
impuestos que vinieran a agravar más las necesidades de las familias, y el
primer acto o declaración de corte Presidencial fue “vamos a valorar, a avanzar
en el alza del impuesto a medicinas y alimentos de la canasta básica,
aumentaremos el IVA al impuesto de medicinas y alimentos”, yo no sé si eso
cuando lo planteó pidiéndole a los ciudadanos mexicanos su voto y que se lo
concedieron, yo no sé si eso sea un doble lenguaje o si, yo no sé si eso pueda
llamarse cinismo para engañar a una sociedad con tal de obtener lo que obtuvo
el 02 de julio. Todas esas circunstancias que no tienen al caso manifestarse,
tienen aspectos fundamentales o torales que debemos todos tener muy claros y
precisos, habló de atributos legaloides con los cuales los yucatecos pretenden
o un personaje de Yucatán pretende no cumplir con determinaciones de un
Tribunal Electoral. En ese sentido, es puntual lo que les voy a comentar.
Precisamente y ojalá que con esa injundia y esa energía con que plantea sus
posibilidades quien me antecedió en la voz, lo haga en función de la resolución
que le acaba de dictar al Congreso del Estado el TRIFE, que de igual manera,
sin los atributos jurídicos mencionados revocó mandato de esta Soberanía
estableciendo que uno de los Magistrados Electorales que nombró esta Soberanía
con la representación popular que le da el pueblo de Baja California, debe ser
revocado y de nombrar otro Magistrado. Este es otro claro aspecto de la
intromisión, no sé si sea el brazo ejecutor de qué intereses del gobierno
federal en relación a los Estados del propio Tribunal Federal Electoral, no
nomás sucede ya en Yucatán, la intromisión no nomás se da en Yucatán contra la
Soberanía de un Congreso, esa intromisión de decisión del Tribunal Federal
Electoral se está dando ya en Baja California donde señala la revocación de un mandato
específico de esta Soberanía en el nombramiento de los Magistrados Electorales.
Todas estas cuestiones parecerían sin trascendencia, podrían ser como
circunstancias de carácter jurídico; pero alerta, escuchemos el fondo del
asunto, de qué sirve que el mandato constitucional en los Estados lo otorgue el
pueblo a través del voto y que se constituya una asamblea de representantes
denominada “Congreso”, en los Estados, si tenemos un Tribunal de Justicia
Electoral Federal que se entromete en las decisiones soberanas de los Congresos
de los Estados, en dónde está la manifestación de los ciudadanos en esa
representación. Ahora resulta que cinco personajes que integran el Tribunal de
Justicia Federal Electoral resuelven todas las situaciones que un Congreso en
su capacidad soberana debe de decidir en los nombramientos en el caso concreto
de Baja California, de los Magistrados Electorales, que no se confundan o que
no nos confundan. Por eso digo, parecería cosa sin importancia, el problema
está en que ya las decisiones que toman los Estados no se resuelven en los
Estados, se resuelven por la Federación, y se resuelven por la Federación por
cinco personajes que con un mamotreto jurídico pretenden introducirse en las
decisiones soberanas del pueblo de Baja California, y lo mismo hicieron en el
Estado de Yucatán. Mi participación no es para defender personajes, mi
participación es para que estemos alertas, Yucatán, Baja California, qué Estado
sigue donde el Gobierno Federal de un Poder integrado por cinco Magistrados y
un Tribunal que se arroga, que se otorga facultades que no tiene, venga a
intrometerse y a decidir por los bajacalifornianos en una decisión totalmente
desajustada a lo que la Ley dice. Estoy seguro que los compañeros Diputados de
esta Legislatura, espero que así sea, valoremos con todo cuidado y hagamos
valer el Estado de Derecho que de prevalecer en el pacto federal. Tenemos una
Constitución Federal, existe un pacto en donde los suscriben todas las
Entidades Federativas o Estados que la conforman; pero existe también dentro de
ese pacto federal muy claro la Soberanía de los Estados para resolver sus
problemas al interior de sus Entidades Federativas y que no sean resueltos por
Tribunales que no responden a los intereses de los mexicanos y mucho menos, responden
a los intereses de los ciudadanos de cada uno de los Estados que conforman el
pacto federal. Ya está bueno de tantas intromisiones, por eso espero o presumo
que no estén atendiendo estos señores a decisiones políticas y se constituya en
el brazo ejecutor del Gobierno Federal para efectos de la intromisión en la
Soberanía de cada una de las Entidades Federativas. Es cuanto, compañeros.
- EL C.
VICEPRESIDENTE: Gracias Diputado Edgar Fernández, nada más consultarle si va a
hacer entrega de su posicionamiento a efecto de que quede en los archivos.
Bien, se pregunta a los señores Diputados si hubiese algún otro asunto general
qué tratar, están agotados los que se registraron con antelación, no sin antes
dar la bienvenida al Diputado Efrén Macías Lezama. Se pregunta a los señores
Diputados si hubiese otro asunto qué tratar, no siendo así, ciudadanos
Diputados, agotado el orden del día se cita a los ciudadanos Diputados
integrantes de la Comisión Permanente de la Honorable XVI Legislatura, para el
próximo jueves 08 de marzo a las once horas en este Recinto Oficial, se levanta
la sesión. (Termina: 12:28 Hrs.)
